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Protección de datos personales: entre el “derecho al olvido” y el acceso a la información

Por Catalina Frigerio Dattwyler Jueves 30 de Enero del 2025

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Este marco normativo, que también crea la Agencia de Protección de Datos Personales, marca un hito en la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía y pone al país en sintonía con estándares internacionales. Uno de los ejes más debatidos de esta nueva ley es el “derecho de supresión”, ampliamente conocido como “derecho al olvido”, una herramienta que permite a las personas solicitar la eliminación de sus datos personales en determinados casos, pero que también genera tensiones con la libertad de expresión y el acceso a la información, temas que son cruciales para una democracia fortalecida.

El derecho de supresión permite que las personas soliciten la eliminación de sus datos personales cuando estos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recolectados, hayan sido tratados ilícitamente o sean inexactos, entre otras causales taxativas Esta herramienta legal fortalece la intimidad, la reputación y el derecho al honor, especialmente ante la difusión masiva de información en redes sociales y medios digitales. Sin embargo, este derecho plantea tensiones con la libertad de expresión y el acceso a la información.

La preservación de datos puede ser crucial para el escrutinio público y la memoria histórica. Revisar el pasado con una mirada crítica permite a la sociedad reconocer errores y progresar en derechos humanos, justicia y democracia. Por ello, la supresión de datos, lejos de ser inofensiva, puede causar la pérdida de referencias esenciales para comprender hechos históricos o atribuir responsabilidades.

Este conflicto es evidente en espacios digitales colaborativos, donde el contenido es generado por múltiples usuarios. Estas plataformas suelen tener reglas de gobernanza para decidir qué información se mantiene o elimina, según criterios de relevancia, fiabilidad y respeto a derechos. En muchos casos, no es necesaria la eliminación total de datos; pueden recurrirse a la corrección, actualización o anonimización, siempre que ello no comprometa la integridad histórica ni la finalidad informativa.

Uno de los riesgos más comentados al aplicar el derecho de supresión de manera amplia es la “censura involuntaria”. Sin un análisis riguroso de la relevancia pública y el contexto, la eliminación de datos puede generar lagunas documentales que limiten la comprensión de nuestra historia. La Agencia de Protección de Datos Personales será clave en definir los criterios para equilibrar el interés público y privado, considerando el tipo de información, la notoriedad de la persona afectada y el interés social en preservar ciertos datos. Cabe destacar que de acuerdo al artículo 7 i. de la Ley 21.719 no procede el derecho al olvido cuando el tratamiento es necesario para ejercer el derecho a las libertades de emitir y de informar o para ejercer una actividad de interés público. En el Mes de los Datos Personales, es pertinente reflexionar sobre cómo equilibrar la privacidad individual y los derechos colectivos a expresarse y acceder a información veraz. Esta tensión no implica que un derecho deba prevalecer sobre el otro; requiere análisis cuidadoso y prudencia para proteger tanto la intimidad personal como el acceso al conocimiento y el debate público.

Además, es necesario promover la educación ciudadana sobre el manejo de datos personales, el conocimiento de derechos y las consecuencias de compartir datos sin reflexión. Informar a la ciudadanía y fomentar buenas prácticas digitales, como verificar fuentes y moderar el lenguaje, permite reducir los riesgos de vulneración de la privacidad y, a la vez, garantizar la difusión de información de interés público.

El desafío radica en entender que el derecho de supresión y la libertad de expresión no son opuestos irreconciliables, sino derechos que deben dialogar bajo un enfoque de responsabilidad social. Se trata de encontrar soluciones que protejan la dignidad y la intimidad, sin frenar el desarrollo cultural y democrático que depende del acceso a información confiable.

En este mes, desde Wikimedia Chile, hacemos un llamado a reflexionar  sobre la necesidad de proteger nuestros datos y, al mismo tiempo, de defender espacios donde la expresión y el conocimiento resalten el valor histórico y cultural de nuestro país. Este equilibrio es clave para construir sociedades más justas, informadas y libres.

Fuente: El Mostrador

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