Confederación Nacional y Asoducam pidieron a Enap suspender adjudicación de servicios de transporte

– Dirigente Miguel Cárdenas explicó la posición de su gremio, refrendó antecedentes expuestos ante la comisión investigadora y confirmó envío de carta a la presidenta del directorio de la compañía.

“Lo lamentable es que, a pesar de que los organismos investigadores encuentren irregularidades en esta licitación, los ejecutivos responsables de realizar una gestión con eficiencia y eficacia en Enap, como ha sido histórico, seguirán gozando de altas remuneraciones, viáticos y otras grandes regalías”. 

Alejandro Salazar Carrera
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Los antecedentes saltan a la vista, señala el presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Punta Arenas y secretario general de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Miguel Cárdenas, al referirse a las situaciones que se investigan al interior de la Empresa Nacional del Petróleo. Sin embargo, sostiene: “No somos nosotros los encargados de dirimir este tema, sino que, con todos los documentos a la vista, la tarea corresponderá al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y Compliance de la propia Enap, además del trabajo contenido en el informe de la comisión de diputados que investiga las irregularidades de Enap desde el año 2014”.

Miguel Cárdenas viene de intervenir en una de las últimas sesiones de dicha comisión, la que durante cinco meses se abocó a recopilar y analizar antecedentes. La instancia, presidida por el diputado Carlos Bianchi Chelech, concluyó que, efectivamente, existen situaciones que dan cuenta de irregularidades al interior de la empresa, las mismas que pueden eventualmente constituir delito. En base a esto, y de manera paralela, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, abrió una investigación, hoy en marcha en el Ministerio Público.

El dirigente del transporte llegó hasta el Congreso en Valparaíso para exponer latamente ante la comisión, detallando aspectos del vínculo de su sector con la empresa y denunciando lo que consideran “al menos situaciones poco transparentes a la hora de decidir y ejecutar los procesos licitatorios”.

Hoy, 12 de esos agremiados están a sólo días de terminar su contrato, algo que Cárdenas prefiere aclarar para que no existan dobles interpretaciones dentro de un escenario complejo y que, advierte, incluso puede ser peor. “Que quede claro: estamos conscientes de que el 31 de enero del presente año dejaremos de cumplir funciones con Enap Magallanes, pero no por ser incumplidores ni riesgosos, ni por haber faltado a las políticas operacionales con Enap, sino que lisa y llanamente porque nuestro contrato caduca en esa fecha. Al menos nos vamos con la frente en alto y tranquilos, conscientes que durante todos los años que realizamos esta labor lo hicimos con responsabilidad y con la colaboración y profesionalismo de nuestros conductores”. 

Hasta ahí, enfatiza el dirigente, “todo bien”. Sin embargo, aquella tranquilidad asegura se ve trastocada cuando analiza lo que califica de “licitaciones irregulares”.

Un duro análisis

Tal como lo hizo ante la comisión investigadora de legisladores, el presidente de Asoducam dice que, cuando los antecedentes, pruebas y convicciones existen, es mejor darlas a conocer.

Detalla, como punto de partida, que el contrato de transporte de productos líquidos para Enap Magallanes lo ejercen al día de hoy 12 transportistas (pymes) de su gremio, con un total de 28 camiones. A ellos se suman 5 microempresarios del transporte de carga en general, “los que dejaron de cumplir funciones por orden unilateral de Enap, con camiones de 8 toneladas, el 31 de octubre de 2022”.

Luego se refiere al proceso licitatorio que hoy los tiene fuera del radar de la compañía. Expone que como Asoducam “compramos las bases, participamos de la primera reunión aclaratoria y también del proceso de preguntas y respuestas”.

No obstante, todo llegó hasta ahí. El por qué lo explica el mismo Cárdenas: “Luego de un estudio acucioso, determinamos por unanimidad que la información entregada resultaba ambigua y los datos que se consignaban no eran efectivos, careciendo de veracidad, lo que no brindaba ninguna certidumbre respecto de los servicios de transporte a realizar. Entonces, por acuerdo general de los asociados involucrados, se acordó no continuar participando de este proceso licitatorio con el fin de no avalarlo”.

– ¿Podría ser más preciso en cuanto a esa información a juicio de ustedes ambigua y poco efectiva?

– “Entre otros, llamaba la atención el hecho que en la licitación se estableciera que podía participar cualquier oferente, no importando si era transportista o no. Y a nuestro juicio, con ese perfil de oferente, claramente Enap demostraba que la capacidad económica del oferente era más importante que la especialidad y experiencia. En otras palabras, Enap estaba más interesada en la boleta de garantía del contrato y en quién podría pagar las altas multas por incidentes que se pudieran suscitar”.

– ¿Qué pasó entonces tras ese análisis?

– “Que decidimos no presentar nuestra propuesta porque no podíamos avalar un proceso que estimamos no era el correcto. Y teníamos razón por lo que vino después con la entrega del servicio a dos empresas de Punta Arenas”.

El dirigente se explaya acerca de esto último. “Enap optó por dos empresas que venían de sendos problemas con la compañía y eso es, a lo menos, inexplicable. Una había sido sacada del contrato el 2019 y la otra el 31 de enero del 2021. Ese fue uno de los antecedentes que llevé a la comisión de la Cámara, donde expliqué y precisé que Enap adjudicó los servicios a empresas que consideró que no entregaban confiabilidad y seguridad para el transporte de productos líquidos. Tanto Zenón Macías y Cia. Ltda., de propiedad de Juan Bombalet Cuevas, y Transportes Klinquer y Cia. Ltda., de Carlos Estrada Goic, una salió el 2019 por problemas que aún están en litigio y la otra terminó su labor el 31 de enero de 2021 y no se le prorrogó, debido a las numerosas faltas e incidentes cometidos dentro del contrato. Lo increíble es que estas dos empresas, que hace un par de años eran riesgosas e inseguras para Enap, ahora aparecieron recomendadas y avaladas por la gerencia de la compañía”.

Otro punto fustigado por Cárdenas y que, a su juicio, debió ser invalidante para la adjudicación, tiene que ver con la demanda que una de estas empresas mantenía con la Enap. “Transportes Klinquer y Cia. Ltda., del Carlos Estrada Goic, interpuso una acción judicial, en contra de Enap el 12 de junio de 2020, solicitando una indemnización de casi $140.000.000 más reajustes e intereses, proceso que se encuentra con las partes citadas a oír sentencia. En otras palabras, ambas pueden continuar en litigio unos cuantos años más, debido a que tienen la potestad de recurrir a la Corte de Apelaciones y a la Suprema. Por su parte, la otra empresa Zenón Macías y Cia. Ltda., también presentó una acción judicial contra la Empresa Nacional del Petróleo el año 2021, la que fue rechazada tanto en la Corte de Apelaciones como en la Excelentísima Corte Suprema”.

– ¿Y la posición de su gremio en base a esa toma de decisiones, se conversó con la empresa más allá de conocerla durante su intervención en la comisión investigadora?

– “Sí, en muchas ocasiones, porque en esto hay que ser responsable. Manifestamos, entre otras cosas, que nos preocupa que la presidenta del directorio de Enap, Gloria Maldonado, hable permanentemente del alto estándar de seguridad que se quiere implementar ‘como algo tan importante como el negocio mismo’, cuando lo que se observa es todo lo contrario, al entregarle este servicio justamente a las dos empresas que, según la propia Enap, fueron sacadas del contrato actual por no entregar seguridad y uno de ellos con visos de ilegalidad en lo laboral”.

– En su opinión ¿qué hubiera sido lo correcto, si ustedes como gremio ya habían decidido quedar fuera de carrera en la licitación?

– “En primer término, Enap debía por ética, probidad y transparencia, adjudicarle este servicio de transporte a empresas que hubieren participado de la licitación estando absolutamente limpias de situaciones engorrosas y judiciales, pero jamás a empresas que demostraron en su oportunidad a la misma Enap ser inseguras e irresponsables, tanto en sus actividades de seguridad como también en lo laboral. Tal es así, que ambas empresas, ahora adjudicadas, no continuaron trabajando para Enap en los años ya indicados. Y, en segundo lugar, que Enap hubiese respetado y ajustado al principio denominado de estricta sujeción a las bases, tomando en cuenta que aquí se vulneró lo establecido en el artículo 9 de la Ley 19.886, que dispone que “el órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases”. Esta estricta sujeción a las bases constituye un principio rector e integra el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la administración y del proveedor. En esta licitación claramente no se respetó este principio y existen argumentos suficientes para demostrarlo. Además, las bases establecen claramente que Enap tenía la potestad para adjudicarla en forma total o parcial, o declararla desierta o terminada, sin obligación de compensación a los proponentes y sin que tal decisión derive para aquellos derechos a indemnización alguna”.

– ¿Y cuál es su conclusión de todo esto?

– “Que a la empresa le da lo mismo que sus nuevos proveedores la puedan perjudicar, total las multas por incumplimientos al contrato,  incidentes diarios y derrames que afectarán al medioambiente la pagarán los contratistas-financistas adjudicados y las multas que le pueda aplicar algún organismo fiscalizador, como Sernageomin y otros, lo pagarán todos los chilenos, tal como lo habría manifestado el gerente Patricio Farfán con aquello de que las multas a Enap dan lo mismo, porque las terminan pagando todos los chilenos”.

Una nueva arista del caso

Horas después del diálogo con Miguel Cárdenas se sumó un nuevo antecedente: una carta que lleva la firma del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, y del propio Miguel Cárdenas en representación de Asoducam y como secretario general del gremio nacional.

La misiva tiene como destinataria la presidenta del directorio de Enap, Gloria Maldonado, a quien se solicita “suspender la adjudicación de la licitación” hasta que no haya concluido la investigación respectiva, “la que sin duda arroja irregularidades y vicios de ilegalidad que incluso pueden revestir caracteres de delito”.

Luego exponen parte de las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara Baja.

Consultado al respecto, Cárdenas se remite a las conclusiones de la Comisión de la Cámara de Diputados celebrada el martes 20 de diciembre 2022, mencionando que la conclusión fue que “ante la pasividad del directorio de Enap y de la gerencia general, se propone denunciar los eventuales delitos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República”.

“Y a esa conclusión se arriba con antecedentes y documentos fidedignos que dan clara cuenta de grandes faltas, riesgos e irregularidades para con la Enap. Nosotros pusimos algunos antecedentes que competen a nuestra actividad, sobre la mesa, los que sumados a otros que quedarán en evidencia durante la investigación, nos llevan a estar seguros que la propia Empresa Nacional del Petróleo tomará las medidas que en derecho correspondan”, se enfatiza.