“Veo que hay un problema respecto a mirar el riesgo y el impacto que tiene realmente el abuso sexual infantil”

• – La secretaria de Estado hizo ver que es muy complejo el tema de la prisión preventiva, pues ésta se ocupa en muchos casos, pero para delitos tan graves como la agresión sexual infantil no se suele usar.

Silvia Leiva

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“Magallanes es una de las regiones con una de las mayores tasas de abuso sexual infantil del país y es muy complejo el ver que la prisión preventiva, que se ocupa en muchos casos y que, de acuerdo al ministro Cordero, es uno de los principales motivos de saturación en la red penitenciaria, pero para casos tan graves como el de abuso sexual infantil no se suele usar”.

Con estas palabras, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la reciente declaración de Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, como culpable por delitos de abuso sexual, y a la defensa realizada por el parlamentario. Pero también abordó el caso del oncólogo condenado por abusos en Magallanes y en el norte del país, que se encuentra en libertad, a la espera del fallo del recurso de nulidad presentado por su defensa ante la Corte Suprema.

“No hablo sólo del caso Macaya. El fin de semana pasado tuvimos un asesinato, un femicidio horrible, en Coquimbo y el perpetrador era una persona que se encontraba formalizada por abuso sexual y con cautelar de domiciliaria. ¿Se preocupó alguien de que no viviera cerca a una niña? Entonces, veo que hay un problema respecto a mirar el riesgo y el impacto que tiene realmente este delito”, dijo la ministra de la Mujer en una entrevista con El Magallanes.

La secretaria de Estado da cuenta que por cada víctima que logra denunciar, por cada uno de esos casos en que se detiene la vulneración, hay al menos otros seis o siete que no, que no van a develar lo que les pasa hasta que sean adultos o quizás nunca. “Es importante recordar que desde la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil y los delitos sexuales contra menores cometidos con posterioridad en 2019, son imprescriptibles, es decir, hay derecho al tiempo que necesiten las víctimas para poder hablar. En el caso de los hechos ocurridos previos al año 2019, las leyes no son retrospectivas, van a tener el plazo de prescripción de 30 años”, dijo.

También, en 2022 el actual gobierno promulgó la Ley Antonia que aumentó el plazo de prescripción para las personas mayores de edad en casos de violencia sexual, de 5 a 10 años. 

“Por último, las decisiones judiciales son materia del Poder Judicial, pero tenemos que tomar las medidas desde el Ejecutivo que ayuden a las víctimas. Así que desde noviembre del 2022, la atención en casos de violencia sexual aguda, sea hombre o mujer, mayor o menor de edad, es una garantía explícita de salud Fonasa, es decir, del Ges, en toda la red asistencial de todo el país. Eso incluye una primera atención de salud física, pero también primero auxilio psicológico, que son precisamente los que nos permiten poder apoyar a las víctimas para poder enfrentar un juicio, porque aquí lo más importante es la primera acogida, así que a propósito de este caso que ha tenido tanta connotación pública, probablemente haya personas que encuentren por primera vez palabras para lo que les ocurrió y podríamos darle como recomendación a la población cosas muy simples, que si alguien te cuenta, escuchar, no juzgar, proteger. Eso yo creo que es lo más importante”.

– Sobre el caso del oncólogo quien fue condenado por abusos contra pacientes terminales y fue dejado en libertad a la espera del fallo del recurso de nulidad presentado por su defensa ante la Corte Suprema, ¿cómo ven esta situación y cuáles son los avances que hay que hacer en materia de protección a las víctimas?

– “En primer lugar, destacar la ley de entrevistas videograbadas, que es para menores de edad, pero que ha ido mostrando que los testimonios grabados en el caso de esta paciente que está con una enfermedad terminal son fundamentales. Y yo no puedo dejar de reconocer la valentía de esta mujer que aún en los últimos días de su vida buscó justicia, y la valentía de su familia también.

“En segundo lugar, creo que tenemos una diferencia de valoración. Yo no puedo criticar abiertamente un fallo de la justicia porque soy del Ejecutivo, pero creo que valoramos de distintas formas el riesgo que corren las personas cuando de lo que estamos hablando es de abuso sexual. Porque el riesgo de reincidencia es alto, aquí estamos hablando de una persona con influencias, ya lo vivimos en el caso de Agustín O’Ryan Soler, una persona de una familia muy influyente de Talca, quien se fugó del país, a la espera de ser notificado, de ser formalizado. Nos tomó dos años y una alerta internacional el poder encontrarlo. 

“Creo que tenemos distintas estimaciones de lo que significa el riesgo para las víctimas. Nosotros encontramos más grave, estos delitos. En ese sentido, creemos que la ley integral es una oportunidad también de sensibilización y de capacitación a todos los persecutores, a todos quienes forman parte del sistema de justicia”.

Reclamos contra
casa de acogida

– En relación a la casa de acogida y a los reclamos de usuarias, quienes denuncian vulneraciones. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando en ese sentido? 

– “En primer lugar, queremos precisar que las residencias para casos de emergencia y de peligro grave son siempre pensadas como salidas transitorias.

“Sin embargo, apenas se constataron los primeros reclamos, como ministerio y servicio, tuvimos una reacción que tuvo que ver con la salida de varias funcionarias a cargo y un cambio de equipo. 

“Además, las usuarias, que ya no están bajo esta protección transitoria, siguen teniendo a su disposición las atenciones psicosociales del Servicio Nacional de la Mujer así como la gestión del subsidio de arriendo para víctimas de violencia, y una comunicación constante. 

“Llamamos a entender que estas soluciones deben ser siempre transitorias porque no deben ser las mujeres las que se encierran para eso hemos impulsado la ley integral para dar más protección a las cautelares. Estas deben ser salidas transitorias para que precisamente las mujeres puedan superar esa condición”.

 – ¿Se ha nombrado
nueva directora? 

– “Está por nombrarse, pero es un proceso normado por la alta dirección pública así que no lo puedo nombrar yo”. 

Aborto libre

– Otro de los anuncios es el aborto libre: ¿Cuáles son las gestiones que van a hacer como ministerio y cómo pretenden aprobar esta normativa, teniendo en cuenta que es un tema que genera posiciones encontradas y que no tienen la mayoría en las cámaras?

– “Es muy importante considerar que este es un tema que moviliza mucha opinión controversial, a favor y en contra, no hay una verdad revelada ni única y, por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es abrir el debate democrático, por opción del gobierno, por primera vez respecto a aborto legal, no con causales, que es otra norma que ya está vigente y no está en discusión, sino que el aborto legal, eso siempre tiene límites en todos los países del mundo, aquí en Chile se han hecho diversas propuestas. Vamos a buscar un punto común entre las propuestas para poder avanzar lo máximo posible, pero creo que se trata sobre todo de una oportunidad de debate democrático. 

“Las chilenas tuvieron derecho al aborto por razones de salud mucho más amplias que las tres causales, desde 1931 hasta 1989, y ¿cómo se los quitó? Mediante un decreto de la dictadura en sus últimos días. Aquí estamos haciendo precisamente lo opuesto, todas las personas van a poder participar del debate con sus visiones porque eso es lo que corresponde en una democracia”.

Ley Karin

– Desde distintos sectores han surgido críticas respecto del impacto que puede tener la Ley Karin. ¿Cómo ven estos cuestionamientos? 

-“Lo estamos abordando desde la capacitación. Por supuesto que la ley Karin significa un cambio cultural respecto a cómo está entendida la violencia en el entorno laboral en nuestro país. Nuestra seremi en Magallanes, Alejandra Ruiz, ha tenido varios espacios de capacitación para servicios públicos y nuestro equipo participó en una capacitación con la Cámara Nacional de Comercio a propósito de que los servicios y el comercio son uno de los rubros más feminizados. 

“Estamos tratando, a través de la divulgación de la norma, de la divulgación correcta, porque también se han hecho muchas caricaturas, la correcta implementación de este proceso de cambio. 

“Los procesos de cambio siempre tienen dificultades, pero creemos que el objetivo es un bien mayor, que es que los chilenos y chilenas tengan entornos laborales seguros, tranquilos, y eso por supuesto que también trasciende hacia un mayor bienestar no solo de las personas, sino que también de la economía y, por lo tanto, en crecimiento”. 

– ¿Cree que podría tener impactos negativos?

– “Por eso mismo la capacitación dentro de la misma empresa es relevante, por supuesto que si una empresa prepara su propio protocolo y no se lo difunde a sus trabajadores ni a su directivo, no va a saber cómo implementar la norma, pero ¿cuántas veces hemos escuchado las mujeres, cada vez que tenemos un avance, que esto es el acabose y que se va a mal utilizar? Sin embargo, ahí estamos todavía avanzando”.