Un total de 109 postulantes a viviendas del Ejército se querelló por falsificación

Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército cursó pagos que terminaron generando pérdidas a los miembros de la Agrupación Villa Pudeto, ascendente en total a $2.131.112.873.

Una querella por los delitos reiterados de falsificación de instrumento privado y por uso malicioso de instrumento privado falso, presentaron 109 personas en contra del arquitecto Jaime Alcarraz Ulloa y los funcionarios públicos José Miguel Matamala Pezo y Luis Alex Vidal Bendix, por la bullada y frustrada construcción de la Villa Pudeto II, en prolongación Los Flamencos.

La acción judicial, patrocinada por el abogado Jorge Villalobos Arriaza, se extiende también en contra de todas aquellas personas que, como resultado de la investigación que se lleve adelante, aparezcan implicadas como autores, cómplices o encubridores de los hechos motivo de la querella que fue acogida por el Juzgado de Garantía y ya está en manos de la Fiscalía de Punta Arenas.

Citan a Jaime Alcarraz como representante legal de la Empresa Constructora Alcarraz Limitada, que realizaba estados de pago por avance de obra que no correspondían a lo ejecutado materialmente, con los debidos perjuicios que esto acarreó a los futuros propietarios.

De esta forma, obtenían un pago mayor al que efectivamente correspondía en razón de lo estipulado en los contratos de construcción y urbanización suscritos por Constructora Alcarraz, Agrupación de Vivienda Villa Pudeto y el Comando de Bienestar del Ejército de fecha 5 de septiembre de 2017.

Por su parte, José Matamala, inspector técnico de obra del proyecto de vivienda Villa Pudeto II y Luis Vidal Bendix, ex presidente de la Agrupación de vivienda Villa Pudeto, aprobaban dichos estados de pagos, visándolos para su respectivo pago por parte de la Jave (Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército), organización que no realizó ningún control tendiente a verificar que dichos documentos cumplieran con las disposiciones establecidas en los contratos en comento. “Estos hechos provocaron un perjuicio monetario para cada uno de mis representados, quienes hasta el día de hoy se encuentran pagando créditos por un proyecto que nunca llegó a término, no obstante que se canceló a la empresa constructora alrededor de un 90% de avance de construcción cuando en terreno lo efectivamente realizado dista mucho de ese porcentaje”.

Es así, como la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército cursó pagos a la empresa Alcarraz, en exceso de lo que correspondía realmente pagar, generando un perjuicio patrimonial global para los miembros de la Agrupación Villa Pudeto, ascendente en total a $2.131.112.873, viéndose directamente perjudicados los 136 asociados de la Agrupación de Vivienda Villa Pudeto, quienes han debido soportar mayores descuentos de los presupuestados en sus respectivas planillas de sueldo.

Agrupación Villa Pudeto

El 10 de junio de 2015 se constituyó la “Agrupación de Vivienda Villa Pudeto” con la finalidad de ayudar a sus miembros, personal activo del Ejército o en retiro como personal civil a contrata, a conseguir la vivienda propia, en especial ante el Comando de Bienestar del Ejercito, a través de la Jefatura de ahorro para la vivienda del Ejército (Jave).

La agrupación está conformada por 248 miembros, de los cuales 112 corresponden a la primera etapa de la villa y 136 a la etapa dos.

El directorio estaba presidido al comienzo por Luis Vidal Bendix, uno de los tres querellados.

Por su parte, el personal del Ejército perteneciente a la Agrupación Habitacional Villa Pudeto es beneficiario y ahorrante de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, la que depende directamente de la División de Bienestar.

El mecanismo de financiamiento que la Jave le ofreció a los miembros de la Agrupación de Vivienda Villa Pudeto, segunda etapa, fue a través de mini créditos. Esto terminó plasmado en un dividendo mensual en unidades de fomento. A la fecha, los asociados mantienen aproximadamente 29 minicréditos, y la sumatoria mensual de éstos corresponden a un dividendo mensual de $ 441.625 aproximadamente, “y que hoy en día siguen pagando”, se indica en la querella, por casas que nunca terminaron de ser construidas.