La trayectoria del académico magallánico Roberto Cárdenas Dobson puede inspirar a las nuevas generaciones como ejemplo de perseverancia, colaboración y excelencia. Estudió en el Liceo Luis Alberto Barrera y luego ingresó a la Universidad de Magallanes donde transitó por sus laboratorios y con una ruta que lo ha llevado hasta los centros de investigación más prestigiosos del mundo. Por sexto año consecutivo, el ingeniero civil electricista formado en la Umag y actual académico de la Universidad de Chile figura en el ranking “World’s Top 2% Scientist” de la Universidad de Stanford, que distingue al 2% de los científicos más citados a nivel global. “Es siempre agradable ver que el trabajo mío y el de mi grupo de investigación son reconocidos. Pero no soy solo yo”, comenta con humildad. Detrás de su nombre hay un equipo de doctorandos, magísteres y exalumnos que, bajo su guía, han aportado al avance de la electrónica de potencia y las energías renovables. Algunos de ellos hoy son académicos en la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Santiago de Chile (USACH), la Universidad de O’Higgins y hasta en la Universidad Tecnológica de Costa Rica.  

Tres veces fue rechazado el traslado desde Punta Arenas hasta la Posta Central en Santiago del paciente quemado Johan Rocuant Narr (36). Sólo 10 días después de su estadía en la Uci y luego de sucesivas curaciones y aseos quirúrgicos, y después de haber enfrentado un cuadro de neumonía y ante una situación mucho más frágil de salud, desde la Red Asistencial se aprobó la aeroevacuación y cupo para Santiago este miércoles a las 21 horas. La mañana de este jueves, este dramático caso se convirtió en tragedia, tras conocerse el fallecimiento de Rocuant en la capital.  La tarde del miércoles, luego de nueve días esperando que se produjera el cupo en el centro médico especializado en tratar este tipo de paciente, la madre, Ursula Narr, preparaba sus maletas para volver a la capital. A Johan lo evacuaron en un avión ambulancia a las 21 horas, mientras ella abordaría un vuelo comercial horas más tarde.  Durante el traslado y posterior al aterrizaje en Santiago el paciente presentó una grave descompensación respiratoria, derivándose al centro asistencial más cercano donde no fue posible lograr su estabilización. Esta fue la primera comunicación emanada desde el Servicio de Salud Magallanes. Los días anteriores, los propios especialistas del Hospital Clínico de Magallanes ya advertían la necesidad de que el tratamiento fuera realizado por los subespecialistas en quemados. En la región no existe esa especialidad y cuando los casos son graves, todos deben trasladarse fuera de la región. “Como es una patología Ges y por la gravedad del paciente, requiere ser trasladado a este tipo de centros, porque en este hospital no contamos con los subespecialistas que ven, por ejemplo, zonas especiales”, explicó el jefe de la Unidad de Paciente Crítico, doctor Andrés Prieto. Pese a lo anterior, la orden emanada desde la Posta Central fue el tratamiento en Magallanes, sin subespecialistas. Así lo informó el director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras Faúndez, este lunes 12 de enero. “Desde la Posta Central se ha orientado las acciones que tiene que seguir el equipo del Hospital Clínico entregando las prestaciones que requieren”, sostuvo a La Prensa Austral en una entrevista. Frente a esta terrible tragedia que significó para la familia de Rocuant y las decisiones que lo mantuvieron en la Uci del Hospital Clínico por 10 días, el Servicio de Salud Magallanes, a través de un comunicado, informó que realizará una auditoría médica para “revisar de manera objetiva y sistemática los antecedentes clínicos y asistenciales del caso”. Lo anterior fue reforzado por la directora del Servicio, Verónica Yáñez, al señalar que la auditoría tiene por motivo “esclarecer los hechos y determinar si los procedimientos clínicos se ajustaron de acuerdo a las normativas vigentes”. Habla la otra madre Toda esta situación ha generado una mayor angustia en la familia de Fernanda Preller, la segunda víctima en la explosión registrada en el barrio Prat el domingo 4 de enero pasado. “El lunes cuando mi hija estaba en todo este proceso, recién se estaban llevando a una señora, con sus años, que también se había quemado, después de 9 días”, relata con preocupación Julia Cornejo, desde el hogar de su otra hija, en Punta Arenas. “Este niño (Rocuant) tenía que estar en un centro especializado. ¿Qué esperaron? Que el niño hiciera crisis, que empezaran a fallar sus órganos, que siguiera entubado. Esperaron eso para trasladar a este joven (…) Y ojo que si en la Posta Central no hay cama, por Ley de Urgencia lo deben enviar a una clínica privada”, planteó Julia. La respuesta que ha recibido esta mamá es la misma que recibía Ursula y Johan hace algunos días, cuando los requerimientos de traslados fueron rechazados porque no cumplía los “requerimientos clínicos”. Ante esto, este jueves presentó un recurso de queja ante Fonasa, por no estar recibiendo la prestación médica que su hija requiere por ley Ges. Al igual que Ursula, que tampoco tuvo soluciones por las vías formales de la red, Julia busca obtener el traslado para su hija por otras vías. No obstante, reflexiona: “Uno no tendría por qué estar recurriendo a este tipo de cosas. Las cosas deberían fluir (…) Ellos evacúan informes, fotos y todo, la suben a la plataforma y la vuelven a bajar, a rechazar”. Sin embargo, ante la tragedia ocurrida con Johan, como familia se oponen directamente a un traslado en las condiciones en que se encuentra Fernanda, dado que estos días ha presentado cuadros de neumonía similares a los que pasó Johan previo a subir al avión. “No voy a arriesgarme a subirla en un avión para que le pase lo mismo que a este chico. Y por una ineptitud. El día uno o el día dos ellos deberían haber sido trasladados los dos, porque era entubar, estabilizar y mandar”. “¿Tenemos que esperar con mi hija que se agrave más la situación para poder reaccionar?”, se cuestiona la madre. “Los médicos de acá han hecho lo humanamente posible, tienen viva a mi hija, pero están atados de mano, más no pueden hacer. Acá no existen los especialistas para ese tipo de gravedad”, sentencia Julia.  Hasta las 19 horas de este jueves, a Julia no la han llamado para entregarle información ni desde el Servicio de Salud, ni desde el Hospital Clínico: “No hemos recibido ninguna llamada telefónica y estamos con el celular en la mano”. “Empezó todo mal” La madre de Fernanda, reveló antecedentes cruciales sobre los primeros días y la gestión del traslado. Según informó, el domingo por la tarde el requerimiento no pudo subirse a la plataforma interconectada de la red dado que no había un solo médico con la clave de acceso al sistema. “Empezó todo mal desde el primer día”, aseguró Julia. La evidencia y respaldo de lo anterior consta en el Dato de Atención de Urgencia de ambos. Recién el lunes, un día después de ser ingresados a la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) pudo ser levantado el requerimiento, al tener a los doctores de planta que contaban con el acceso a la plataforma. Ese mismo día lunes 5 de enero, el doctor Zapata ya informó que su traslado a un centro de mayor complejidad o unidad de quemados era inminente. Ese mismo lunes también se realizó el llamado a la Posta Central y los doctores confirmaron que habían camas disponibles en la Unidad de Quemados, lo que hizo suponer que el traslado se haría efectivo en los primeros días. Versión médica A través de un video enviado a este diario, el doctor Vladimir Moraga, subdirector médico (s) del Hospital Clínico, abordó la situación clínica de Johan Rocuant, señalando que su traslado recién se pudo concretar en la tarde del miércoles, después de algunas “vicisitudes” relacionadas con el manejo de la inestabilidad del paciente, siguiendo “toda la protocolización y normas que tenemos para este tipo de traslado”, a bordo de un avión ambulancia, sin embargo, añadió, “desafortunadamente, nos enteramos que después de su aterrizaje en la ciudad de destino, en el aeropuerto, hubo una descompensación brusca de la situación clínica”, obligando al equipo médico a su traslado a un centro asistencial más próximo, “pero no fue posible sacar adelante al paciente”, lamentó Moraga.

Con una ceremonia de bautizo marítimo realizada en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas, la empresa Pesca Cisne S.A. inauguró oficialmente el buque factoría Isla Edén, una moderna embarcación que se incorpora a su flota y que representa un importante impulso para la actividad pesquera, el empleo y el desarrollo productivo de la región de Magallanes. La seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Marlene España, destacó el impacto positivo que esta nueva adquisición tendrá en la economía regional, subrayando que se trata de una empresa con fuerte arraigo local. Desde la compañía, el gerente de Operaciones, Luis Rodríguez Fernández, explicó que el Isla Edén es una nave de tecnología de punta, diseñada especialmente para enfrentar las duras condiciones del mar austral. “Lo que más nos enorgullece es la seguridad y la mejor habitabilidad para la tripulación, considerando que nuestros trabajadores permanecen hasta 90 días en faena”, indicó, agregando que esta inversión permitirá duplicar los empleos directos a bordo, pasando de 120 a cerca de 240 trabajadores, además de generar alrededor de mil 200 puestos de trabajo indirectos. Por su parte, el gerente general de Pesca Cisne, Roberto Girón Martínez, expresó que la empresa buscó durante una década una embarcación con altos estándares de seguridad, eficiencia y confort. El buque, de 50 metros de eslora y 350 toneladas de capacidad de bodega, será utilizado principalmente para la pesca de bacalao de profundidad, mientras que la nave Cisne Blanco continuará operando en la captura de merluza y congrio. “Nuestra base siempre será Punta Arenas, desde donde operamos desde 1989, y nuestros principales mercados son Estados Unidos y China”, precisó.

La comercialización de bebidas sin alcohol dirigidas a niños, presentadas con envases y códigos visuales que replican espumantes para adultos, abrió una controversia pública por los riesgos asociados a la normalización temprana del consumo de alcohol y a la seguridad en contextos familiares. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, advirtió que estos productos se ofrecen en el retail nacional bajo marcas como Burbujín y Spunch, promocionados explícitamente como “espumantes para niños”, con botellas de cuello largo, cápsulas tipo foil y una estética asociada al brindis y la celebración. Desde el ámbito de la prevención, la directora de Senda Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, manifestó su preocupación frente a la venta y promoción de productos que simulan bebidas alcohólicas dirigidas a niños y adolescentes, enfatizando que “este tipo de prácticas normaliza el consumo de alcohol desde edades tempranas, lo que va en contra de los esfuerzos de prevención y del enfoque de protección de derechos que como Estado promovemos”. En la misma línea, sostuvo que “nuestro llamado es a la responsabilidad de los actores comerciales y de la sociedad en su conjunto, para resguardar el desarrollo sano de niños y jóvenes y evitar mensajes que puedan inducir conductas de riesgo”. A nivel nacional, Odecu expresó que la presentación de estos productos no sólo genera confusión en celebraciones donde coexisten bebidas para adultos e infantiles, sino que instala un riesgo concreto de seguridad en el consumo. Al respecto, el presidente de la organización, Stefan Larenas Riobó, advirtió a nivel nacional que cuando en una misma celebración coexisten bebidas alcohólicas para adultos y bebidas infantiles con envases prácticamente idénticos, el riesgo de confusión es real y evitable. Ante estos antecedentes, la organización anunció que presentará una denuncia y solicitará fiscalización ante el Sernac, además de realizar una presentación ante la Defensoría de la Niñez, solicitando una revisión desde el estándar de los derechos de la niñez en materia de consumo y publicidad, junto con un llamado al retiro preventivo de este tipo de presentaciones infantiles mientras se desarrollan las evaluaciones regulatorias correspondientes.  

La drástica decisión adoptada por el Partido Socialista de congelar su participación en cónclaves y comités políticos del oficialismo a nivel regional se traduciría en la no asistencia del presidente regional del PS, Ricardo Andrade, al comité político que se desarrolla a las 19 horas en la Delegación Presidencial Regional, encabezado por el delegado José Ruiz Pivcevic. En las filas socialistas magallánicas se repitieron las mismas recriminaciones esgrimidas a nivel nacional en contra de los dichos del Frente Amplio y el Partido Comunista hacia los parlamentarios oficialistas que apoyaron la Ley Naín-Retamal, la cual fue aplicada en el caso Gatica, donde fue absuelto el excarabinero Claudio Crespo, acusado de haber causado lesiones oculares a Gustavo Gatica, que derivaron en una ceguera durante el estallido social de 2019. “Hoy se reacciona con firmeza, por cuanto entendemos que las lealtades no obedecen a circunstancias, sino que son estables y duraderas, y en la crítica dañina al Partido Socialista se transgrede ese principio”, dijo Yenifer Elass, secretaria regional del PS, precisando que la distancia es con el conglomerado y no con el gobierno, “con quien nos caracteria la lealtad y la responsabilidad política”. Por su parte, Christian Gallardo Castro, miembro del Comité Regional del PS, se mostró crítico de los dichos de diputados frenteamplistas y comunistas sobre la Ley Naín-Retamal. “Si Chile quiere enfrentar seriamente la criminalidad y devolverle seguridad a las familias, debemos entregar facultades claras y reglas precisas a nuestras policías”, planteó. Esta decisión aleja aún más la pretensión de formar una coalición que aglutine desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Ayer, en conversación con La Tercera, la presidenta nacional del PS, Paulina Vodanovic, apuntó al Presidente Gabriel Boric como el principal responsable de que no exista un bloque unido. Manifestó que “hubo cuatro años” para construir una gran alianza de izquierda y “no se hizo”, siendo crítica con los esfuerzos del gobierno para concretar aquello. Si bien a nivel nacional los resultados en las pasadas elecciones parlamentarias para el Partido Socialista mostraron un aumento modesto, a nivel regional registraron una de sus votaciones más bajas, confirmando una caída sostenida que se arrastra desde 2013, cuando perdieron la senatorial con Pedro Muñoz y cedieron su sitial como principal partido de la centroizquierda, primero a la Democracia Cristiana y luego al Frente Amplio, que desde 2017 mantiene el cupo parlamentario del sector.  

El gobernador regional Jorge Flies confirmó que el Ministerio de Hacienda reincorporará, durante la tramitación en el Senado de la Ley de Reajuste al Sector Público, la glosa que habilita la entrega de recursos desde los gobiernos regionales a empresas públicas, normativa clave para asegurar la continuidad del convenio de programación por más de $38 mil millones suscrito entre la Empresa Portuaria Austral y la administración Flies en 2024. A este revés se sumó el rechazo del artículo que permitía a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) extender su giro y asegurar su participación en la industria del hidrógeno verde. La máxima autoridad regional tuvo duras palabras en contra del diputado magallánico Christian Matheson, quien rechazó ambas glosas. Flies sostuvo que el Parlamentario votó en contra de una “ley que tiene un alto impacto en inversión, trabajo e ingresos para la región”. Durante su intervención, hizo un llamado a los senadores Alejandro Kusanovic y Karim Bianchi a votar a favor de una iniciativa que favorece directamente a Magallanes. “Yo lamento, y vuelvo a insistir, que por segunda vez tengamos un voto en contra de alguien que vive en la región”, añadió. Flies también se mostró crítico respecto de la forma en que se votó la ley, señalando que ambas glosas podrían haberse aprobado dentro de la Ley de Reajuste al Sector Público y no de manera separada. “No creemos que toda la oposición rechace esta inversión estratégica para la Región de Magallanes”, aseguró el seremi de Hacienda, Alvaro Vargas. Al ser consultado por el rechazo de Matheson, indicó que “es lamentable, porque finalmente son normas que nos habilitan para crecer, en términos de productividad y de capacidad productiva regional”. Por su parte, el senador independiente Karim Bianchi señaló que ambos artículos serán defendidos “con fuerza”, ya que “impactan directamente en nuestro desarrollo”. Insistió en que la transferencia de recursos a empresas estatales es clave para “mejorar y duplicar la capacidad de nuestros puertos”. “Aquí la inversión privada no se da en los puertos; se requiere apoyo estatal”, afirmó. Asimismo, sostuvo que es fundamental que una empresa estratégica del Estado, como Enap, pueda participar en el desarrollo del hidrógeno verde, “clave para el futuro de la región de Magallanes y del país”. “La derecha claramente no entiende la importancia de que Enap tenga presencia en los esfuerzos regionales para impulsar la instalación de la industria del hidrógeno verde”, cuestionó la diputada Javiera Morales, acusando que “hablan de crecimiento, pero su ideología los nubla y con este rechazo bloquean una oportunidad estratégica para Chile”. “Después critican que la empresa pública es ineficiente, pero al mismo tiempo la asfixian en su desarrollo, que contribuye al país”, concluyó.  

El Ministerio Público formalizó por parricidio a tres vástagos de la víctima -uno como autor material y dos como encubridores- y a un yerno por homicidio calificado. El Juzgado de Garantía de la comuna de Los Lagos, en la Región de Los Ríos, inició este jueves la audiencia de formalización de cargos contra los familiares presuntamente implicados en la muerte de Julia Chuñil, cuyo rastro se perdió a fines de 2024. El Ministerio Público sostiene la tesis de un parricidio, donde uno de sus hijos habría sido el autor material del crimen, mientras que sus otros hermanos actuaron como encubridores. Los imputados, detenidos durante la madrugada del miércoles en Máfil y Temuco, corresponden a los tres hijos de la víctima -Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Javier Troncoso Chuñil- y a un yerno, Bermar Flavio Bastías Bastidas. La clave para destrabar el caso fue la colaboración de Bastías, quien entregó antecedentes cruciales sobre la dinámica del asesinato y el paradero del cuerpo de su suegra, que supuestamente fue arrastrado hasta un lugar cercano a su vivienda. Según la Fiscalía, el crimen se desencadenó cuando Chuñil intentó defender a un vecino adulto mayor, en precario estado de salud, que estaba siendo asaltado por uno de sus propios hijos. La mujer, presuntamente, intervino para evitar el robo de la pensión del anciano, momento en el que se generó una violenta discusión, que terminó con su asesinato. Daniela Avila, abogada de la Fiscalía, explicó la tesis que manejan respecto del caso: “Interviene para impedir el robo con violencia en contra de la víctima y se enfrenta directamente al agresor; esa intervención provoca un escalamiento inmediato de violencia, que ya estaba además presente al interior de la familia, se produce un forcejeo violento, una agresión física continuada. Además, hoy también contamos con el mecanismo con el cual se habría dado fallecimiento a doña Julia, que es por medio de la asfixia”. Lo anterior fue refutado por Karina Riquelme, representante de la familia, quien advirtió que “la única evidencia científica, el ADN de Julia Chuñil, se encuentra en el predio donde todos dicen que se perdió, donde encontraron a la última testigo que estuvo con ella, y que ahora incrimina a los hijos. Pero resulta que ella estuvo sola con Julia en el único lugar donde hay sangre de Julia, y ahora resulta que ella es la prueba en contra de los hijos. Respecto de eso, nada nos dijo el Ministerio Público”. En términos jurídicos, la Fiscalía imputó a los hijos el delito de parricidio, mientras que el exyerno enfrenta cargos por homicidio calificado. Adicionalmente, el Ministerio Público formalizó a todo el grupo por el delito de robo con violencia cometido en contra del adulto mayor. El juez de garantía Andrés Riveros validó la libertad del yerno bajo la medida de arresto domiciliario nocturno, tras colaborar con la investigación. Chuñil sufría “miedo constante” Durante la audiencia, la fiscal de Valdivia, Tatiana Esquivel, reveló el clima de violencia que rodeaba a Julia Chuñil, afirmando que sufría “un miedo que era constante en su vida”. Citando testimonios de una comunidad religiosa a la que asistía la víctima, la persecutora describió que “el temor que ella sentía era tanto que necesitó buscar el consuelo y la confianza de otras personas”. Cabe mencionar que el anciano que Chuñil habría intentado defender, y que por ende es considerado testigo clave por el ente persecutor, se encuentra hospitalizado por problemas de salud, y sufre de algún grado de alcoholismo. De acuerdo con la defensa, es la propia familia de la fallecida la que se encarga de cuidar al nonagenario, quien reside en una habitación contigua en la misma casa. Continúa la búsqueda del cuerpo de Chuñil En paralelo a la audiencia en Los Lagos, un contingente masivo de Carabineros desarrolla un operativo de rastreo exhaustivo en el sector de Máfil para localizar el cuerpo de Chuñil.  La capitana Javiera García explicó que “es una investigación de largo aliento y en este minuto estamos haciendo un registro completo del terreno. No olvidemos que el terreno tiene características distintas, es bastante boscoso, es irregular, hay lugares donde ha tenido que hacerse un despeje por la naturaleza”.  Cooperativa

El gobierno informó la suspensión de una medida adoptada por el Instituto de Previsión Social (IPS) que llevaba a que 13 mil adultos mayores no recibieran la PGU, por haber pasado, supuestamente, seis meses fuera del país. Ante las denuncias de errores en el listado, el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, anunció que se decidió “revertir esa decisión”. “El sistema funciona de la siguiente manera: a fin de año el IPS hace una revisión de antecedentes respecto a las personas que tienen derecho a la PGU, porque uno de los requisitos es no haber estado fuera del país por más de seis meses”, explicó Elizalde. “Se solicita la información a la PDI, que es la institución que lleva el registro de entradas y salidas en Chile. Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa situación, y se va a pedir un nuevo informe a la PDI para que se aplique de manera estricta la ley. Por lo tanto, ninguna de estas personas va a ser perjudicada y los pagos se van a hacer como corresponde”, detalló. A estas palabras se sumó el Presidente Gabriel Boric, que explicó en Radio Futuro que los afectados son el 0,4 por ciento de los pensionados, ante lo que se pidió investigar y cotejar los datos nuevamente con el fin de evitar errores. El director del IPS, Juan José Cárcamo, aseveró que “se determinó que había un grupo acotado de personas, que probablemente habían salido por más de 180 días del país en el último año calendario. A esas personas se les envió una carta de notificación de que estarían perdiendo este requisito de residencia y por lo tanto se les invitaba a regularizar esta situación”. “Dado que hemos recibido algunas inquietudes y algunos reclamos, hemos decidido suspender esta medida y vamos a hacer una reevaluación. Queremos garantizar y asegurar que les vamos a pagar a todas las personas su Pensión Garantizada Universal”, agregó. Cooperativa

Las protestas antigubernamentales contra el régimen han alcanzado un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica, según numerosos expertos y testigos presenciales.   Irán amenazó este miércoles con lanzar ataques contra bases militares de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente si Washington interviene en apoyo a las masivas protestas que sacuden al país.  El ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, advirtió que cualquier instalación regional que colabore con una ofensiva será considerada un “objetivo legítimo” y prometió una respuesta “dolorosa”.  La escalada bélica se materializó con los primeros reportes diplomáticos sobre la evacuación preventiva de personal estadounidense de la base aérea Al Udeid en Qatar, luego de que el Presidente Donald Trump afirmara que “la ayuda está en camino” para los manifestantes y mantuviera abierta la opción de una acción militar. La tensión externa coincide con un endurecimiento de la represión interna. El jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció la puesta en marcha de juicios “rápidos” contra los detenidos, justificando la celeridad procesal para delitos de moharebeh o “guerra contra Dios”.  Esta política judicial ha encendido las alarmas globales ante la posible ejecución inminente de Erfan Soltani, de 26 años.  Mientras el régimen reconoció por primera vez una cifra global de 2.000 muertos durante los disturbios, organismos independientes como HRANA elevan el conteo a 2.571 fallecidos verificados y denuncian que más de 10.000 personas permanecen bajo custodia en medio de un apagón digital que ya supera las 132 horas consecutivas. Por otra parte, Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Onu sobre Irán. La información fue confirmada por un diplomático del organismo internacional que habló bajo condición de anonimato debido a que el encuentro aún no figura en la agenda oficial. La reunión se prevé para este jueves por la tarde. En tanto, Irán extendió este jueves una orden que mantiene cerrado su espacio aéreo a la aviación comercial, sin ofrecer explicaciones, en medio de la persistente tensión con Estados Unidos por la represión de las protestas en el país. Infobae

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió este martes al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante una manifestación registrada el 9 de noviembre de 2019, en el contexto del estallido social. El fallo fue pronunciado tras casi nueve meses de juicio oral. Al dar a conocer el veredicto, la jueza Cristina Cabello sostuvo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no lograron acreditar la existencia del delito imputado, concluyendo que la actuación del exuniformado se enmarcó en el cumplimiento del deber constitucional y legal de resguardar el orden público. Según indicó, la presencia policial en el sector respondió a un escenario de alteración grave del orden, caracterizado por hechos de extrema violencia. La magistrada señaló que la avanzada policial tuvo como objetivo despejar la calzada, bloqueada por estructuras metálicas instaladas por manifestantes, y restablecer el tránsito y la seguridad en el sector. En ese contexto, descartó que se tratara de una provocación a manifestantes pacíficos, indicando que la actuación policial fue una respuesta a agresiones que calificó como potencialmente letales. El tribunal concluyó que Carabineros utilizó la fuerza de manera gradual, agotando previamente los medios menos lesivos antes de recurrir al uso de la escopeta antidisturbios. Asimismo, se indicó que la conducta del acusado estuvo amparada por la legítima defensa frente a una agresión ilegítima, actual y grave, tanto contra su integridad como la de otros funcionarios policiales. En el fallo se ordenó el alzamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre Crespo. El tribunal también destacó la abundante prueba audiovisual incorporada durante el juicio, incluyendo registros de cámaras públicas, drones y grabaciones de dispositivos personales, que permitieron reconstruir detalladamente los hechos ocurridos en Plaza Italia y sus alrededores durante esa jornada. Gatica apelará  Tras conocerse el veredicto, el diputado electo Gustavo Gatica (IND-PC)  afirmó que no se encuentra conforme con el resultado del juicio y anunció que evaluará nuevas acciones judiciales. Si bien valoró que durante el proceso se haya acreditado la autoría del disparo, cuestionó que no exista una condena penal por un daño que calificó como grave. “Me tranquiliza saber quién fue la persona que me disparó, pero también debemos preguntarnos por qué alguien que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado”, señaló. El parlamentario electo adelantó que solicitará la nulidad del juicio junto a su equipo jurídico y aseguró que recurrirá a todas las instancias disponibles. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario acudir a cortes internacionales, así lo vamos a hacer”, sostuvo, afirmando que casos de esta gravedad no pueden quedar impunes. La resolución cierra uno de los casos más emblemáticos derivados del estallido social, marcando un precedente judicial en torno al uso de la fuerza policial en contextos de alteración del orden público. Emol   Fiscalía evitó autocrítica  El fiscal jefe de la Fiscalía Centro-Norte, Xavier Armendáriz, respaldó el trabajo realizado por la persecutora Ximena Chong y el equipo investigador, asegurando que la causa aún no está cerrada. A la salida del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Armendáriz señaló que “no queda más que felicitar” a quienes llevaron adelante la investigación, destacando que el rol del Ministerio Público fue presentar las pruebas y someter los hechos al escrutinio de los tribunales. “Para el Estado de Derecho es fundamental que situaciones de esta gravedad sean evaluadas por quienes corresponde”, afirmó. El fiscal recalcó que la postura de la Fiscalía siempre fue buscar un veredicto condenatorio, aunque reconoció que el tribunal resolvió en otro sentido. Asimismo, precisó que lo conocido corresponde solo a un veredicto y no al fallo definitivo, reiterando que se trata de una causa que sigue abierta y respecto de la cual aún pueden evaluarse acciones futuras.

Dos extrabajadoras del cantante interpusieron la denuncia ante la Fiscalía española con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.   Dos mujeres denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España a Julio Iglesias por presuntos delitos de trata de seres humanos y agresiones sexuales cometidos en 2021, cuando ambas trabajaban como empleadas domésticas en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. La denuncia, presentada con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, también incluye acusaciones por acoso sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales. Según el escrito, los hechos podrían constituir trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Iglesias es señalado como autor principal, mientras que dos encargadas de sus viviendas habrían colaborado en la captación y control de las trabajadoras. La nacionalidad española del cantante permite que los hechos sean investigados en España, pese a haber ocurrido en el extranjero. Esto fue revelado en una investigación conjunta entre el medio español El Diario.es y el canal estadounidense Univisión. En el reportaje las denunciantes, identificadas con nombres ficticios como Laura y Rebeca, relataron haber vivido en un entorno de control, intimidación y abuso de poder. Aseguran que fueron presionadas para mantener relaciones sexuales y describen tocamientos, penetraciones, humillaciones, insultos y agresiones físicas durante su relación laboral. Ambas afirman haber acudido a la justicia para evitar que estos hechos queden impunes y para proteger a otras mujeres. Women’s Link solicitó medidas urgentes de protección para las denunciantes, incluyendo la reserva de identidad y la prohibición de contacto con los investigados, debido a la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres y al poder e influencia del denunciado. Desde el punto de vista jurídico, las abogadas sostienen que concurren los elementos del delito de trata: captación, alojamiento en el domicilio del empleador, abuso de una situación de vulnerabilidad y explotación. Asimismo, consideran que existirían varias agresiones sexuales cometidas en un contexto de intimidación ambiental, figura reconocida por la jurisprudencia española. La denuncia también da cuenta de presuntas irregularidades laborales, como ausencia de contrato, jornadas abusivas, falta de descansos y afectación a la dignidad e intimidad de las trabajadoras, además de posibles delitos de lesiones en uno de los casos. Con información de El Diario.es y Univisión       “Me sentía empujada a hacerlo sin opción a decir que no” Rebeca (nombre ficticio), extrabajadora de las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana y Bahamas, relató haber sido víctima de agresiones sexuales mientras trabajaba como empleada doméstica del artista en 2021.  De origen dominicano, Rebeca tenía 22 años cuando fue contratada tras responder a un anuncio en redes sociales. Según su relato, desde el inicio se encontró en un entorno laboral marcado por el control, la intimidación y el abuso de poder. Asegura que fue sometida a comentarios sexuales, exigencias ajenas a sus funciones y situaciones que la hicieron sentirse “obligada” a obedecer, pese a su incomodidad. “Para mí, sentirse rara era estar obligada a hacerlo. No tenía opción de decir que no”, afirmó. Rebeca describió episodios en los que fue presionada para desnudarse, recibir tocamientos y mantener encuentros sexuales en presencia de encargadas de la casa. Según su testimonio, la negativa no era aceptada y las presiones incluían insistencia constante, manipulación emocional y uso de información personal para disuadirla de renunciar. La extrabajadora señaló que las agresiones continuaron durante su traslado a Bahamas y que era llamada casi todas las noches a la habitación del cantante tras finalizar su jornada laboral. “Él hacía lo que quisiera conmigo”, declaró, agregando que el cansancio, el miedo y la dependencia laboral la mantenían en una situación de sumisión. Rebeca intentó abandonar el trabajo en varias ocasiones, pero afirma que fue persuadida para quedarse. Tras dejar la casa, sufrió ansiedad y depresión, cuadro que posteriormente fue diagnosticado por un profesional de la salud mental. “Hoy hablo porque no quiero que esto quede impune”, concluyó.

La negativa a una intervención militar de Estados Unidos a México, la próxima revisión del tratado comercial, así como el rechazo a los ataques a Venezuela por parte de Washington fueron los temas que abordaron la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la llamada que sostuvieron este lunes. “Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido en 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La conversación telefónica ocurrió en medio de las tensiones por las declaraciones de Trump, quien en días pasados había amenazado con posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México. “Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas, dijimos: “Bueno, pues hasta ahora vamos muy bien”, aseguró la Mandataria, al tiempo que subrayó que defendió la soberanía nacional ante Trump. “Lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que se siguiera trabajando conjuntamente”, precisó. Esta fue la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el Mandatario estadounidense amenazase con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino; y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al Presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos en Nueva York. En ese sentido, la Mandataria afirmó que el diálogo directo con Trump ha sido clave para manejar las cuestiones más sensibles de la relación bilateral. Subrayó, asimismo, que el comercio también fue uno de los temas que se tocaron en la conversación, la cual no se prolongó más allá de 15 minutos, y que se da ante la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte y los aranceles impuestos a sectores estratégicos. biobiochile.cl

Al menos 648 manifestantes han muerto en las protestas que se extienden por 16 días en diversos puntos de Irán en contra de la República Islámica. Según detalló Iran Human Rights, entre los fallecidos hay nueve menores de edad mientras que miles han resultado heridos. La ONG explicó que debido al apagón de internet que el régimen iraní lleva a cabo desde el 8 de enero, y a las severas restricciones de acceso a la información, es extremadamente difícil verificar las cifras de muertos. En tanto, se estima que el número de personas arrestadas en las protestas supera las 10.000. Funcionarios de la República Islámica han calificado a los manifestantes como “alborotadores”, “terroristas” y “agitadores”, vinculándolos con Israel y Estados Unidos, cargos que se castigan con la muerte. biobiochile.cl

El Mineduc le pidió la renuncia al director subrogante del Servicio Local de Educación Pública de la región nortina El Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Atacama cumplió 5 años y el cumpleaños motivó una polémica celebración, porque se organizó una fiesta que incluyó una limusina, el uso de cámaras 360, tortas y bar; como si fuera un matrimonio. La fiesta se hizo viral gracias a un video, en donde se ven pornenores del festejo en el Casino Luckia de Copiapó. Las imágenes difundidas muestran una puesta en escena alejada de la sobriedad que se espera de un servicio público. Entre lo que llamó la atención estuvo el uso del lujoso auto, construido bajo la plataforma Hummer, y que la prensa regional apuntó es propiedad de la empresa Limuhummer, vinculada con Pro Group, la firma que presta servicios de guardias al mismo Slep. Además del vehículo, que tenía el en su costado un gran adhesivo con la frase “5to Aniversario SLEP Atacama”, la fiesta contaba con cámaras 360, donde los invitados se sacan fotografías con una cámara que los recorre en círculos; tortas, servicio de bar, iluminación altamente sofisticada, casi como una producción propia de un evento privado de gran escala, elementos que contrastan con el complejo escenario que enfrenta el Slep Atacama, marcado por críticas por despidos de trabajadoras, reducción de horas docentes, denuncias sobre un eventual patrón de exclusión de mujeres y una administración calificada como deficitaria por diversos actores del ámbito educacional. El Colegio de Profesoras y Profesores dijo que lo que ocurrido en el Slep Atacama “fue una cuestión totalmente desubicada”, con “una falta de decoro mínimo de un Slep que ha destacado por sus enormes carencias, en el que hay escuelas que prácticamente se caen a pedazos en su infraestructura, que ha tenido tan graves problemas, hacer una celebración a todo lujo, con limusina, es una absoluta falta de decoro y prudencia es, por decir lo menos, muy desubicado”, detalló el presidente del gremio, Mario Aguilar. Aunque el Slep respondió que se trataba de una celebración interna, realizada fuera del horario laboral y sin uso de recursos públicos, no se detalló cómo se pagó la producción del evento. La explicación no convenció al Ministerio de Educación, que informó que el ministro Nicolás Cataldo “solicitó la renuncia de Daslav Mihovilovic como director ejecutivo suplente del Slep Atacama”. Consultado al respecto, el ministro Nicolás Cataldo expresó que se tomaron medidas. “La primera fue pedir la renuncia al director ejecutivo suplente, y la segunda, fue instruir a la auditoría”, señaló. “Quiero ser enfático: esto es inaceptable. Es inaceptable desde todo punto de vista, no hay ninguno en el que no lo sea, y particularmente refiriéndonos a un servicio local que ha atravesado por situaciones muy complejas”, señaló el titular del Mineduc. Cooperativa