E1n un operativo liderado por la Brigada Antinarcóticos (Brianco) de la Policía de Investigaciones, se logró la detención de cuatro sujetos sindicados de internar droga desde la zona norte del país a la Región de Magallanes. La diligencia se desplegó a lo largo del sábado, comenzando con el olfato de un can, incluyendo una entrega controlada y terminando con la detención de tres ciudadanos colombianos irregulares, un chileno y la incautación de más de un kilo de clorhidrato de cocaína.

La fiscal Katerina Aranis Seguic relató durante la audiencia que la operación policial comenzó la mañana del sábado 27 de diciembre en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. En esas inmediaciones se encontraban los detectives realizando la revisión de un vuelo procedente de Santiago, cuando una ejemplar canina detectó indicios de droga en el pasajero Camilo Díaz Placencia, ciudadano chileno oriundo de Mejillones, Región de Antofagasta.

En dichas circunstancias, Díaz fue trasladado hasta el sector habilitado para las revisiones de pasajeros por la Brigada Antinarcóticos del aeropuerto. Los oficiales policiales descubrieron que Díaz portaba cinco paquetes rectangulares adosados a sus piernas y ropa interior, sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína tras el análisis de laboratorio. En total, portaba 1 kilo y 258 gramos, equivalente a unas 4.366 dosis y un valor comercial en el mercado ilícito que supera los $25 millones.

Emboscada en el mall

Tras la detención del viajero chileno, el Ministerio Público autorizó una entrega controlada de la droga. Bajo vigilancia policial, Camilo Díaz se dirigió a los estacionamientos del supermercado Lider en el mall Espacio Urbano Pionero, tal como había sido acordado previamente, constatado en comunicación vía chat con terceros no identificados hasta ese momento.

Hasta el estacionamiento llegaron los otros tres imputados: Jefferson Valdés Valencia, Ruby Eliana Victoria Palacios y Jorge Luis Cuero Rodríguez, los tres ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular. Manejaban un Suzuki Swift, color rojo, registrado a nombre de otra ciudadana colombiana.

La fiscal narró que Valdés coordinó con el chileno haciéndole un gesto, mientras que Cuero Rodríguez se dirigió hasta el cajero automático para retirar el dinero ofrecido para el traslado de la mercancía ilícita desde la zona norte. El chileno se subió al auto con Valdés y Ruby Victoria y momentos después fueron detenidos por la PDI en el mismo lugar, incautándose la droga y un molde de metal soldado, herramienta utilizada habitualmente para prensar bloques de droga. 

Minutos después, capturan a Cuero Rodríguez en el cajero automático del supermercado.

Formalización y defensa

Los cuatro implicados fueron formalizados este domingo ante el Juzgado de Garantía como autores del delito de tráfico ilícito de drogas. La Fiscalía invocó además la agravante de actuar como agrupación delictiva. Para todos ellos se pidió la medida cautelar de prisión preventiva, por ser un peligro tanto para la investigación como para la sociedad y un inminente riesgo de fuga. “Es fundamental mantener a los imputados en prisión preventiva con la finalidad de evitar que puedan comunicarse con el exterior y eventualmente puedan afectar nuevas diligencias”, agregó la fiscal Aranis Seguic.

Durante la audiencia, las defensas presentaron diversas atenuantes. Para el caso del chileno, su abogado destacó la colaboración sustancial al prestar declaración voluntaria y facilitar la entrega controlada que permitió capturar al resto de la banda.

En el caso de los colombianos, para Jorge Cuero, quien salió a retirar dinero desde el cajero, la abogada María Isabel Godoy alegó falta de participación, sosteniendo que sólo acompañó a sus amigos al mall; con Ruby Victoria se argumentó su condición de madre de una niña de 4 años, cuestionando que la compra de un pasaje fuera prueba suficiente; en tanto, para Jefferson Valdés, la defensora puso en duda la dinámica de la detención.

A pesar de los descargos, la juea Francisca Luque decretó la prisión preventiva para los cuatro imputados, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y un evidente peligro de fuga, dado que los ciudadanos extranjeros se encuentran en situación migratoria irregular. 

Se fijo un plazo de 150 días para la investigación, tiempo en el cual se realizarán peritajes a los teléfonos y análisis de cuentas bancarias. Desde la Fiscalía aseguraron que esta formalización se trata de un primer paso y queda desentrañar los demás implicados en la cadena: quién es el proveedor en la capital, o las otras personas que podrían estar vinculadas a los imputados para la “venta al menudeo de drogas en la ciudad de Punta Arenas”.