El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, realizó una visita a la Antártica con el objetivo de reforzar la presencia de Chile en el continente blanco y destacar su importancia estratégica en materia de soberanía, ciencia y protección ambiental. El canciller arribó a bordo de un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, iniciando una agenda que incluyó recorridos por el rompehielos Almirante Viel, la Base Aérea Eduardo Frei Montalva, Villa Las Estrellas y la base Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno (Inach), además de encuentros con personal desplegado en la zona. Durante la visita, Pérez Mackenna subrayó que la presencia nacional en la Antártica, sostenida desde 1947, refleja un compromiso histórico que se fortalece con el trabajo de las Fuerzas Armadas y la comunidad científica. Asimismo, destacó el rol de Punta Arenas como puerta de entrada al continente, relevando su importancia logística. La actividad se realizó junto a una delegación canadiense, en el marco de un acuerdo de cooperación científica y militar. El ministro también enfatizó el valor medioambiental del territorio, señalando que la Antártica representa un mensaje global sobre la necesidad de proteger el planeta.

Enap Magallanes desvinculó silenciosamente a uno de sus principales ejecutivos. Jorge Ojeda P., quien se desempeñaba como gerente de Producción y Desarrollo de la empresa, dejó de pertenecer a la compañía a contar del lunes 16 de marzo. La información no fue comunicada públicamente: llegó a través de un comunicado interno de la Gerencia de Personas dirigido exclusivamente a los trabajadores de la empresa, al que tuvo acceso La Prensa Austral. El documento no entrega razones de la desvinculación. Se limita a informar que las funciones de Ojeda serán asumidas de manera interina y sin perjuicio de su cargo actual por Rodrigo Bustamante V., gerente de Exploración y Producción de Enap Magallanes. Consultada por La Prensa Austral, la empresa no respondió sobre las razones de la salida ni sobre el impacto operativo de que un solo ejecutivo asuma dos gerencias de forma simultánea. Alcalde oficia a Enap En paralelo a la salida del gerente, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, anunció el envío de un oficio al gerente general de Enap para exigir información oficial sobre el estado de recuperación de la Planta Posesión -afectada por una explosión en diciembre pasado- y garantías concretas de capacidad de suministro antes del invierno. "Tenemos un consumo en invierno que casi duplica el del verano. El tema hay que transparentarlo por parte de Enap", señaló Radonich, quien precisó que el oficio exige que la empresa garantice que "nuestra ciudad y nuestra región va a tener la capacidad para no tener problemas en las industrias, las viviendas y las plantas industriales". El alcalde reconoció la respuesta rápida de los trabajadores de Enap tras la emergencia de diciembre, pero fue enfático en que eso no reemplaza la información oficial que la empresa le debe a la comunidad sobre los plazos y la capacidad real de la solución transitoria implementada.

Con un mayor peso del oficialismo quedaron integradas todas las comisiones de la Cámara de Diputados. En el caso de los tres representantes de Magallanes en la Cámara Baja, ninguno obtuvo presidencias ni vicepresidencias. El diputado republicano Alejandro Riquelme representará a la región en las comisiones de Gobierno, Economía y Pesca. En tanto, la frenteamplista Javiera Morales integrará Vivienda, Constitución y Zonas Extremas. Por su parte, el independiente Carlos Bianchi participará en Obras Públicas, Hacienda y Zonas Extremas, además de asistir de manera periódica a la Comisión de Pesca. Al respecto, Bianchi destacó que “esto nos permitirá estar presentes en espacios donde se toman decisiones fundamentales para nuestra región, especialmente en materias como inversión pública, conectividad, desarrollo productivo y apoyo a nuestras comunidades”. Agregó que el objetivo es “seguir representando con fuerza a Magallanes, asegurando que nuestras necesidades y particularidades estén sobre la mesa en las discusiones más importantes del país”. La Cámara aprobó la propuesta de integración impulsada por el presidente de la corporación, Jorge Alessandri, con 95 votos a favor y 54 en contra, gracias a un acuerdo entre el oficialismo y la Democracia Cristiana, al que también se sumó el PPD. El Partido Republicano logró mayoría en 18 de las 27 comisiones, incluyendo Hacienda, Constitución y Economía, consolidando su influencia en el trámite legislativo. En contraste, el Frente Amplio, el PS, el PC y el PDG rechazaron la fórmula sin poder revertirla. Según El Mostrador, el Partido Socialista criticó haber quedado fuera de la Comisión de Hacienda, acusando falta de proporcionalidad. La nueva configuración evidencia la estrategia oficialista de ordenar la agenda desde las comisiones, en un escenario marcado por la división de la oposición.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que fijó en 700 UTM ($48.992.300) las multas que deberá pagar un armador de lancha artesanal sancionado por realizar capturas del recurso centolla sin contar con la inscripción respectiva, incumplir obligación de transmitir cada 15 minutos la ubicación de la nave y obstaculizar la labor de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región de Magallanes. La Cuarta Sala del máximo tribunal, integrada por el ministro Ricardo Blanco, las ministras Andrea Muñoz, Jessica González, Mireya López y la abogada (i) Leonor Etcheberry, declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo deducidos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el 10 de septiembre de 2025, que redujo las multas impuestas en primera instancia, de 1.400 UTM ($97.844.600) a 700 UTM, en contra de Sandro Bladimir Cárdenas Ule. “El escrito del recurso de casación en el fondo debe expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y de qué modo influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo; por lo que se debe concluir que, en tales circunstancias, el arbitrio (recurso) no puede prosperar”, concluye el fallo del máximo tribunal del país. Por tanto, se resuelve que se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el de casación en el fondo deducidos contra la sentencia de diez de septiembre de dos mil veinticinco”. Primera instancia La sentencia de primera instancia, del juez de Letras de Porvenir, Pablo Aceituno Romero, consigna la denuncia de Sernapesca en contra de Sandro Cárdenas. Al revisar la operación de la embarcación Yarodal pudieron constatar que realizó operaciones pesqueras de centolla en Magallanes como lancha transportadora, “sin contar con los permisos correspondientes, toda vez que solo tiene permiso para realizar actividades de transporte y no de extracción”. Y que la frecuencia de transmisión de esta lancha transportadora fue cada 60 minutos, en contravención a lo establecido por Sernapesca que establece un tiempo de 15 minutos. Esto llevó a notificar a Cárdenas, “por realizar capturas de recursos hidrobiológicos sin contar con la inscripción correspondiente en el registro pesquero artesanal” y, además, “no cumplió con la frecuencia de transmisión, lo que tiene como consecuencia que no se pueda visualizar en detalle la operación total realizada, según los registros del posicionador satelital de la nave debido a la frecuencia de transmisión”.

Una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, complices o encubridores, del delito de hurto de energía eléctrica, interpuso la empresa Edelmag. La misma fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, y remitida a la Fiscalía para su respectiva investigación. Denuncian que el delito se cometió mediante conexión fraudulenta o clandestina, en un inmueble de Pasaje Mar de Célebes, villa Loteo del Mar. La presentación busca que el Ministerio Publico investigue, formalice y acuse, para que finalmente se condene a los responsables. El abogado de la compañía, Gonzalo Díaz Ibáñez, describe en la querella que el 14 de octubre de 2025 personal de la empresa contratista Buster Service, en actividades de inspección y auditoría a equipos medidores de energía, mandatado por Edelmag, realizó una inspección a un domicilio del pasaje Mar de Célebes, constatando sellos de seguridad rotos y la existencia de una intervención en el puente de potencial del medidor, consistente en el aflojamiento intencional del tornillo que fija el anillo o lamina metálica de conexión de tensión. Como consecuencia directa de esta intervención, el medidor dejó de registrar la totalidad o la mayor parte del consumo real de energía eléctrica de ese domicilio. Apuntan a que esta intervención se realizó con el propósito de falsear el registro y medición del consumo de energía eléctrica. Una similar manipulación ya la habían detectado en la misma instalacion en otras dos oportunidades anteriores. En julio de 2024 y mayo de 2025. Luego de aquello normalizaron la instalación y colocaron sellos nuevos. En la visita del 14 de octubre de 2025 tomaron registros fotográficos de la manipulacion detectada y del estado final normalizado. La pérdida para la Empresa Eléctrica de Magallanes en este caso fue superior a los 4 millones de pesos, al determinar que “durante al menos 18 meses, no fue posible registrar el 100% del consumo efectivo, producto de la intervencion y manipulacion del conexionado del medidor, lo cual generaba una alteracion significativa del correcto registro de la energía consumida por el medidor”.

Como ha sido la tónica de la presente temporada turística, el Ministerio Público formalizó ayer a otros tres ciudadanos extranjeros por encender fuego en zonas prohibidas del Parque Nacional Torres del Paine. Este miércoles compareció a control de detención una persona que este sábado 14 de marzo de este año cometió conductas ilícitas, al encender un cigarrillo en el recinto administrado por la Corporación Nacional Forestal. De hecho, dijo la fiscal de Natales, Romina Moscoso, comenzó a circular un video donde el imputado fue sorprendido por una funcionaria de Conaf que lo graba cometiendo esta conducta irregular. El sujeto le toma el teléfono y lo arroja hacia unos matorrales. “Nosotros, frente a esa situación y dos denuncias que se efectuaron ante Carabineros, gestionamos una orden de detención en contra del imputado y hoy (ayer) pasó a control de detención. Por este hecho y además por otro, donde también fue descubierto fumando un cigarro, específicamente en el circuito W”. A esta persona se le aplicó una suspensión del procedimiento judicial, previa condición de pagar 15 millones de pesos a las Jornadas del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur; y no retornar a Chile en tres años. Además este miércoles fue formalizada una pareja de extranjeros, también por uso de cocinillas en espacios no autorizados para ello, como el sector de Laguna Amarga. En este caso la fiscal planteó una salida alternativa consistente en la obligación de efectuar una donación de 5 millones de pesos cada uno, al mismo destinatario. Y tampoco podrán volver a Chile en tres años.

Chile registró su peor desempeño histórico en el Ranking Mundial de la Felicidad 2026, al ubicarse en el puesto 50, cinco lugares por debajo de la medición anterior y acumulando una caída de 15 posiciones desde 2022. El país obtuvo un puntaje de 6,302 en una escala de 0 a 10, consolidando una tendencia a la baja que se arrastra desde 2023. El informe, que promedia los resultados del trienio 2023-2025, muestra que Chile se aleja de sus mejores años, como 2016, cuando logró posicionarse entre los 20 países más felices del mundo. A nivel regional, fue uno de los países con mayor retroceso, solo superado por Colombia y Perú. En contraste, varias naciones latinoamericanas evidenciaron avances. Costa Rica destacó al alcanzar el cuarto lugar a nivel global, mientras que México se ubicó en el puesto 12, ambos dentro del top 20. A nivel mundial, la tendencia fue mayoritariamente positiva: 79 de los 136 países evaluados registraron mejoras significativas en sus indicadores, frente a 41 que experimentaron caídas. El descenso de Chile refleja un deterioro sostenido en la percepción de bienestar, en un escenario donde gran parte del mundo muestra señales de recuperación en sus niveles de felicidad.

En prisión preventiva quedó el exfiscal Manuel Guerra, tras la novena jornada de formalización en el denominado Caso Audios, donde es imputado por cohecho, prevaricación y violación de secreto. La resolución fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que además fijó un plazo de 45 días para la investigación. El juez Guillermo Rodríguez sostuvo que existen antecedentes que vinculan al imputado con un “sistema delictivo”, apuntando a una relación de interés con el abogado Luis Hermosilla y una estructura de comunicación que también involucraría a Andrés Chadwick. Guerra cumplirá la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Según la acusación del Ministerio Público, el exfiscal habría solicitado beneficios personales y para terceros, aprovechando su cargo como Fiscal Regional Metropolitano Oriente. En audiencias previas, la fiscalía calificó el caso como uno de los más graves en la historia de la institución, advirtiendo un impacto directo en la credibilidad del sistema judicial. La causa continúa en desarrollo, en medio de alta expectación por sus implicancias políticas y judiciales.

A una semana de haber asumido el gobierno del Presidente José Antonio Kast, ya se registran las primeras salidas de autoridades heredadas de la administración anterior, en una señal de ajuste y reordenamiento en áreas clave del aparato público. Uno de los principales remezones se produjo en el sector Salud, donde la Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó la renuncia de directores en siete Servicios de Salud del país, incluyendo Antofagasta, Maule, Biobío, Los Ríos, Reloncaví y el Metropolitano Norte, mientras que en Tarapacá se aceptó la dimisión voluntaria de su directora. La medida responde a una evaluación de gestión y a la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto sanitario exigente. En Educación también hubo movimientos relevantes. El Ejecutivo pidió la salida de la superintendenta Loreto Orellana y de la directora de la Junaeb, Camila Rubio, ambas designadas por Alta Dirección Pública. Sus gestiones estuvieron marcadas por controversias, como la discusión por el enfoque de género en establecimientos educacionales y problemas en la entrega de beneficios estudiantiles. En el ámbito de Vivienda, el ministro Iván Poduje solicitó la renuncia de la directora del Serviu del Biobío, María Luz Gajardo, cuestionando el ritmo del proceso de reconstrucción en la zona. A estos cambios se suman ajustes en el área previsional y ambiental. El Gobierno reemplazó al histórico superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, por Joaquín Cortez, quien asumirá el desafío de implementar la reforma al sistema. Asimismo, se solicitó la renuncia de los jefes del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y de la Superintendencia del Medio Ambiente. Las decisiones reflejan el inicio de una reconfiguración del Estado bajo la nueva administración, con énfasis en imprimir mayor celeridad y alineamiento a las prioridades del Ejecutivo.

“Echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tieneun costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”, sostuvo. El futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que actualmente existen miles de extranjeros con orden de expulsión vigente en Chile, pero que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para concretar esos procesos. En conversación con CNN Chile Radio, la autoridad designada por el gobierno explicó que la situación heredada es compleja y que el principal desafío será ejecutar las expulsiones pendientes. “Hoy tenemos en carpeta dejada por el exdirector de Migraciones con 37 mil personas listas para ser expulsadas, con los decretos firmados, y más de 85 mil en proceso de expulsión”, señaló. No hay presupuesto Sauerbaum detalló que el problema no es sólo administrativo, sino también presupuestario, ya que el costo de cada expulsión es alto y no fue considerado en la Ley de Presupuestos de este año. “Hoy día no lo tenemos, porque la Ley de Presupuesto para este año no lo contempló”, afirmó, agregando que será necesario buscar financiamiento adicional para poder avanzar en la medida. El futuro director también explicó que expulsar a una persona del país implica gastos importantes en traslados, coordinación internacional y logística, lo cual incluye a la persona y a dos oficiales de la PDI, si es un avión comercial. Mientras que en los aviones de la Fach, va un oficial. Además, en entrevista con Radio Universo, Sauerbaum indicó que de los 300 mil inmigrantes irregulares que se estima hay en Chile,182 mil están empadronados, y de ellos hay 6 mil que cometieron algún tipo de delito en Chile. “Echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tiene un costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”, sostuvo. Además del factor económico, la autoridad advirtió que existen dificultades diplomáticas que podrían complicar el proceso, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos, que representan una parte importante de las órdenes de expulsión pendientes. “Estamos planeando un primer grupo pequeño para la segunda semana de abril que iría a Colombia”. El segundo obstáculo es financiero: “El servicio en multas generó casi 6 mil millones de pesos el año pasado, pero también tenemos 4 mil millones sin cobrar. Tenemos que obtener recursos de distintas fuentes”. Publimetro

Delcy Rodríguez destituyó al general tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela. La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, removió al general en jefe Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, poniendo fin a más de una década al frente de las Fuerzas Armadas. La decisión implica un cambio en la estructura militar, considerada uno de los pilares del poder chavista, en medio de una reorganización política tras la captura del narcodictador, Nicolás Maduro. “Agradecemos a Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, expresó Rodríguez en sus redes sociales. En el mensaje, la funcionaria añadió que el Padrino “asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”. Padrino López fue el ministro de Defensa más longevo de la “revolución”. Controló la institución armada, coordinó la represión de las protestas de 2014 y 2017, dirigió la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el mecanismo que usó el chavismo para repartir comida y comprar voluntades en plena crisis alimentaria, y juró una y otra vez su “lealtad absoluta” a Nicolás Maduro. Su papel fue decisivo en los momentos más oscuros: en 2019 rechazó públicamente cualquier transición; en 2024, tras las elecciones presidenciales, avaló el fraude con mensajes institucionales que dejaron claro que la FANB estaba dispuesta a defender “el proyecto” por encima de la voluntad popular. Estados Unidos lo incluyó en listas por corrupción y narcotráfico y ofrece 15 millones de dólares de recompensa por su captura. Canadá lo sancionó en 2017 por socavar la democracia, y la Unión Europea y Reino Unido le congelaron activos y prohibieron entrada por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, el general en jefe siguió al frente de la Fuerza Armada, exigiendo la liberación del dictador y su esposa, Cilia Flores. Padrino López será sustituido por Gustavo González López, quien también fue sancionado por Estados Unidos en 2015 por represión violenta de las protestas de 2014, detenciones arbitrarias, torturas, persecución de opositores y erosión de derechos humanos. Graduado en la Academia Militar en 1982, González López dio el salto a la función pública en 2006 al asumir la presidencia del Metro de Caracas. De allí pasó a comandar la 5.ª División de Infantería de la Selva y, sobre todo, la Milicia Bolivariana, la estructura paramilitar creada para vigilar y contener a la disidencia. En 2014 fue designado director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el organismo de inteligencia que convirtió El Helicoide en sinónimo de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. Allí dirigió las operaciones contra las protestas estudiantiles y opositoras de 2014 y 2017. En octubre de 2018, el concejal Fernando Albán fue detenido por el Sebin, entonces bajo el mando de Gustavo González López, y horas después apareció muerto en el Helicoide. Infobae

Teherán publica una lista de blancos en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos mientras confirmala muerte de su ministro de Inteligencia, tercero en la cúpula de seguridad eliminado en 48 horas. El régimen de Irán advirtió este miércoles que los ataques a su infraestructura energética pueden desatar “consecuencias incontrolables” con repercusiones globales, mientras confirmaba la muerte de su ministro de Inteligencia y amenazaba con golpear instalaciones de gas y petróleo en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos. El Presidente Masud Pezeshkian fue el primero en elevar el tono. En un mensaje publicado en X, señaló que ese tipo de “acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados” y advirtió que “podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo”. La declaración llegó horas después de que Israel y Estados Unidos atacaran instalaciones de procesamiento de gas en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asaluye, costa meridional de Irán. El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, desarrolló la misma tesis en clave diplomática. Denunció que Israel “no tiene en cuenta las consecuencias de normalizar sus métodos de terror atroces” y responsabilizó a la comunidad internacional por su silencio. Lo que observa, escribió, “no es hipocresía”, sino “algo más frío: un colapso moral calculado donde las reglas existen sólo para los adversarios y la impunidad está reservada para los aliados”. El canciller remató con una advertencia: “Toda acción conlleva, inevitablemente, una reacción”. En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) advirtió que las fuerzas iraníes destruirían la industria petrolera y gasística de sus vecinos del Golfo si su sector energético volviera a ser atacado. “Les advertimos una vez más que cometieron un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, y ya estamos respondiendo a ello”, decía un comunicado difundido por los medios iraníes. Las amenazas no tardaron en concretarse operativamente. El portavoz del cuartel general Khatam al Anbiya —mando central de las Fuerzas Armadas iraníes— declaró que Teherán considera “legítimo” atacar la infraestructura energética del “país agresor”. El almirante Alireza Tangsiri, jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), fue más explícito: advirtió que las instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos en el Golfo Pérsico serán tratadas como objetivos militares. La lista iraní incluyó la refinería de Ras Laffan en Qatar, los complejos petroquímicos de Jubail y Yanbu en Arabia Saudita y el campo de gas Al Hosn en Abu Dabi. Horas después, Irán ejecutó esa amenaza. Misiles iraníes impactaron la Ciudad Industrial de Ras Laffan, el mayor complejo exportador de gas natural licuado (GNL) del mundo, que habitualmente provee alrededor del 20% del mercado global de ese combustible. QatarEnergy confirmó “daños extensos” en el complejo y el despliegue inmediato de equipos de emergencia para combatir los incendios; no se reportaron víctimas. El mismo miércoles, Irán confirmó también la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, en un bombardeo israelí nocturno sobre Teherán. Clérigo chií en el cargo desde agosto de 2021, Jatib era el eje entre el Ministerio de Inteligencia y la CGRI. Su eliminación fue la tercera de un alto funcionario de seguridad en menos de 48 horas: el martes habían caído Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij. Infobae

La PDI en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre de nacionalidad boliviana acusado de cometer un femicidio íntimo en la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso. El caso se originó a partir de una denuncia por presunta desgracia, luego de que se perdiera el rastro de la víctima, también de nacionalidad boliviana, el pasado 22 de febrero. A partir de diligencias investigativas, los que estaban a cargo del caso reunieron antecedentes que posicionaron a la pareja de la mujer como principal sospechoso. Según informó la PDI, el imputado accedió a declarar y, tras ser confrontado con las pruebas, confesó haber dado muerte a la víctima el mismo día de su desaparición. De acuerdo con su relato, ambos se trasladaron hasta un balneario público en la comuna de Panquehue, donde ocultó el cuerpo en la ribera de un río. Con esta información, el sujeto indicó el lugar exacto donde había enterrado a la mujer, lo que permitió a los detectives ubicar el cadáver. Por instrucción del tribunal, este fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe, el cual decretó la ampliación por 72 horas de la detención. El tribunal fundamentó la medida señalando que la confesión del imputado no es suficiente para establecer su participación en los hechos, por lo que se requiere reunir más antecedentes conforme al artículo 172 del Código Procesal Penal. Emol

El gobernador regional de Los Lagos, y presidente de la Asociación de de Gobernadores Regionales, Alejandro Santana, manifestó su preocupación frente al plan de ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda, el cual contempla una rebaja del 3% en los presupuestos de los gobiernos regionales. La medida, anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, implicaría para la Región de Los Lagos una disminución cercana a los $3.423 millones. A esto se suma la devolución de recursos correspondientes al Fondo de Emergencia, lo que genera un impacto aún mayor en las arcas regionales. “Hemos heredado una caja fiscal sin recursos, es verdad. Este es el resultado de la gestión del gobierno del Presidente Boric que una administración nueva hereda. Pero no podemos los gobiernos regionales, siendo autónomos e independientes, sobre todo los que somos relevantes para el desarrollo de las comunas, ser sancionados al igual que quienes hacen mal la pega”, expresó el gobernador Santana, razón por la cual se opuso a que el ajuste propuesto por el gobierno de José Antonio Kast se realice de manera uniforme para todos los servicios públicos. Según explicó Santana, esta reducción afectaría directamente la ejecución de proyectos clave para el desarrollo local, muchos de los cuales ya se encuentran comprometidos. “No podemos permitir que se sigan recortando recursos que son fundamentales para las regiones”, enfatizó. Rol relevante en la descentralización El gobernador sostuvo que los gobiernos regionales han asumido un rol cada vez más relevante en la descentralización y en la respuesta a las necesidades ciudadanas, por lo que recortes de este tipo ponen en riesgo programas sociales, obras de infraestructura y diversas iniciativas territoriales. En esa línea, la autoridad regional anunció gestiones para revertir la medida y plantear alternativas al Ejecutivo. Entre ellas, se considera una reunión con el Ministerio de Hacienda para exponer el impacto que tendría el ajuste en la región y buscar fórmulas que permitan mitigar sus efectos. Emol