• – Con la reciente incorporación de los campamentos al catastro nacional, el desalojo inmediato quedó descartado. El Ministerio de Vivienda baraja alternativas transitorias para relocalizar a las familias, pero antes deberá resolver la grave contaminación del terreno.

Marcos Sepúlveda Loyola

Hace más de un siglo, el expresidente Ramón Barros Luco dejó una frase que quedó grabada para la historia: “No hay sino dos clases de problemas en política: los que se resuelven solos y los que no tienen solución”.

A la luz de esa sentencia, la acumulación de aguas servidas en la Villa Raúl Silva Henríquez -producto del vertimiento de desechos domiciliarios desde un campamento emplazado en el sector- parece encajar con inquietante precisión en ese viejo axioma.

Durante más de una década, las mismas autoridades políticas que esta semana han manifestado su preocupación, se han declarado en estado de alerta o incluso “en pie de guerra” frente a la situación. Sin embargo, según consignan crónicas publicadas por La Prensa Austral, hace ya diez años el debate se centraba en la necesidad de dialogar y buscar una salida al asentamiento irregular iniciado en abril de 2016, cuando cerca de 90 familias ocuparon terrenos en el sector de prolongación Enrique Abello.

Con el paso del tiempo, la toma no solo se consolidó, sino que también creció. Actualmente se estima que en el lugar habitan más de 120 familias, lo que ha agravado las condiciones sanitarias del lugar. Estos grupos familiares se encuentran repartidos en las tomas “Puño en Alto”, “Lautaro” y “Villa Las Etnías”. Estas encuentran emplazadas en el cuadrante comprendido entre Enrique Abello, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Hornillas y avenida Circunvalación.

Los desechos fecales generados en el campamento han terminado por provocar una crisis sanitaria que impacta directamente a los vecinos del sector. La situación llegó a tal punto que se debió cerrar el Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas y trasladar a más de 40 niños del Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla, ante los riesgos que implicaban las condiciones ambientales del lugar.

El reciente desfile de diputados, senadores y concejales por el sector se desencadenó tras una breve, pero encendida intervención de la consejera regional Roxana Gallardo. Durante la última sesión del Consejo Regional, la autoridad recordó que había advertido previamente sobre el problema y apuntó directamente a la propiedad del terreno.

“Todos sabemos que ese terreno le corresponde al señor Maturana. ¿Por qué no ha hecho la denuncia? Tiene que haber una forma legal de obligarlo a tomar cartas en el asunto”, señaló.

Sus declaraciones provocaron de inmediato la reacción del gobernador regional, Jorge Flies, quien anticipó que el tema sería uno de los puntos a abordar con la nueva delegada presidencial regional, Ericka Farías. En esa línea, el gobernador también criticó que hasta ahora no se haya concretado el desalojo del terreno.

“Es increíble que estemos cerrando un Cecosf pagado por este gobierno regional y un jardín infantil financiado por este mismo gobierno regional por no cumplir las funciones que corresponden desde el punto de vista del desalojo”, afirmó.

Tras estas declaraciones, la agenda política comenzó a moverse. El tema -que hace poco más de un año ocupó portadas y extensas crónicas tras el cierre del Cecosf Sandra Vargas- volvió a instalarse con fuerza en el debate público regional.

¿De quién es el terreno?

En el vox populi, los dardos suelen apuntar al exintendente Mario Maturana como supuesto dueño del terreno donde se emplaza la toma. Sin embargo, ese dato resulta impreciso.

Al revisar el mapa del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se pueden consultar los avalúos fiscales y roles prediales, se observa que el asentamiento ubicado al final de la población Silva Henríquez se extiende sobre cinco predios distintos, de los cuales tres pertenecen al Estado.

El exintendente Maturana es propietario de un terreno de 10.545 metros cuadrados. En ese paño se emplaza la toma conocida como “Lautaro”. No obstante, la denominada toma “Las Etnias” se encuentra mayoritariamente sobre terrenos pertenecientes a la empresa Salfa, al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), al Ministerio de Bienes Nacionales y, en menor medida, una franja pertenece al gobierno regional de Magallanes.

Los paños del sector involucrado en el problema de la toma suman más de 46 mil metros cuadrados que abarca la toma, cerca de 24 mil metros cuadrados corresponden a terrenos de propiedad estatal.

No obstante, cabe acotar, que respecto del terreno perteneciente al gobierno regional la toma solo afecta a una franja.

No se puede desalojar

El 29 de febrero de 2024 marcó un antes y un después para ambas comunidades. En esa fecha, los campamentos fueron incorporados al Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta inscripción, ratificada formalmente por la Resolución Exenta N.º 335 del 1 de marzo de 2024, les otorgó el estatus legal de asentamiento precario oficial bajo el marco de la Ley de Usurpaciones.

La declaración como asentamiento precario desencadena una serie de consecuencias legales y programáticas: protección temporal contra desalojos por flagrancia mientras el asentamiento esté en intervención del Serviu; acceso al programa Construyendo Barrios, que permite una urbanización progresiva -agua, alcantarillado, electricidad y pavimentación-; e inicio del proceso de saneamiento de títulos para que los ocupantes puedan obtener dominio legal sobre sus lotes.

La declaratoria establece, además, que solo quienes estaban presentes al momento del catastro pueden acceder a estos beneficios.

A pesar de contar con el estatus de asentamiento precario protegido, el 12 de agosto de 2024 la municipalidad de Punta Arenas emitió decretos alcaldicios ordenando la demolición de 36 edificaciones en los dos campamentos. Estas construcciones habían sido levantadas después del censo inicial que dio origen al catastro oficial.

Según el alcalde Claudio Radonich, la normativa actual aprobada por el Congreso limita las facultades de las autoridades locales frente a este tipo de ocupaciones.

Estudian una solución

Según reveló el senador Karim Bianchi, recientemente sostuvo una conversación con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para abordar la problemática del campamento. De acuerdo con el parlamentario, el secretario de Estado le habría adelantado que durante abril podría visitar la Región de Magallanes con el objetivo de analizar la situación en terreno y avanzar hacia una posible solución.

Fuentes al interior del oficialismo confirmaron que el ministro Poduje está al tanto del problema y que ya se encontraría sosteniendo conversaciones con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, para evaluar alternativas. En esa línea, la autoridad regional habría solicitado al director del Serviu un informe detallado sobre el estado de avance de las gestiones relacionadas con el campamento.

Las mismas fuentes indicaron que la visita del ministro a la región se encuentra en evaluación, aunque la fecha aún no está definida, ya que dependerá del proceso de instalación del nuevo gobierno a nivel local.

Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de aplicar subsidios de arriendo como medida transitoria para las familias que actualmente habitan el lugar, una iniciativa que ya habría sido planteada durante la administración anterior. Sin embargo, el monto preliminar considerado podría resultar insuficiente, por lo que se está revisando si existen recursos disponibles en la actual Ley de Presupuestos, según confirmaron fuentes cercanas al oficialismo.

Paralelamente, también se evalúan las condiciones del terreno donde se emplaza el asentamiento. Especialistas habrían advertido la necesidad de intervenir y descontaminar el área antes de cualquier eventual desarrollo habitacional definitivo.

La situación, además, presenta restricciones legales. El terreno fue declarado previamente como asentamiento humano e incorporado al registro nacional de campamentos, lo que impide realizar desalojos inmediatos y obliga al Estado a ofrecer alternativas de relocalización o soluciones habitacionales para las familias que habitan el sector.

El origen

“Debes irte al archivo del diario y ver que este tema es de larga data”, fue lo primero que señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, al referirse a la situación.

El jefe comunal agregó que varias de las personas que hoy “rasgan vestiduras” por el problema, en sus inicios optaron por mirar hacia otro lado. Según indicó, incluso hubo personas provenientes de Santiago que participaron en el origen de la toma. Asimismo, sostuvo que en distintas oportunidades se ha intentado ofrecer soluciones habitacionales a algunas familias, aunque muchas de ellas terminan regresando al lugar.

El origen del asentamiento se remonta a abril de 2016. En ese momento, un grupo de aproximadamente diez familias, organizadas a través de redes sociales, decidió ocupar un terreno baldío ubicado en la prolongación de calle Enrique Abello, propiedad de Mario Maturana.

La acción se realizó bajo la consigna de exigir “soluciones reales” frente a lo que denunciaban como estafas de asesores externos al Serviu, arriendos irregulares y dificultades para acceder a una vivienda propia.

Con el paso de los días, la ocupación comenzó a crecer rápidamente. Antes de la quincena de abril de ese mismo año, el asentamiento ya reunía cerca de 90 familias y se había organizado bajo el nombre de toma “Puño en Alto”, cuya vocera era Carolina Muñoz.

El 28 de mayo de 2016, el entonces diputado Gabriel Boric y el jefe de gabinete de la senadora Carolina Goic, Germán Flores, se reunieron con los pobladores del sector. En esa instancia se comprometieron a mediar con el propietario del terreno para evitar un eventual desalojo, al menos durante un período aproximado de un año y medio.

Meses más tarde, en noviembre de 2016, alrededor de veinte familias se separaron de la organización original y conformaron una nueva agrupación denominada “Villa Esperanza”. Este grupo decidió permanecer en un terreno aledaño y comenzar a levantar sus viviendas desde cero, utilizando materiales reciclados como pallets de madera y planchas metálicas.

A diferencia de la toma inicial, estas familias no pertenecían a un comité organizado y optaron por actuar de forma independiente en la construcción de sus viviendas.

En abril de 2017, el exintendente Mario Maturana anunció el inicio de acciones legales para concretar el desalojo de las 15 viviendas construidas sin permiso en su predio. El director de Obras Municipales había notificado en noviembre de 2016 que las construcciones debían ser demolidas en un plazo de 180 días.

El entonces diputado Gabriel Boric llamó al diálogo para buscar una solución pacífica. En mayo de ese año, la entonces directora del Serviu, Hina Carabantes, señaló que los asentamientos “Puño en Alto” y “Nueva Esperanza” estaban en proceso de desalojo. Al día siguiente, el alcalde Claudio Radonich sostuvo que buscaba instancias de diálogo antes de recurrir al uso de la fuerza.

Los voceros de la toma negociaban una extensión del plazo de permanencia de un año más. Radonich aseguraba que no decretaría la orden de demolición y que se habían alcanzado tres acuerdos: una decisión municipal sobre el predio, la contratación de un topógrafo para demarcar el terreno y la entrega de un listado de ocupantes.

Radonich acusa
falta de herramientas legales para desalojar

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, afirmó que el municipio no tiene herramientas legales para desalojar, señalando que la responsabilidad principal recae en los propietarios de los terrenos y en el marco legal vigente que impide actuar sin una solicitud formal de desalojo. “No tenemos ninguna herramienta si el dueño no pide un desalojo”, sostuvo, agregando que los propietarios están identificados desde hace años, pero no han iniciado acciones judiciales para recuperar el terreno.

Según Radonich, la normativa actual aprobada por el Congreso limita las facultades de las autoridades locales frente a este tipo de ocupaciones.

Según la autoridad, la toma no surgió de manera espontánea, sino que habría sido organizada por personas externas a la región hace más de una década. “Fue una toma planificada y anunciada”, afirmó. Recordó que ante la presión de vecinos del sector, la municipalidad presentó un recurso de protección para abordar los problemas que genera el asentamiento, especialmente en materia sanitaria. Sin embargo, criticó que el Servicio de Salud haya derivado la responsabilidad al municipio pese a que -según indicó- la institución comunal no posee competencias sanitarias para intervenir directamente en ese ámbito.

La autoridad calificó la situación como “frustrante” para los vecinos que viven desde hace años en el sector y que deben convivir con los problemas derivados de la toma. Asimismo, criticó que algunos actores políticos hayan acudido al asentamiento en periodos electorales para realizar campaña.