Alrededor de las 20,30 horas de ayer, mientras Punta Arenas vivía los desagradables efectos de las malas condiciones climáticas que han empañado el término del año, cerca de 4.000 clientes de distintos sectores de la ciudad, se vieron afectados por la interrupción del suministro eléctrico. Desde Edelmag informaron que presumiblemente, una fuerte racha de viento habría provocado que un objeto golpeara las redes de distribución, causando el corte, que en algunos sectores representó solamente un “pestañeo” y apagón de equipos electrónicos, mientras que en otras zonas significó un corte total del suministro. De inmediato, distintos equipos se abocaron a revisar los lugares afectados, lo que llevó a reponer, inicialmente, el servicio a 2.690 clientes a eso de las 20,58 horas, hasta que a las 21,14 horas, el servicio fue repuesto en su totalidad.

El detenido mantenía una orden por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.   En una acción coordinada entre múltiples organismos del Estado, se desarrolló una fiscalización conjunta en el centro de Punta Arenas, que resultó en la detección de seis extranjeros infractores de la Ley de Migración y Extranjería y en la detención de un hombre con una orden pendiente. La actividad fue liderada por la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, y contó con la participación de detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la PDI, Carabineros de Chile y personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad. La seremi Barrientos explicó que estas acciones responden a planificaciones preventivas intersectoriales. “Este viernes, junto a personal del Departamento de Migraciones de la PDI, Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, realizamos un recorrido a pie por calle Errázuriz, donde se cursaron infracciones por Ley de Alcoholes y hubo un detenido que mantenía una orden vigente. Las personas vienen al centro a realizar diversos trámites y deben poder efectuarlos de manera segura, sin enfrentarse a situaciones delictivas o incivilidades que también se presentan durante el día, y apuntamos a reducirlas”, señaló. Durante el operativo, la PDI Magallanes fiscalizó a 33 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades. Sobre los resultados, el comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó: “Detectives de esta unidad, en el contexto de la fiscalización de extranjeros, procedieron a la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana, en condición migratoria irregular, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. El imputado fue puesto a disposición del tribunal competente, a fin de cumplir condena”. Alegría agregó que todos los extranjeros infractores detectados serán denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones. Desde Carabineros, el teniente Carlos Campos, de la 5ª Comisaría de Control de Orden Público, destacó el carácter interinstitucional de la jornada. “A raíz de esta fiscalización se detectaron diversas faltas asociadas a la Ley de Alcoholes, además de efectuarse controles de identidad y vehiculares en el casco histórico de la ciudad”, afirmó Campos. El operativo se concentró en los ejes Errázuriz y Bories, como parte de las estrategias orientadas a disminuir incivilidades y mejorar la percepción de seguridad de quienes transitan por el centro de la ciudad.

Más de un año lleva la municipalidad de Primavera intentando subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría a los estados financieros correspondientes al período 2020-2024. El organismo fiscalizador decidió abstenerse de emitir una opinión sobre dichos estados, al no contar con evidencia suficiente y adecuada que permita determinar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable del municipio. La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández (Renovación Nacional), reconoció que la resolución de Contraloría fue una sorpresa para la actual administración.  En conversación con El Magallanes, explicó que la abstención se origina en una auditoría financiera realizada en 2021, durante la administración anterior, proceso en el cual el municipio no entregó la totalidad de los antecedentes requeridos. “Eso impidió que Contraloría pudiera determinar los ajustes necesarios para aprobar los estados financieros, y por eso hoy se abstiene de emitir opinión sobre todo el período 2020-2024”, señaló. Fernández detalló que el informe da cuenta de debilidades administrativas relevantes, particularmente en materias de control interno, procedimientos financieros y gestión de activos. Si bien aún no se han cuantificado los montos eventualmente comprometidos, la alcaldesa indicó que el documento está siendo revisado en detalle por el equipo municipal. Asegura que la actual administración ha avanzado en la implementación de medidas correctivas para responder a las observaciones. Entre ellas, la implementación de manuales de control interno y de adquisiciones, la regularización del uso de boletas de garantía y capacitaciones al personal de Administración y Finanzas, especialmente en el área de activos fijos, donde se detectaron mayores falencias. Respecto a la naturaleza de las irregularidades, la jefa comunal descartó indicios de corrupción y apuntó a errores administrativos acumulados. “El informe de auditoría se conoció en su momento, pero no se le dio la importancia necesaria. Hubo un plan de acción parcial, pero muchas observaciones quedaron sin respuesta, lo que finalmente derivó en esta situación”, afirmó. Fernández añadió que la limitada dotación municipal ha dificultado la corrección oportuna de las observaciones. “Somos una municipalidad rural, con una planta muy pequeña y con pocos profesionales con responsabilidad administrativa. Aun así, debemos cumplir las mismas exigencias que municipios grandes”, explicó. La alcaldesa indicó que el plan de acción continuará durante 2026, con nuevas medidas, capacitaciones y responsabilidades asignadas a las distintas direcciones municipales. “Es un trabajo que queda por delante, pero es necesario para ordenar la casa y cumplir con la normativa”, concluyó.

El consejero regional independiente en cupo Chile Vamos, Max Salas, afirmó que el gobernador regional Jorge Flies tiene en sus manos la posibilidad de mantener una relación fluida con un eventual gobierno de José Antonio Kast, pero advirtió que ello dependerá de un cambio profundo en sus prioridades políticas y de gestión. Sostuvo que la derrota de la candidata oficialista Jeannette Jara en las urnas debe ser asumida como una señal clara del agotamiento de una forma de entender la realidad regional. A su juicio, “el gobernador Flies ha estado muy alineado con una agenda de élite”, vinculada al proyecto político impulsado por el Frente Amplio, lo que —según indicó— se ha traducido en una desconexión con las necesidades más urgentes de la población. Llamó a dejar atrás los “proyectos grandilocuentes” y a priorizar una agenda enfocada en problemas cotidianos y estructurales. “No se puede seguir impulsando centros espaciales o antárticos cuando hay comunidades viviendo con graves problemas sanitarios”, enfatizó. Salas apuntó directamente a situaciones no resueltas en distintos puntos de la región, como los sectores periurbanos de Puerto Natales —Huertos Familiares, Antenas, Villa Cariño y Dumestre—, además de zonas de Punta Arenas como Llau Llau, Pampa Redonda Alto y Bajo, y Río de los Ciervos. A ello sumó los vertederos sanitarios y las descargas de aguas servidas en comunas como Puerto Williams, calificando estos temas como parte de una “agenda pedestre” que no ha sido abordada en los últimos cuatro años. Más que rehacer el Plan de Zonas Extremas, según Salas, se debe revisar con detención el orden de las prioridades y comenzar por aquellos proyectos que resuelvan esta llamada “agenda pedestre”. “No se trata de eliminar iniciativas, sino de decidir qué se resuelve ahora y qué puede esperar”, planteó. De cara al próximo gobierno, el consejero sostuvo que Magallanes necesita definir su agenda de desarrollo “con los pies en la tierra”. Si bien recalcó que el cuidado del medio ambiente es un consenso transversal, cuestionó lo que describió como una ideologización del debate económico que —a su juicio— ha trabado la tramitación de permisos y frenado inversiones en áreas clave como el hidrógeno verde, la acuicultura, el turismo y la ganadería. Esto, afirmó, ha limitado la creación de empleos y oportunidades para emprendedores locales. “Todo esto se ve trabado por agendas absurdas”, precisó. En materia de desarrollo, la futura administración de Kast tendría en sus manos el destino del nuevo puerto de Punta Arenas, que podría financiarse con recursos provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Al respecto, Salas sostuvo que es necesario conocer en detalle la operación antes de adoptar una posición definitiva, aunque advirtió una evidente contradicción en la política pública. Como ejemplo, recordó que una empresa portuaria privada intentó hace algunos años desarrollar un proyecto en Puerto Natales, iniciativa que fue descartada luego de que el Ministerio de Transportes señalara que la ciudad no requería más infraestructura portuaria. Sin embargo, en paralelo, la Dirección de Obras Portuarias ha solicitado recursos al Consejo Regional para estudiar la “urgente necesidad” de un nuevo puerto en esa misma comuna. A su juicio, el Estado solo debería intervenir directamente cuando no existan alternativas privadas, ya que destinar recursos y endeudamiento público a proyectos que el sector privado está dispuesto a asumir implica restarlos de áreas sociales críticas como salud, saneamiento, residuos y vivienda. “Si no hay interés privado, la inversión estatal se justifica; pero si ocurre lo contrario, como en Natales, estamos mal”, concluyó. Desazón Salas reconoció sentir una “desazón” compartida con sectores del Partido Republicano, pese a no militar en esa colectividad, frente a la falta de avances en las investigaciones vinculadas al denominado caso Convenios, uno de los focos de tensión entre adherentes de Kast y el gobernador Flies. Criticó que, tras más de dos años y medio de indagaciones, no existan ni formalizaciones ni desestimaciones claras por parte de la Fiscalía ni de la Contraloría. “No hacer nada también es una forma de dañar la confianza pública”, afirmó. Finalmente, el consejero se mostró partidario de que existan cambios al interior de los equipos de confianza del gobernador. “Lo único que uno quiere, como magallánico, es tener un gobernador haciendo una buena gestión”, dijo, agregando que el rol de Flies como vocero de la candidatura de Jara lo compromete especialmente a leer el mensaje entregado por las urnas.

La ex primera dama y esposa del fallecido Presidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, visitó durante este fin de semana Punta Arenas junto a Magdalena Piñera Echenique, hermana del exmandatario. Según publicó el alcalde de Punta Arenas, la ex primera dama recorrió la costanera de la ciudad, visitó los campos de lupinos (chochos) y se maravilló con la gastronomía del restaurante Damián Elena. “Muy contento de tenerlos en Punta Arenas y los espero pronto de regreso”, posteó el jefe comunal, quien se paseó todo el día con Cecilia Morel.

La compañía iquiqueña La Pacha Teatro presentó ayer la primera de las dos funciones programadas en Punta Arenas, como parte de su gira nacional, que ha cumplido fechas en Antofagasta, la Región Metropolitana, Los Lagos y Tarapacá. El espacio Zur Vértice, ubicado en calle Chiloé, fue el escenario donde se exhibió esta historia dirigida y actuada por Marisol Salgado, quien representa a Sisa Trinidad Mollo Mamani, en un montaje tejido y musicalizado que rescata la cultura del pueblo aymara. Para este martes, a las 19 horas, está agendada la segunda función, que se realizará en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”, con entrada liberada. Se trata de una oportunidad para conocer más sobre un pueblo geográficamente distante de Magallanes y apreciar las similitudes existentes con las comunidades de esta zona, que mantienen vivas las tradiciones de sus ancestros. La comida, el tejido, las artesanías, los telares y otras expresiones son expuestas a través del relato de esta mujer, desde su niñez hasta la edad adulta.

El Presidente Gabriel Boric deberá declarar en el juicio por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La Fiscalía presentó la acusación formal, que incluye 89 personas citadas a declarar, entre ellas exministras Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá, quienes deberán testificar sobre su relación profesional con Monsalve y los hechos denunciados. Los delitos habrían ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre de 2024. Según la Fiscalía, Monsalve citó a la víctima a un restaurante de Santiago, donde consumieron alcohol, y posteriormente la trasladó al Hotel Panamericano, donde habría cometido abuso sexual mientras ella se encontraba incapacitada para oponerse. También se le atribuyen actos sexuales en la mañana siguiente. La investigación incluye 105 documentos, 19 peritos, 48 evidencias materiales y 63 pruebas adicionales, como capturas de pantalla. Se fijó el 20 de enero para iniciar el debate sobre qué pruebas serán incorporadas. Ese mismo día, la Defensa Penal Pública buscará reabrir el caso y realizar nuevas diligencias. La acusación solicita más de 14 años de cárcel para Monsalve por violación y abuso sexual, y plantea que los hechos ocurrieron en el contexto laboral en La Moneda, afectando a la víctima en su entorno profesional y personal. Radio Biobío

El gerente de protección contra incendios forestales de Conaf, Andrés Benedetto, informó que ayer se registraron  “alrededor de 40 incendios” en todo el país. Según Benedetto, desde julio se han contabilizado más de 1.700 siniestros, concentrados principalmente desde finales de octubre. “Si bien hemos tenido muchos incendios, el sistema de protección contra incendios forestales ha trabajado de manera eficiente y hasta ahora ha dado frutos”, indicó. Respecto a los 40 siniestros de este sábado, señaló que “han ido cesando y se han logrado controlar prácticamente todos, gracias al robusto sistema chileno de prevención y combate”. Benedetto recalcó que la prevención es clave, ya que entre el 60% y 70% de los incendios son producto de negligencia. Además, destacó la eficacia del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y de los equipos de evacuación, que permiten informar y resguardar a la población. “Evacuar a 400 personas ante un incendio repentino demuestra que el sistema funciona y permite que la gente esté informada y protegida”, afirmó. Finalmente, reiteró la importancia de evitar el uso de artefactos o herramientas que puedan generar chispas y advirtió sobre las severas sanciones por negligencia: “Incendios forestales tiene una de las penas más altas, hasta 20 años de cárcel”. Radio Biobío

El Partido Republicano rechazó el llamado del Partido Comunista (PC) a movilizarse desde el 11 de marzo en defensa de los intereses populares y prometió “severas consecuencias” ante eventuales protestas fuera de la ley. Arturo Squella, presidente del partido, advirtió que la responsabilidad recaerá tanto en quienes actúen con violencia como en quienes desde oficinas políticas promuevan el caos. El diputado Stephen Schubert señaló que los ciudadanos que votaron por José Antonio Kast buscan “volver al orden y al respeto del Estado de Derecho”, y que cualquier manifestación debe ser pacífica. Kast, durante su campaña y tras reunirse con Javier Milei, sostuvo que no hay problema con protestas tranquilas, pero que actos violentos serán sancionados con todo el peso de la ley. Radio Biobío

La minera estatal Codelco y la privada SQM anunciaron la creación de la sociedad conjunta NovaAndino Litio para explotar, producir y comercializar litio en el Salar de Atacama hasta 2060. La empresa tendrá participación estatal mayoritaria y es el resultado del Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024, revisado por más de 20 organismos e instituciones nacionales e internacionales. Codelco destacó que NovaAndino Litio constituye una de las asociaciones público-privadas “más relevantes en la historia empresarial de Chile, combinando liderazgo estatal, experiencia operativa de clase mundial y gobernanza moderna y profesional”. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, señaló que la empresa permitirá al Estado participar activamente en la producción de litio, un recurso clave para la transición energética y digital global. El directorio de la sociedad conjunta estará integrado por tres miembros de Codelco y tres de SQM, y su primera sesión se realizará el 29 de diciembre. Ricardo Ramos, gerente general de SQM, indicó que la alianza permitirá proyectar el desarrollo del Salar de Atacama con altos estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y los mercados internacionales. Actualmente, Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, y la explotación está concentrada en el Salar de Atacama, donde operan SQM, controlada por Tianqi, y Albemarle. Codelco liderará la estrategia del Estado para posicionarse como uno de los mayores actores globales en la industria del litio, con un objetivo de producción adicional de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) entre 2025 y 2030, y una producción anual proyectada de 280.000 a 300.000 toneladas de LCE a partir de 2031. Radio Biobío

Ayer se confirmó el ingreso de la acusación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación. En ella, la Fiscalía pide penas que sumarían 14 años de presidio contra la exautoridad. Después que el pasado 11 de noviembre se cerrara la investigación del caso, ahora, en un documento firmado por el fiscal metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal adjunto jefe del Ministerio Público, Francisco Jacir, se busca llevar a juicio a Monsalve por hechos ocurridos el 22 y 23 de septiembre de 2024. En el escrito, se destaca la calidad de autoridad que ejercía el imputado, siendo superior jerárquico de la víctima al momento de los hechos. Además, se precisa la pena solicitada por el Ministerio Público: por su calidad de autor del delito de violación de mayor de 14 años, piden diez años y un día de presidio mayor en su grado medio contra Monsalve. En tanto, por su calidad de autor del delito de abuso sexual de mayor de 14 años, se piden cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo. Así, las penas solicitadas suman cerca de 14 años. La acusación detalla, además, las pruebas de las que se vale el ente persecutor para solicitar dichas penas, incluyendo 105 pruebas documentales y 89 testimoniales. Tras conocerse la acusación, el abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, señaló que este viernes “la defensa ha sido notificada formalmente de la presentación de la acusación fiscal en contra de nuestro representado y también de la resolución que nos cita a audiencia preparatoria de juicio del día 20 de enero del año 2026“. biobiochile.cl

El Partido Comunista (PC) ha generado varias reacciones en el mundo político luego de que se dieran a conocer la conclusiones de su reciente Comité Central, en el que la colectividad anunció su intención de retomar el protagonismo en las calles durante el gobierno entrante de José Antonio Kast (Partido Republicano). En el documento -entregado a los integrantes del comité político del partido- se planteó que, en su rol como oposición, se buscará “articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses” y “abrir paso a un trabajo de masas sistemático y sostenido”. Desde el oficialismo, el diputado Raúl Leiva (PS) hizo un llamado a la cautela frente al anuncio del PC: “Hay que ser muy cuidadoso con las señales. Si bien el derecho a manifestarse es un derecho que está constitucionalmente consagrado y se tiene que hacer dentro del marco normativo, el llamar a esa movilización de masas a la calle puede tener una lectura compleja que yo no comparto, sobre todo ad portas del cambio de un gobierno”, expresó. En tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que han definido ser “una oposición responsable y constructiva, y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario: es delinear una oposición irresponsable y destructiva”. El diputado Henry Leal (Udi) manifestó que desde el PC “siempre recurren a la agitación social, a desestabilizar cualquier gobierno cuando algo no les gusta. Es una conducta totalitaria, de manera que rechazamos completamente que estén ya amenazando con recurrir a la movilización. Eso los retrata completamente lo que son”, agregó. Ante la ola de críticas, el diputado Luis Cuello (PC) respaldó el anuncio de movilización de masas y argumentó que “la libertad de expresión y reunión son parte de la democracia y, por lo tanto, es artificial la polémica que se instala”. Cooperativa

Una fuerte polémica se desató en redes sociales durante los días previos a Navidad, luego de que se viralizara un video que muestra a una guardia del Biotren de Concepción quitándole una bicicleta a una pasajera y expulsándola de la estación, en un hecho que generó indignación por la forma en que se desarrolló la situación. El registro audiovisual, ampliamente difundido en plataformas digitales, muestra a una mujer acompañada de otra adulta y niños, discutiendo con personal de seguridad del servicio ferroviario en plena vía pública. En las imágenes se observa un forcejeo entre la guardia y la pasajera, momento en que la funcionaria le arrebata la bicicleta y se retira del lugar, mientras continúan los reclamos. Según trascendió, el objeto correspondía a un regalo de Navidad destinado a un menor. El hecho ocurrió el pasado sábado 20 de diciembre en una estación del Biotren, en la Región del Biobío. De acuerdo con los antecedentes, a la mujer se le habría prohibido el ingreso al recinto debido al tamaño del objeto que transportaba. No obstante, el video generó rechazo en usuarios y organizaciones, especialmente por haberse producido ante la presencia de niños y en un contexto de alta carga emocional previo a las fiestas de fin de año. La situación reavivó críticas hacia la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), particularmente Efe Sur, ya que ocurre a pocas semanas de otra denuncia pública: a fines de noviembre se acusó una agresión por parte de una guardia externa contra una mujer en silla de ruedas que se dirigía a una actividad de la Teletón. Ante la controversia, Efe Sur emitió un comunicado explicando su versión de los hechos. Según la empresa, la pasajera “intentó ingresar a la estación portando un bulto que excedía las dimensiones permitidas en el servicio”. Al negarse el acceso por el torniquete principal, y pese a las advertencias del personal “la persona ingresó por otro torniquete, incumpliendo las restricciones de acceso con bultos de gran dimensión, por lo que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes”. Desde la compañía indicaron que se solicitó en reiteradas ocasiones el abandono voluntario de la estación, pero ante la negativa, se activaron los protocolos de seguridad, procediendo a la expulsión del recinto y solicitando la presencia de Carabineros. Publimetro

La Corte de Apelaciones de Concepción condenó a una mujer de Hualpén por los persistentes ladridos de su perro, tras acoger un recurso de protección presentado por una adulta mayor que vivía junto a la dueña del animal. El tribunal calificó los ruidos molestos como una forma de “violencia sorda”, dado que la exposición constante al sonido afectó la tranquilidad, la salud y la calidad de vida de la recurrente. En su fallo, la Corte ordenó a la propietaria del can adoptar medidas eficaces para controlar el comportamiento del animal, incluyendo, si fuese necesario, la instalación de aislamiento acústico en el lugar donde este se encuentra, con el fin de mitigar la propagación de los ladridos hacia el entorno. La resolución fue motivada por el impacto que los ruidos generaban en la vida cotidiana de la mujer afectada, especialmente considerando su edad y posibles condiciones de salud agravadas por la falta de descanso. La justicia también recordó que la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía establece obligaciones para los dueños de animales, entre ellas la de evitar que estos provoquen daños o molestias a terceros, lo que fundamentó la decisión judicial. Asimismo, la Corte instruyó que sea la municipalidad de Hualpén la encargada de fiscalizar que se cumplan las medidas ordenadas, velando por que la convivencia entre vecinos y animales no vulnere derechos fundamentales ni la calidad de vida de las personas que comparten el entorno. Publimetro