Luego de los antecedentes que el fiscal militar de Magallanes, abogado Alfredo Concha-Perusina Biskup, logró recopilar en la investigación preliminar por la muerte del cabo del Ejército, Carlos Alfonso Palacios Muñoz, terminó por someter a proceso a un capitán y dos sargentos.

De acuerdo a la resolución que lleva la firma del fiscal, y a la cual tuvo acceso La Prensa Austral, en la parte final señala que “existen presunciones fundadas para tener a Felipe Javier Oliva Osorio (capitán), Leonardo Mauricio Vallejos González (sargento) y Jaime Adrián Huichalaf Zimmermann (sargento), con responsabilidad en calidad de autores en la comisión del cuasidelito de homicidio” y también le atribuye a los tres responsabilidad “en calidad de autores en la comisión del delito de desobediencia impropia, sancionado en el Código de Justicia Militar”.

Esto guarda relación con el accidente que le costó la vida al cabo Carlos Palacios Muñoz, de 25 años de edad, la mañana del pasado 4 de marzo.

El hecho ocurrió en una laguna al interior del predio donde se ubican las instalaciones de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos de Punta Arenas, producto de un ejercicio de natación que no estaba autorizado por los mandos castrenses.

Indagación fiscal

En el auto de procesamiento (Causa Rol Nº15-2026) el fiscal consigna la declaración de 16 personas; el informe policial; informe científico técnico del sitio del suceso; informe pericial fotográfico y planimétrico, entre otros.

Con toda la información recogida concluye que “el día 4 de marzo de 2026, al interior de las dependencias de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, el sargento 1º Leonardo Mauricio Vallejos González acompañado del Sargento 1º Jaime Adrián Huichalaf Zimmermann, y en presencia del soldado de tropa profesional Armando Jesús Manzano León, dispuso la realización de pruebas acuáticas destinadas a evaluar las capacidades físicas de personal postulante al Curso de Especialidad Secundaria de Comandos”. Y, que “dicha actividad fue ejecutada sin contar con la autorización del mando competente, contraviniendo las disposiciones institucionales y las normas reglamentarias de seguridad establecidas para este tipo de ejercicios militares”.

Prueba con bajas temperaturas

“En ese contexto se instruyó a los cabos Carlos Alfonso Palacios Muñoz y la cabo 2º Paola Constanza Lagos Gutiérrez, ambos postulantes al referido curso, la ejecución de una prueba inicial, consistente en nadar aproximadamente 200 metros, vistiendo únicamente traje de baño”.

“No obstante, la prueba fue realizada en una laguna existente al interior del recinto militar, y no en una piscina acondicionada para tales efectos”.

“Al ingresar al agua, y producto de las bajas temperaturas existentes, la cabo 2º Lagos sólo logró avanzar aproximadamente 100 metros, debiendo abandonar la prueba debido a evidentes signos de afectación por el frío. Similar situación experimentó el cabo Carlos Alfonso Palacios Muñoz, quien igualmente debió salir del agua tras evidenciar síntomas compatibles con exposición a bajas temperaturas”.

Muere ahogado

“Posteriormente, el sargento Vallejos dispuso la realización de una segunda prueba, consistente en recorrer aproximadamente 50 metros portando equipo militar”.

“Para tales efectos los participantes se equiparon conforme a las instrucciones impartidas. La distancia habría sido determinada de manera referencial, utilizando como punto de referencia una roca ubicada en la ribera de la laguna, sin haberse efectuado medición precisa del trayecto ni evaluación previa de la profundidad del agua o de las condiciones de seguridad del lugar tanto por Vallejos como por Huichalaf”.

“Acto seguido, el cabo Carlos Palacios Muñoz ingresó nuevamente al agua portando su equipo. En ese momento, el sargento Vallejos le indicó que no soltara el fusil de instrucción, retirándole además la boya de flotación, sin que existieran en el lugar otros elementos de seguridad o medios adecuados de rescate”.

“Durante el desarrollo de la prueba el cabo Palacios manifestó dificultades para avanzar, particularmente debido al peso del equipo y de las botas que portaba. No obstante ello el sargento Vallejos le indicó que continuara la maniobra, instándolo a proseguir con la prueba”.

“El cabo Palacios logró avanzar algunos metros adicionales, momento en que comenzó a hundirse progresivamente en el agua, evidenciando claras señales de riesgo de ahogamiento”.

“Ante dicha situación, el sargento 1º Vallejos ordenó al soldado de tropa profesional Manzano ingresar al agua para auxiliarlo, lo que este último efectuó vistiendo ropa interior . En medio de la desesperación propia del momento, el cabo Palacios habría forcejeado con el soldado que intentaba asistirlo, perdiendo ambos estabilidad en el agua”.

“Posteriormente ingresaron también a la laguna el sargento Vallejos y el sargento Huichalaf, intentado ubicar al cabo Palacios mediante una búsqueda sólo superficial, sin lograr encontrarlo, perdiéndose contacto visual con él”.

“Conforme consta en el certificado de defunción agregado en autos, se estableció que que la causa de muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz fue asfixia por sumersión”.

Sin autorización

A juicio del fiscal Alfredo Concha-Perusina, “los hechos descritos permiten establecer que la actividad fue realizada sin autorización del mando competente, sin evaluación previa del lugar, sin medición adecuada de la zona de nado, y sin la implementación de protocolos de seguridad o rescate, circunstancias que revelan una conducta negligente y carente de la debida prudencia, generando un riesgo grave y previsible para la integridad física del personal participante”.

“El riesgo creado por dicha conducta se materializó finalmente en el resultado fatal consistente en la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, existiendo por tanto un relación causal entre la conducta imprudente desplegada y el resultado producido”.

Situación del capitán

En relación al inculpado, el capitán Felipe Oliva Osorio, “de los antecedentes reunidos aparece que, en su calidad de superior jerárquico dentro de la estructura de mando del pelotón respectivo, le correspondía ejercer funciones de supervisión y control respecto de las actividades desarrolladas por el personal bajo su dependencia”.

“En tal calidad, el referido inculpado se encontraba en una posición jurídica de garante respecto de la seguridad del personal subordinado, debiendo velar porque las actividades de instrucción se ejecutaran conforme a las normas reglamentarias y a las disposiciones del mando”.

“La omisión de dichas funciones de control y supervisión constituye una conducta omisiva jurídicamente relevante, susceptible de integrar la estructura típica del delito investigado, en cuanto quien se encuentra en posición de garante responde no sólo por las acciones que ejecuta directamente, sino también por las omisiones consistentes en no impedir un resultado cuando tenía el deber jurídico y la posibilidad de hacerlo”.

Los tres funcionarios procesados se encuentran en prisión preventiva, la que cumplen en dependencias del Regimiento Pudeto.

La medida fue apelada ante la Corte Marcial, al igual que los auto de procesamientos, instancia que verá los antecedentes este martes.