El año 2025 terminó dejando una huella que no será fácil de resumir en cifras ni boletines oficiales. Fue un año áspero, tenso, lleno de quiebres y revelaciones, en el que Magallanes -como el resto del país- tuvo que enfrentarse a sus contradicciones estructurales, a la fragilidad de sus instituciones y a la distancia, todavía pendiente, entre los grandes discursos y la vida concreta de sus ciudadanos.

Fue el año en que una parte significativa del estudiantado no pudo comenzar su año lectivo por el prolongado paro de profesores iniciado en marzo, una señal tan evidente como incómoda de un sistema educativo donde las demandas del profesora terminan chocando con los derechos de los estudiantes a recibir una enseñanza de calidad.

También fue el año en que se desplegaron operaciones conjuntas inéditas para enfrentar el avance de bandas criminales vinculadas al contrabando y el narcotráfico. Magallanes dejó de ser vista como una zona distante del delito organizado y comenzó a aparecer como un territorio estratégico dentro de rutas más amplias y silenciosas.

En paralelo, emergieron casos que golpearon la confianza pública: la trama de licencias médicas irregulares, los procesos abiertos en torno al uso de recursos estatales y el descubrimiento en nuestro territorio de personas migrantes con órdenes de detención pendientes en otras regiones del país. Todo ello expuso no sólo fallas de fiscalización, sino una red institucional que, en contextos de alta movilidad y fragmentación social, no siempre logra articular respuestas dignas, humanas y oportunas.

Fue también un año político decisivo. Las elecciones parlamentarias y presidenciales marcaron un punto de inflexión en la historia reciente del país. El Presidente Gabriel Boric -quien en 2022 representó la renovación de una izquierda progresista y generacional- no sólo no logró proyectar continuidad para ese proyecto político, sino que deberá entregar la banda presidencial en marzo a un candidato de extrema derecha. Más allá de las lecturas partidarias, el mensaje de las urnas habla de un malestar profundo, de temores crecientes y de la percepción de un Estado que no siempre llega a tiempo, ni con la firmeza que la ciudadanía demanda.

En Magallanes, sin embargo, 2025 no fue exclusivamente un año de crisis o tensiones. También dejó avances estructurales que tendrán impacto a largo plazo. La aprobación de la millonaria cartera plurianual del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas confirmó que el sur austral sigue siendo una prioridad estratégica para el país, tanto en infraestructura como en conectividad, ciencia, logística y cohesión territorial.

Del mismo modo, el avance en el proceso de expropiación de los terrenos del Club Hípico abrió un debate mayor sobre el uso del suelo urbano, la planificación de ciudad y el derecho a pensar Punta Arenas más allá de sus límites históricos.

2025 también fue el año en que la industria del hidrógeno verde comenzó a sincerar sus expectativas. Tras un período de euforia discursiva, la región entró en una fase más prudente, con anuncios que se moderan, inversiones que se reprograman y una discusión más madura sobre los efectos reales, los tiempos de la transición energética y la necesidad de equilibrar ambición tecnológica con resguardos sociales y ambientales. No fue un retroceso: fue un aterrizaje.

Porque este año nos dejó, sobre todo, una enseñanza incómoda pero necesaria: Magallanes no está al margen del país ni de sus conflictos, pero tampoco puede vivir sólo de expectativas externas. La región debe seguir construyendo sus capacidades, fortaleciendo sus instituciones y evitando que la distancia geográfica se convierta, una vez más, en distancia política o administrativa.

La experiencia reciente en materias de seguridad, custodia penal, migración y servicios públicos ha demostrado que, cuando los sistemas fallan, el costo humano se paga en el territorio y en las personas concretas. Y es allí donde la política -la verdadera política, la que escucha y no elude- debe hacerse cargo.

2025 fue un año que nos obligó a detenernos, a mirar nuestras fragilidades sin eufemismos y a comprender que el futuro de Magallanes no se juega sólo en las grandes promesas, sino en la capacidad colectiva de sostener a su gente, proteger sus comunidades y construir un territorio que no dependa únicamente del clima político nacional, sino también de su propia voz y convicción regional.

El desafío que se abre hacia 2026 será, precisamente, no olvidar lo aprendido en medio de la tormenta.