• Previamente ingresó denuncias contra otros exfiscales y de acoso laboral contra el fiscal regional Cristián Crisosto y la fiscal jefa de Natales, Romina Moscoso.

El pasado 17 de febrero se interpuso una demanda de tutela laboral por la exfiscal de Puerto Natales, Lorena Carrasco Loyola, en contra del Ministerio Público, figurando como representante legal para el caso, el actual fiscal regional Cristián Crisosto. Desde 2016 se desempeñaba como abogada en la Fiscalía Local de Puerto Natales, hasta su terremoteada salida en 2024, luego de sumarios en su contra y denuncias por parte de ella contra sus superiores.

Llegó a Puerto Natales cuando estaba de fiscal jefe Alvaro Pérez Astorga. Lo acompañó a audiencias, atención de público, toma de denuncias, entre otras cosas. En marzo de 2016 ya se le solicitaba tomar audiencias en el tribunal, ya que el fiscal jefe tenía constantes licencias médicas.

Posteriormente “aterrizó” Cristián Muñoz en 2018, de quien recuerda haber sido muy irresponsable. En su demanda explica que “había reclamos del tribunal, llegaba tarde a las audiencias y a veces en aparente estado etílico inadecuado para el cargo que ostentaba”. Esto lo hizo saber al fiscal regional de la época, Eugenio Campos y así lo declaró en el sumario que la realizaron a Lorena Carrasco, cuyos extractos se compartirán a continuación.

Denuncias por acoso sexual y cohecho por exfiscales

“Mientras estaba Cristián Muñoz, yo resolvía los Sistemas de Información y Atención a Usuarios (Siau), revisaba los informes, hacía escritos, tomaba denuncias, atendía usuarios, además era entrevistadora, pues Cristián realizó el curso y no lo aprobó, y por ello debieron enviarme a mí a dicho curso, además, quiero señalar, que mi calificador directo el primer año fue Alvaro Pérez”, declaró Carrasco Loyola.

El que su calificador directo en el primer año haya sido el exfiscal Alvaro Pérez no es menor, dado lo que denunció sobre él. “Cuando estuvo Alvaro Pérez como fiscal, yo tuve que hacer una denuncia por acoso sexual de una estudiante en práctica. Yo estaba de subrogante y tuve que poner los antecedentes en conocimiento de Eugenio Campos y se abrió un sumario y fue sancionado. Después de ello me califica Eugenio Campos, como Cristián Muñoz estaba mucho con licencia médica”.

Más adelante, igualmente fue Carrasco quien entabló las denuncias en contra del exfiscal Muñoz, ahora formalizado por delitos de cohecho y revelación de secretos. Sin embargo, según consigna la demanda, “en vez de concentrar los esfuerzos de la Fiscalía Regional en desentrañar todas y cada una de las irregularidades y posibles delitos que aquel Fiscal había cometido, se generó una búsqueda incesante de fallos, errores y faltas que mi representada Lorena Carrasco pudiera haber cometido, durante su excesivamente largo período de subrogancia”. El sumario en contra de Carrasco fue llevado por la actual fiscal jefa de Porvenir, Johanna Irribarra.

Ampliaciones de investigación

La investigación se centró en un “Informe de auditoría practicada a la Fiscalía Local de Puerto Natales solicitada por la nueva fiscal local Romina Moscoso”. Moscoso reemplazó al exfiscal Muñoz a partir del 20 de febrero de 2024. Dicho informe alertaba sobre supuestas irregularidades en 38 causas.

Dicha investigación causó escarnio público a Carrasco, dando a entender que habían hechos graves cometidos por ella. No obstante, no eran demostradas las faltas a la probidad. Pese a aquello, se solicitaron reiteradas ampliaciones para seguir buscando argumentos para motivar una sanción, en vez de decidir por el sobreseimiento de la investigación. La primera ampliación se basaba en dichos de la fiscal jefe Moscoso y del exfiscal Muñoz, a quien Carrasco había denunciado y que además ya estaba formalizado por cohecho. Todo, con la visa del fiscal regional Crisosto.

La segunda ampliación fue solicitada en base a un correo electrónico que el fiscal regional hizo llegar a la instructora de la investigación, Johanna Irribarra donde agregaba: “Para que pueda evaluar y solicitar la ampliación de los hechos a investigar en la investigación sumaria a su cargo”. Difícilmente la actual fiscal jefa de Porvenir iba a sobreseer con este antecedente.

Vulneraciones

La demanda enumera una serie de vulneraciones, muchas de las cuales ya fueron mencionadas en la nota. La investigación en su contra asegura carecer de motivación y “no es posible explicarla aún racionalmente”. En ese sentido, su defensa postula que la investigación llevada a cabo por Irribarra fue direccionada, “pues es un hecho que el objeto inicial de la investigación hubo de ser ampliado en más de una oportunidad, pues no se podía definir con claridad ninguna falta administrativa”. Además se considera incomprensible la citación a declarar de un fiscal removido por delitos de cohecho y hechos que fueron denunciados por Lorena Carrasco.

De este modo y tras ruedas de prensa en que la Fiscalía Regional tildó la investigación en contra de Carrasco por “delito de cohecho y violación de secreto”, ella se decidió a presentar una denuncia en contra de Crisosto y la fiscal jefe de Natales, Romina Moscoso.

Por otro lado, sostiene que su remoción fue desproporcionada. El fiscal Alvaro Pérez Astorga, que ella denunció por acoso sexual a una alumna en práctica, fue sancionado benévolamente. Prueba de aquello es que pese a esta denuncia, continúa trabajando en el Ministerio Público.

A raíz de toda esta situación, la demanda apunta a una indemnización por años de servicios, por indemnizaciones sustitutivas del aviso previo, recargos, reajustes e intereses, además de las costas de la causa. En total, la suma  pretendida asciende a más de 55 millones de pesos.