La Municipalidad de Punta Arenas envió dos oficios al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en el marco de su próxima visita a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, abordando temas vinculados al acceso a la vivienda y al fortalecimiento de la infraestructura de salud primaria en la comuna. Uno de los documentos solicita evaluar el traspaso de un terreno del Serviu al municipio para la futura construcción del nuevo Cesfam Carlos Ibáñez, mientras que el segundo plantea la necesidad de establecer una política regional de vivienda que defina estándares habitacionales y criterios de acceso más amplios para proyectos DS-49. El alcalde Claudio Radonich explicó que ambas solicitudes responden a necesidades prioritarias para la comuna. “Sabemos que el ministro viene en las próximas horas hasta nuestra ciudad, por eso formalmente le hemos pedido dos cosas muy importantes para Punta Arenas”, señaló. Respecto al nuevo Cesfam Carlos Ibáñez, la autoridad comunal indicó que el actual recinto ya alcanzó su capacidad máxima. “Hemos visto lo traumático y complejo que es construir un consultorio en el mismo lugar donde se sigue atendiendo público. No queremos que nuestros vecinos de este sector tengan que trasladarse, por lo tanto es fundamental definir pronto un terreno adecuado”, sostuvo. En el oficio enviado al Minvu, el municipio solicita considerar terrenos ubicados en el sector del ex Pudeto, actualmente bajo administración del Minvu y el Serviu. Entre las alternativas priorizadas figuran los lotes de Fagnano esquina Rancagua y Fagnano esquina Avenida Frei, en el marco del convenio de programación GORE-MINSAL impulsado junto al Servicio de Salud Magallanes. “Sabemos que el sector presenta complejidades para construir, especialmente en altura, pero creemos que es clave avanzar en un terreno que permita desarrollar un nuevo Cesfam moderno y con mejores condiciones para los vecinos”, agregó Radonich. En paralelo, el segundo oficio solicita avanzar hacia una política regional de vivienda que permita recuperar estándares de construcción y ampliar los criterios de acceso a subsidios habitacionales. El alcalde afirmó que existe preocupación por las características de algunos proyectos habitacionales recientes. “Las viviendas que se entregaron en años anteriores tenían tres dormitorios, eficiencia energética, calefacción y mejores espacios. Hoy vemos proyectos con menos superficie, casas contiguas y estándares que consideramos un retroceso respecto de los últimos 15 años”, manifestó. Asimismo, el edil cuestionó las actuales restricciones de acceso al subsidio DS-49. “Hoy solamente pueden postular familias del 40% más vulnerable, dejando fuera a muchos grupos de clase media, adultos mayores o matrimonios que no tienen hijos. Antes existía una integración más amplia que permitía mayor diversidad social en los proyectos”, indicó. El jefe comunal sostuvo que la propuesta apunta a recuperar un modelo habitacional con mayores estándares y criterios más inclusivos. “Lo que estamos planteando es volver a una política clara que garantice calidad en las viviendas y que permita nuevamente que familias de clase media puedan acceder a estos beneficios”, agregó. Desde el municipio señalaron que ambas solicitudes buscan abrir una discusión sobre planificación urbana, acceso a la vivienda e infraestructura pública en Punta Arenas, considerando las particularidades territoriales y climáticas de la región.

Con un fuerte énfasis en las limitaciones financieras que enfrenta la administración comunal, el alcalde Claudio Radonich presentó la Cuenta Pública 2025 de la Municipalidad de Punta Arenas, instancia en la que advirtió que el municipio opera con un presupuesto cercano a los $35 mil millones, considerablemente menor al de comunas como La Pintana y Huechuraba, además de mantener una disputa administrativa y judicial por descuentos aplicados al Fondo Común Municipal. Durante su intervención, el jefe comunal subrayó que este escenario ha obligado a priorizar recursos y optimizar la gestión para sostener servicios y ampliar coberturas en áreas clave. “Con menos recursos hemos logrado ampliar coberturas en salud para adultos mayores, fortalecer las escuelas deportivas municipales, mantener actividades culturales y seguir trabajando en áreas como bacheos y mantención de caminos”, afirmó. Pese a este contexto, la cuenta pública dio cuenta de avances en distintos ámbitos. En transparencia, el municipio alcanzó un 100% de cumplimiento en Transparencia Activa según el Consejo para la Transparencia, ubicándose entre las tres municipalidades del país con mejor evaluación. En seguridad, se informó un aumento significativo en las fiscalizaciones, alcanzando 10.154 procedimientos durante 2025, lo que representa un alza superior al 400% respecto del año anterior. A ello se suman más de 4.200 acciones conjuntas con Carabineros en el marco del convenio OS-14, orientadas a controles preventivos y fiscalización de actividades irregulares. En salud primaria, el municipio reportó un incremento de 2,4% en usuarios atendidos durante el último año, acumulando cerca de un 10% en los últimos periodos, principalmente por el fortalecimiento de programas dirigidos a adultos mayores. La gestión también destacó avances en sostenibilidad, con Punta Arenas consolidándose como referente nacional en acción climática, incluyendo su participación en plataformas internacionales, actualización de instrumentos de planificación y adjudicación de fondos externos para iniciativas ambientales. En modernización, se avanzó en la digitalización de trámites municipales y la implementación de procesos internos sin uso de papel, mientras que en cultura se relevaron alianzas público-privadas que permitieron el desarrollo de eventos y la adquisición de equipamiento para el Teatro Municipal. Finalmente, el municipio proyectó desafíos asociados al desarrollo urbano, la infraestructura deportiva —con iniciativas como el futuro Polideportivo Municipal— y el posicionamiento de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica, en un escenario condicionado por restricciones presupuestarias y la incertidumbre en torno al financiamiento comunal.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, la empresa de transporte público TransAlerce realizó una ceremonia en Punta Arenas para reconocer a sus conductores más destacados, valorando su compromiso y desempeño en la operación diaria del sistema. Durante la actividad, la compañía distinguió a diez trabajadores que lograron un 100% de asistencia y puntualidad en el período evaluado, destacando el esfuerzo que implica mantener la continuidad del servicio en una ciudad donde el transporte público comienza a operar desde las 5 de la mañana y se extiende hasta pasada la medianoche. Los conductores reconocidos fueron Alex Alarillo Pagillante Barrientos, José Pichón Valenzuela Canipal, Héctor Enrique Peralta Juliego, José Enrique Gallardo Cormeto, Juan Enrique Chávez López, Carol Vera, Orlando Marón Aero Barrientos, Oscar Jorge Guchet Bravo, Ulises Aníbal Canales Camillo y Orlando Gallo. Cada uno recibió un diploma y un beneficio como muestra de agradecimiento por su labor. Desde la empresa señalaron que esta instancia busca relevar el compromiso de quienes hacen posible el funcionamiento del transporte público en Punta Arenas, enfatizando que la calidad del servicio depende directamente del trabajo diario de sus conductores, quienes deben desempeñarse en diversas condiciones climáticas y operativas. La instancia contó con la participación del diputado Alejandro Riquelme, quien subrayó la importancia del trabajo que realizan los conductores para el funcionamiento del sistema. El parlamentario valoró el rol de los trabajadores en la generación de actividad y destacó el avance que ha mostrado la empresa en la operación del transporte público local.

Frente a la expansión que ha adquirido el cementerio de mascotas en el borde costero del estrecho de Magallanes, al sur de Punta Arenas, la dirección de Vialidad instaló dos carteles, tanto de ida como de regreso, entre los km 15 y 16 de la Ruta 9 Sur, donde se prohíbe expresamente la sepultación de mascotas, invocando para ello el Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de Obras Públicas Nº850, que restringe el uso de la faja fiscal sin autorización, advirtiendo que su mal uso será infraccionado.

Con un enfoque de atención integral y cobertura inédita en el país, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en conjunto con el Servicio de Salud Magallanes y agrupaciones de pacientes, lanzó un programa destinado a mejorar la calidad de vida de personas con fibromialgia en la región. El anuncio se realizó en el auditorio del hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, donde autoridades, equipos de salud y pacientes destacaron el inicio de una iniciativa largamente esperada por la comunidad. El programa se origina en la “Mesa de Bienestar Integral” impulsada por el Gobierno Regional, instancia que junto a organizaciones sociales y el sistema de salud identificó brechas en el acceso a diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de esta enfermedad crónica. Cobertura supera el 50% de los diagnósticos En Magallanes se han diagnosticado 356 personas con fibromialgia y se estima que existen 1.320 casos. El programa apunta a una población objetivo de 700 pacientes, que representan el 53% del total. La distribución contempla intervenciones en las cuatro comunas de la región: Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, incorporando tanto a personas diagnosticadas como a usuarios en proceso de evaluación. El plan incluye acceso universal a tratamiento independiente de la previsión de salud, mayor disponibilidad de medicamentos y rehabilitación integral con equipos multidisciplinarios conformados por kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y profesionales de salud mental. El programa tendrá una duración de 24 meses y una inversión total de $1.295 millones, financiados en su totalidad por el Gobierno Regional. Autoridades destacan carácter pionero El gobernador regional, Jorge Flies Añón, destacó el alcance de la iniciativa y su carácter inédito a nivel nacional. “Estamos muy contentos de poder dar inicio a un programa muy anhelado, que costó mucho sacar adelante y que es un programa piloto a nivel nacional”, señaló. La autoridad recordó además que la Ley de Fibromialgia promulgada en 2023 aún no cuenta con financiamiento específico a nivel nacional, lo que refuerza -dijo- la importancia de iniciativas regionales como esta. “Este programa nace con las agrupaciones de pacientes y con el trabajo conjunto del Servicio de Salud. Permite abordar brechas como el diagnóstico tardío, el acceso a especialistas y la atención multidisciplinaria”, agregó. Atención integral y diagnóstico oportuno Desde el Servicio de Salud Magallanes, su directora, Verónica Yáñez, valoró el enfoque integral del programa y su articulación con la atención primaria. El plan contempla no solo a personas con diagnóstico confirmado, sino también a usuarios en proceso de evaluación, ampliando así el acceso a diagnóstico oportuno y tratamiento. Asimismo, se busca fortalecer la disponibilidad de medicamentos y mejorar el acceso a terapias en la red pública de salud. Pacientes valoran implementación Desde las agrupaciones de pacientes, la presidenta de la organización en Puerto Natales, Regina Saldivia, expresó su satisfacción por el inicio del programa. “Estoy muy contenta, muy feliz. Sentirlo tan cerca hoy, que está resultando este programa, me tiene feliz por todas nuestras compañeras y por la gente de la región”, afirmó. La dirigenta llamó además a las personas con fibromialgia a integrarse a las agrupaciones para informarse sobre la implementación del programa y sus etapas de ejecución.

Este miércoles en Puerto Natales se formalizó a un adolescente de 17 años, quien fue sorprendido por Carabineros portando un arma de fuego el martes en la tarde. La detención fue realizada luego de trabajos de patrullaje de los funcionarios, quienes recibieron una denuncia anónima que daba cuenta de una pelea entre múltiples adolescentes en el Liceo Politécnico de dicha ciudad. El denunciante hizo saber a Carabineros que uno de ellos portaba un revólver. Según relató el fiscal en la audiencia de control de detención, el hecho ocurrió el 28 de abril de 2026 a las 17,45 horas. Mientras patrullaban por Avenida Manuel Bulnes, funcionarios de la Segunda Comisaría de Puerto Natales fueron abordados por un transeúnte que les informó que cuatro adolescentes vestidos con ropa oscura se desplazaban por Avenida Libertad y que uno de ellos portaba un arma de fuego. La persona se negó a identificarse por temor a represalias. Los carabineros se dirigieron al sector y al llegar a la intersección de Caupolicán con Libertad avistaron a cuatro jóvenes con las características descritas. Uno de ellos, al notar la presencia policial, escondió un objeto en su buzo y emprendió la huida. Fue interceptado con ayuda del conductor de una camioneta, y al ser detenido mantenía en su mano derecha un revólver marca Rubí, calibre 22, de fabricación argentina, sin munición en la recámara pero con el mecanismo en buen estado. El arma tenía el número de serie 61906, y el joven no tenía autorización legal para su tenencia ni porte. El origen del arma La investigación reveló que el revólver pertenecía originalmente a un cuñado fallecido de la madre de otro de los jóvenes involucrados y que la mujer lo guardaba en su domicilio. Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, alrededor de las 16 horas del mismo día, ambos adolescentes habrían participado en una pelea con otros compañeros en el Liceo Politécnico. Tras el enfrentamiento, uno de los estudiantes sacó el revólver de su casa y se lo habría entregado al otro imputado, ante el temor de que los volvieran a agredir. La propia madre declaró como testigo, reconociendo ser la responsable del arma y confirmando que su hijo se la había sacado sin su conocimiento. Arresto nocturno La defensa cuestionó la legalidad de la detención, argumentando que la denuncia anónima -referida a cuatro jóvenes con ropa oscura- resultaba insuficiente para justificar un control de identidad. El defensor Paulo González señaló que esa descripción podría corresponder a la mayoría de los jóvenes del país y que Carabineros habría excedido sus facultades. La Fiscalía rebatió ese argumento señalando que la habilitación para actuar no derivó sólo de la denuncia, sino del hecho objetivo de que el imputado, al ver a los funcionarios, escondió un elemento en su ropa y huyó, lo que configuró una situación de flagrancia. El tribunal validó la detención. En cuanto a la medida cautelar, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario total, argumentando la gravedad del delito y el riesgo para la seguridad pública, especialmente en el contexto de violencia en establecimientos educacionales a nivel nacional. La defensa se opuso, indicando que el joven no tiene antecedentes previos, cursa tercero medio y que una privación de libertad sería desproporcionada respecto a la pena probable, que podría ser una libertad asistida simple o servicio en beneficio de la comunidad. El tribunal optó por una medida intermedia: arresto domiciliario nocturno, con obligación de permanecer en su domicilio entre las 22 y las 6 horas, permitiéndole continuar asistiendo a clases. Se fijó un plazo de investigación de 60 días y se ordenó su sujeción a una corporación de opciones para acompañamiento especializado.

Unos 3.500 vecinos de la localidad italiana de San Giuliano Terme, cerca de la toscana Pisa (norte), han tenido que ser evacuadas por un incendio en el monte Faeta que las autoridades tratan de apagar pero que se ha visto agravado por el viento. Según lo informado por la agencia Efe, el alcalde de la localidad, Matteo Ceccheli, ha explicado este viernes que la evacuación ha sido obligada porque el viento había llevado el frente del incendio muy cerca de las casas: "La situación era ya peligrosa", ha lamentado desde sus redes sociales. El incendio ha ido creciendo en las últimas horas en los bosques del monte Faeta pero esta noche se ha desatado a causa del viento. El fuego se ve desde Pisa y Lucca De acuerdo al reporte de la agencia, hasta el momento el fuego ha devorado cerca de 800 hectáreas de terreno, según ha informado este viernes el presidente de la región de la Toscana, Eugenio Giani. Las autoridades han desplegado varias unidades de los bomberos para apagar el incendio, así como cuatro aviones ‘Canadair’ llegados incluso de otras regiones. Asimismo se ha activado a la Protección Civil para asistir a los ciudadanos en las evacuaciones. La columna de humo del incendio es visible desde las ciudades de Pisa y Lucca.

Un total de 16 de los 27 periodistas asesinados en el mundo durante lo que va de 2026 han sido víctimas de ataques israelíes, según denunció la ONG Campaña Emblema de Prensa (Pec). La información fue difundida por la Agencia Efe. De acuerdo con el reporte, el organismo advierte que esta situación convierte a Israel en el responsable de casi dos tercios de las muertes de trabajadores de la prensa registradas en el año, en un contexto marcado por la guerra y las operaciones militares en Medio Oriente. La Pec sostuvo además que muchos de estos ataques habrían sido deliberados y advirtió que podrían constituir crímenes de guerra, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales sobre la protección a periodistas en zonas de conflicto. El informe fue dado a conocer en la antesala del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora este 3 de mayo. La imagen superior corresponde a un periodista en Gaza. EFE/María Traspaderne

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast continúa superando el 50%, según los resultados más recientes de la encuesta Plaza Pública Cadem, en un contexto político tensionado por la controversia en torno a eventuales recortes de programas sociales. De acuerdo con el sondeo, el rechazo a la gestión del Mandatario alcanza el 57%, mientras que la aprobación se sitúa en torno al 41%-42%, evidenciando una brecha sostenida entre ambos indicadores y una tendencia que no logra revertirse en las últimas semanas. El escenario se da en paralelo a la polémica generada por las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, que propuso ajustes presupuestarios que incluyen la revisión e incluso eventual descontinuación de más de un centenar de programas públicos. Entre las iniciativas cuestionadas figura el Programa de Alimentación Escolar (Pae), lo que desató críticas transversales desde el mundo político y social, debido a su impacto en millones de estudiantes. Si bien desde el Ejecutivo se ha insistido en que se trata de propuestas preliminares dentro del proceso de formulación del Presupuesto 2027, la discusión ha tensionado al oficialismo y abierto un debate sobre el alcance del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno. En este contexto, la encuesta Cadem también da cuenta de un clima de opinión pública complejo, donde la evaluación del rumbo del país y la percepción económica continúan siendo factores relevantes en la valoración del Ejecutivo, profundizando el desgaste político en medio de decisiones sensibles en materia social.

Una fuerte preocupación expresó la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) luego de que Empresas Iansa anunciara que no continuará con la contratación de hectáreas para la producción de remolacha en el país, decisión que podría marcar el fin de uno de los cultivos tradicionales del agro chileno. A través de una declaración pública firmada por su presidente, Antonio Walker Prieto, el gremio advirtió que esta medida impacta directamente a más de 250 productores y cerca de 7.000 hectáreas actualmente en operación, bajo estándares considerados de alta calidad y productividad. “El cultivo de la remolacha, que en su momento superó las 60 mil hectáreas en Chile, hoy arriesga su desaparición”, señala el documento, subrayando la relevancia histórica y económica de esta actividad para el sector agrícola nacional. Liderazgo productivo en riesgo Desde la SNA enfatizaron que Chile había alcanzado niveles de rendimiento por hectárea líderes a nivel mundial en la producción de remolacha, posicionándose como un referente internacional en eficiencia y sustentabilidad. En ese contexto, la decisión de la empresa abre interrogantes sobre el futuro de una cadena productiva consolidada y tecnificada, que durante décadas sostuvo economías locales y empleos asociados.   Llamado a una salida coordinada El gremio hizo un llamado “urgente” tanto a la empresa como al Gobierno para evaluar alternativas que permitan, al menos, una continuidad parcial del cultivo. En caso de que ello no sea viable, la SNA planteó la necesidad de implementar un plan de transición “real y oportuno” para los agricultores afectados, de modo de facilitar la reconversión hacia nuevos cultivos, aprovechando la capacidad tecnológica instalada en el sector. “El país no puede perder un cultivo tradicional emblemático sin una salida responsable”, advierte la declaración.   Un escenario agrícola complejo La situación se produce, además, en un contexto adverso para el agro chileno, marcado por el aumento de los costos de producción y la presión de los bajos precios internacionales, factores que han puesto en jaque la rentabilidad de diversos cultivos tradicionales. En ese escenario, la eventual desaparición de la remolacha se suma a un panorama de creciente incertidumbre para el sector, reforzando la demanda por políticas que permitan sostener la actividad agrícola y dar certezas a los productores.

Una nueva crisis diplomática se desató en el Mediterráneo luego de que fuerzas de Israel interceptaran parte de la Flotilla Global Sumud, un convoy internacional de embarcaciones civiles que se dirigía hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Según reportes de agencias internacionales, al menos 22 barcos fueron detenidos en aguas internacionales, cerca de la isla de Creta, mientras el total de la flotilla superaba las 50 embarcaciones provenientes de decenas de países. La operación incluyó el abordaje de varias naves y la detención de unos 175 activistas, lo que generó cuestionamientos inmediatos desde distintos gobiernos y organismos internacionales.   Una misión civil de alcance global La flotilla forma parte de una iniciativa internacional que reúne a activistas, organizaciones humanitarias y profesionales de múltiples países, con el objetivo de llevar suministros básicos -como alimentos y medicamentos- y visibilizar la crisis humanitaria en Gaza. Este tipo de misiones no es nuevo: desde 2008 se han organizado expediciones similares para desafiar el bloqueo marítimo impuesto por Israel, vigente desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. En esta ocasión, la Global Sumud Flotilla se proyectaba como una de las mayores movilizaciones civiles de este tipo, con participación de decenas de países y cientos de voluntarios.   Versiones contrapuestas Desde Israel, las autoridades defendieron la operación señalando que el bloqueo marítimo busca impedir el ingreso de armas a Gaza y aseguraron que la ayuda puede ser canalizada por vías oficiales, como el puerto de Ashdod. Además, calificaron la flotilla como una acción provocativa y acusaron a algunos de sus organizadores de tener vínculos con Hamás. Por el contrario, los organizadores denunciaron que la interceptación ocurrió en aguas internacionales y la calificaron como ilegal, acusando incluso el uso de fuerza y la interrupción de comunicaciones en las embarcaciones.   Reacciones internacionales La operación generó un amplio rechazo. Italia calificó la interceptación como “ilegal” y exigió la liberación de sus ciudadanos detenidos, mientras Turquía la describió como un acto de “piratería”. Asimismo, representantes de Naciones Unidas cuestionaron la legalidad de la acción y pidieron garantías para los activistas involucrados. El episodio vuelve a situar en el centro del debate internacional el bloqueo a Gaza y las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria, en un contexto marcado por la prolongada crisis en el territorio palestino. La imagen superior corresponde a una captura de video tomada de la cuenta oficial en X de @Global Sumud Flotilla que muestra a integrantes de la Flotilla abordo de una de las embarcaciones. Efe/ @Global Sumud Flotilla

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, abordó el reajuste al programa de Apoyo al Recién Nacido del Ministerio de Desarrollo Social, luego de que se conociera del decreto firmado por el Ministerio de Hacienda respecto a los recortes anunciados en todas las carteras. El beneficio tendrá un recorte de 1.850 millones de pesos. “Nosotros siempre mantenemos un stock equivalente a un mes de operación respecto del tema de ajuares. Esto significa alrededor de 10.000 ajuares; hoy estamos en promedio entregando 7.800 ajuares al mes”, precisó. En ese sentido, aseveró que “lo que estamos haciendo es ajustar a la demanda real. Ninguna guagua se va a quedar sin un ajuar. Esa es la señal, y eso nos preocupó a nosotros, poder solamente afectar con una corrección de la demanda (...) Finalmente, estábamos acumulando stock que hoy lo podemos manejar de otra forma”. “Atentado a la dignidad” Por otro lado, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, manifestó su decepción con la dirección que está tomando el gobierno de José Antonio Kast. “Estoy decepcionada de un gobierno que le prometió y ganó legítimamente, claramente, pero le prometió muchas cosas a la ciudadanía en el tema social”, dijo la dirigenta. Entre los programas afectados se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Invierno, el Subsidio Unico Familiar, el Programa de Alimentación Escolar (Pae) y el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuares). Según Krauss, las medidas del Ejecutivo atentan contra la dignidad básica: “Hay un desmantelamiento de lo que es o hemos ido entendiendo en forma conjunta, transversalmente, por un Estado que protege. La protección social se empieza a ver debilitada y eso es preocupante”. Cooperativa

Además de los 142 programas que sugiere “descontinuar”, el polémico oficio firmado por Jorge Quiroz instruye la contracción presupuestaria de otros 260 planes sociales. El Ministerio de Hacienda no sólo ofició al resto de las carteras con la instrucción de “descontinuar” 142 programas, sino que también les indicó una reducción de al menos 15 por ciento en el gasto destinado a planes sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Gratuidad y el Bono de Invierno. El medio de investigación Ciper informó este martes que el documento en cuestión plantea disminuir, para el Presupuesto 2027, los recurso de 260 programas, y entre ellos destacan: la PGU, el gasto en transporte público metropolitano, el Crédito con Aval del Estado (Cae), el Subsidio Unico Familiar (Suf), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Provisional Solidario de Vejez, las inversiones en Jardines Infantiles, el Bono Invierno y el Subsidio Habitacional. Al Ministerio del Trabajo le recomendó reducir más de 1,7 billones de pesos en 17 beneficios que administra el Instituto de Previsión Social (IPS), algunos de ellos establecidos por ley y que favorecen a más de tres millones de personas. Sumando estos recortes a los de otras 22 carteras, el monto ahorrado ascendería a 2,8 billones de pesos. En el documento enviado a los ministerios, Quiroz recalca que las rebajas recomendadas deben tener un horizonte hasta 2031, como parte de un “nuevo paradigma” de la gestión pública. “Proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual”, ordena el líder de la billetera fiscal en el oficio. Contraste con promesa de campaña Estos planteamientos, recalca Ciper, contrastan con las promesas de campaña del hoy Presidente José Antonio Kast, quien afirmó en octubre de 2025 que, de ser electo, no iba a “recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. Asimismo, indicó que los 6.000 millones de dólares que planteaba recortar en el primer año y medio de su gobierno no afectarían beneficios como la PGU. En esa línea, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó en La Tercera que la PGU no se iba a “tocar”, y sólo “van a crecer los beneficios económicos, particularmente para las personas más pobres”. Consultada al respecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que aplicar una rebaja de este tipo “es un límite, y los derechos sociales que se han ganado se tienen que mantener. Las personas más vulnerables se apoyan en ello”. “Además, recordemos que esto fue un compromiso del Presidente de la República, y no tengo ninguna duda de que él mismo va a resguardarlo. Por lo tanto, en estos derechos sociales no debería haber recortes”, enfatizó la oficialista. Ciper apuntó que el impacto de la propuesta de Hacienda -si se aplicara tal cual- afectaría a más de 15 millones de chilenos, que verían reducidos sus beneficios sociales en áreas como educación, saludo, cultura, pensiones y vivienda a contar de 2027. Se alude a unos 402 programas sociales en total, de los que 142 están bajo el mandato de “descontinuar”, que luego el Gobierno explicó como una expresión técnica que implica reformular. Entre todos los programas suman 5,4 billones de pesos, equivalentes a 6.000 millones de dólares. Cooperativa

Una nueva controversia se instaló en el Gobierno luego de que la Contraloría General de la República oficiera al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) por publicaciones difundidas en redes sociales oficiales, las que fueron calificadas como problemáticas por el organismo fiscalizador. El requerimiento se originó a partir de mensajes en los que se afirmaba que el Estado de Chile estaba “en la quiebra”, en el contexto del alza de los combustibles y el debate sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Solicitud de antecedentes y posible sanción En su oficio, la Contraloría solicitó a la cartera encabezada por la ministra vocera entregar una serie de antecedentes, incluyendo el uso de recursos públicos, el personal involucrado y los fundamentos normativos y fácticos de las afirmaciones difundidas. Además, el organismo instruyó la adopción de medidas para evitar la difusión de contenidos que puedan ser considerados “imprecisos” y ordenó iniciar un proceso disciplinario al interior de la repartición. Publicaciones eliminadas y críticas Los contenidos cuestionados fueron eliminados desde las plataformas oficiales luego de generar críticas transversales. En ellos se señalaba que el Estado había sido recibido “sin plata” o “en quiebra”, lo que abrió un debate político sobre la veracidad y el tono de la comunicación gubernamental. La situación incluso generó diferencias dentro del propio Ejecutivo. Desde el Ministerio de Hacienda se descartó el uso de ese concepto, señalando que si bien existe una situación fiscal compleja, no corresponde hablar de un Estado en quiebra. Debate por la comunicación oficial El episodio reabre la discusión sobre los límites de la comunicación institucional y el uso de plataformas oficiales del Estado. Según la Contraloría, la información solicitada permitirá determinar si las publicaciones se ajustaron a las normas que regulan el uso de recursos públicos y la difusión de contenidos por parte de organismos gubernamentales. Mientras la Segegob ha manifestado disposición a responder dentro de los plazos establecidos, el caso suma presión sobre la gestión comunicacional del Ejecutivo y podría derivar en responsabilidades administrativas si se detectan irregularidades.