Las recientes noticias emanadas desde el Ministerio de Medio Ambiente resultan más que preocupantes para los representantes de la industria salmonera.

La Asociación de Salmonicultores de Magallanes -que representa a Blumar, Australis, AquaChile, Multiexport y Cermaq- manifestó a través de su gerenta general, Francisca Rojas, que lo que indica el nuevo oficio emanado desde el MMA “es que no se va a continuar con las solicitudes de concesiones que estén ubicadas dentro de áreas protegidas a menos que cuenten con planes de manejo aprobados. Eso le correspondería aprobarlo al Servicio de Biodiversidad de Areas Protegidas (Sbap) pero, como todavía no está conformado, debería hacerlo la Corporación Nacional Forestal (Conaf)”.

El punto es que en la región existen 84 solicitudes de concesiones en trámite, de las cuales 62 se verían afectadas con esta nueva normativa del Ministerio de Medio Ambiente, ya que éstas se encuentran en áreas protegidas, específicamente en la Reserva Nacional Kawésqar.

“Estas solicitudes tienen una espera de más de 7 años, por lo tanto fueron ingresadas antes de la creación de la Reserva Kawésqar y constituyen un total de 677 hectáreas aproximadamente, lo que correspondería al 0,025% de la superficie total de la reserva (que tiene 2,6 millones de hectáreas)”, explicó.

“Esto en el fondo es una barrera más para el avance de los posibles permisos de estas solicitudes de concesión. Lo que estamos observando es una señal del gobierno hacia la industria de la salmonicultura. Si estas 62 concesiones no van a poder continuar su trámite debido a que el Servicio de Biodiversidad aún no se conforma, entonces deberíamos también definir posturas y veamos cómo trabajamos para que la industria tenga posibilidad de seguir operando y no sigamos aumentando los despidos, ni la caída de la economía a nivel regional”, argumentó.

Francisca Rojas recalcó que “lo que se percibe es una señal del gobierno contra la industria de la salmonicultura, de su desarrollo y de su posible crecimiento dentro de la región, porque hay un instructivo que limita completamente la posibilidad de tramitar las solicitudes de concesiones nuevas que ya están esperando hace 7 años. Esto viene a ser una barrera más para alcanzar el objetivo de poder cumplir”.

En la medida en que se han ido aprobando concesiones, que ya tienen su resolución ambiental aprobada, han surgido ONG externas que han judicializado estos mismos proyectos. Entonces “de las 9 concesiones aprobadas, las 9 hoy día están judicializadas y, por lo tanto, tampoco pueden operar. Hay situaciones muy complicadas que tampoco están permitiendo la operación de la industria en la región. Lo complejo ahora es qué va a pasar con la proyección de la industria en la economía local, la contratación de trabajadores, la pérdida de oportunidades de los proveedores de servicios y los trabajos indirectos”.

Comunidades de la Patagonia valoran medida del gobierno 

Desde diversos territorios de Chiloé y las regiones de Aysén y de Magallanes, representaciones de comunidades de pueblos originarios se manifestaron a favor de la iniciativa del gobierno que tiene como propósito regular el otorgamiento de concesiones acuícolas en áreas protegidas que no cuenten con planes de manejo y que recoge, en cierta medida, el anhelo de diversas comunidades costeras.

Leticia Caro, representante de la comunidad kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, calificó como positiva la medida, resaltando que “hay que hacer cumplir la ley en este caso, de igual manera nos mantenemos atentas, con respecto al avance en la aprobación de concesiones, pues ya tenemos experiencia en cuanto a cómo el empresariado se pasa por cualquier lado los dictámenes legales, eso con ayuda de los órganos del Estado que aun cuando no ha habido concesiones otorgadas, de plano solicitan la aprobación de sus RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental)”.

Agregó que “la Reserva Kawésqar aún no cuenta con plan de manejo, y veremos cuál será la resolución final frente a este evento, entendiendo que por ahora depende de lo que pueda resolver Conaf”.

Controversia por circular que exige
plan de manejo en áreas protegidas

Controversia está causando en el sector salmonero una circular emitida por el Ministerio del Medio Ambiente, la que está siendo interpretada como un nuevo intento del gobierno por desarticular a la industria.

El documento que lleva la firma del subsecretario (s) Ariel Espinoza llega después de la derrota que sufrió el Ejecutivo en la tramitación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (Sbap), donde se produjo un empate en la comisión que terminó por echar por tierra la indicación que eliminaba a futuro las concesiones acuícolas en reservas nacionales y forestales.

Sin embargo, para el gobierno no quedó ahí. Esta semana se conoció de una circular fechada el 22 de septiembre, en la cual se indica que si bien las concesiones en áreas protegidas se rigen por las leyes respectivas, se establece como nuevo requisito de que el sector en concesión tenga un plan de manejo y que la actividad sea compatible con los objetivos. Vale decir, que mientras no se cuente con un plan de manejo no habrá concesión.

El tema no es nuevo en cuanto a la intención, sí respecto de su implementación. Y aún más, la circular indica que para poder llevar la tramitación se requiere un informe del Sbap. El punto es que hoy dicho servicio no se ha implantado, razón por la que cualquier solicitud debe hacerse ante la Subsecretaría de Medio Ambiente o la Conaf (dependiendo de la categoría del área protegida).

La controversia se genera a partir de que las empresas estiman que ello significa la suspensión de eventuales fusiones y relocalizaciones de concesiones en las áreas protegidas.

Tras conocerse la existencia de la circular, enviada a los ministerios, servicios y a la Corte Suprema, el Ministerio de Medio Ambiente salió a aclarar que éste “no imparte instrucciones a los diversos órganos del Estado correspondientes, sino que les comunica la entrada en vigencia de una disposición que resulta aplicable desde la publicación de la ley”.

Se señala que, claramente, se reitera la exigencia de que para que haya concesión debe haber plan de manejo vigente.