Un abogado especializado en género y equidad que trabajó en la dirección regional de Magallanes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) interpuso una demanda de tutela laboral de derechos fundamentales contra el organismo y escribió directamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín, alertando sobre lo que describe como un patrón de maltrato institucional al interior del servicio encargado precisamente de promover la equidad y erradicar la violencia. José Pablo Díaz Marzi fue contratado en julio de 2025 para ejercer funciones jurídicas en la dirección regional de Magallanes, a cargo de Pamela Leiva Burgos. Para asumir el cargo renunció a un trabajo estable en la Región de Coquimbo y se trasladó con su familia hasta Punta Arenas. Según la demanda presentada ante el Juzgado del Trabajode Santiago, desde el primer día enfrentó un ambiente hostil: hostigamiento sistemático por parte de una funcionaria del área administrativa, descalificaciones, obstáculos para ejercer su trabajo -incluyendo la negativa a entregarle materiales básicos- y una jefatura que, según su relato, avaló esas conductas y las amplificó. El punto de quiebre ocurrió el 29 de septiembre de 2025, día de su cumpleaños, cuando fue citado a la oficina de la directora regional, quien lo acusó a gritos y a puerta cerrada de actuar con violencia, y le exigió que pidiera disculpas a quien lo había hostigado. Díaz Marzi se quebró emocionalmente. Al día siguiente, el 30 de septiembre, se presentó en la Asociación Chilena de Seguridad, donde se activó un protocolo por acoso laboral conforme a la Ley Karin y se le otorgó licencia médica por enfermedad profesional. Ese mismo día, según acredita la documentación obtenida vía Contraloría, la entonces directora nacional del Sernameg, Priscila Carrasco Pizarro, firmó la carta de aviso de no renovación de su contrato. Dos días después, el servicio dictó una resolución que acortaba su contrata del 31 de diciembre al 31 de octubre de 2025, sin notificarle formalmente la modificación. La demanda sostiene que esta secuencia constituye una represalia directa por haber activado los mecanismos de protección laboral, vulnerando la garantía de indemnidad y derechos constitucionales como la integridad psíquica, la honra y la libertad de trabajo. "No es un hecho aislado" Al dar a conocer su caso públicamente, Díaz Marzi fue enfático en que lo ocurrido con él no es una situación excepcional. En un correo enviado a medios de comunicación señaló que la misma situación la vivió la colega Valeska Moraga Carrera, quien fue removida de su cargo tras denunciar conductas de maltrato y prácticas antisindicales contra la directora regional Pamela Leiva Burgos. Moraga Carrera contaba con fuero sindical al momento de su desvinculación. Díaz Marzi indicó además que los hechos ya fueron comunicados directamente a la seremi de la Mujer de Magallanes recientemente asumida, tanto por él como por otros funcionarios del servicio. En la carta enviada a la ministra Marín -firmada electrónicamente el 20 de abril y con copia al Presidente de la República- Díaz Marzi señala que alrededor del 70% de los funcionarios de la dirección regional de Magallanes han sido víctimas directas e indirectas del liderazgo negativo ejercido por Leiva Burgos, a quien vincula con la exdirectora nacional Carrasco Pizarro y con Felipe Mansilla Montiel, asesor de gabinete de ésta última, ambos removidos de sus cargos. En la misiva solicita a la ministra que revise los antecedentes para resguardar los estándares institucionales del organismo. "La situación descrita no sólo tiene implicancias individuales, sino que plantea una interrogante relevante respecto de la coherencia entre el mandato institucional del servicio y sus prácticas internas, especialmente cuando se trata de la protección de derechos fundamentales en el ámbito laboral", escribió Díaz Marzi en la carta. Daño moral y disculpas Las repercusiones del proceso fueron significativas. Díaz Marzi debió abandonar el departamento que había arrendado en Punta Arenas, perdiendo la garantía pagada. Vendió su vehículo para solventar gastos de vida y tratamiento. No pudo retornar a su trabajo anterior en Coquimbo, al que había renunciado voluntariamente para asumir en el SernamEG. La demanda solicita al tribunal que declare la vulneración de derechos fundamentales y condene al Sernameg al pago de once remuneraciones mensuales -equivalentes a poco más de 38 millones de pesos- más 50 millones de pesos por daño moral. También exige disculpas públicas en medios regionales y nacionales, y la realización de una charla obligatoria para todos los funcionarios del servicio a nivel nacional sobre derechos fundamentales en el trabajo. SernamEG: “No existen denuncias en curso” Desde el SernamEG Magallanes emitieron una declaración pública donde echan por tierra la afirmación de Díaz Marzi respecto de que se trataría de una situación generalizada y aseguran que en base a los registros institucionales “a la fecha no existen denuncias en curso ni resoluciones sancionatorias en contra de la directora regional Pamela Leiva Burgos”. Lo anterior en el marco de procedimientos internos asociados a violencia, acoso laboral o sexual. Respecto de las declaraciones del exfuncionario, precisaron que su vínculo contractual con el Servicio correspondía a un contrato a plazo de tres meses que no fue renovado. Posterior a eso, el abogado realizó una acción judicial de tutela que se encuentra actualmente en tramitación. A su vez, relevan que desde la dirección regional se han implementado iniciativas de cuidado y fortalecimiento de equipos para evitar situaciones que degraden el clima laboral. Finalmente formularon un llamado a “abordar con responsabilidad la difusión de antecedentes relacionados con procesos administrativos o judiciales” a modo de resguardar el debido proceso y evitar “afirmaciones que puedan afectar la confianza pública en una institución”.

Un total de 13 organizaciones sociales y deportivas fueron beneficiadas con subvenciones municipales, alcanzando una inversión de 13 millones de pesos destinados a fortalecer sus actividades y apoyar la participación comunitaria. La iniciativa busca respaldar el trabajo de clubes y agrupaciones que desarrollan distintas acciones en beneficio de vecinos, desde deporte hasta espacios de encuentro para adultos mayores. Entre los beneficiados se encuentra el Club Atletas Máster Magallanes, que utilizará los recursos para financiar su participación en el campeonato “Zonal Centro de Atletismo Máster de Pista y Campo”, a realizarse el 2 y 3 de mayo en Santiago. Ana Luisa Aguilar, integrante del club, explicó que este apoyo es clave para costear pasajes y estadía, permitiéndoles representar a la región y prepararse para un campeonato nacional en noviembre, con proyección al Mundial de 2028 en Perú. Otra de las agrupaciones beneficiadas es el Club de Adulto Mayor Alegre Despertar, que destinará los fondos a la compra de implementos de cocina en acero inoxidable, reemplazando utensilios deteriorados. Su presidente, Juvenal Haro, valoró el aporte indicando que permitirá mejorar las condiciones en que desarrollan sus actividades.

A un día de que La Prensa Austral revelara la evacuación en helicóptero de una persona lesionada en Caleta María -tras quedar la ambulancia imposibilitada de acceder por el mal estado del camino- , el director regional (s) de Vialidad, Sebastián Schadenberg Fuentealba, salió al paso de las críticas con un descargo en el que asume el fin del contrato de conservación, pero rechaza que se haya desatendido la red vial. "En ningún momento se ha dejado de atender la red de caminos", sostiene Schadenberg en un comunicado oficial enviado a este medio. Según explica el director regional (s), el contrato de conservación global del sector sur de la isla Tierra del Fuego finalizó el 30 de marzo de 2026. La razón, detalla, fueron "restricciones presupuestarias correspondientes al año 2025", que impidieron dar continuidad inmediata mediante un nuevo proceso licitatorio. "Las últimas labores contractuales de conservación se ejecutaron a fines del mes de marzo", puntualiza Schadenberg, en lo que constituye un reconocimiento explícito del vacío contractual durante abril. No obstante, agrega que gracias a gestiones recientes de autoridades se logró el financiamiento. Así, el 27 de abril de 2026 -a cuatro días de la evacuación- se publicó la licitación del contrato de Conservación Global Etapa VI, por $4.500 millones y una duración de 24 meses. El proceso de consultas se extenderá durante mayo, con apertura de ofertas en junio y adjudicación estimada para agosto de este año. Hasta entonces, no habrá contrato vigente. 50% más de camino con los mismos recursos Uno de los pasajes más relevantes del comunicado es cuando Schadenberg explica el sobreesfuerzo que enfrenta Vialidad en el periodo de transición: "La administración directa de la dirección regional de Vialidad debió asumir de manera transitoria cerca de un 50% adicional de la red vial que atiende habitualmente en la provincia de Tierra del Fuego, manteniendo los mismos recursos humanos y materiales disponibles a nivel provincial", señala el documento. Frente a este escenario, el director regional (s) afirma que se han "redoblado los esfuerzos", reorganizando turnos, priorizando intervenciones y maximizando la eficiencia en terreno. Schadenberg detalla que durante la semana del 20 de abril -los días previos al accidente del trabajador- equipos de reperfilado realizaron labores en Timaukel, Pampa Guanaco, Rasmussen, Lago Blanco y Bellavista. Además, asegura que para la semana del 27 de abril (la actual) se programaron intervenciones "hasta el sector de Caleta María", el mismo lugar donde la ambulancia tuvo complicaciones el viernes 24. El comunicado no explica por qué esas intervenciones no alcanzaron a evitar el estado crítico del camino que derivó en la evacuación aérea. El director regional (s) también releva el convenio estratégico con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) , vigente hace más de cuatro años, orientado a "la atención en periodos invernales y de situaciones críticas". Justamente el CMT fue el que intervino en la emergencia de Caleta María, junto al helicóptero de Dap.

La expropiación del Club Hípico de Punta Arenas tiene un nuevo capítulo. El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes publicó en el Diario Oficial del 1 de abril un decreto de desistimiento de la expropiación, argumentando falta de presupuesto. Pero los accionistas del Club Hípico no lo aceptaron y recurrieron judicialmente para impugnar ese acto administrativo. El Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas rechazó el recurso de reposición en primera instancia. Ahora la causa escala a la Corte de Apelaciones, donde se decidirá si la expropiación sigue adelante o queda sin efecto. El abogado Felipe Molina Saavedra, que representa a los accionistas a través del estudio Expropiados.cl, explicó los fundamentos de la impugnación en entrevista con La Prensa Austral. A su juicio, el desistimiento tiene falencias de fondo: “El Ministerio de Vivienda señalaba como uno de sus fundamentos que podían desistir debido a que la indemnización no había sido retirada desde el tribunal. Sin embargo, la ley de expropiación establece que desde que la indemnización se deposita por parte del expropiante, ya se transfirió el dominio. Por lo tanto, esto es un error”. En otras palabras, la defensa de los accionistas sostiene que el dominio del predio ya habría pasado al fisco de Chile en el momento en que la indemnización fue depositada ante el tribunal, independientemente de si fue retirada o no. Bajo esa lectura, el desistimiento posterior carecería de sustento jurídico. “Atendidos estos fundamentos erróneos es que estamos desplegando estos recursos para que el desistimiento sea revisado judicialmente y sea dejado sin efecto, y continuar con el proceso de expropiación”, señaló Molina. Hasta la Suprema si es necesario La posición de los accionistas es clara: quieren que la expropiación siga adelante, que el predio quede en manos del fisco y que se determine una indemnización justa. Eso implica estar dispuestos a agotar todas las instancias judiciales. Si la Corte de Apelaciones no acoge su recurso, recurrirán a la Corte Suprema. El trasfondo de esa postura tiene lógica económica. En marzo, los accionistas presentaron una reclamación exigiendo que la compensación definitiva ascienda a al menos 48.939 millones de pesos, más del doble de los 21.000 millones de pesos fijados por la comisión tasadora del Serviu. La diferencia en disputa supera los 27.900 millones. Los accionistas sostienen que el valor del suelo fue subvalorado: la comisión lo tasó en 94.190 pesos por metro cuadrado, mientras ellos exigen al menos 203.000 pesos por metro cuadrado. Perjuicios En paralelo, y con independencia del resultado en la Corte de Apelaciones, Molina prepara una demanda por los perjuicios causados por la expropiación desistida. La ley de expropiaciones contempla expresamente ese derecho: cuando el Estado se desiste de una expropiación, el expropiado puede reclamar los daños que ese proceso le generó, incluyendo los gastos en que incurrió para enfrentarlo. El abogado informó que la cifra estimada bordearía los 2.179 millones de pesos, monto que la sociedad ya solicitó retener al tribunal que lleva la causa. “La ley de expropiación establece que frente al desistimiento, el expropiado tendrá derecho a reclamar los perjuicios que esa expropiación desistida le provocó. Esa es la acción que vamos a interponer dentro de los próximos días”, confirmó Molina. El desistimiento El decreto de desistimiento del Serviu llegó en un momento políticamente sensible. El 23 de marzo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, envió un oficio al director del Serviu de Magallanes instruyendo el desistimiento de la expropiación, vinculándolo al Plan de Ajuste Fiscal que dispuso una reducción del 3% del gasto en todos los ministerios. La indemnización provisional -21.000 millones de pesos financiados a partes iguales por el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional- estaba depositada en el tribunal pero no había sido retirada por los accionistas, precisamente porque impugnan su monto. El Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas ya rechazó el recurso de reposición interpuesto por los accionistas, concediendo la apelación subsidiaria ante la Corte de esta ciudad. Esa resolución no está firme. Mientras la Corte no se pronuncie, el proceso no está terminado.

Una vivienda de grandes dimensiones resultó completamente destruida por la acción del fuego en Puerto Natales. El siniestro se produjo este lunes  en horas de la tarde, en el sector conocido como Ruta 9 Norte y Camino 2, cercano a las instalaciones de la empresa Concremag. Bomberos desplegó una gran labor, pero el viento conspiró en acelerar la propagación de las llamas que, en minutos, envolvieron rápidamente el inmueble de un piso. No existía claridad sobre las causas, que están siendo investigadas por el departamento técnico de Bomberos. Al momento de iniciado el fuego, la propiedad no contaba con moradores.

Con una ceremonia cargada de música, creatividad y participación, la Escuela España de Punta Arenas dio inicio este lunes 27 a la celebración de sus 114 años de historia al servicio de la educación en el sector sur de la ciudad. La jornada inaugural reunió a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados y autoridades en torno a un acto conmemorativo que tuvo como protagonistas el “Día del Sombrero Loco” y la presentación de la banda instrumental de la Tercera Zona Naval. La actividad comenzó con la ceremonia oficial en dependencias del establecimiento, donde la banda de la Armada acompañó la interpretación del Himno Nacional y posteriormente sorprendió a la comunidad escolar con un repertorio musical que permitió a los estudiantes disfrutar, bailar y compartir en un ambiente de sana convivencia. El tradicional “Cumpleaños Feliz” también fue parte del festejo, marcando el inicio de una semana cargada de actividades temáticas. Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue el “Día del Sombrero Loco”, iniciativa en la que niños y niñas llegaron con coloridas creaciones elaboradas durante el fin de semana junto a sus familias. Los originales diseños fueron exhibidos en el gimnasio del establecimiento, transformándose en una muestra de creatividad y participación familiar. La directora de la Escuela España, Patricia Barrios Saint-Germain, valoró el inicio de la celebración: “Para mí, como directora, que asumo este hermoso desafío este año, es un honor incorporarme a la historia de esta escuela, una institución con una trayectoria sólida, construida con esfuerzo, compromiso y vocación por tantas personas que han dejado huella en sus aulas”. Asimismo, destacó el trabajo desplegado por las generaciones que han sido parte de la historia del colegio. “Celebrar este aniversario es reconocer el legado de quienes nos antecedieron y valorar el trabajo permanente de nuestros docentes, quienes con vocación, profesionalismo, dedicación y afecto cumplen una misión fundamental: formar personas íntegras, acompañar los procesos de aprendizaje y abrir caminos para el futuro de nuestros estudiantes”, señaló. La directora también agradeció a las familias por la confianza depositada en el proyecto educativo del establecimiento y destacó los resultados académicos obtenidos en el Simce. El establecimiento emplazado en el pasaje Robles esquina Avenida España, tiene una matrícula de 400 estudiantes, desde prekínder hasta octavo básico.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que dejarán la Opep a partir del 1 de mayo, poniendo fin a cerca de seis décadas dentro del bloque petrolero, en un contexto marcado por la crisis energética global derivada del conflicto con Irán. La decisión, dada a conocer este martes, también implica la salida del país de la alianza ampliada Opep+, en momentos en que el mercado del petróleo enfrenta una fuerte inestabilidad debido a las tensiones en el golfo Pérsico y las dificultades para exportar crudo. Según consignó Emol, la medida se produce en medio del impacto que ha generado la guerra en la región, particularmente por las alteraciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz, fundamental para el transporte mundial de petróleo. La salida de Emiratos es considerada un golpe relevante para el cartel petrolero, liderado por Arabia Saudita, ya que uno de sus principales productores opta por desligarse de las cuotas de producción en un escenario de alta volatilidad energética. Con este paso, el país busca mayor autonomía para definir su política energética y responder con mayor flexibilidad a la demanda global, en un momento en que la crisis geopolítica está redefiniendo el equilibrio del mercado del petróleo. La decisión abre interrogantes sobre el futuro de la Opep y su capacidad para coordinar la producción mundial en un contexto internacional cada vez más tensionado. Fotografía: pantallazo de una fotografía de la agencia Efe.

Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este lunes en el estado de Tamaulipas (noroeste) a Alexander ‘N’, conocido como Metro 9, identificado como el líder de una facción del Cartel del Golfo, designado como grupo terrorista por Estados Unidos, en un operativo que fue respondido por el crimen organizado con bloqueos viales e incendios. A través de sus redes sociales, la Vocería de Seguridad estatal informó de que agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron a este individuo, calificado de “objetivo prioritario”, en un domicilio en el municipio de Reynosa, fronterizo con EE.UU. El detenido, por quien EE.UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, sería el líder del grupo  criminal Los Metros, uno de los brazos armados del Cartel del Golfo, según detallaron medios locales. Durante el operativo de arresto, los agentes incautaron un arma larga, diversos cartuchos de munición, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono y documentación. Entre otras cosas, ‘Metro 9’ es acusado de ser el responsable de la colocación de diversas mantas con amenazas dirigidas al sistema de emergencias estatal. Las autoridades de Tamaulipas confirmaron que, en respuesta a este arresto, se registraron ocho bloqueos con vehículos en distintos puntos del estado, así como actos de vandalismo contra sitios de videovigilancia mediante detonaciones de armas de fuego. Medios locales reportaron la de vehículos incendiados en carreteras del estado, conocidos como ‘narcobloqueos’. De mucha mayor envergadura, estos bloqueos se produjeron a finales de febrero, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, en un operativo federal al oeste de México. El Cartel del Golfo, activo desde la década de 1980, fue designado por la Casa Blanca como grupo terrorista el año pasado y sus facciones tienen una fuerte presencia en el norte y este de México. biobiochile.cl

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionó los estudios complementarios que condicionan la construcción del puente Cochrane de Valdivia, ironizando con que requerirían de la presencia del personaje de películas de aventuras, el arqueólogo Indiana Jones. El secretario de Estado llegó a la zona por actividades propias de su cartera. Pero fue informado sobre el estado de ejecución para el puente por sobre el río Valdivia, entre calle Cochrane y Los Pelúes. Además, el ministro Poduje habló de “burrocracia” que impide la inversión, al enterarse de que para construir un puente se están pidiendo estudios arqueológicos, patrimoniales y de fauna marina. Al ser consultado si esta administración estima culminar el proyecto de conectividad al año 2029 o se verá retrasado, aseguró que lo están evaluando y pidió que con ello se sinceren los plazos. El personero de gobierno manifestó que el puente Cochrane cuenta hoy en día con exigencias irracionales que no tienen que ver con ingeniería. “Yo creo que con lo que me están diciendo acá los del Serviu, que tenemos que hacer un estudio de fauna marina, un estudio patrimonial, arqueología y todas las cosas, bueno, no sé po, tendré que traerme a Indiana Jones para ver que… para que pueda complementarme el estudio del puente, si esa es la verdad”, ironizó el ministro. Agrego que “ahora los tacos en el puente Isla Teja, para Torobayo, ¿quién los va cubrir? El puente Cochrane tiene hoy día exigencias completamente irracionales que no tienen que ver con la ingeniería, que tienen que ver con estudios anexos: biólogos, antropólogos, expertos en fauna, en flora”. “Mire, si yo le contara, realmente es increíble la cantidad de burocracia que tenemos que tener”, cerró. biobiochile.cl

La Confederación de Transporte Terrestre del Gran Valparaíso anunció una paralización indefinida desde la tarde de este lunes como medida de protesta ante el alza de combustibles y una presunta millonaria deuda que tendría con ellos el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Según detallo el presidente del gremio, Oscar Cantero, el paro afectará a las líneas que reemplazaron a la empresa Fenur y que prestan servicio desde Peñablanca hacia Viña del Mar y Concón. Cantero expresó que “los conductores del transporte público de la provincia de Marga Marga han decidido paralizar por el efecto de que no pueden seguir trabajando en las condiciones que se han estado dando desde el alza de combustibles”, consignó SoyChile. “Los conductores ya no alcanzan a sacar su porcentaje, no tienen plata para echarle petróleo a los buses durante el día y esto ya provocó un caos”, mencionó y añadió que la drástica medida también se produce por una deuda del Ministerio de Transporte con el gremio que superaría los $20 mil millones. En esa línea, mencionó que entre lo adeudado se encuentran pagos por subsidios no cumplidos por concepto de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), congelamiento tarifario y el alza en el petróleo. Asimismo, subrayó que “los conductores ya no pueden seguir trabajando en estas condiciones, con deudas millonarias, sin compensación por el alza del petróleo y la presión que tienen ellos por salir a trabajar es muy grande y por eso han tomado esta decisión”. Emol

El sujeto fue formalizado y en la audiencia se conoció que desde el año pasado, enviaba fotos y videos a la menor de edad. Un grave caso de vulneración de derechos sacude a la comunidad educativa de San Antonio. Un profesor (24) de un liceo de la zona fue detenido, tras descubrirse una serie de mensajes de contenido sexual explícito (videos y fotos) enviados a una de sus alumnas, en los cuales, presuntamente, ofrecía beneficios académicos y mejores notas a cambio de favores de índole sexual. De acuerdo a lo informado por el diario El Líder de San Antonio, la alumna lo acusó de enviarle decenas de videos y fotos “altamente obscenos”. Todo esto fue rescatado desde el móvil de la menor de edad. En la audiencia de formalización del docente, el fiscal Fred Silva Valenzuela indicó que el sujeto “desde el año 2025 a la fecha, en la comuna de San Antonio, aprovechándose de su calidad de profesor, procedió en forma constante y reiterada a enviar, a través de redes sociales, a la menor de edad y alumna (...) diversos videos y otras imágenes tanto de él, es decir del propio imputado, teniendo relaciones sexuales con otra mujer”. El persecutor indicó además que el profesor “le enviaba las imágenes con la finalidad de procurarse su excitación (...), aprovechándose de su situación de ser profesor jefe y tutor de la menor”. Publimetro

Así lo señaló el director nacional del organismo público tras cita con gremios de manipuladoras de alimentos. Tras el oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a distintas secretarías de Estado donde se enlistan una serie de programas sociales que deben continuar o ser suprimidos en el próximo proyecto de Presupuesto 2027, Junaeb se reunió este lunes con federaciones de manipuladoras de alimentos, instancia donde ratificó la continuidad del Programa de Alimentación para millones de escolares en el país. Fue el pasado viernes que salió a la luz una circular emitida por el ministro Jorge Quiroz a los ministerios, incluyendo Educación. Este ítems, sugirió reajustar 15 iniciativas, entre las que figura el Programa de Alimentación Escolar (Pae), el cual contempla la entrega de desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas a estudiantes de familias de baja situación socioeconómica. Esto generó preocupación entre las manipuladoras de alimentos, cuyo gremio se dio cita con el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña. El jefe del servicio sostuvo que “este programa no arriesga su continuidad”, y destacó que “beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando casi cuatro millones de raciones en todo el país”, por lo que agradeció especialmente a los gremios de manipuladoras. “Aclararles que los alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación seguirán recibiendo su alimentación de forma normal sin interrupciones,”, sostuvo Peña. En la cita, también se conversaron temas “sobre las oportunidades de mejora en la alimentación escolar, con el objetivo de seguir trabajando juntos, día a día, por un servicio más eficiente, de mayor calidad y que responda mejor a las necesidades de nuestras escuelas”. Emol

Ocho peruanos han muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania tras ser reclutados con falsas promesas de empleo, y al menos 11 compatriotas más partieron hacia ese país el sábado pasado, según denunció Percy Salinas, abogado de las familias afectadas, en una entrevista con RPP. Las víctimas fueron captadas por una red de tráfico de personas integrada por ciudadanos colombianos, mexicanos y tres peruanos que operan como reclutadores locales. La red apunta específicamente a licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a quienes ofrece contratos de seguridad, cocina o instrucción con sueldos de hasta USD 4.000 mensuales y un bono inicial de USD 20.000. Una vez en Rusia, los engañados son enviados a las líneas de batalla tras apenas tres semanas de adoctrinamiento en campos de preparación militar. Salinas describió con detalle el mecanismo de captación. Los reclutadores contactan a sus objetivos a través de Instagram y otras plataformas digitales, y los citan en lugares públicos —centros comerciales, restaurantes, parques— donde les hacen firmar documentos redactados íntegramente en ruso. “Nadie sabe hablar ruso aquí en el Perú”, señaló el abogado. A los tres días de la firma, los reclutados reciben su pasaje y son llevados al aeropuerto. Cambio de reglas Al llegar a Rusia, la situación cambia de forma abrupta. “Les quitan el pasaporte, el celular y el DNI, y les dicen: ‘Ahora ustedes me deben veinte mil dólares, porque eso me costó traerlos’”, relató Salinas. Mediante traductores, las familias lograron determinar que uno de los documentos firmados en destino implica la adquisición de la nacionalidad rusa, lo que somete a los peruanos a la legislación y las obligaciones militares de ese país, aunque ninguno haya renunciado formalmente a su ciudadanía peruana. El abogado precisó que la empresa responsable ha cambiado de nombre en al menos seis ocasiones desde que comenzaron las denuncias, lo que dificulta su identificación y persecución legal. Las familias afectadas presentaron una denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú, y entregaron videos, capturas de chats y otros materiales que identifican a los tres reclutadores peruanos. Amenazas a las familias La respuesta de la red no tardó en llegar. “Una vez que hicimos la denuncia, empezaron a llegar amenazas a los familiares”, advirtió Salinas. Madres de los peruanos atrapados en el conflicto recibieron mensajes intimidatorios en sus teléfonos al día siguiente de interponer las denuncias. “¿Cómo es que cuando tú haces la denuncia, al día siguiente aparecen las amenazas en los celulares de las madres de familia?”, cuestionó Salinas, quien no descartó que exista una filtración de información dentro del sistema. Ocho muertos confirmados Hasta la semana pasada, Salinas confirmó ocho peruanos fallecidos, cuyos cuerpos se encuentran en morgues de la zona de conflicto. El abogado aclaró que el proceso de verificación es lento porque en algunos casos los reportes de muerte son contradichos días después por comunicaciones directas de los familiares. Infobae

Según informó el diario argentino El Sureño, el Puerto de Ushuaia inició un proceso de reducción de costos para sus usuarios y avanzará en un plan de obras orientado a mejorar su capacidad operativa y logística. De acuerdo con la publicación, la medida fue oficializada mediante la Resolución 22/2026, que establece una rebaja tarifaria de entre un 10% y un 15% para quienes utilizan la terminal marítima del extremo sur argentino. La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la intervención del puerto, que busca no solo disminuir los costos de operación, sino también simplificar los procesos administrativos y dotar de mayor transparencia a la gestión.   Licitación para renovar defensas del muelle Junto con la rebaja tarifaria, el medio argentino detalló que se lanzará una licitación pública para la renovación de las defensas del muelle, una obra considerada clave para la seguridad y eficiencia del puerto. El proyecto contempla el retiro de equipamiento obsoleto y la instalación de 75 nuevas defensas, con el objetivo de adaptar la infraestructura al tamaño de los buques proyectados para los próximos años y reducir costos de mantenimiento en el largo plazo. El financiamiento provendría de recursos generados por la propia operación portuaria, en el marco de una política de reinversión de ingresos.   Plan de recuperación de infraestructura La información publicada también da cuenta de una segunda etapa de intervenciones destinadas a recuperar sectores deteriorados del muelle, específicamente en los sitios 1, 3 y 5. Estas obras incluirán mantenimiento estructural, renovación de pilotes, ampliación de la playa de contenedores y modernización de redes de servicios como electricidad y agua. En ese contexto, el plan se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la infraestructura portuaria, con apoyo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, orientado a potenciar el desarrollo logístico y productivo de la región.   Ajustes en la operación Otro de los aspectos destacados por el diario argentino es la reducción en la dotación operativa del puerto, que actualmente funciona con cerca de 30 trabajadores, lo que representa entre el 10% y el 15% del personal que tenía anteriormente. Según la administración, esta readecuación permitiría destinar mayores recursos tanto a la ejecución de obras como a la disminución de tarifas para los usuarios.