Auna semana de que la PDI de Punta Arenas detuviera a una mujer colombiana retirando una encomienda con más de 3 kilos de cocaína, este martes se conoció el caso de un magallánico sorprendido cometiendo el mismo delito, pero con una cantidad muy superior, de 8 kilos y medio de clorhidrato de cocaína, avaluada en el mercado ilícito en 180 millones de pesos.

La pesquisa responde al trabajo que vienen desplegando ambas policías, coordinados por el Ministerio Público, en cuanto a frenar o reducir el tráfico de drogas proveniente de la Región Metropolitana.

Un equipo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, junto a un ejemplar canino, se constituyó el jueves 11 de junio en una de las empresas del rubro encomiendas, en calle Ovejero.

Una vez más el can detectó droga en una de las tantas cajas apiladas en la bodega, listas para ser entregadas a sus destinatarios.

La intensidad de los ladridos obligó a los oficiales policiales a ponerse en contacto con la Fiscalía, instancia que solicitó al Juzgado de Garantía la autorización para abrir la encomienda.

Una vez con la autorización judicial en las manos procedieron a la apertura. La revisión confirmó la agudeza del animal. Se encontraron con ocho potes plásticos, cargados con cocaína, además de un  nuevo envase, pero con un kilo de cafeína.

La estrategia aplicada para estos casos es propiciar una entrega controlada. Esto quiere decir que deben armarse de paciencia y esperar que el destinatario llegue a retirar el envío.

Es lo que sucedió este lunes, cerca de las 13 horas, cuando apareció en escena un sujeto que llegó a buscar una caja a su nombre, Gonzalo Alejandro Mancilla Garnica, de 39 años, domiciliado en la población Gobernador Viel.

El paquete se lo entregó un policía infiltrado y a la salida era esperado por otros detectives. Fue detenido inmediatamente.

Antes de acogerse a su derecho de guardar silencio, alcanzó a declarar a los policías que le pagarían por retirar la encomienda y que la misma tenía que entregarla a unos ciudadanos colombianos. Y que anteriormente había procedido de la misma manera, con otra carga de 4 kilos de droga, que puso en manos de extranjeros.

La Fiscalía formalizó al imputado por el delito de tráfico de drogas y pidió la prisión preventiva, medida cautelar que la jueza Mónica Mancilla otorgó por los tres meses de plazo que se fijaron para el cierre de la investigación.

La semana pasada fue el turno de la colombiana Lauren Melissa Borja Asprilla, detenida en similares circunstancias, cuando retiraba una encomienda con más de tres kilos de clorhidrato de cocaína que un compatriota le pidió que retirara, con entrega a uno de los suyos.

Ahí fue el fiscal Fernando Dobson Soto quien formalizó por tráfico de drogas y pidió la prisión preventiva.

“Afecta a la población”

“Sabemos que los delitos relacionados con la Ley 20.000 son los que más afectan a la población, ya que muchas veces están relacionados con el crimen organizado y hechos de violencia”, dijo el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez.

Por ello han efectuado diversas investigaciones orientadas a establecer el ingreso de droga a la región.

“Este es el segundo golpe al narcotráfico que efectuamos en la última semana, ya que hemos incautado más de 12 kilos de clorhidrato de cocaína en los últimos dos procedimientos”.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que “una vez más nuestras policías asestan un importante golpe al narcotráfico con una incautación de alta relevancia gracias a una investigación rigurosa y un trabajo altamente especializado”.