La inversión que Argentina ha decidido impulsar en Ushuaia debiera ser observada con atención desde Magallanes. No porque corresponda dramatizar cada iniciativa del país vecino ni convertir la cooperación entre ambos territorios australes en una competencia permanente, sino porque las declaraciones conocidas durante los últimos días dejan en evidencia una realidad que no conviene ignorar.

La futura Base Naval Integrada de Ushuaia es presentada por las autoridades argentinas como un proyecto estratégico para fortalecer su presencia en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártica. La iniciativa contempla infraestructura portuaria, logística y operativa y tiene como eje una primera etapa que considera la construcción de un muelle de 585 metros, además de otras obras vinculadas a los servicios marítimos, la logística antártica y la urbanización del recinto. El gobierno argentino ha anunciado, asimismo, nuevos recursos y licitaciones para acelerar una obra que hasta ahora registraba un avance limitado.

Pero quizás lo más interesante no está únicamente en la magnitud de la inversión ni en las características de la infraestructura proyectada. Está en la claridad con que las autoridades y representantes de la Armada argentina han explicado uno de sus objetivos: ofrecer servicios a países que hoy utilizan Punta Arenas como plataforma para sus operaciones y campañas antárticas.

Las declaraciones no dejan mucho espacio para interpretaciones. Según lo recogido por diferentes medios, desde Argentina se reconoce que entre 25 y 30 países despliegan sus campañas antárticas desde Punta Arenas y que ello responde, precisamente, a la infraestructura que la capital regional ha logrado desarrollar. “Punta Arenas se lleva todo, porque es por la infraestructura que tiene”, admitió uno de los oficiales presentes en la exposición técnica del proyecto. El propósito argentino es, entonces, construir capacidades para competir por una parte de esa actividad, ofreciendo combustible, abastecimiento, alimentación y otros servicios vinculados a la operación antártica.

La franqueza de ese diagnóstico debería resultar más útil que incómoda para Magallanes. Durante demasiado tiempo hemos dado por sentada una condición geográfica que, si bien constituye una ventaja, no garantiza por sí sola el liderazgo. La ubicación importa, pero también importan las decisiones, las inversiones y, sobre todo, la capacidad de convertir una posición estratégica en infraestructura, servicios y oportunidades concretas.

Argentina parece haber entendido que la proyección hacia la Antártica y el Atlántico Sur no puede descansar solamente en los discursos sobre soberanía. La visita a Ushuaia del ministro de Defensa, Carlos Presti, y del canciller Pablo Quirno, así como el acuerdo político alcanzado con el gobernador Gustavo Melella para avanzar en el proyecto, dan cuenta de una decisión que trasciende, al menos en esta materia, las diferencias ideológicas. El propio gobernador fueguino recordó que la Base Naval Integrada, el Polo Logístico Antártico y la recuperación de otras capacidades son proyectos que se vienen discutiendo desde hace décadas y sostuvo que Argentina no puede “quedarse atrás” frente al avance de otros actores en el extremo sur.

Esa última expresión bien podría ser recogida también en este lado de la frontera. Magallanes posee ventajas indiscutibles. Pero ninguna posición es inamovible.

Mientras Ushuaia busca levantar una nueva infraestructura para captar servicios que hoy se prestan desde Punta Arenas, en Magallanes todavía persisten preguntas sobre la velocidad y coherencia con que Chile está desarrollando sus propias capacidades portuarias y logísticas. También subsiste la necesidad de mirar la infraestructura austral no como una suma de proyectos aislados, sino como parte de una estrategia mayor: puertos, conectividad marítima, aeropuerto, servicios, ciencia, turismo, defensa y actividad antártica forman parte de un mismo desafío.