El reciente recorte presupuestario que afecta a las regiones de Chile no sólo es un golpe a las finanzas locales, sino también a la legítima esperanza de miles de familias que, a lo largo del país, anhelan una vivienda propia, obtener una atención médica, ver pavimentada su calle y/o iluminada su plaza y contar con un mejor servicio en los consultorios, entre otras necesidades.

En el caso de la Región de Magallanes, el impacto ha sido significativo, no sólo porque esta disminución se ha traducido en 7.350 millones de pesos menos, sino que las demoras en la visación de proyectos y esta misma merma amenazan con paralizar iniciativas esenciales para la comunidad, reflejando una falta de coordinación y compromiso que pone en jaque la descentralización prometida.

Desde agosto de este año, el panorama financiero regional ha comenzado a deteriorarse. El retraso en la entrega de recursos, la suspensión de visaciones de resoluciones para identificar proyectos y la consecuente ralentización de la ejecución presupuestaria, han resultado en la pérdida de, al menos, cuatro meses de trabajo. Este retraso no es solo administrativo; es una interrupción directa en obras que podrían mejorar la infraestructura, la educación y los servicios básicos de la región.

El caso de Magallanes no es aislado. Gobernadores de otras regiones han manifestado su preocupación ante una situación similar. En el Biobío, por ejemplo, se han denunciado problemas similares que afectan al avance de obras públicas vitales. En Los Ríos, la incertidumbre sobre los fondos ha generado dudas sobre la concreción de programas sociales planificados y también actividades veraniegas. Estas voces subrayan un problema estructural: la centralización extrema de las decisiones y recursos, que perpetúa las desigualdades entre la capital y las regiones.

Las explicaciones del gobierno central no son tan coherentes como se hubiera querido y se ha hablado de errores de cálculo. También se aduce que los recortes son una medida necesaria para enfrentar un panorama económico desafiante. Sin embargo, estas decisiones parecen haber ignorado el impacto diferencial en las regiones más alejadas y vulnerables, donde cada peso perdido tiene un efecto multiplicador negativo. En el caso de Magallanes, los retrasos en la asignación de recursos no sólo afectan a los proyectos actuales, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y su capacidad para cumplir sus promesas.

Es imperativo que el gobierno actúe con rapidez para resolver esta crisis. Las regiones no pueden seguir soportando los efectos de decisiones tomadas desde el nivel central sin considerar las realidades locales. Se requiere un compromiso renovado con la descentralización para que ésta deje de ser un mero lema y se transforme en una práctica real. Esto incluye asegurar la entrega oportuna de recursos, una mayor autonomía para las decisiones financieras y la implementación de mecanismos que garanticen que los recortes, si son necesarios, no sacrifiquen el desarrollo regional.

La descentralización ha sido una promesa histórica en Chile, pero hechos como este muestran lo lejos que estamos de alcanzarla. El caso de Magallanes y de otras regiones debe ser un llamado de atención para repensar cómo se distribuyen los recursos y quién tiene la última palabra en su uso. Si no se toman medidas inmediatas, las regiones continuarán siendo relegadas a un segundo plano y, con ello, el progreso y el bienestar de todo el país estarán en peligro.