El actual Plan de Desarrollo Comunal de Punta Arenas tiene más de 12 años. Tomarse una foto hoy, y compararla con una imagen de hace 12 años, reflejará cambios. Lo mismo sucede con el Plan de Desarrollo Comunal, un instrumento que necesariamente debe actualizarse a las necesidades del momento y de lo que viene. Es la tarea que se adjudicó Mapocho Consultores, una empresa que trabaja en este quehacer desde el año 2002. Regionalmente tiene la experiencia de haber desarrollado el Pladeco de Porvenir, El domingo, al mediodía, el alcalde Claudio Radonich hizo las presentaciones y habló del Pladeco de Punta Arenas, que tiene más de 12 años y está obsoleto. En el mirador de Río de la Mano, en Zenteno con Juan Enrique Rosales, se realizó la actividad. “Este es el instrumento más importante para planificar la ciudad y debe ser el gran marco referencial para las futuras inversiones. Es por eso que después de tres intentos muy complejos pudimos licitar y adjudicar este Pladeco, con una inversión de casi 50 millones de pesos. Esto va a implicar que muchos vecinos puedan opinar de lo que pensamos o queremos para nuestra ciudad, en un horizonte de 50 años, no en los cinco que dura actualmente”, dijo Radonich. Como la invitación es a construir entre todos la ciudad, en los próximos meses la comunidad podrá participar en diferentes talleres, “para que entre todos pensemos en el Punta Arenas que va a servir de base para futuras inversiones, independiente quién esté a la cabeza del municipio”. Talleres Los talleres serán por “zoom”, los días 8, 9, 10 y 11 de febrero, a partir de las 18 horas. “Estamos muy motivados de acompañar al municipio y a la comunidad en la construcción de este sueño de comuna que Punta Arenas quiere construir”, dijo Eduardo Serrano, jefe de proyectos de Mapocho Consultores. El trabajo tendrá una duración de 6 meses, en tres etapas: diagnóstico, definición de estrategia, y las acciones, como cartera de proyectos e inversiones que se debiesen hacer para el desarrollo de la comuna en los próximos años, explicó.

Esta semana se desarrolla la revisión de los antecedentes y la conformación de los nuevos grupos. Un total de 1.300 personas fueron, en definitiva, las que se inscribieron para conformar nuevas agrupaciones de viviendas dentro del trabajo que desarrolla la entidad patrocinante municipal. Durante cinco días fue posible efectuar el trámite de manera presencial en dependencia del Insuco, en calle Magallanes, donde a diario se observó gran afluencia de personas que como único requisito debían certificar su postulación a subsidio y posterior rechazo. Para el alcalde Claudio Radonich la demanda superó las expectativas, aún sabiendo la necesidad de vivienda que existe en Punta Arenas y por lo cual el municipio decidió hace un tiempo responder con la conformación de este ente patrocinante. El trabajo le ha permitido gestionar un número importante de viviendas y subsidios, en un trabajo coordinado con el Serviu, el ministerio y el gobierno regional. Tras la inscripción de estas 1.300 personas, esta semana se está procediendo a evaluar los casos en base a la revisión de los antecedentes para, posteriormente, conformar los nuevos grupos de viviendas. Los proyectos Dentro del trabajo que ha venido desarrollando la entidad patrocinante del municipio, hace algunos meses se concretó la entrega de viviendas en el Loteo Las Flores (sector Río Seco), favoreciendo a 125 familias de las agrupaciones “Nuestros Sueños una Realidad” y “Las Flores”. En ejecución y tramitación están las obras del proyecto Loteo Hornillas, que dará solución a 84 familias de la organización “Quiero mi Techo”. Posteriormente se consideran los proyectos -también en desarrollo- de Loteo General del Canto, contemplando a 40 familias de la agrupación Tricultura; Loteo Río de los Ciervos, para 125 familias de Alto Alerce 1; Loteo Enrique Abello para 160 familias de “Haciendo Realidad un Sueño”; Loteo Enrique Abello para 76 familias de “Allegados Indígenas”. Con subsidios aprobados esperan los proyectos Brisas del Estrecho 1, para 150 familias de “Terra Austral”; Brisas del Estrecho 2, de “Alto Alerce 2”, para 147 familias; Enrique Abello 5, para 79 familias de “Sueños de la Casa Propia”; Estepa Austral 2, con beneficio para 110 familias de la organización “El Pacífico”. En tanto, hay 10 agrupaciones que esperan por 765 subsidios y recursos del FNDR, y otras seis organizaciones que están en proceso de inscripción, las que corresponde a Asistentes de Educación, agrupación “El Tata”, “Patagón”, “Lola Kiepka”, “Ante Kuyen” y funcionarios municipales. Finalmente, se suman las 1.300 personas inscritas durante la semana pasada.

Fundación CorpArtes estrena este jueves tres cortometrajes co-creados por la compañía inglesa “1927” e internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, ubicado en la Región Metropolitana. Las historias fueron creadas en un taller dictado por la reconocida compañía inglesa a ocho internos pertenecientes al colectivo teatral “Fénix e Ilusiones”, gracias a un convenio entre Fundación CorpArtes y Gendarmería de Chile. El primero de los cortometrajes –“Simón dice”- se estrenará en Instagram y Facebook de Fundación CorpArtes el 28 de enero, a las 18 horas, y los otros dos -Mundos opuestos y Ladrones cancelados- en las mismas redes sociales durante marzo de 2021. Esas mismas historias son las que Fundación CorpArtes estrenará próximamente en sus redes sociales convertidas en tres cortometrajes animados, realizados durante la pandemia por la compañía 1927. Reconocida internacionalmente por sus espectáculos que combinan animación digital, cine y actuación en vivo, la compañía inglesa 1927 cuenta con una destacada trayectoria que ha sido merecedora del Critic’s Circle Award (2015) y dos Opera World Awards (2013). Realizó además aclamadas obras como “Golem” (2014) y “Roots” (2019). A partir de su experiencia, se inició el proyecto de convertir en cortometrajes las tres historias creadas por los internos del CDP Colina 1. Para esto, la compañía hizo un llamado abierto para que personas de todas las edades y de todo el mundo los ilustraran, e hicieron tutorías a estudiantes de ilustración de la Universidad de Middlesex, en Inglaterra, quienes también participaron en el proceso.

Ocho kilómetros de nuevas veredas se construyen en el barrio San Miguel, trabajos que son parte de un proyecto integral que apunta a la recuperación de una zona tradicional de Punta Arenas. El alcalde, Claudio Radonich, indicó que los trabajos son parte del plan que considera 120 km de nuevas aceras en distintos puntos de la ciudad y que, en el caso puntual del emblemático sector, se integra a las obras en el área sur que consideran la recuperación de espacios, la reconstrucción de plazoletas y el mejoramiento del barrio 18 de Septiembre. “Entre todos hemos levantado estos proyectos para que los vecinos tengan mejor calidad de vida, no sólo en este lugar, sino que en muchos otros, como parte de una política municipal de equidad territorial”, destacó la autoridad municipal, agregando que “durante estos 4 años hemos puesto un acento importante en los barrios, como por ejemplo aquí en San Miguel y Barrio Sur, donde son 18 kilómetros de veredas nuevas, lo cual ha sido muy valorado por los vecinos del sector”. Por su parte la presidenta de la junta de vecinos del barrio San Miguel, Norma Mella Cárdenas, se mostró agradecida de la gestión del municipio “porque han pasado 4 alcaldes y nunca nos habían escuchado y considerado. Nosotros desde el año 1999 que estábamos pidiendo arreglos de veredas en el barrio San Miguel, así que estamos muy felices, porque además somos un barrio con muchos vecinos adultos mayores”.

El Centro Educativo Cultural de la Infancia (Ceci), que funciona en la sede vecinal Nº36 de población El Pingüino, hizo un llamado a los papás y mamás interesados en inscribir a sus niños y niñas para ser parte de una innovadora y lúdica propuesta pedagógica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. El jardín está ubicado en calle Augusto Lutz, esquina Pedro Bórquez. Según informaron, aún existen cupos disponibles para este año 2021. Para ello se están recibiendo inscripciones de niños y niñas para completar la matrícula. Es un programa con sello artístico cultural que desarrolla un trabajo directo con los menores y que está a cargo de una educadora de párvulos, una técnica en atención del párvulo, una agente comunitaria y una monitora de danza. Sus proyectos educativos son planificados en base a los intereses de niños, niñas y familias que forman parte del programa educativo, además de desarrollar experiencias vinculadas a la danza, movimiento corporal y reconocimiento de su cuerpo y capacidades. Su horario de atención a niños y niñas es de lunes a viernes, desde las 8,30 a 16,30 horas y está dirigido a niños y niñas de 2 a 5 años de edad, quienes conforman un nivel heterogéneo. A los menores que participen del programa se les entrega desayuno y almuerzo. Para más información, los papás o apoderados que deseen que los niños o niñas sean parte del programa, pueden llamar o enviar un mensaje para ser contactados al +56 940205294.

El Tribunal de Garantía de Punta Arenas otorgó 50 días más de plazo a la Fiscalía para que cierre la investigación en contra de los dos ciudadanos indonesios, denunciados de violar a una técnico en enfermería en una residencia sanitaria, en agosto del año pasado. La solicitud vino de la fiscal Wendoline Acuña, basada en una serie de diligencias que no se han concretado, como un informe bioquímico de ambos imputados solicitado a la PDI. A raíz de lo mismo el fiscal regional, Eugenio Campos, envió un oficio al prefecto regional, el 26 de octubre del año pasado, para apurar la diligencia pero hasta ahora no lo han recibido. Los imputados no han prestado declaración, “y la defensa se ha limitado a indicar que la versión de la víctima no es verídica”. Igualmente solicitó una pericia a los teléfonos celulares de los imputados, peritaje que está asociado a los registros fotográficos que podrían existir, de los indonesios con la víctima. Esta petición tiene fecha 1 de octubre de 2020. Como esto la PDI no lo hace en Punta Arenas, lo derivó al Laboratorio de Criminalística central, el 14 de septiembre del año pasado, “y hasta el momento no tenemos los resultados y por eso solicitamos el aumento de plazo de 50 días”, argumentó la fiscal. Querella La abogada del Centro de Apoyo a Víctimas, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Natacha Oyarzún Oyarzún, en representación de la víctima presentó el jueves pasado una querella criminal en contra de los ciudadanos extranjeros Septian Agung Xilando y Abdul Kidar. En esta calidad, de querellante, compareció en la audiencia y adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público, sobre todo en atención a que una de las diligencias pendientes también fue solicitada por la víctima, “por tratarse de un elemento que ella considera esencial para la prueba de sus dichos, que han sido coherentes con las diferentes declaraciones entregadas a la Fiscalía”. También actúa en esta causa como querellante la abogada de la intendencia, Catalina Solís, que se limitó a apoyar la solicitud de ampliación de plazo. El abogado defensor de ambos imputados, Ramón Bórquez, dijo que ellos están en prisión desde el 30 de agosto de 2020, y que ese mismo día accedieron a muestras biológicas y otras diligencias. Pero le pareció excesivo los 50 días extras. Al final el magistrado Ricardo Larenas resolvió otorgar el plazo solicitado por la Fiscalía, en razón de que muchas de las pericias se hacen en el nivel central y hoy los tiempos no son los mismos, producto de la pandemia.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló este lunes la prohibición de su predecesor Donald Trump de que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas, dijo la Casa Blanca. “Los miembros del servicio que sean transgénero ya no estarán sujetos a la posibilidad de ser despedidos o separados por motivos de identidad de género”, señaló el ejecutivo estadounidense en un comunicado. “La identidad de género no debería ser una traba al servicio militar”, añadió. De esta forma, Biden revoca la medida que Trump anunció por primera vez en julio de 2017 y que se tradujeron en dos memorandos presidenciales. Según datos oficiales de 2016, casi 9.000 militares se identifican como transgénero en Estados Unidos y el Departamento de Defensa concluyó ese mismo año que su integración apenas afectaba en términos de organización o costo. Biden entiende que “todos los estadounidenses que estén cualificados para servir en las Fuerzas Armadas deberían poder servir”, según una orden con la que la Casa Blanca también ha querido subrayar que “la fortaleza de Estados Unidos se basa en su diversidad”. “Estados Unidos es más fuerte, tanto en casa como en todo el mundo, cuando es inclusivo. El Ejército no es ninguna excepción”, zanjó Biden, que ha encargado a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional que apliquen la nueva orden y vigilen que no se produce discriminación alguna. Ambos departamentos deben remitir un informe a la Casa Blanca sobre estos progresos en un plazo de dos meses. Biden ha incluido el respeto de los derechos LGTBI entre los cometidos de su mandato y, en el proceso de formación del gobierno, ha marcado ya un hito al proponer por primera vez a una persona transgénero para ocupar un puesto de primer nivel federal. Se trata de la doctora Rachel Levine, que aspira a ser la ‘número dos’ del Departamento de Sanidad.

Durante la tarde de este lunes la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta aprobó la idea de legislar la iniciativa que busca indultar -por motivos humanitarios- a los detenidos y formalizados en el marco dde las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019. La idea de legislar fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra. En específico, los senadores que votaron a favor fueron Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD). Por contraparte, votaron en contra Iván Moreira (Udi) y el senador Felipe Kast (Evópoli). Al respecto se refirió el senador Latorre, quien señaló: “Valoro que se haya aprobado en general la idea de legislar en la comisión de Derechos Humanos, el proyecto de ley de indulto general para los presos de la revuelta”. “Espero que avance con sentido de urgencia en las demás comisiones de Constitución y Seguridad en el Senado, y busquemos una salida política a los presos de la revuelta que lo han pasado muy mal, que han sufrido un castigo muy duro, muchos de ellos con violación a los derechos humanos, torturas, prisiones preventivas excesivamente largas, transgrediendo el debido proceso con arrestos domiciliarios también, en este periodo de pandemia”, sostuvo. De igual forma, mencionó que le parece urgente pues “es una de las heridas abiertas junto con la masiva y grave crisis de violación a los derechos humanos, en el contexto del estallido social, es esta herida abierta de los presos de la revuelta que exige buscar una salida política”. Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) indicó que además presentarán un proyecto de acuerdo para mantener un registro unificado de detenidos a nivel nacional. “Como una iniciativa anuncio también que la próxima semana presentaremos un proyecto de acuerdo para el Ejecutivo asuma la creación de un registro único nacional de detenidos y detenidas, de manera de mantener esta información al día, de los detenidos, los delitos vinculados a la detención, de los organismos, las medidas cautelares y los cambios en el proceso”, precisó. En tanto, el senador Felipe Kast (Evópoli) indicó que “este proyecto de Ley no solo lo voto en contra, sino que me parece que atenta contra las bases fundamentales de nuestra democracia, en la separación de poderes y la independencia de los poderes”. “Por lo tanto, que el Poder Legislativo de atribuya el poder tener mayor conocimiento para poder anular las investigaciones penales que existen, para poder cuestionar la labor independiente de un poder alternativo como la justicia, me parece que no solamente atenta, sino que además es autoritario”, adujo. Ahora la iniciativa deberá ser visada por las comisiones de Constitución y Seguridad antes de avanzar hacia la Sala de la Cámara Alta.

El organismo dio por resuelta la falla que sufrió el sábado pasado “después de las correcciones de la empresa” encargada de la mantención del Sae. La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) calificó como exitoso el “mensaje de prueba” enviado este lunes por la tarde a través del Sistema de Alerta de Emergencia (Sae) y dio por resuelta la falla que sufrió el sábado pasado, cuando éste llamó por error a “evacuar las playas” a personas de todo el territorio nacional por el fuerte sismo de magnitud 7,1 que se registró en las cercanías de la Antártica Chilena. Según informó pasadas las 16 horas su director nacional, Ricardo Toro, “se acaba de hacer un lanzamiento del Sae a celulares hacia el territorio antártico y Alto Hospicio, los dos polígonos que fallaron el día sábado. Después de las correcciones de la empresa, fue lanzado con éxito hacia ambos lugares”. Tal como preveían las autoridades, la alarma programada para sonar desde las 16 horas llegó a habitantes del continente blanco. “Desde la Base Frei y bahía Fildes confirman recepción del mensaje”, informó la Onemi en un comunicado. Diez minutos más tarde, a las 16,10 horas, se envió el mensaje dirigido a la comuna de Alto Hospicio, el cual, según el organismo de emergencia, “fue recibido con éxito en el sector”. La Onemi indicó que confirmará con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el número de teléfonos móviles alcanzados. El director nacional de la Onemi explicó que, según el reporte de la empresa Global System, encargada de la mantención, soporte y continuidad operativa del Sistema de Alerta de Emergencia, “el incidente se debió a que en la base de datos del sistema de la plataforma Sae existen dos polígonos predefinidos que se encuentran duplicados, teniendo el mismo código identificador”, los que corresponden al “polígono del territorio antártico y el de Alto Hospicio”. Por ello, la Oficina Nacional de Emergencia anunció una auditoría técnico-jurídica a Global System, “para determinar responsabilidades de la empresa conforme al contrato y las multas que ello implicaría, dada la gravedad de la falla”. La compañía se defendió y apuntó que el fallo se produjo en la actualización del software utilizado, que provocó “un exceso” al comunicar el aviso. “No hay nada culposo o que se haya hecho mal”, remarcó su matriz, el Grupo Rebrisa, a La Tercera.

Diez mineros que seguían atrapados bajo tierra en China desde hace al menos dos semanas fueron hallados muertos, confirmó este lunes un medio estatal. Mientras continúan los trabajos para encontrar al último minero atrapado, de quién hasta ahora no se tienen noticias. Un total de 22 mineros, los cuales trabajaban a unos 600 metros bajo tierra quedaron atrapados después de una explosión en la mina Hushan en Qixia (900 km al sureste de Beijing), una importante región productora de oro en la provincia costera de Shandong en China, el 10 de enero. Once fueron sacados con vida el domingo 24 después de dos semanas bajo tierra, incluido uno en un estado muy débil al que los equipos de rescate no habían podido enviar suministros. El alcalde de Yantai, Chen Fei, dijo que los rescatistas continuaron la búsqueda desde el domingo hasta el lunes por la tarde y encontraron los cuerpos de nueve mineros, informó la emisora ​​estatal china CGTN. Eso significa que se confirmó la muerte de un total de 10 mineros, luego de la anterior muerte de un trabajador que había entrado en coma en la propia mina y ​​sus restos han sido llevados a la superficie, dijo Chen, y agregó que un minero aún está desaparecido. La búsqueda es difícil y los niveles de agua son altos en la mina, pero mientras no se encuentre al trabajador desaparecido, el trabajo no se detendrá, agregó el informe de CGTN. Los 11 mineros liberados el domingo fueron rescatados mucho antes de lo esperado después de que se supo que las tuberías de acero en un pozo de la mina bloqueado habían evitado que los escombros cayeran más, según la propia televisora china. El conducto de ventilación de aire, que era la forma más factible de llevar a los trabajadores, había sido despejado a una profundidad de 368 metros. Los 11 mineros estaban en su mayoría en buenas condiciones físicas. Los funcionarios habían dicho con anterioridad que podrían tener que esperar otros 15 días antes de que pudieran ser rescatados debido a un bloqueo en la ruta de escape prevista.

La extradición pone fin a una disputa legal de más de seis años. Israel extraditó este lunes a Malka Leifer, ex directora de escuela ultraortodoxa judía acusada de docenas de casos de abuso sexual de alumnos en Australia, poniendo fin a una disputa legal de seis años, dijo el Ministerio de Justicia. “Confirmamos la deportación”, dijo en un mensaje de WhatsApp, sin dar más detalles. Los medios israelíes dijeron que la acusada partió en un vuelo temprano en la mañana a Australia, horas antes de que el aeropuerto Ben Gurion de Israel cerrara como parte de las precauciones de Covid-19. El sitio de noticias Ynet publicó una foto de ella siendo escoltada a bordo de un avión antes del amanecer con los tobillos atados. Sus manos no eran visibles en la foto. El Jerusalem Post dijo que Leifer estaba “viajando a Australia a través de Frankfurt y llegará a Australia más tarde hoy”. Leifer, una israelí, está acusada de abuso sexual infantil mientras trabajaba como maestra y directora en una escuela ultraortodoxa en Melbourne. Según los medios australianos, enfrenta 74 cargos de abuso sexual infantil contra niñas. Después de que surgieron acusaciones en su contra en Australia en 2008, Leifer y su familia huyeron a Israel y se mudaron al asentamiento de Emmanuel en la Cisjordania. En diciembre, la Corte Suprema de Israel rechazó la apelación final de sus abogados contra la extradición en una sentencia enérgica. “Han pasado más de seis años desde que se presentó una solicitud en el tribunal de distrito de Jerusalén para declarar al apelante extraditado a Australia”, escribió. Un intento de extradición anterior entre 2014 y 2016 fracasó después de que Leifer fuera admitida en instituciones mentales y las opiniones de expertos determinaran que no estaba en condiciones de ser juzgada. Pero investigadores privados encubiertos luego filmaron a Leifer comprando y depositando un cheque en un banco, aparentemente llevando una vida normal. Esto llevó a las autoridades israelíes a iniciar una investigación sobre si estaba fingiendo una enfermedad mental para evitar la extradición, lo que llevó a su arresto en febrero de 2018.

A través de una declaración pública, Carmen Frei Ruiz-Tagle, lamentó el controvertido fallo de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la sentencia condenatoria dictada en primera instancia por el ministro en visita Alejando Madrid absolviendo a los 6 acusados por el magnicidio de su padre, Eduardo Frei Montalva, y confirmó que recurrirán de casación ante la Corte Suprema. Carmen Frei cuestionó duramente la resolución de la sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra- que sostiene que Eduardo Frei Montalva “no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas”, señalando que estos “tres jueces han decidido dejar sin efecto el trabajo de 20 años de investigación del sistema judicial chileno y la Policía de Investigaciones. Los tres jueces dan por descartado que hubo una operación de inteligencia para asesinar a mi padre y reponen lo que ha sido la historia oficial contada desde los órganos cercanos a la dictadura, y repetida hasta hoy por medios que se han caracterizado por negar las violaciones a los derechos humanos”. “Chile se merece que los dolorosos hechos ligados a las violaciones a los derechos humanos en uno de los períodos más siniestros y tenebrosos de nuestra historia, se aclaren y se resuelvan. En el caso del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva la investigación judicial está hecha, la hora de la verdad y la justicia tarde o temprano tendrá que llegar”, señala la declaración de la vicepresidenta de la DC, quien ha librado una batalla incansable por alcanzar la verdad y justicia en el caso del magnicidio de su padre. Al confirmar que recurrirán ante la Corte Suprema Carmen Frei insistió en que “es claro que mi padre no falleció por complicaciones médicas como se afirma en el fallo, sino por actuaciones dolosas concretas” y “fue asesinado mediante una compleja trama de inteligencia de la dictadura cívico militar de la época”, según señalan las pruebas aportadas por el magistrado Alejandro Madrid y confirmadas por el fiscal judicial Jorge Norambuena. Más temprano, en un punto de prensa en la sede de la Democracia Cristiana, acompañado por el timonel del partido Fuad Chahin y el candidato del partido a la gobernación metropolitana, Claudio Orrego, Eugenio Ortega Frei, hijo de Carmen Frei y nieto del expresidente, también insistió en que “seguiremos luchando, porque estamos convencidos de que la justicia en algún momento se hará para Eduardo Frei Montalva”. “Rechazamos lo decidido por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque está en contradicción con la prueba recabada y rendida durante la instrucción del proceso (…) Eduardo Frei Montalva fue asesinado con veneno y mediante premeditación conocida”, dijo Ortega Frei. El hijo de la actual vicepresidenta del partido añadió que la resolución de la sala del tribunal de alzada se contradice con “la misma prueba llevó al juez instructor y al fiscal judicial a dar por acreditada la existencia de un homicidio”. “Lo que es claro es que Eduardo Frei Montalva no falleció como consecuencia de complicaciones médicas, como se afirma en el fallo, sino que por actuaciones dolosas, concretas, desplegadas por sujetos determinados y que constituyeron un homicidio calificado”, añadió. “Ha sido un proceso muy largo, de una investigación muy difícil. Siempre se ha dicho que se intentó y se asesinó al expresidente Frei intentando ocultar toda evidencia. Obviamente que eso es difícil de descubrir. Pero estamos confiados en que la Corte Suprema cambiará el fallo”, cerró. En tanto, a través de una declaración, el partido Demócrata Cristiano expresó su rechazo al fallo del tribunal de alzada, y sostiene que “esta resolución -que es parte de una extensa causa, compleja y dificultosa y que debió sortear todo tipo de oposiciones fácticas e inconstitucionales-, daña seriamente la tarea de la sana y necesaria administración de justicia que un país merece tener”.

Alset Ingeniería Spa fue el principal aportante financiero en la propuesta de universidades nacionales en su fallida postulación en Corfo. La firma -cuestionada en otro proyecto- tiene como director a Juan Rada Mladinic, cercano a las altas esferas del PPD, quien trabajó en Corfo cuando Eduardo Bitrán (PPD) estaba a la cabeza del organismo. También en esa época hizo negocios con la corporación a través de otra empresa por más de $400 millones. “Chile es testigo de un verdadero fraude”, mencionó el senador Guido Girardi sobre la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (UTL) -que implica una inversión de US$193 millones en ciencia- a la Associated Universities Inc un consorcio formado por universidades ligadas a la derecha chilena y a planteles estadounidenses, entre las que se cuenta Harvard, Princeton, Yale, el MIT, además de varias otras. Girardi -histórico militante y fundador del PPD- ha sido uno de los principales críticos al proceso licitatorio que dejó en el camino a la Corporación Alta Ley -que agrupa a 10 universidades chilenas tradicionales- pidiendo al gobierno, junto a otros senadores, que declare desierta la licitación y exigiendo la renuncia de Juan Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Ahora bien, tal como publicó el periódico digital Interferencia hace algunos días, un detalle poco conocido sobre la propuesta de Corporación Alta Ley es que uno de sus principales aportantes en dinero es una empresa denominada Alset Ingeniería Spa, de José Ignacio Galindo, la cual ya se encontraba en falta en otro proyecto que lleva adelante con Corfo, según documentos tenidos a la vista por este medio. Estos escritos señalan que Corfo suspendió el pago de cuotas de financiamiento al proyecto liderado por Alset debido a escasos avances y nulo aporte pecuniario de parte de esta empresa, lo cual deja serias dudas sobre su capacidad de aportar los 18,3 millones de dólares comprometidos con Corporación Alta Ley. Sin embargo, otro hecho desconocido al respecto son las redes que Alset tiene justamente con el Partido por la Democracia (PPD) y la ex Concertación, pues uno de sus directores tiene estrechos vínculos con el PPD. Se trata de Juan Rada Mladinic, cercano al ex Presidente Ricardo Lagos Escobar (PS y PPD), el cual ya había trabajado en Corfo cuando Eduardo Bitrán (PPD) era quien estaba a la cabeza del organismo. Concertación, Nueva Mayoría y director Alset Se lo menciona frecuentemente como uno de los chilenos que más alto ha llegado en alguna empresa transnacional, en particular, por haber ocupado cargos directivos en la gigante compañía tecnológica Oracle. Además de eso, Juan Rada Mladinic es hermano de Ramón Rada Mladinic, agregado comercial en Sudáfrica durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y también primo de Carlos Mladinic, democratacristiano que fue ministro del mismo presidente. También es socio -según registros de Diario Oficial- de Martín Zilic, quien se desempeñó como ministro de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, en una sociedad en la que además participa Katia Trusich, ex subsecretaria de Economía durante el mandato de la Presidenta Bachelet y esposa del senador PPD Felipe Harboe. Rada fue militante del Mapu previo a la dictadura militar, cuando se vio obligado a ir al exilio, cuestión que terminó en 2014, cuando regresó a Chile para unirse a las filas de la Nueva Mayoría comandada por Michelle Bachelet, en distintas funciones relacionadas principalmente a la Corfo, aunque también para ser consejero del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID). No hay muchos datos públicos disponibles sobre los cargos directivos y ejecutivos de Alset, el mayor financista de la propuesta del consorcio de universidades chilenas por el ITL. Incluso -como ya publicó Interferencia- la administradora de fondos Aurus Capital denunció en una carta dirigida a Corfo que Alset había faltado en el deber de realizar juntas de accionistas anuales, y en obligaciones sobre realizar auditorías y entregar información sobre la empresa a socios e inversionistas. A pesar de esto, el vínculo de Juan Rada Mladinic con Alset Ingeniería Spa se puede rastrear en otras informaciones públicas. Sin ir más lejos, Juan Rada figura como expositor en calidad de director de Alset en uno de los eventos de la Cop 25 celebrada en diciembre de 2020 en la ciudad de Madrid, exposición que fue organizada por el ministerio de Energía de Chile sobre materias de eficiencia energética y reducción de emisiones. Precisamente con este ministerio, Rada ya había tenido una reunión meses atrás. Según información disponible en la plataforma Infolobby, Rada aparece como lobbista inscrito a nombre de Alset Ingeniería Spa, además de José Ignacio Galindo, fundador y Ceo de la firma.  De hecho, ambos asistieron a una reunión el 12 de agosto de 2020 mediante videollamada con personeros de la Subsecretaría de Energía, donde expusieron sobre las bondades de las tecnologías de Alset y sus proyectos de descarbonización de la matriz energética utilizando hidrógeno para ello. Además, en un documento del Comité Solar, instancia que depende de Corfo, Rada Mladinic también figura como representante de Alset en compañía de José Ignacio Galindo. Negocios con la Corfo en Bachelet II Juan Rada se integró al gobierno de Michelle Bachelet en 2014 a poco de llegar desde su exilio en Europa, cuando asumió el rol de presidente del consejo directivo del Programa Estratégico Solar (Pes) de Corfo. De la misma forma, se lo denominaba también en entrevistas, notas de prensa, y también comunicaciones de la propia Corfo, como “asesor estratégico”, o “consultor internacional” de este organismo. Un artículo de 2016 de El Desconcierto aborda su labor en Corfo y su papel como principal asesor de Eduardo Bitrán, cabeza de Corfo por esa época, dado que en algunos documentos figuraba derechamente como asesor directo de Bitrán. Probablemente una de las situaciones más polémicas relacionadas con la estadía de Juan Rada en Corfo se refiere a la constitución de la sociedad Globtech Spa en octubre de 2014, en compañía de Benjamín Schutz García, un antiguo funcionario del Servicio de Impuestos Internos y ex ejecutivo de Oracle Chile, pero también lobbista de Alset Ingeniería Spa en la actualidad. Rada y Schutz plantearon como objeto social de Globtech Spa la “prestación de servicios de asesoría y consultoría en estrategias internacionales tecnológicas y empresariales, administración y tecnologías de la información”. A escasas semanas de constituir esta sociedad, Globtech cerró su primer negocio con Corfo por $64.200.000 a través de un trato directo, tal como consta en registros de la plataforma Mercado Público. La sociedad de Rada y Schutz registra en total cinco órdenes de compra en los datos de compras públicas consultados, todas ellas con Corfo mientras era asesor en ese organismo. La primera de ellas se realizó en diciembre de 2014, y la última ocurrió el 7 de marzo de 2018, es decir, todos los tratos ocurrieron durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. El último de ellos, sólo cuatro días antes de que Bachelet dejara de vestir la banda presidencial. Estas órdenes de compra -varias por trato directo- se traducen en pagos desde Corfo que totalizan un monto de 472 millones de pesos en pagos por servicios de asesorías en programas estratégicos. Tal como mencionamos antes, los dos únicos socios de Globtech, Juan Rada y Benjamín Schutz, figuran en reuniones con autoridades representando a Alset Ingeniería Spa, quien se había comprometido a aportar 18,3 millones de dólares a la propuesta de Corporación Alta Ley para adjudicarse el Instituto de Tecnologías Limpias. Esto en circunstancias que documentos de Corfo señalan problemas con la gestión de un proyecto liderado por Alset relacionado con el desarrollo de tecnología para crear motores duales que utilizan hidrógeno en camiones de la gran minería. Corfo ha dicho que este proyecto ha mostrado “escaso avance” y “nulo aporte pecuniario”, sentando dudas precisamente sobre la capacidad financiera de Alset. Cabe mencionar que tanto José Ignacio Galindo, fundador de Alset, como Juan Rada, director de la misma firma, han sido invitados en varias ocasiones a exponer en la Comisión Futuro del Senado que preside Guido Girardi. Interferencia se puso en contacto con Girardi, para consultarle si cree que hay conflicto de interés al defender la propuesta de Corporación Alta Ley, cuyo principal financista es una empresa cuyo director tiene fuertes vínculos con el PPD. En conversación con Interferencia, Girardi señaló que no conoce estrechamente a Juan Rada, y que más bien conoce su currículum como experto en desarrollo y que como tal ha participado en varias exposiciones en la Comisión Futuro que lidera Girardi. La misma situación respecto de José Ignacio Galindo. El senador señaló que entiende que Rada sí tiene fuertes nexos con el mundo concertacionista, y en particular con dos PPD, Eduardo Bitrán, y también con el ex Presidente Ricardo Lagos, con quien según sus palabras, “tiene fuertes vínculos”. Girardi señaló que no cree que exista un conflicto de interés de su parte debido a estos nexos de Alset con militantes del PPD, pero insistió en que “donde sí me parece que hay irregularidades es en el proceso de adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias al consorcio de universidades extranjeras, y estoy bastante convencido de eso”. Interferencia

En más de 40 años, lo que comenzó como una hermandad barrial de jóvenes exiliados por la guerra civil en Centroamérica se transformó en una de las principales organizaciones delictivas del continente. Mara Salvatrucha, o MS13, es una de las pandillas callejeras más famosas y temibles del continente Americano. Con inicios que se remontan a la década de los 80 en Los Angeles (Estados Unidos), sus tentáculos hoy llegan a El Salvador, Honduras y Guatemala. Tras una larga historia criminal, el pasado 14 de enero se oficializó la imputación de cargos por terrorismo contra 13 de sus líderes presos en El Salvador por parte de fiscales federales del Distrito Este de Nueva York. Con esto cambia radicalmente la forma en que esta pandilla es entendida por parte de las autoridades estadounidenses y eventualmente mundiales, produciendo con ello una transformación en la manera en cómo será combatida en el futuro ésta y otras pandillas callejeras similares. No es un tema menor, la denominación de cada grupo organizado criminal es fundamental a la hora de implementar estrategias para repelerlo, combatirlo o buscar desmantelarlo. Al graduarse de terroristas y narcoterroristas, la Mara Salvatrucha está equiparada al nivel de grandes carteles mexicanos como el de Sinaloa, o guerrillas como el ELN en Colombia. Todavía hay mucho hilo que cortar en este asunto, y hay varios expertos que señalan una exageración por parte de los fiscales federales en imputar crímenes de terrorismo a los mareros. Sin embargo, es un hito muy importante para la historia de la pandilla, uno que podría incluso derivar en un crecimiento de su legitimidad internacional e influencia en el mundo del crimen, donde siempre han sido actores pero no necesariamente protagonistas. Guerra civil y crimen trasnacional La Mara Salvatrucha se fundó en los barrios marginales de Los Angeles, California, en los años 80, un tiempo en que la guerra civil en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, obligó a muchas familias a emigrar hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Muchos de esos refugiados terminaron asentándose en la principal ciudad de California, encontrando un nuevo hogar en los barrios del este y centro, y en el valle de San Fernando, donde los mexicanos llevaban largo rato creando comunidad. Allí los amos de la calle eran las pandillas mexicanas, las cuales empezaron a tomar control sobre los nuevos migrantes, motivando el surgimiento de nuevas pandillas. La más fuerte de ellas se llamó Stoners de la Mara Salvatrucha o MSS. Esa pandilla creció rápidamente en número y en poder. Controlaban las calles con una estructura basada en la lealtad y la afiliación cultural. El significado del nombre todavía está abierto a debate pero “mara” es el término con el que se conocen las pandillas en Centroamérica; “salva” se refiere a una abreviación de El Salvador; y “trucha” es una palabra de la jerga callejera para “inteligente” o “listo”. Primeros coqueteos con las “grandes ligas” Esos primeros mareros, “Los Stoners”, eran refugiados de El Salvador del barrio Pico Unión, su tiempo lo dedicaban a escuchar heavy metal, consumir alcohol y fumar. Esa pandilla fue evolucionando, dejó atrás el “Stoners” y se convirtió en la MS (Mara Salvatrucha). Su primer gran conflicto fue con la pandilla rival Barrio 18, el cual fue especialmente sangriento en Los Ángeles y sus alrededores. Los niveles de violencia que dispararon los asesinatos en la zona hicieron que la mara entrara en el radar de las autoridades, que empezaron a arrestar masivamente a los pandilleros. Durante los años 90 hubo un gran número de mareros que terminaron en las cárceles de Estados Unidos, pero allí, lejos de disolverse, encontraron un nuevo nicho para continuar con sus actividades y crecer en el mundo del crimen. Eso sí, también encontraron un nuevo jefe, la Mafia Mexicana, o “la M”, cuyo poder dominaba las cárceles y las calles por igual. Con ellos empezaron sus primeros coqueteos con las grandes ligas criminales y con el narcotráfico. Aunque la influencia de la mara siempre estuvo en los niveles más bajos, prestaban seguridad y participaban del narcomenudeo en los barrios. Fue en estos años cuando agregaron al nombre el 13, que es el número correspondiente a la letra M en el abecedario, para finalmente adoptar el MS13 con el que son conocidos en la actualidad. También por esos años, mediados de los noventa, el saliente gobierno de Bill Clinton empezó con una política anti inmigración en los Estados Unidos. Las medidas adoptadas estaban en parte pensadas para hacerle frente a la amenaza de las pandillas, que iba en aumento generando gran violencia en las ciudades con poblaciones latinas grandes. Así Estados Unidos empezó un programa masivo de deportación para residentes nacidos en el extranjero que fueran condenados por delitos violentos asociados con narcotráfico, microtráfico, pandillismo y afines. Esto produjo que muchos pandilleros fueran deportados a El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países. Aproximadamente 20 mil pandilleros regresaron a Centroamérica entre 2000 y 2004, una tendencia que se mantiene. Organización trasnacional Las deportaciones masivas convirtieron a la Mara Salvatrucha en una organización trasnacional, pues los mareros que llegaron a sus países de origen, con los cuales muchos no tenían grandes lazos sociales, familiares o culturales, crearon “clicas” o células de la MS13, primero en las prisiones y luego en las calles, donde cada vez más empezaron a reclutar jóvenes que buscaban alguna salida a su contexto de violencia y precariedad económica. La mara se sostiene bajo un código de lealtad, entrar en ella significa ser miembro de por vida ya que la deserción se paga con la muerte. Los rituales de iniciación incluyen golpizas de 13 segundos, a las que son sometidas los aspirantes para endurecerlos. Se han reportado casos de mujeres mareras que como prueba de iniciación deben aceptar someterse a una violación colectiva por otros pandilleros. También se les pone como prueba cometer un asesinato -de un policía o miembro de una pandilla rival- o incriminarse en un crimen que haya cometido otro marero. Terroristas La Mara Salvatrucha (MS13) existe hoy como una organización criminal con presencia en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero en cada una de estas células opera de manera diferencial, sin una comandancia unificada sino como células o “clicas” que son bastante autónomas en la toma de decisiones frente a su accionar criminal. Dependiendo de su lugar de operación, la mara realiza actividades como la extorsión o el control del microtráfico en los barrios, también sirven como intermediarios de los grandes carteles mexicanos y colombianos, a quienes proveen seguridad para las actividades que realizan en sus territorios que si bien no son los grandes mercados de narcotráfico que interesan a estos carteles, si son lugares muy importantes para el paso de la mercancía, en especial para el tráfico de cocaína. También existe evidencia de que la pandilla participa en otras actividades criminales más sofisticadas, como la trata de personas y el tráfico de drogas, pero estas no responden a una conducta generalizada, sino que en casos circunstanciales alguna clica sirve de red de apoyo de otras estructuras más fuertes como la Mafia Mexicana. De acuerdo a las investigaciones de InSight Crime esta ha sido la tendencia en la mayoría de los casos de narcotráfico que han rastreado. En todos ellos las cantidades fueron muy pequeñas al compararlas con grupos criminales dedicados de lleno al narcotráfico. Sin embargo, la sentencia de los federales estadounidenses señala que desde 2002 los líderes mareros imputados como terroristas crearon la llamada “ranfla nacional” y los “programas”, en los que se agruparon diferentes clicas bajo un mismo “corredor” o líder. Esto ayudó a consolidar las estructuras en la Costa Este de Estados Unidos, en Nueva York y Los Ángeles. Compleja jerarquía Pese a lo señalado por los federales, la realidad documentada por diferentes expertos y medios sobre la estructura de mando y la jerarquía al interior del MS13 es mucho más compleja. Si bien la pandilla se supone que obedece una jerarquía, lenguaje común y código de conducta, en cada país donde opera tiene una organización más laxa, cada “clica” (célula) tiene sus respectivos “corredores” o “palabreros”, es decir, los jefes. Estos jefes son autónomos en cómo funciona sus células. Cada clica tiene una “primera palabra” y una “segunda palabra”, refiriéndose al primer y segundo mando. Algunas clicas son trasnacionales, y se agrupan con otras en “programas”. Es decir, no hay un líder único, sino pequeños liderazgos con más o menos poder, todos bajo el paraguas del código de honor de la Mara Salvatrucha. Por eso son tan difíciles de combatir para los gobiernos, cuando una “palabra” cae, otra asume inmediatamente el mando. También se les acusa de tener alianzas con Los Zetas y el Cartel del Golfo, México, con quienes habrían concertado actos terroristas en ese país. El poder de la MS13 creció gracias a ciertas concesiones del gobierno salvadoreño, que se vio obligado a pactar con ellos por la escala de violencia que se vivió en el país durante la primera década del nuevo milenio. “Actor político delincuencial” Los pandilleros recurrieron a la violencia para “obtener concesiones del gobierno de El Salvador, alcanzar metas políticas y actuar en retaliación por las acciones del gobierno contra miembros y líderes de la MS13”, dice el pliego de cargos. Algo similar afirma el experto en conflicto Luis Fernando Trejos: “Las maras son hoy un actor político delincuencial”. Esto queda en evidencia con los pactos que los gobiernos centroamericanos se han visto forzados a firmar con estas estructuras para reducir los índices de violencia, asesinatos y criminalidad en los países donde tienen presencia. En El Salvador, principal país de Centroamérica donde la MS13 tiene poder, estos pactos han sido parte de las “respuestas desesperadas” de muchos gobiernos para detener la expansión de la pandilla. La otra han sido las políticas de “mano dura” que no han sido efectivas para disminuir la actividad criminal de la mara. Para Trejos, la reciente condena por terrorismo a los líderes mareros presos en El Salvador es una nueva respuesta desesperada que sigue escalando un conflicto que en su esencia es social, al enfrentarlo con un enfoque militarista. “Son políticos en la medida en que se demostró que para que haya disminución de los asesinatos en El Salvador se debe pactar con ellos”, reitera. Uno de estos pactos, conocido como “La Tregua”, firmado en 2012 entre el gobierno salvadoreño en cabeza del FML -antigua guerrilla convertida en partido político- y las pandillas MS13 y Barrio 18 ha sido el más documentado de estos acuerdos, el cual produjo una disminución significativa de los asesinatos en El Salvador pero que no fue acogido, e incluso fue combatido, por las células de la mara en Los Ángeles y otros países de Centroamérica. El actual gobierno de Nayib Bukele, que en principio intentó exhibir gran mano dura contra las pandillas, no ha sido ajeno a estos pactos. Así lo demostró una investigación del medio salvadoreño El Faro, que señaló en octubre pasado el traslado de alias Danilo Antonio Colocho Hernández, alias “Chino Milo”, de una cárcel de Izalco a un hospital en la localidad de Zacatecoluca, 128 kilómetros al sureste, aunque el líder marero no presentaba problemas de salud. Recientemente el portal InSigth Crimen calificó la salida irregular de 13 mareros de las cárceles salvadoreñas avalada por Bukele como una evidencia del pacto que existiría entre el gobierno y la MS13 para disminuir los asesinatos en el país. El pliego de cargos de los federales acusa específicamente a los mareros de conspiración para prestar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos terroristas, conspiración para financiar terrorismo y narcoterrorismo. Esta es la segunda imputación de terrorismo contra alguien de la MS13, la primera ocurrió en julio de 2020 contra Armando Eliú Melgar Días, alias “Blue”. Sin embargo, esta última es mucho más ambiciosa pues apunta a la jerarquía de la pandilla y marca una decisión de procesar a los mareros como una organización terrorista. Ya para 2015, año en que “La Tregua” se rompió definitivamente, la Corte Suprema de El Salvador les había otorgado esta denominación de terroristas a la Mara Salvatrucha, algo que sin duda influyó en la decisión de los federales. En la mira de EE.UU. Según la acusación, este grupo organizó adiestramiento especial para sus miembros, compró amplia variedad de armas con dinero obtenido de actividades criminales, poseen “lanzacohetes”, artefactos explosivos improvisados, y “emprendieron campañas de relaciones públicas, así como control de barrios y actos de violencia y homicidio selectivos en El Salvador, Estados Unidos y otros lugares”. En concreto, que la MS13 sea considerada una organización terrorista muestra una intención de las autoridades estadounidenses de utilizar los estatutos de terrorismo para procesar a las pandillas callejeras, buscando imputar a sus miembros con penas más severas, facilitar las extradiciones a suelo norteamericano así como habilitar lugares ‘extraordinarios’ para que paguen sus condenas -como prisiones militares como Guantánamo-; también usar directamente sus métodos de seguimiento y vigilancia electrónica y no depender más de cooperación con agencias de otros países para tal fin. En últimas, graduar a la Mara Salvatrucha de terroristas significa una persecución más frontal y amplia contra sus miembros. Aún es muy pronto para saber si esto tendrá un efecto o no. Infobae