El reciente informe de la Contraloría Regional sobre el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes vuelve a instalar una preocupación que trasciende lo administrativo, en cuanto a la forma en que se gestionan recursos públicos en un ámbito tan sensible como la educación.

Los hallazgos -irregularidades en procesos de contratación, eventuales elusiones a la Ley de Compras Públicas y debilidades en los controles internos- no pueden ser relativizados. Pero tampoco deben ser leídos de manera simplista ni apresurada.

La Contraloría cumple un rol esencial en resguardar la probidad y la correcta utilización de fondos fiscales. Cuando detecta inconsistencias, corresponde actuar con rigor. En este caso, la observación sobre el uso de contratos a honorarios para funciones que, por su naturaleza, debieron someterse a mecanismos de licitación pública, apunta directamente a principios básicos de la administración del Estado, como son transparencia, competencia y publicidad. Su eventual vulneración no es menor, sobre todo cuando se trata de recursos destinados a fortalecer la educación pública.

Sin embargo, también es necesario situar este caso en un contexto más amplio. Los Slep son instituciones relativamente nuevas, en pleno proceso de instalación, que han debido asumir funciones complejas en plazos acotados. Esa transición -desde la educación municipal a un sistema de administración estatal más robusto- no ha estado exenta de tensiones, vacíos normativos y dificultades operativas. La ausencia de un manual de procesos formalmente aprobado, uno de los puntos críticos señalados, es reflejo de una institucionalidad aún en construcción.

Esto no exime responsabilidades. Al contrario, las hace más evidentes. Precisamente por tratarse de organismos nuevos, el estándar de exigencia debe ser incluso mayor. La discrecionalidad en las contrataciones, aunque pueda explicarse por urgencias o falta de procedimientos claros, no puede transformarse en práctica habitual. La confianza pública en la reforma educativa depende, en gran medida, de la capacidad de estas instituciones para demostrar que operan con reglas claras y fiscalizables.

Las medidas ordenadas por la Contraloría -la elaboración de un manual de procesos y la apertura de una investigación especial- apuntan en la dirección correcta. No solo buscan corregir lo ocurrido, sino también prevenir futuras irregularidades. El examen de cuentas en curso será clave para determinar si hubo perjuicio fiscal y, de ser así, establecer responsabilidades concretas.

Pero más allá de las eventuales sanciones, este episodio debiera servir como una oportunidad de aprendizaje institucional. Fortalecer los mecanismos de control interno, profesionalizar la gestión administrativa y asegurar que cada contratación responda a criterios objetivos y transparentes no es solo una exigencia legal. Se trata de una condición básica para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a donde deben estar, en beneficio de estudiantes y comunidades educativas.