La cantante regional Dominga Rodríguez protagonizó una emotiva velada musical en el Teatro Municipal José Bohr, donde presentó el concierto “Voz y Piano” junto al reconocido pianista Sergio Pérez Bontes. La presentación estuvo marcada por la cercanía y sensibilidad artística de la joven intérprete, quien logró conectar profundamente con el público a través de cada canción. Entre los asistentes, muchos valoraron la calidez de Dominga sobre el escenario, así como la potencia y dulzura de su voz, en una noche cargada de emoción y aplausos. El concierto del pasado domingo logró conectar con públicos muy distintos a través de un repertorio exigente y elegante, interpretado en francés, italiano, español e inglés, algo que hoy no se ve habitualmente en propuestas juveniles. Precisamente ahí estuvo una de las mayores sorpresas de la noche: observar cómo personas de distintas edades se emocionaban con canciones que forman parte de la historia de la música mundial. Un paso decisivo La experiencia -expresan desde la organización- dejó en evidencia que existe espacio para propuestas culturales más ambiciosas, donde la música pueda trascender generaciones y estilos, permitiendo además que jóvenes artistas acerquen repertorios clásicos desde una mirada moderna, cercana y emocional. Para la artista, el concierto significó un momento decisivo en su carrera. “’Voz y Piano’ fue mucho más que un concierto. Para mí, significó un antes y un después en mi carrera artística”, expresó Dominga, quien reconoció que nunca imaginó la intensidad emocional que viviría al presentarse en un escenario de esa magnitud. Nuevos proyectos musicales Asimismo, Dominga adelantó que ya trabajan en nuevos proyectos y colaboraciones que podrían concretarse en los próximos meses, incluyendo una posible sorpresa musical para agosto. Por su parte, Sergio Pérez Bontes valoró el talento y la sensibilidad artística de la joven cantante, señalando que desde los primeros ensayos se generó una conexión musical natural que logró reflejarse sobre el escenario del Teatro Municipal. “A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de compartir distintos escenarios, pero ver cómo una artista joven vive cada canción con tanta pasión y entrega hace que proyectos como este tengan un significado especial”, sostuvo el pianista. Proyección artística El músico también destacó la proyección artística de Dominga y el crecimiento que ha tenido su carrera, desde sus primeras presentaciones hasta alcanzar escenarios de gran nivel y presencia en medios nacionales. La jornada cerró con un emocionado agradecimiento de la artista hacia la comunidad magallánica. “Muchas gracias, Punta Arenas. Cada aplauso, cada mirada y cada momento compartido quedarán guardados para siempre en mi corazón”, expresó. Además, vienen fechas importantes para la joven artista, como el Día del Niño, Fiestas Patrias y Navidad, instancias para las que aseguró ya encontrarse preparándose “de la manera más profesional posible”, con el objetivo de seguir creciendo y entregando espectáculos de calidad a la comunidad.

El secretario regional ministerial de Obras Públicas, Alejandro Marusic Kusanovic, salió a responder a las declaraciones vertidas por consejeros regionales de derecha durante la última sesión, en donde se aseguró la existencia de sobreprecios en la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional, y en el puente sobre el río Rubens, en la provincia de Ultima Esperanza. Este último proyecto desató un duro encontrón entre el consejero Juan Morano y Max Salas, ya que este último comparó el presupuesto del puente sobre el río Rubens con la construcción del puente Cau Cau. “El famoso puente Cau Cau, con brazos basculantes y todo, costó un poquitito más, después de todos los desaguisados que hubo, un poquitito más de lo que le estamos pagando”, aseguró Salas en la última sesión. Marusic, al ser consultado, partió diciendo que dichas acusaciones le parecían “lamentables porque se puede malentender que hay actos de corrupción o falta de probidad”. “Estamos prestos a recibir cualquier denuncia respecto de hechos concretos que afecten de alguna manera la regularidad y la transparencia en las diferentes licitaciones, obras o contratos que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas”, agregó. El titular regional defendió que detrás de cada licitación existe un trabajo técnico que respalda los distintos contratos y sostuvo que “no podemos hacernos eco de denuncias sin fundamentos”. “Y si existieran los fundamentos, los argumentos y los documentos que los respalden, invitamos a las personas a realizar las denuncias en las instancias correspondientes, porque somos los primeros interesados en hacer las cosas con transparencia y de la mejor forma posible”, agregó. Explicó que las obras se encuentran dentro de los valores de mercado, añadiendo que, en materia de puentes, actualmente se están licitando otras obras con valores que superan los $7 mil millones. Puso como ejemplo la situación del puente Chorrillos-Vapor, el cual se licitó por $7 mil millones y recibió ofertas por $9 mil millones. “Estamos viendo la posibilidad de no licitar, eventualmente, por sobrecosto”, indicó. Marusic hizo un llamado a que “la única forma de construir región, especialmente en lo que a infraestructura pública se refiere, es aglutinando voluntades y sumando recursos”. Asimismo, pidió a los distintos actores políticos sumarse a un trabajo común para potenciar la inversión en la región y mejorar los estándares de empleo que actualmente afectan a Magallanes. ¿Por qué un puente cuesta $24 mil millones? Al ser consultado sobre por qué un puente cuesta $24 mil millones, el seremi partió diciendo que es una “obra de gran envergadura” e invitó a los consejeros regionales a visitar las faenas. “Es una obra que se está ejecutando y construyendo de forma muy eficiente”, expresó. Destacó que se está usando acero reciclado, además de mejorarse más de 4 kilómetros de caminos y 700 metros de losa. “Se evita la curva donde ha habido tantos accidentes, tiene un componente de integridad física y seguridad para los usuarios importantísimo”, enfatizó. “No consideramos que sea un valor exageradamente alto, son los estándares y los valores, y al final lo que funciona es la oferta y el mercado”, cerró Marusic.

Durante la mañana de este lunes, personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones se dirigió hasta la Zona Franca para realizar los peritajes preliminares luego de la trágica muerte de un trabajador en uno de los locales del recinto. Tanto Carabineros como PDI fueron informados del hecho cuando el trabajador estaba en el Hospital Clínico de Magallanes (HCM), una vez fallecido. El jefe de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, subprefecto Roberto González, indicó que la noche del domingo fueron instruidos por el Ministerio Público para concurrir a dependencias del hospital para “efectuar el examen externo policial de un cadáver, de una persona de sexo masculino de 39 años, que corresponde a un ciudadano venezolano, quien falleció producto de múltiples lesiones, traumatismo esquelético visceral”. El subprefecto confirmó que este lunes se efectuaron averiguaciones “tanto de la parte técnica, la maquinaria que se estaba utilizando y si es que está autorizado este trabajo por parte de la administración de Zona Franca”. Adicionalmente señaló que solicitarán la presencia de un perito mecánico a fin de efectuar un análisis a las condiciones de la máquina alzahombres “como también ver las otras aristas, a fin de establecer alguna responsabilidad”. En tanto, sobre la situación migratoria del fallecido, el detective también confirmó que se encontraba en una situación irregular, aunque autodenunciado. “Ingresó el año 2022 por el paso Colchane, no obstante su situación migratoria es irregular, pero estaba autodenunciado en el Departamento de Migración de la PDI”. El subprefecto González añadió que “es parte de la investigación” indagar la condición contractual bajo la cual se encontraba realizando estos trabajos dados estos antecedentes. Concesionaria En vista de los nuevos antecedentes, La Prensa Austral consultó con la concesionaria, quienes lamentaron el fallecimiento del trabajador e indicaron estar colaborando plenamente con la investigación en curso. Además confirmaron que los trabajos que se estaban realizando en iTech&Music eran ejecutados “por una empresa externa que prestaba servicios directamente a dicho local”. El medio consultó si Zona Franca estaba al tanto de los trabajos que se estaban ejecutando en el exterior del referido local, sin emitir palabras sobre este punto, agregando que todo detalle es parte de la investigación que lleva la Fiscalía. La declaración pública emitida cierra reafirmando “el cumplimiento de las normas y procedimientos orientados a resguardar la seguridad de todas las personas que desarrollan actividades al interior del recinto” por parte de la concesionaria. iTech&Music Tras nuevos intentos de contactar a los representantes legales de la empresa, el medio fue contactado finalmente por Marcos Ibacache Fernández, abogado de empresas Nandwani. En horas de la tarde, despacharon un comunicado oficial indicando que el accidente en el exterior de sus instalaciones ocurrió en el contexto de “una persona que se encontraba realizando un presupuesto de reparación”. El abogado Ibacache confirmó que la empresa cuenta con prevencionista de riesgos, “sin perjuicio de lo cual, la persona que lamentablemente falleció no era trabajador de la empresa”. Por otro lado, indicó que “no existían trabajos ejerciéndose”, por tanto la concesionaria no fue notificada de los trabajos en cuestión. “Lo que existía era una evaluación preliminar para efectos de cotización y no una faena u obra en ejecución”, explicó Ibacache. Respecto de las obligaciones de seguridad, Ibacache se limitó a señalar que “la empresa no mantiene vínculo laboral, todos esos antecedentes están siendo puestos a disposición de las autoridades competentes”. Seremi del Trabajo Desde la seremi de Trabajo y Previsión Social, la autoridad regional, José Miguel Salas, indicó que la Dirección del Trabajo se encuentra desarrollando “las fiscalizaciones e investigaciones correspondientes, con el objeto de esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho”. Salas enfatizó que “no hay nada más importante que resguardar la seguridad y salud de las personas, especialmente en los espacios de trabajo, razón por la cual seguiremos atentos al desarrollo de esta investigación y a las acciones que correspondan”.   Máquina no estaba instalada con las medidas de seguridad La Fiscalía de Punta Arenas abrió una investigación para determinar con exactitud las causas que provocaron el deceso de un trabajador venezolano, el domingo al interior de la Zona Franca. La fiscal jefe, Johanna Irribara, señaló que apenas fueron informados de esta situación dispuso que concurriera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Esta unidad especializada tendrá que evacuar próximamente el informe con las conclusiones. Por ahora el jefe de la BH, subprefecto Roberto González, dijo que el operario extranjero se encontraba trabajando en el elevador, conocido también como “alza hombre tipo tijera”, a unos 6 metros de altura y de acuerdo a registros de cámaras de seguridad, “la máquina no quedó completamente instalada al piso y con las medidas de seguridad necesarias, siendo la propia víctima que la manipulaba a través de una consola”. Debido a la mala instalación la estructura cedió y cayó hacia uno de sus costados estrellándose violentamente contra el piso de concreto junto a su operador.

Un hombre sufrió ayer el robo de su vehículo Chevrolet Cruze, año 2015, color plateado, poco antes de la seis de la mañana, y minutos después le avisaron que estaba volcado en Avenida Independencia con Señoret. Según la versión que la víctima entregó a Carabineros, bajó por unos instántes a retirar dinero desde un cajero automático del BancoEstado, ubicado en José Martínez de Aldunate esquina Salvador Allende. Aparentemente dejó el motor en marcha y en fracciones de segundos ya no estaba. Al salir de la cabina se percató que desconocidos se habían llevado su auto. Pero eso no fue todo. A los minutos le avisaron que el vehículo estaba volcado, a varias cuadras de la sucursal bancaria. Efectivamente, unidades de emergencia fueron convocadas a ese sector, alertados por un vehículo que había impactado violentamente contra un poste del alumbrado público y de ahí con el muro de una barbería, en Independencia frente al Nº299. Incluso Bomberos verificó una emanación de gas. Carabineros y Seguridad Ciudadana Municipal se hicieron presente rápidamente pudiendo solamente constatar que los ocupantes del vehículo habían huido. Imágenes de cámaras de seguridad registraron el violento impacto, observándose cuando dos sujetos salen rápidamente del auto, aparentando encontrarse ilesos. La jefa del Laboratorio de Carabineros, capitán Abigail Araya Pereira, dio cuenta que la Fiscalía les solicitó concurrir al accidente y realizar trabajo pericial. Esto les permitió levantar diversos tipos de evidencias, tanto de índole orgánico como material biológico. “Todo esto con la finalidad de poder identificar al sujeto y poner a disposición de la fiscalía los antecedentes”, indicó la oficial.

“Magallanes pierde un gran jefe de zona. Y Carabineros, a un gran general”, dijo la entonces presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas, Rosa Zúñiga Ruiz, cuando en diciembre de 2007 el general Patricio Briones Repossi fue llamado a retiro. El mismo oficial que falleció recientemente, a la edad de 70 años, producto de una larga enfermedad. Briones nació en Santiago, comuna de San Bernardo, el 21 de Septiembre de 1955 y dejó de existir el 1 de marzo de 2026. Estuvo asado con Ruth Roubik González y fue padre de tres hijos, Patricio Andrés, Alexandra Monserrat y María Paz. En cuanto a su trayectoria institucional, ingresó a la Escuela de Carabineros en 1975. Dentro de su brillante carrera institucional, destacó su labor como jefe de escolta del exPresidente Patricio Aylwin Azócar. Posteriormente continuó su carrera policial al interior de La Moneda como jefe del Departamento de Seguridad Presidencial con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y el 22 de diciembre de 2005 asumió como jefe de zona de Carabineros en Magallanes. Plan Cuadrante La misma Revista de Carabineros, en su última edición, menciona que “hasta su retiro, desplegó un mando positivo y cercano que lo hicieron merecedor de múltiples logros institucionales”. Y recuerda que finalizó su carrera policial como jefe de Zona en Magallanes, “con la satisfacción de haber implementado el Plan Cuadrante en la región”. En su paso por Punta Arenas Briones realizó numerosas gestiones para la construcción de la nueva comisaría. Y justo cuando la institución cumplía 80 años de vida el Consejo Regional de la época aprobó los 80 millones de pesos que costaba licitar los diseños y estudios de suelo del nuevo complejo policial, que el general Briones soñaba con ver emplazado en los terrenos de Carabineros, en calle Ignacio Carrera Pinto. Lo que más anhelaba era contar con un complejo policial que permita a los funcionarios disponer de instalaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones. En su paso por Magallanes se le recuerda como uno de los generales que más veces visitó los destacamentos. “Esta es mi tercera vuelta”, decía en una de las tantas entrevistas concedidas a La Prensa Austral. “En un año y medio he pasado más de una vez por las unidades policiales, entre Puerto Toro y Puerto Edén”. Uno de los integrantes del Círculo de Alguaciles, Ricardo Mattioni, recordó con mucho afecto y cariño a Patricio Briones. “Fue una muy buena persona. Muy jovial y con quien mantuvimos una excelente relación, porque siempre se mostró cercano a nosotros”.

Un duro cruce de palabras se vivió durante la última sesión del Consejo Regional de Magallanes entre el democratacristiano, Juan Morano, y los consejeros de Chile Vamos, Max Salas y Rodolfo Arecheta. El meollo del asunto fue la votación del incremento en $500 millones para los trabajos de demolición del exhospital, tras acreditarse la presencia de asbesto en parte de su infraestructura, elemento que no fue considerado en la licitación de la demolición a pesar de que el edificio fue construido en una época en que este material fue ampliamente utilizado en obras públicas. El encontrón entre Morano, Salas y Arecheta terminó con descalificativos de “mentiroso” y “carencia de inteligencia”. Las incendiarias intervenciones de uno y otro lado obligaron en varias ocasiones al gobernador Jorge Flies a llamar al orden en la sala, y desató la crítica de algunos consejeros que se quedaron sin poder opinar. Uno de los que cuestionó fue el consejero fueguino, Andrés López España, quien argumentó que este tipo de enfrentamientos alarga las sesiones del Consejo y deja a los integrantes sin la posibilidad de solicitar documentación o intervenir en los puntos varios. La discusión fue iniciada por el consejero natalino, Max Salas, quien cuestionó los precios que maneja la empresa encargada de ejecutar los trabajos de demolición y expuso que esta misma constructora tiene a su cargo otras dos obras: la Biblioteca y Archivo Regional y el puente sobre el río Rubens; sobre este último cuestionó que una infraestructura de 105 metros de largo costará $24 mil millones. “El famoso puente Cau-Cau (en Valdivia), con brazos basculantes y todo, costó un poquitito más, después de todos los desaguisados que hubo, un poquitito más de lo que le estamos pagando”, aseguró. De inmediato el gobernador Flies precisó que el puente sobre el río Rubens se construye con recursos del Ministerio de Obras Públicas. La intervención de Salas fue apoyada por Rodolfo Arecheta, quien aseguró que “desde que llegué al Consejo he escuchado sobreprecio en las obras”. “A mí eso me parece extraño, no sé, curioso porque como decía el consejero recién tenemos 40 mil millones que sale la Biblioteca con un precio exorbitante, 24 mil millones que sale el puente Río Rubens, que no es de este gobierno regional pero también de la misma empresa, entonces me van a disculpar la expresión, pero parece que acá hay tirar y abrazarse”, expresó el personero de derecha, Rodolfo Arecheta, para seguir entregando argumentos en contra de aprobar los recursos suplementarios (ver en nota anexa). “Acá en el gobierno regional tenemos un montón de consejeros que a vista y paciencia de esto no hacen absolutamente nada (...) la única explicación que hay es, digamos de alguna manera, tratar de prestarle ropa al Ejecutivo porque acá se cometió un error”, cerró Arecheta. De inmediato su intervención fue cuestionada por el frenteamplista, Arturo Díaz, quien se mostró “bastante molesto de que cada vez que estamos en posiciones diferentes caemos en la descalificación”. “Atentado a la inteligencia” Así calificó la intervención de Max Salas el consejero Juan Morano, explicando que no se podía comparar un puente construido en 2013 con uno de 2026 debido a la variación del IPC. Según Morano, el puente Cau-Cau costó $37 mil millones y reajustado a la inflación, actualmente dicha obra costaría más de $60 mil millones. “Esta es la misma gente que habla de metáforas e hipérboles”, prosiguió Morano. Salas, citando medios, volvió a insistir que su colega estaba equivocado. De ahí ambos tuvieron varios cruces de palabras en donde de lado y lado se trataron de “mentiroso”, y todo por un puente que se construyó hace más de una década a varios miles de kilómetros de Punta Arenas. El encontrón que duró más de media hora terminó con un llamado a “no extremar las formas”, por parte del gobernador. Los acalorados discursos e intervenciones no son algo nuevo en el Consejo Regional; desde hace más de un año que las formas de hacer política han cambiado, dichas tensiones han tenido momentos como los ocurridos el año pasado con la aprobación de los recursos para la expropiación del Club Hípico o la modificación al presupuesto regional, sesión que terminó con un intercambio de palabras entre el gobernador Flies y Rodolfo Arecheta.   Tras acalorado debate, consejeros aprueban $500 millones para retiro de asbesto en demolición del exhospital Tras una tensa votación, marcada por descalificaciones, declaraciones en contra de la empresa encargada de las obras y la molestia de los consejeros de derecha por la omisión de la existencia de asbesto en las obras, fue aprobada por ocho votos a favor la entrega de $500 millones para retirar el asbesto en la demolición del exhospital. En un comienzo, la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional recomendó rechazar la moción; luego de un intenso debate, gracias al voto oficialista esta moción se cayó, obligando a restablecer el escrito original, el cual fue votado favorablemente para la gestión del gobernador Flies. Cabe recordar que este aumento de recursos fue solicitado luego de que el Gobierno Regional contratara una consultoría que determinó la existencia de asbesto, material ampliamente usado antes de 2001 en las construcciones y altamente cancerígeno, en las faenas del exrecinto asistencial. Según explicó previamente la jefa de la División de Infraestructura y Transporte, Hina Carabante, este material debe ser tratado por equipos especializados y enviado a un relleno sanitario emplazado en Talcahuano. La demolición se encuentra a cargo de la constructora Flesan y costaría más de $5 mil millones. Intenso debate Uno de los primeros en intervenir fue el consejero Arturo Díaz, quien se mostró dudoso, ya que los argumentos a favor y en contra de incrementar estos recursos eran convincentes; sin embargo, apelando a su calidad de vecino del sector, destacó que con el inicio de los trabajos las incivilidades han caído sostenidamente. “Se ha esperado diez años para demoler, me parecía contraproducente paralizar la obra en este momento”, sostuvo. Una mirada opuesta tuvo el consejero Rodolfo Arecheta, quien aseguró que, al ser un contrato a suma alzada, la empresa debe hacerse cargo de los riesgos. “Que hayan gastos extraordinarios porque existía asbesto es una cuestión de verdad inadmisible”, señaló, agregando que “muchas constructoras tienen esta mala práctica de mirar en Chile todas las partidas que pueden para sacarle el máximo provecho al mandante”. “Estamos hablando de la demolición industrial, por lo tanto el riesgo de incidencia de asbesto no podía ser algo menor, era prácticamente evidente”, señaló Robert Weissohn. Agregó que le resulta “extraña” la forma en que se abordó la adjudicación, cuestionando la inexistencia de una correcta incorporación del riesgo en las bases. A su juicio, esto abre dudas sobre la responsabilidad en la elaboración del proceso: “¿Por qué no puede ser incorporado el riesgo de asbesto en la oferta?”, planteó. En tanto, Juan Morano defendió la demolición, explicando que es necesario que se retire el asbesto y que la obra no quede paralizada. Señaló que esto podría provocar un riesgo, debido al polvo contaminado de este material. Flies defendió la entrega de estos recursos, asegurando que el tema del asbesto fue algo extraordinario y que en las áreas demolidas no se detectó la presencia de este material debido a que eran anteriores al boom de este elemento en el mundo constructivo. El asbesto comenzó a ser popular en las construcciones a partir de la década del 50.

- El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, respaldó al Presidente Rodrigo Paz frente a las protestas y denunció que fuerzas “antiinstitucionales” buscan desestabilizar al país. Estados Unidos aseguró este martes que Bolivia enfrenta “un golpe de Estado en marcha” promovido por sectores vinculados al crimen organizado y expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz en medio de las protestas, disturbios y bloqueos que afectan al país desde hace varios días. La advertencia fue realizada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien sostuvo que detrás de las movilizaciones violentas existe una alianza regional destinada a debilitar las instituciones democráticas bolivianas. “Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, afirmó Landau durante una exposición en Washington. Las declaraciones llegan mientras Bolivia atraviesa una escalada de tensión política y social marcada por protestas contra Rodrigo Paz, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y cortes de rutas. Las manifestaciones, concentradas principalmente en La Paz, exigen la renuncia del Mandatario y rechazan el paquete de reformas económicas impulsado por el gobierno. Landau reveló además que mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación. “Acabo de terminar una conversación telefónica con el Presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia”, señaló el funcionario estadounidense. El vicesecretario de Estado cuestionó que grupos violentos busquen desestabilizar a un gobierno que llegó al poder mediante elecciones democráticas hace menos de un año. “No puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, sostuvo. Washington considera que la crisis boliviana excede una discusión ideológica tradicional y representa un desafío institucional vinculado a redes criminales y actores políticos radicalizados. “La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo”, afirmó Landau. El funcionario insistió en que Estados Unidos busca impedir que sectores “antiinstitucionales” logren imponerse en Bolivia. “Quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”, declaró. Infobae

La baja cobertura de vacunación registrada en los últimos años y el aumento de casos en el continente (México, Estados Unidos, Canadá, entre otros) han puesto al sarampión nuevamente en la mira. El gobierno de Perú ha declarado la emergencia sanitaria por un periodo de 90 días en Lima Metropolitana, Callao y otros 10 departamentos, luego de confirmarse transmisión local en la región de Puno y detectarse un alto riesgo de expansión hacia otras jurisdicciones. La medida comprende a Lima Metropolitana y a las regiones Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de la provincia constitucional del Callao. El viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre, señaló que el objetivo de la declaratoria de emergencia es intensificar la vacunación de personas vulnerables y evitar un aumento de casos de sarampión. Según señaló Rebaza Iparraguirre, a la fecha se han reportado 257 casos de sarampión en Puno. Además, señaló que, afortunadamente, no se han registrado otros casos fuera de esta región. biobiochile.cl

A menos de dos semanas de la primera Cuenta Pública y a poco más de dos meses de asumir, el Presidente José Antonio Kast realizó este martes su primer cambio de gabinete, marcado por la salida de ministras que alcanzaron a permanecer sólo 69 días en sus cargos y por el regreso de la figura de los biministros. La ceremonia se realizó en La Moneda junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Uno de los principales cambios fue la salida de Mara Sedini de la Segegob, siendo reemplazada por Claudio Alvarado, quien mantendrá además sus funciones en Interior. En Seguridad Pública, Trinidad Steinert dejó el cargo y fue reemplazada por Martín Arrau, quien salió del MOP para asumir una de las áreas prioritarias del gobierno. A su vez, el ministro de Transportes, Louis De Grange, quedará también a cargo de Obras Públicas. Kast señaló que el ajuste responde “al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país”. La salida de la secretaria de Estado fue informada inicialmente por La Tercera y posteriormente confirmada por fuentes a CNN Chile, en medio de una jornada marcada por versiones sobre ajustes en el equipo de gobierno. De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el Mandatario habría informado personalmente la decisión a los presidentes de las colectividades que integran el oficialismo.

Las fuerzas israelíes mantienen detenidos a decenas de activistas internacionales tras interceptar una flotilla humanitaria que intentaba llegar a Gaza para entregar ayuda y desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel. De acuerdo con los organizadores de la llamada “Global Sumud”, más de 30 embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales, mientras una decena de barcos continuaba este martes rumbo al enclave palestino. Entre los detenidos hay ciudadanos españoles, irlandeses, australianos y de otros países europeos y latinoamericanos. Israel defendió el operativo señalando que impedirá cualquier intento de romper el bloqueo marítimo sobre Gaza, mientras gobiernos y organizaciones humanitarias denunciaron una violación al derecho internacional y exigieron la liberación inmediata de los activistas. La operación generó críticas desde Turquía, España e Irlanda, cuyos gobiernos pidieron explicaciones por la detención de sus ciudadanos. Según imágenes difundidas por los organizadores, efectivos israelíes realizaron disparos durante la interceptación, aunque no se reportaron heridos.    

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, aseguró este martes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto internacional en su contra por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Cisjordania ocupada. Según medios israelíes y reportes difundidos por Efe, la eventual acción judicial estaría vinculada al impulso de asentamientos israelíes y a políticas aplicadas en territorios palestinos. Smotrich calificó al tribunal de “antisemita” y sostuvo que una eventual orden de arresto equivaldría a una “declaración de guerra”. En respuesta, el dirigente ultranacionalista anunció la firma de una orden para desalojar y demoler la aldea beduina de Khan al Ahmar, ubicada al este de Jerusalén y considerada un símbolo de la resistencia palestina frente a la expansión de colonias israelíes. Organizaciones de derechos humanos criticaron la medida y la calificaron como una represalia política. La situación se suma a la creciente presión internacional sobre autoridades israelíes. En 2024, la CPI ya había emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Gaza.    

La sociedad médica “Doctora Andrea San Martín y Compañía” que mantiene la familia de su pareja recibió $1.209 millones de pesos durante la pasada administración frenteamplista. La exministra Camila Vallejo se refirió a la sociedad médica que mantiene la familia de su pareja y que durante la administración del gobierno de Gabriel Boric recibió $1.209 millones por parte del Estado para prestar servicios al sistema público. “Me sorprende que El Mostrador haya replicado (sin consultarme absolutamente nada para verificar) una burda nota de una plataforma online de derecha que busca evidentemente equipararme con situaciones impresentables de su propio gobierno, mientras recortan y recortan gasto social demostrando total insensibilidad con las necesidades de la gente”, dijo la otrora secretaria de Estado en una publicación de Instagram del medio El Mostrador. “La sociedad médica a la que se refieren lleva más de 17 años participando de licitaciones públicas, incluso durante el gobierno del exPresidente Piñera. Todas sus licitaciones fueron adjudicadas mediante mecanismos reglados y transparentes, y financian el trabajo de profesionales y paramédicos en programas oftalmológicos, de patologías Ges y urgencias oftalmológicas. Esos pacientes y trabajadores merecen respeto, no ser perjudicados por maniobras”, ahondó Vallejo. Y agrega: “Además, la ley 20.880 exige declarar nombre y Rut de los parientes, no sus actividades comerciales”. Un reportaje de El Libero reveló que la sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía”, creada en 2003 y que hasta 2018 tenía como participante mayoritario a Abel Zicavo -pareja de Vallejo-, recibió $1.209 millones de pesos durante la administración del gobierno de Gabriel Boric. Lo anterior se traduce en un 56% del dinero que ganó la empresa en ventas al Estado en los últimos 15 años, dice la publicación. Actualmente “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” está en manos de los cuñados de la exministra, Claudio Camilo Zicavo San Martín y Valeria Andrea Zicavo San Martín; de su suegra, la médico Andrea Colomba San Martín Palma; y del cónyuge de ésta, Osvaldo Armando Aguiló Melo. A juicio de expertos en transparencia, este tema debió haber sido transparentado por la ministra Vallejo en su Declaración de Intereses y Patrimonio. Para el expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, “la Declaración de Intereses y Patrimonio (Dip) está diseñada para prevenir conflictos de interés permitiendo que la ciudadanía, la Contraloría y los propios servicios identifiquen riesgos de captura, nepotismo o influencia indebida antes de que el daño ocasionado se materialice. Por eso su exigencia de detalle es alta. El artículo 7 de la Ley 20.880, exige incorporar el nombre de parientes por consanguinidad en toda la línea recta y, además, parientes por consanguinidad colateral y por afinidad hasta segundo grado. Es decir, se incluyen expresamente suegros y cuñados”. De acuerdo a la informado por el Libero, la sociedad que creó Andrea San Martín en 2003, en la que posteriormente incluyó a sus hijos y a su actual marido, está estrechamente vinculada al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Parte de las facturas que ha girado su sociedad han sido por licitaciones que ha ganado desde 2006 hasta 2025 por consultas oftalmológicas y operaciones en ese hospital, lugar donde trabajó en modalidad a contrata en los años 2018, 2019 y 2020, según el portal de Transparencia del centro asistencial. Emol

Trece compañías salmoneras presentaron en paralelo dos reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para frenar una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregar información detallada sobre el desempeño sanitario y productivo de sus centros de cultivo. Los recursos, ingresados el 7 de mayo de 2026, dieron origen a dos causas, ambas declaradas admisibles el 12 de mayo. En ambos casos, la Corte decretó la suspensión de la entrega de información mientras se resuelve el fondo, conforme al artículo 29 de la Ley de Transparencia. El origen El reclamo de las salmoneras apunta contra la decisión que el CPLT adoptó, cuando Roberto Montt Garrido, quien, según los escritos, se desempeña en la empresa Ceres BCA, presentó una solicitud de acceso a la información ante Sernapesca. El requerimiento pidió tres conjuntos de datos por centro de cultivo desde enero de 2025. Las mortalidades semanales (con campos como tipo de centro, comuna, especie, etapa, número de peces, peso promedio, densidad y mortalidad por causa); el uso de productos farmacológicos declarados al módulo Sifa (incluyendo principio activo, vía de administración, dosis, cantidades y fechas de tratamiento); y las cargas parasitarias declaradas por los centros en mar. Sernapesca respondió mediante la Resolución Exenta N°DN-01427/2025 del 22 de mayo de 2025, denegando parcialmente la información respecto de los titulares que se opusieron y entregándola para el resto. Montt dedujo amparo ante el CPLT, que acogió su reclamo y ordenó entregar la información retenida. Las dos causas ante la Corte El primer recurso (Rol 94-2026) fue presentado por nueve compañías: Salmones Blumar S.A., Salmones Blumar Magallanes SpA, Australis Mar S.A., Australis Agua Dulce S.A., Acuícola Cordillera Ltda., Procesadora de Alimentos ASF SpA, Salmones Alpen Ltda., Salmones Islas del Sur Ltda. y Salmones Aysén S.A. Patrocinan el escrito los abogados Mónica Cortés, Fernanda Skewes y Joaquín Carbone, del estudio FerradaNehme. El segundo (Rol 93-2026) fue interpuesto por Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Aquacultivos S.A. y Salmones Humboldt SpA, representadas por la abogada Francisca Farías Fuenzalida. En su escrito, Cermaq reconoció que no alcanzó a evacuar el traslado original ante Sernapesca dentro del plazo de tres días hábiles por “un error y retraso de carácter estrictamente administrativo”, pero advirtió que ello “no puede ser interpretado, en caso alguno, como una renuncia voluntaria ni un consentimiento material a la divulgación”. El argumento central Pese a diferencias de las causas, ambos recursos apuntan en lo sustantivo. Las empresas sostienen que la información requerida está protegida por la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, que ampara los antecedentes cuya publicidad afecte derechos de carácter comercial o económico. El escrito del grupo de nueve empresas argumentó que el cruce de los tres conjuntos de datos permite “reconstruir con exactitud el desempeño productivo, sanitario y farmacológico de cada empresa a lo largo del ciclo productivo en curso”. Y agregó que la divulgación expondría a las compañías chilenas frente a competidores internacionales “como los establecidos en Noruega, Escocia o Canadá”, que podrían “ajustar sus propias estrategias de oferta, precios, volúmenes y ventanas de cosecha”. Las salmoneras también pusieron el foco en quien pidió la información. Señalaron que Ceres BCA, donde se desempeña Montt, se define como una empresa de servicios “en el área de la sanidad animal y vegetal” cuya oferta —entre ella el servicio denominado Gestión Sanitaria Estratégica (GSE)— apunta a “agregar valor al proceso productivo y comercial competitivo”. Para los reclamantes, ese perfil refuerza el riesgo de que la información se use con fines comerciales y no de control ciudadano. “La entrega de datos estratégicos –tales como los solicitados– representa una ventaja competitiva evidente, pues permite identificar patrones presentes y vigentes de manejo sanitario de cada productor, zonas y períodos de mayor presión biológica, estrategias diferenciales de control y, en definitiva, oportunidades concretas de posicionamiento comercial, fijación de precios y negociación en perjuicio de las propias empresas cuyos datos quedarían expuestos”, señala un escrito. Emol

Al menos cinco personas murieron, incluyendo los dos atacantes, durante el tiroteo registrado este lunes en una mezquita en San Diego, en el estado de California. “Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, según consigna The New York Times. Los dos atacantes adolescentes fallecieron, aparentemente, tras haber cometido suicidio, agregó Wahl. En tanto, una de las tres víctimas era un guardia de seguridad, explicó el jefe policial. El citado medio añadió que un jardinero que trabajaba en aquella zona también fue alcanzado por el tiroteo, pero resultó ileso. “Es sumamente indignante atacar un lugar de culto”, dijo Taha Hassane, jefe de la centro de culto islámico. “La policía acordonó el Centro Islámico, registrando habitación por habitación y forzando las puertas en lo que Wahl describió como una escena caótica”, detalló el informe policial. “Sólo más tarde se supo que los sospechosos habían abandonado el lugar y se encontraban muertos en un automóvil cercano”, agregaron. Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos. El centro, ubicado en el barrio de Clairemont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los periodistas en la Casa Blanca que estaba informado del tiroteo. “Es terrible”, dijo Trump sobre el ataque a la mezquita. El ataque del lunes es el último de una serie de atentados contra instituciones religiosas en Estados Unidos, lo que ha motivado que se refuercen las medidas de seguridad en torno a esos centros. En marzo, un hombre atacó una sinagoga, que también albergaba una escuela primaria, a las afueras de Detroit. Estampó su camión contra el edificio, lo que provocó un incendio. Murió después en un enfrentamiento con los guardias de seguridad. biobiochile.cl