La Municipalidad de Punta Arenas realizará durante junio un nuevo remate de un caballo que permanece bajo custodia municipal desde el pasado 17 de abril, luego de que no se registraran interesados en el proceso de adjudicación efectuado este 27 de mayo. El ejemplar, un macho joven sin marca de identificación, fue capturado en la vía pública y posteriormente se le implantó un microchip, conforme a la normativa vigente. El médico veterinario municipal, José Luis Carreño, informó que el equino continúa recibiendo alimentación y cuidados mientras espera una nueva subasta. La postura mínima será de 50 mil pesos y el animal será adjudicado a la oferta más alta. Además, indicó que este corresponde al primer remate de animales mayores realizado por el municipio durante 2026.

La renuncia del subdirector de Gestión de Personas del Servicio Local de Educación Pública en Magallanes, Jorge Riquelme, abrió un nuevo escenario de incertidumbre entre las organizaciones docentes, que desde hace meses vienen denunciando retrasos en procesos administrativos vinculados a titularidad y pagos de remuneraciones. La presidenta de la Asociación Sur Docentes (Asuma), Nadia Díaz, sostuvo que la salida del directivo se produce en medio de una serie de conflictos que mantienen inquietud entre los trabajadores de la educación y que, a juicio del gremio, requieren una respuesta urgente por parte del servicio. “Tenemos la esperanza de poder destrabar muchas situaciones que no resolvía o no transparentaba”, afirmó. Añadió que uno de los problemas más graves corresponde a la aplicación de las leyes de titularidad docente y extensión horaria, y subrayó que todavía existe un número importante de docentes que continúa esperando definiciones respecto de su situación contractual. Sostuvo que la demora ha provocado incertidumbre y desgaste entre los trabajadores, especialmente porque, según recordó, situaciones similares no ocurrían anteriormente en la administración municipal. “Es la primera vez, que tenga memoria, que nos vemos en esta situación de aplicar la discrecionalidad a una norma que es permanente y que es ley”, indicó. A las dificultades en titularidad se suman los problemas en el pago de remuneraciones y asignaciones. La dirigenta aseguró que durante este año se registraron situaciones críticas relacionadas con bonos impagos, diferencias salariales y horas de trabajo no canceladas. Por su parte, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante, coincidió en que la situación reviste gravedad debido al impacto que puede tener sobre derechos laborales y procesos administrativos sensibles. “Con respecto a la renuncia, es grave, porque no se trata sólo de cambios internos administrativos. Esto a la larga termina afectando directamente los derechos laborales de los docentes”. La dirigenta subrayó que el área ya enfrentaba retrasos importantes antes de la renuncia y que la salida de nuevos funcionarios podría profundizar las dificultades existentes. Agregó que actualmente existen contratos que aún no han sido regularizados, diferencias en horas de trabajo y múltiples trámites administrativos pendientes. Respecto del proceso de titularidad docente, Aguilante puntualizó que el gremio entregó durante febrero antecedentes y documentación correspondiente a más de 50 profesores que cumplían con los requisitos establecidos por ley, aunque muchos casos continúan pendientes. “En febrero entregamos antecedentes y documentación de más de 50 docentes que cumplían con todos los requisitos que dice la ley. Sin embargo, a la fecha sólo se han concretado algunos”, expresó.

Diez organizaciones sociales de Punta Arenas recibieron subvenciones municipales que serán destinadas al fortalecimiento de iniciativas deportivas, culturales y comunitarias. La entrega, forma parte del programa de apoyo que impulsa la municipalidad para respaldar el trabajo de agrupaciones que desarrollan actividades en beneficio de la comunidad. Los fondos permitirán financiar proyectos orientados a mejorar equipamiento, implementar actividades y fortalecer el funcionamiento de diversas organizaciones de la comuna. Desde el municipio señalaron que estas subvenciones buscan contribuir al desarrollo de iniciativas sociales, vecinales, culturales y deportivas, favoreciendo la participación de más agrupaciones y ampliando el impacto de los recursos en distintos sectores de Punta Arenas. Entre las organizaciones beneficiadas figuran el Club Deportivo Rangers. Su representante, Victoria Díaz, valoró el aporte municipal y explicó que los recursos serán destinados a la compra de indumentaria deportiva y elementos de entrenamiento. “Esta subvención nos ayuda bastante porque la utilizaremos para comprar indumentaria deportiva y elementos de entrenamiento. Con el uso, las camisetas y otros implementos se deterioran rápidamente, por lo que este apoyo es muy importante para nuestros jugadores”, comentó.

Un radiopatrulla de Carabineros concurrió poco antes de las 18 horas de este viernes al complejo penitenciario de Punta Arenas a retirar a un imputado en prisión desde finales de diciembre de 2025, luego que el Juzgado de Garantía modificara la medida de prisión por arresto domiciliario total, en su domicilio de Playa Norte. Franco Millar Mora se encuentra imputado por dar muerte a la víctima Camila Toro Muñoz (32 años) mientras conducía bajo la influencia del alcohol su vehículo en la intersección de calles Manantiales y Esteban Capkovic, en la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez, el 31 de diciembre de 2025. La defensa de Millar Mora solicitó el cambio de cautelar argumentando una presunta atenuante de colaboración sustancial que a la fecha haría innecesaria la prisión del imputado. La Fiscalía y querellante se opusieron a esta solicitud, advirtiendo que a la fecha no han variado las circunstancias que determinaron que el imputado quedará en prisión preventiva desde el día de los hechos, resolución confirmada por resolución del mismo Juzgado de Garantía en audiencia de fecha 24 de marzo pasado. Sin embargo, la jueza Paula Stange del mismo juzgado, estimó que durante la investigación el imputado habría colaborado con la investigación, declarando, reconociendo el hecho y habiendo pagado 200 mil pesos a la dueña del inmueble afectado por daños en su cierre perimetral. La parte querellante señala que “se trata de una resolución claramente infundada, la jueza no atendió a nuevos antecedentes de la investigación que sólo agravan la situación de Millar Mora y que, desde la ultima revisión de prisión preventiva, no hay ningún nuevo antecedente que haya modificado lo resuelto por el mismo juzgado y la Corte de Apelaciones en dos oportunidades”. Entre otros antecedentes de la investigación, se acreditó el hecho de que esta persona compró el vehículo “por mano” el 24 de diciembre de 2025 sabiendo que no contaba con la documentación vigente para circular, hecho que fue reconocido mediante una declaración jurada notarial firmada por éste y la anterior dueña. A la fecha del atropello el automóvil se encontraba a nombre de la antigua propietaria. El abogado querellante y hermano de la víctima, Jorge Toro, agrega que durante la indagatoria del Ministerio Público se han logrado determinar hechos de suma gravedad que justifican la necesidad de cautela que mantenía la prisión del imputado: i) manejaba sin haber obtenido licencia de conducir; ii) impactó a la víctima al menos a 88 km/h según informe Siat en un Paso de Cebra; iii) se reveló que Millar Mora sabía que su vehículo estaba sin bocina, e igualmente emprendió su viaje que terminó con la vida de la víctima, funcionaria del Hospital Clínico Magallanes. El querellante señala que esta resolución es injusta, no sólo porque en el caso concreto se incurrió en una errónea interpretación de los hechos, en tanto el imputado mas que colaborar ha ocultado hechos, por ejemplo, mintió a la policía cuando llamó para dar aviso del accidente, señalando en primera instancia que iba sólo en el vehículo para luego descubrirse que iba acompañado por un amigo, huyendo ambos del lugar a pretexto de una supuesta intención de linchamiento (no acreditada en la investigación). Por último, la familia de la víctima apelará de esta resolución y acusará al imputado por delitos y penas diversas a las del Ministerio Público, solicitando penas superiores a los 10 años de presidio. Además, presentaran una acción civil indemnizatoria en contra del imputado en sede penal, y una demanda civil en contra de la anterior dueña del vehículo a la fecha del accidente.

La vivienda social asignada a Susan Chicuy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme Ducci, acaparó por varios minutos la transmisión de los matinales, donde los panelistas lanzaron duras críticas contra el parlamentario del partido del Presidente Kast. Buenos Días a Todos incluso se trasladó hasta la casa en cuestión, en vivo y en directo. Desde Republicanos, el silencio ha sido sepulcral. Recién ayer, a través de una escueta declaración, el presidente regional de la colectividad y director regional de Corfo, Javier Romero, se limitó a señalar que “esperarán que Fiscalía recabe más antecedentes para formarse una opinión más acabada del caso”, agregando que se debe dejar actuar a las instituciones y respetar la presunción de inocencia. Otro que rompió ayer el silencio fue Alejandro Riquelme, quien emitió una declaración pública en la que aseguró que se trata de antecedentes “falsos”. “El proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio Gobierno Regional-Ministerio de Vivienda del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero y participara en política”, argumenta la declaración. “Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que se accedió al beneficio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por el Serviu durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio, estábamos separados y sin convivencia”, precisó. Esta es la primera vez que Riquelme se refiere a Susan Chicuy como su “expareja”. Según los antecedentes remitidos al Ministerio Público, Susan Chicuy declaró en el Registro Social de Hogares ser soltera, madre de cuatro hijos y vivir en una vivienda con dos dormitorios, sin sistema de distribución de agua y con baño conectado a una fosa séptica. Al solicitar los certificados de nacimiento de los hijos declarados, se constató que en tres de ellos el padre es Alejandro Riquelme Ducci. A lo anterior, agregó que colaborará con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera. “Espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto, además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno”, complementó. Finalmente, hizo un llamado a respetar el principio de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y la imparcialidad en la investigación. “En este caso no se han respetado”, cerró. Poduje contestó En entrevista con Radio Pauta, el ministro abordó la controversia surgida tras la denuncia presentada por el Minvu en Punta Arenas. El caso, que involucra directamente a la pareja de un parlamentario oficialista, ya motivó el inicio de una investigación administrativa en un programa destinado a familias vulnerables. “Hablé con los funcionarios que fueron a fiscalizar, hablé con el seremi y con otras personas. La ciudad de Punta Arenas no es tan grande. Este era un tema que se sabía y tiene que investigarse”, sostuvo la autoridad. En esa línea, el ministro remarcó que la condición de congresista no frenará las indagatorias. “Lo que yo dije es que en ningún caso esto lo vamos a tapar porque la persona sea diputado de A, B o C. Se va a investigar y se está investigando”, afirmó. Asimismo, frente al hecho de que un parlamentario le habría señalado previamente que la situación “estaba en regla”, cuestionando por qué no se cerró el caso en ese momento, Poduje insistió en que el combate al fraude en los beneficios estatales es una prioridad absoluta de su gestión.

Con tres encuentros continuará la categoría adultos varones del Torneo Apertura de baloncesto federado, este domingo en el gimnasio “José Peric Slater” de la Confederación Deportiva. El líder provisorio Español tendrá la gran posibilidad de mantenerse como puntero en el partido que jugará a primera hora frente al Chile. Una oportunidad que espera aprovechar considerando que Hispano Americano de Río Gallegos, el único elenco que sigue invicto y está a sólo un punto de la cima, no viajará por segundo fin de semana consecutivo. En el semifondo, Sokol espera sumar frente a Liceo para afirmarse entre los escoltas, al tiempo que en el choque estelar el campeón defensor Inacap apunta a recuperar terreno. Su rival será Umag, que está a un punto del líder Español, al igual que Hispano, Cordenap y Sokol. En cuanto a las damas adultas, mañana se dará el vamos a la segunda rueda con los partidos Sokol - Umag y Español - Inacap. POSICIONES Adultos varones 1.- Español 9 puntos (5 partidos jugados). 2.- Hispano 8 (invicto, 4 pj). 3.- Cordenap, Sokol y Umag 8 (todos con 5 pj). 6.- Inacap 7 (5 pj). 7.- Liceo 5 (5 pj). 8.- Chile 4 (4 pj). Damas adultas 1.- Inacap 8 puntos (invicto). 2.- Español 7. 3.- Sokol 6. 4.- Umag 5. 5.- Cordenap 4. PROGRAMACIÓN Así se desarrollará la programación completa de este fin de semana en el gimnasio de la Confederación: Hoy 19,30: Cordenap - Umag (U-13 varones). 21,00: Chile - Umag (U-15 varones). Mañana 9,30: Inacap - Español (U-13 varones). 11,15: Inacap - Español (U-13 damas). 13,00: Sokol - Chile (U-13 varones). 14,45: Sokol - Cordenap (U-13 damas). 16,30: Cordenap “A” - Cordenap “B” (U-15 varones). 18,15: Sokol - Umag (damas adultas). 20,00: Español - Inacap (damas adultas). Domingo 31 10,00: Sokol - Cordenap (U-15 damas). 11,45: Inacap - Español (U-15 damas). 13,30: Inacap - Español (U-15 varones). 15,15: Chile - Español (adultos varones). 17,00: Sokol - Liceo (adultos varones). 18,45: Inacap - Umag (adultos varones).

Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia acordaron este jueves coordinar acciones conjuntas para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional, en el marco de una cumbre de alto nivel realizada en Santiago y encabezada por cancilleres, ministros de Seguridad y autoridades judiciales de los cinco países. La cita concluyó con la firma del denominado “Compromiso de Santiago”, un acuerdo que establece una hoja de ruta regional orientada a fortalecer la cooperación en materias de inteligencia, control fronterizo y persecución financiera de organizaciones criminales que operan en Sudamérica. Durante la inauguración del encuentro, el presidente chileno José Antonio Kast advirtió sobre el impacto que las redes criminales están teniendo en la región. “El crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”, afirmó el Mandatario, quien llamó a dejar atrás la neutralidad frente a las mafias y avanzar hacia una estrategia común entre los países vecinos. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que los esfuerzos individuales de cada Estado ya no son suficientes para contener una amenaza que actúa sin respetar fronteras. “Esto empieza a cambiar”, aseguró, destacando que el acuerdo busca pasar de las declaraciones políticas a mecanismos concretos de cooperación. El documento firmado por las delegaciones fija cinco áreas prioritarias de trabajo: intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías; coordinación de controles fronterizos; trazabilidad de flujos financieros ilícitos; cooperación entre organismos técnicos nacionales; y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta ante delitos complejos. Además, los países acordaron conformar un grupo de trabajo conjunto que deberá revisar avances y proponer nuevas medidas en un plazo de 180 días. Desde Argentina, el canciller Pablo Quirno valoró que el acuerdo permita ordenar prioridades y establecer una base sólida para transformar la cooperación regional en una herramienta efectiva contra las organizaciones criminales. En la misma línea, el canciller boliviano Fernando Aramayo señaló que el desafío también requiere involucrar a la sociedad civil y no limitarse únicamente a la acción de los gobiernos. Las autoridades de Perú y Ecuador expusieron durante la reunión la compleja situación de seguridad que enfrentan sus países, marcada por el aumento de delitos como secuestros, sicariatos y extorsiones vinculadas al narcotráfico y bandas internacionales.

El actor estadounidense Brad Pitt enfrenta una nueva controversia judicial luego de que una empresa de productos cosméticos y cuidado íntimo masculino presentara una demanda en su contra por el nombre de su línea de skincare Beau Domaine. La acción legal fue interpuesta por la firma Beau D., una marca con sede en Malibu que acusa a la empresa asociada al actor de utilizar una denominación demasiado similar, situación que —según sostienen— podría generar confusión entre consumidores y afectar el posicionamiento comercial de sus productos. De acuerdo con información publicada por AirMail, Beau D. inició operaciones en 2020 con una línea de productos de lujo orientados al cuidado masculino. Entre ellos destaca “D. Cream”, una crema promocionada como hidratante y potenciadora del desempeño sexual masculino, elaborada con ingredientes herbales y extractos naturales. La empresa sostiene que la línea vinculada a Brad Pitt cambió su nombre en 2024 desde “Le Domaine” a “Beau Domaine”, decisión que habría motivado el conflicto judicial. Según la demanda presentada en California, el nuevo nombre mantiene una similitud fonética y visual con la marca Beau D., lo que constituiría competencia desleal y una presunta “falsa designación de origen” bajo la legislación comercial estadounidense. La compañía aseguró además que intentó resolver el conflicto de manera privada en al menos tres oportunidades antes de acudir a tribunales. En la demanda solicitan que la firma del actor deje de utilizar el nombre Beau Domaine y exigen una compensación superior a los 75 mil dólares por daños comerciales. La línea de skincare impulsada por Brad Pitt fue lanzada originalmente en 2022 y desarrollada junto a una reconocida familia productora de vinos en Francia. Sus productos utilizan ingredientes derivados de cepas como Grenache, Syrah y Mourvèdre, incorporados en fórmulas enfocadas en el cuidado facial y tratamientos antiedad. El proyecto está estrechamente ligado al viñedo Château Miraval, propiedad del actor en el sur de Francia y que anteriormente también estuvo en el centro de disputas judiciales relacionadas con su divorcio de Angelina Jolie. Por su parte, Beau D. fue fundada por Brandon Palas, exeditor vinculado a publicaciones como Men’s Vogue y Teen Vogue. La marca se ha caracterizado por una estrategia publicitaria de tono irreverente y humorístico, incluyendo un sitio web cuyo cursor tiene forma de espermatozoide. Hasta ahora, representantes de Brad Pitt no han emitido declaraciones públicas respecto al litigio. El caso continúa en desarrollo y aún no existe una fecha confirmada para nuevas audiencias judiciales o eventuales resoluciones relacionadas con la disputa por el nombre comercial de la marca.

Irán volvió a tensionar este jueves el escenario en Medio Oriente tras el lanzamiento de misiles y disparos en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético. Las explosiones fueron reportadas cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan, en momentos en que continúan las negociaciones indirectas entre Teherán y Estados Unidos para extender el frágil alto el fuego vigente desde abril. Medios vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, como las agencias Fars y Tasnim, confirmaron el lanzamiento de proyectiles desde el sur del país “hacia objetivos específicos”, aunque sin detallar los blancos alcanzados ni informar oficialmente sobre daños. Paralelamente, residentes de la zona reportaron fuertes detonaciones y ráfagas de disparos cerca del estrecho de Ormuz. Tasnim señaló además que la Marina iraní habría efectuado “disparos de advertencia” contra embarcaciones que transitaban por el Golfo Pérsico. La propia agencia admitió que los detalles del incidente permanecen bajo investigación, mientras persiste la incertidumbre sobre la magnitud real de la ofensiva. El episodio ocurre en medio de nuevos cruces diplomáticos y militares entre Washington y Teherán. Estados Unidos acusó recientemente a Irán de ejecutar ataques con drones y misiles contra posiciones vinculadas a sus fuerzas en la región, mientras el régimen iraní denunció operaciones militares estadounidenses cerca de Bandar Abbas. Las conversaciones entre ambos países buscan extender por 60 días la tregua alcanzada hace un mes y avanzar en un entendimiento sobre el programa nuclear iraní y la reapertura total del estrecho de Ormuz. Sin embargo, el acuerdo aún no ha sido firmado y continúan las diferencias entre las partes. Fuentes cercanas al equipo negociador iraní descartaron que exista un documento definitivo. El estrecho de Ormuz se mantiene como el principal foco de tensión. Antes del conflicto, por esa vía marítima transitaba cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas. Desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní, Teherán restringió progresivamente el paso de embarcaciones comerciales y militares. En paralelo, la Guardia Revolucionaria amenazó con nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente, mientras Kuwait condenó recientes ofensivas atribuidas a Irán y advirtió sobre una “peligrosa escalada” regional. Con el intercambio de fuego aún activo y sin un acuerdo formal entre Washington y Teherán, la situación en torno al estrecho de Ormuz continúa siendo altamente inestable y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión mayor del conflicto.

El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó ayer una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La normativa aumenta la presión sobre Paz para que ponga fin a las protestas y los bloqueos de carreteras que desde hace casi un mes tienen cortados los principales accesos a La Paz, la capital administrativa, por sectores que exigen su renuncia. El documento fue firmado por el Ejecutivo pasada la medianoche, momentos después de que la Cámara de Diputados la sancionara con una mayoría de dos tercios y tras un debate de casi cinco horas. Con la ley aprobada, la Asamblea logra incrementar la presión que ejerce sobre el Presidente para desplegar las Fuerzas Armadas en calles y carreteras de Bolivia. El conflicto social ha crecido con el paso de las semanas y todos los intentos del Presidente de abrir una vía de diálogo han fracasado. En los últimos ocho días hubo tres enfrentamientos en el centro de La Paz entre manifestantes y policías en una escalada de violencia que ya se ha cobrado la vida de un manifestante. El gobierno, además, responsabiliza a quienes mantienen bloqueadas las carreteras de la muerte indirecta de cuatro personas por falta de atención médica. La Ley 1731 deroga otra norma, la 1341, que entró en vigencia hacia el final de la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, en 2020. Fue promovida por el Congreso, entonces controlado por parlamentarios del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y tras las duras represiones de Áñez contra los que protestaban por el derrocamiento del exPresidente Evo Morales. Se trataba de una especie de candado al Ejecutivo cuando se decretaba un estado de excepción, como limitaciones de tiempo o uso del Ejército sólo si la Policía se veía superada. El País

La justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva para un argentino llamado Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto de 63 años, acusado de racismo por hacer comentarios contra un menor de siete años en un tren en Minas Gerais. En concreto, el pasado domingo, Murias tomó fotos del pequeño y las envió por WhatsApp a su esposa, diciendo además que: “Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo”. “Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí”, “Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas”, agregó. De acuerdo a lo que sostiene Clarín, en ese instante la madre del menor se dio cuenta de las acciones del hombre, por lo que lo habría encarado en el mismo tren. Al ver las imágenes dio cuenta a la policía. De hecho, el informe revela que varias personas lo retuvieron en el tren para evitar que huyera del lugar. Otro individuo le quitó el celular para que no borrara las imágenes. El parte policial sostiene que: “El agresor estaba fotografiando a un niño de 7 años, originario de Nova Iguaçu, y difundiendo las imágenes en grupos de mensajería acompañadas de comentarios discriminatorios”. Hay que señalar que, en las últimas horas, la madre del niño entregó su testimonio al medio O’Globo, asegurando que la actitud del argentino fue extraña. “Mi instinto maternal se activó. Vi que apuntaba mucho el celular hacia mi hijo y empecé a prestar atención”, expuso. “Vamos a llegar hasta el final porque esto no puede suceder. Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo. Revisamos su celular y encontramos otras pruebas”, agregó. Lo cierto es que, al igual que el caso de la abogada argentina Agostina Páez, Eduardo Ignacio Murias sería juzgado por el delito de injuria racial, el cual contempla hasta 5 años de cárcel. biobiochile.cl

El director del Servicio de Migraciones anunció que “la Superintendente de Pensiones nos va a entregar información”.   El director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, visitó ayer el paso fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá. Desde la zona, el exdiputado destacó que “estamos muy satisfechos del trabajo, llevamos un 40% de avance en la zanja, que van a ser en total 50 kilómetros”. Agregó que “ahora se suma el Ministerio de Obras Públicas (Mop) porque se han terminado ya varias licitaciones que estaban pendientes”. De paso, Sauerbaum advirtió que el gobierno realizará una nueva medida para frenar la migración irregular con las empresas. “Nosotros estamos llevando adelante fiscalizaciones a las empresas que están contratando migrantes irregulares, que son miles, lamentablemente, en Chile”. Sobre esto mismo, puntualizó que “la Superintendente de Pensiones nos va a entregar información de personas que están siendo contratadas ilegalmente, que están cotizando en la AFP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización; hicieron un permiso debido, y le vamos a informar a través de un oficio a estas empresas que están cometiendo una falta y que tienen que remediarla rápidamente”. “El llamado es que quienes quieran trabajar en Chile y puedan venir a aportar, puedan salir de Chile, entrar a Chile con una visa de trabajo, como dice la ley, porque, por lo demás, la ley no nos permite cambiar el estatus migratorio en Chile, eso no se puede hacer, y por lo tanto tienen que entrar con una visa de trabajo que es importante para regularizar el proceso migratorio”, cerró Sauerbaum. Emol

Las bancadas del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario (PNL) anunciaron este martes que impulsarán una Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras las inconsistencias detectadas en los Informes de Finanzas Públicas del gobierno anterior. La ofensiva parlamentaria surge luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciara un desfase superior a los US$10.500 millones en las proyecciones de deuda pública, además de omisiones de gastos comprometidos, como el reajuste del sector público. Desde el PNL afirmaron que los antecedentes podrían constituir una vulneración a la Ley de Administración Financiera del Estado y comprometer la credibilidad económica del país. El jefe de bancada de la colectividad, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves”. El parlamentario agregó que el país “merece saber si aquí hubo negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras que terminaron comprometiendo las finanzas públicas y el futuro económico de Chile”. Según explicaron desde la bancada libertaria, la normativa vigente obliga a mantener coherencia entre los presupuestos anuales y las proyecciones financieras de mediano plazo, considerando ingresos, gastos, déficit y deuda pública. A juicio de los diputados, las diferencias detectadas en los informes podrían implicar infracciones a diversos artículos de la ley. En paralelo, el jefe de bancada republicano, Benjamín Moreno, confirmó que su colectividad también avanzará en una acusación constitucional. “Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo. No es un juicio político: son hechos aritméticos”, afirmó. Hasta ahora no se ha definido si ambas bancadas presentarán una acusación conjunta o si impulsarán acciones separadas contra el exsecretario de Estado.

Carabineros confirmó este martes la desvinculación del cabo primero Luis Orellana, funcionario que se desempeñaba como guardia del Palacio de La Moneda y que es investigado por la muerte de un conductor ocurrida el pasado 9 de mayo en Talcahuano. La decisión fue informada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien señaló que la medida responde a los antecedentes entregados en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público. “Lo que corresponde es acatar”, sostuvo la autoridad policial durante un punto de prensa. Orellana fue detenido el lunes por su presunta participación en el homicidio con arma de fuego de Omar Solís Godoy, hecho que se produjo tras una persecución vehicular en la comuna de Talcahuano. De acuerdo con los antecedentes de la causa, el entonces cabo primero se trasladaba junto a su pareja —también funcionaria policial— y su cuñado, cuando el vehículo en que iban habría sido impactado por otro automóvil conducido por la víctima. Tras la colisión, el conductor se dio a la fuga, iniciándose una persecución que terminó cuando el automóvil chocó contra otro vehículo y posteriormente contra una reja. Según la investigación, en ese momento el funcionario descendió de su automóvil y efectuó un disparo con su arma particular, impactando al conductor en el tórax. El exuniformado será formalizado este martes en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes recopilados y solicitará las medidas cautelares correspondientes.