Un hombre sufrió ayer el robo de su vehículo Chevrolet Cruze, año 2015, color plateado, poco antes de la seis de la mañana, y minutos después le avisaron que estaba volcado en Avenida Independencia con Señoret. Según la versión que la víctima entregó a Carabineros, bajó por unos instántes a retirar dinero desde un cajero automático del BancoEstado, ubicado en José Martínez de Aldunate esquina Salvador Allende. Aparentemente dejó el motor en marcha y en fracciones de segundos ya no estaba. Al salir de la cabina se percató que desconocidos se habían llevado su auto. Pero eso no fue todo. A los minutos le avisaron que el vehículo estaba volcado, a varias cuadras de la sucursal bancaria. Efectivamente, unidades de emergencia fueron convocadas a ese sector, alertados por un vehículo que había impactado violentamente contra un poste del alumbrado público y de ahí con el muro de una barbería, en Independencia frente al Nº299. Incluso Bomberos verificó una emanación de gas. Carabineros y Seguridad Ciudadana Municipal se hicieron presente rápidamente pudiendo solamente constatar que los ocupantes del vehículo habían huido. Imágenes de cámaras de seguridad registraron el violento impacto, observándose cuando dos sujetos salen rápidamente del auto, aparentando encontrarse ilesos. La jefa del Laboratorio de Carabineros, capitán Abigail Araya Pereira, dio cuenta que la Fiscalía les solicitó concurrir al accidente y realizar trabajo pericial. Esto les permitió levantar diversos tipos de evidencias, tanto de índole orgánico como material biológico. “Todo esto con la finalidad de poder identificar al sujeto y poner a disposición de la fiscalía los antecedentes”, indicó la oficial.

“Magallanes pierde un gran jefe de zona. Y Carabineros, a un gran general”, dijo la entonces presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas, Rosa Zúñiga Ruiz, cuando en diciembre de 2007 el general Patricio Briones Repossi fue llamado a retiro. El mismo oficial que falleció recientemente, a la edad de 70 años, producto de una larga enfermedad. Briones nació en Santiago, comuna de San Bernardo, el 21 de Septiembre de 1955 y dejó de existir el 1 de marzo de 2026. Estuvo asado con Ruth Roubik González y fue padre de tres hijos, Patricio Andrés, Alexandra Monserrat y María Paz. En cuanto a su trayectoria institucional, ingresó a la Escuela de Carabineros en 1975. Dentro de su brillante carrera institucional, destacó su labor como jefe de escolta del exPresidente Patricio Aylwin Azócar. Posteriormente continuó su carrera policial al interior de La Moneda como jefe del Departamento de Seguridad Presidencial con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y el 22 de diciembre de 2005 asumió como jefe de zona de Carabineros en Magallanes. Plan Cuadrante La misma Revista de Carabineros, en su última edición, menciona que “hasta su retiro, desplegó un mando positivo y cercano que lo hicieron merecedor de múltiples logros institucionales”. Y recuerda que finalizó su carrera policial como jefe de Zona en Magallanes, “con la satisfacción de haber implementado el Plan Cuadrante en la región”. En su paso por Punta Arenas Briones realizó numerosas gestiones para la construcción de la nueva comisaría. Y justo cuando la institución cumplía 80 años de vida el Consejo Regional de la época aprobó los 80 millones de pesos que costaba licitar los diseños y estudios de suelo del nuevo complejo policial, que el general Briones soñaba con ver emplazado en los terrenos de Carabineros, en calle Ignacio Carrera Pinto. Lo que más anhelaba era contar con un complejo policial que permita a los funcionarios disponer de instalaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones. En su paso por Magallanes se le recuerda como uno de los generales que más veces visitó los destacamentos. “Esta es mi tercera vuelta”, decía en una de las tantas entrevistas concedidas a La Prensa Austral. “En un año y medio he pasado más de una vez por las unidades policiales, entre Puerto Toro y Puerto Edén”. Uno de los integrantes del Círculo de Alguaciles, Ricardo Mattioni, recordó con mucho afecto y cariño a Patricio Briones. “Fue una muy buena persona. Muy jovial y con quien mantuvimos una excelente relación, porque siempre se mostró cercano a nosotros”.

Un duro cruce de palabras se vivió durante la última sesión del Consejo Regional de Magallanes entre el democratacristiano, Juan Morano, y los consejeros de Chile Vamos, Max Salas y Rodolfo Arecheta. El meollo del asunto fue la votación del incremento en $500 millones para los trabajos de demolición del exhospital, tras acreditarse la presencia de asbesto en parte de su infraestructura, elemento que no fue considerado en la licitación de la demolición a pesar de que el edificio fue construido en una época en que este material fue ampliamente utilizado en obras públicas. El encontrón entre Morano, Salas y Arecheta terminó con descalificativos de “mentiroso” y “carencia de inteligencia”. Las incendiarias intervenciones de uno y otro lado obligaron en varias ocasiones al gobernador Jorge Flies a llamar al orden en la sala, y desató la crítica de algunos consejeros que se quedaron sin poder opinar. Uno de los que cuestionó fue el consejero fueguino, Andrés López España, quien argumentó que este tipo de enfrentamientos alarga las sesiones del Consejo y deja a los integrantes sin la posibilidad de solicitar documentación o intervenir en los puntos varios. La discusión fue iniciada por el consejero natalino, Max Salas, quien cuestionó los precios que maneja la empresa encargada de ejecutar los trabajos de demolición y expuso que esta misma constructora tiene a su cargo otras dos obras: la Biblioteca y Archivo Regional y el puente sobre el río Rubens; sobre este último cuestionó que una infraestructura de 105 metros de largo costará $24 mil millones. “El famoso puente Cau-Cau (en Valdivia), con brazos basculantes y todo, costó un poquitito más, después de todos los desaguisados que hubo, un poquitito más de lo que le estamos pagando”, aseguró. De inmediato el gobernador Flies precisó que el puente sobre el río Rubens se construye con recursos del Ministerio de Obras Públicas. La intervención de Salas fue apoyada por Rodolfo Arecheta, quien aseguró que “desde que llegué al Consejo he escuchado sobreprecio en las obras”. “A mí eso me parece extraño, no sé, curioso porque como decía el consejero recién tenemos 40 mil millones que sale la Biblioteca con un precio exorbitante, 24 mil millones que sale el puente Río Rubens, que no es de este gobierno regional pero también de la misma empresa, entonces me van a disculpar la expresión, pero parece que acá hay tirar y abrazarse”, expresó el personero de derecha, Rodolfo Arecheta, para seguir entregando argumentos en contra de aprobar los recursos suplementarios (ver en nota anexa). “Acá en el gobierno regional tenemos un montón de consejeros que a vista y paciencia de esto no hacen absolutamente nada (...) la única explicación que hay es, digamos de alguna manera, tratar de prestarle ropa al Ejecutivo porque acá se cometió un error”, cerró Arecheta. De inmediato su intervención fue cuestionada por el frenteamplista, Arturo Díaz, quien se mostró “bastante molesto de que cada vez que estamos en posiciones diferentes caemos en la descalificación”. “Atentado a la inteligencia” Así calificó la intervención de Max Salas el consejero Juan Morano, explicando que no se podía comparar un puente construido en 2013 con uno de 2026 debido a la variación del IPC. Según Morano, el puente Cau-Cau costó $37 mil millones y reajustado a la inflación, actualmente dicha obra costaría más de $60 mil millones. “Esta es la misma gente que habla de metáforas e hipérboles”, prosiguió Morano. Salas, citando medios, volvió a insistir que su colega estaba equivocado. De ahí ambos tuvieron varios cruces de palabras en donde de lado y lado se trataron de “mentiroso”, y todo por un puente que se construyó hace más de una década a varios miles de kilómetros de Punta Arenas. El encontrón que duró más de media hora terminó con un llamado a “no extremar las formas”, por parte del gobernador. Los acalorados discursos e intervenciones no son algo nuevo en el Consejo Regional; desde hace más de un año que las formas de hacer política han cambiado, dichas tensiones han tenido momentos como los ocurridos el año pasado con la aprobación de los recursos para la expropiación del Club Hípico o la modificación al presupuesto regional, sesión que terminó con un intercambio de palabras entre el gobernador Flies y Rodolfo Arecheta.   Tras acalorado debate, consejeros aprueban $500 millones para retiro de asbesto en demolición del exhospital Tras una tensa votación, marcada por descalificaciones, declaraciones en contra de la empresa encargada de las obras y la molestia de los consejeros de derecha por la omisión de la existencia de asbesto en las obras, fue aprobada por ocho votos a favor la entrega de $500 millones para retirar el asbesto en la demolición del exhospital. En un comienzo, la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional recomendó rechazar la moción; luego de un intenso debate, gracias al voto oficialista esta moción se cayó, obligando a restablecer el escrito original, el cual fue votado favorablemente para la gestión del gobernador Flies. Cabe recordar que este aumento de recursos fue solicitado luego de que el Gobierno Regional contratara una consultoría que determinó la existencia de asbesto, material ampliamente usado antes de 2001 en las construcciones y altamente cancerígeno, en las faenas del exrecinto asistencial. Según explicó previamente la jefa de la División de Infraestructura y Transporte, Hina Carabante, este material debe ser tratado por equipos especializados y enviado a un relleno sanitario emplazado en Talcahuano. La demolición se encuentra a cargo de la constructora Flesan y costaría más de $5 mil millones. Intenso debate Uno de los primeros en intervenir fue el consejero Arturo Díaz, quien se mostró dudoso, ya que los argumentos a favor y en contra de incrementar estos recursos eran convincentes; sin embargo, apelando a su calidad de vecino del sector, destacó que con el inicio de los trabajos las incivilidades han caído sostenidamente. “Se ha esperado diez años para demoler, me parecía contraproducente paralizar la obra en este momento”, sostuvo. Una mirada opuesta tuvo el consejero Rodolfo Arecheta, quien aseguró que, al ser un contrato a suma alzada, la empresa debe hacerse cargo de los riesgos. “Que hayan gastos extraordinarios porque existía asbesto es una cuestión de verdad inadmisible”, señaló, agregando que “muchas constructoras tienen esta mala práctica de mirar en Chile todas las partidas que pueden para sacarle el máximo provecho al mandante”. “Estamos hablando de la demolición industrial, por lo tanto el riesgo de incidencia de asbesto no podía ser algo menor, era prácticamente evidente”, señaló Robert Weissohn. Agregó que le resulta “extraña” la forma en que se abordó la adjudicación, cuestionando la inexistencia de una correcta incorporación del riesgo en las bases. A su juicio, esto abre dudas sobre la responsabilidad en la elaboración del proceso: “¿Por qué no puede ser incorporado el riesgo de asbesto en la oferta?”, planteó. En tanto, Juan Morano defendió la demolición, explicando que es necesario que se retire el asbesto y que la obra no quede paralizada. Señaló que esto podría provocar un riesgo, debido al polvo contaminado de este material. Flies defendió la entrega de estos recursos, asegurando que el tema del asbesto fue algo extraordinario y que en las áreas demolidas no se detectó la presencia de este material debido a que eran anteriores al boom de este elemento en el mundo constructivo. El asbesto comenzó a ser popular en las construcciones a partir de la década del 50.

Con el inicio oficial de las obras de mejoramiento y ampliación de la sede Punta Arenas del Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Magallanes, la institución dio paso a uno de los proyectos de infraestructura más relevantes desde su creación, marcando el comienzo de una intervención que busca fortalecer la formación técnico-profesional en la región y recuperar un edificio emblemático de la capital regional. La iniciativa, considera una inversión de $783.358.761 y será ejecutada por la empresa Construcciones Erto Ariel Soto Jaque, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. De acuerdo con la programación establecida, las obras comenzaron este lunes 18 de mayo y su término está previsto para el 14 de noviembre de 2026. El proyecto corresponde al mejoramiento y ampliación de la sede del CFT Estatal de Magallanes en Punta Arenas, recinto que funcionará en dependencias de la exEscuela Patagonia, inmueble reconocido por su trayectoria educacional en la ciudad y que ahora será reconvertido para albergar espacios destinados a la educación técnico-profesional. La rectora del CFT de Magallanes, Valeria Gallardo Abello, destacó que el avance hacia la etapa de ejecución representa el resultado de un largo proceso de coordinación institucional y gestión pública. “Este proyecto ha sido posible gracias a la coordinación entre el CFT Estatal de Magallanes, el Ministerio de Educación, y organismos territoriales como Caminos de Libertad, cuya participación refleja la voluntad de trabajo conjunto entre instituciones del Estado”. La autoridad sostuvo que el inicio de las obras permite consolidar una iniciativa que había sido trabajada durante años por la institución y diversos organismos vinculados al desarrollo educativo regional. “La entrega formal a la empresa constructora activa la etapa de ejecución de obras, concretando años de planificación y gestión institucional”. El proyecto contempla la habilitación y adecuación de distintos espacios orientados a fortalecer la enseñanza técnico-profesional, considerando áreas destinadas al aprendizaje práctico y a la vinculación con sectores productivos y sociales de Magallanes. En esa línea, Valeria Gallardo sostuvo que el proyecto contempla espacios para aulas, talleres, laboratorios y áreas de vinculación con el entorno productivo y social de la región, infraestructura que permitirá ampliar las capacidades operativas y académicas del establecimiento.

Las comunidades educativas de las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra en Magallanes se sumaron a las celebraciones de la Semana de la Educación Artística, con una programación de experiencias creativas orientadas a fortalecer la expresión, la imaginación y los vínculos entre niños, familias y equipos educativos. Las actividades, que se desarrollaron desde el 11 y finalizaron el domingo último, estuvieron inspiradas en la temática de este año, denominada “paisajes afectivos”. Las iniciativas fueron impulsadas por los equipos pedagógicos de cada establecimiento y se enmarcaron en los proyectos educativos institucionales, integrando propuestas que combinaron juego, exploración, creación artística y participación de las familias en distintos espacios educativos de la región. En el jardín Josefina Braun, niñas y niños participaron de una experiencia centrada en la conexión con el entorno natural y el trabajo colectivo junto a las familias. En la sala cuna y jardín Keola Kipa se desarrolló la experiencia “Paisajes que expresa mi corazón”, donde niñas, niños, familias y equipo educativo trabajaron en la elaboración de un lienzo colectivo orientado a representar emociones y vivencias en un ambiente marcado por la creatividad y la participación comunitaria. La sala cuna y jardín Hipai Yefacel, en tanto, promovió espacios de exploración artística mediante distintas técnicas como pintura, dibujo, mosaico y esténcil.

Con stands enfocados en primeros auxilios, prevención y promoción de la salud, el Liceo Polivalente Sara Braun realizó el viernes 15 de mayo la Feria Salud en Acción, iniciativa impulsada por estudiantes de tercero y cuarto medio de la especialidad de Atención de Enfermería, en el marco de la reciente conmemoración del Día de la Enfermería y del Día Mundial de la Salud. Entre los temas abordados figuraron la maniobra de RCP, la maniobra de Heimlich, higiene bucal, prevención del embarazo adolescente, donación de sangre y el uso de plantas medicinales. La docente de la especialidad, Yanhira Costa, detalló que la preparación comenzó durante marzo y contempló semanas de investigación y elaboración de material didáctico. “Ellos se preparan, preparan sus afiches, sus presentaciones y se las exponen a sus compañeros de otros cursos”. La especialidad cuenta con 52 estudiantes, divididos entre 30 alumnos de tercero medio y 22 de cuarto medio. Durante los dos años de formación técnico profesional, los estudiantes aprenden contenidos asociados a modelos básicos de enfermería, control de signos vitales y desarrollo de charlas educativas. En el caso de los alumnos de cuarto medio, tras finalizar sus clases en noviembre, deberán iniciar una práctica profesional de 360 horas para posteriormente obtener su titulación.

La sociedad médica “Doctora Andrea San Martín y Compañía” que mantiene la familia de su pareja recibió $1.209 millones de pesos durante la pasada administración frenteamplista. La exministra Camila Vallejo se refirió a la sociedad médica que mantiene la familia de su pareja y que durante la administración del gobierno de Gabriel Boric recibió $1.209 millones por parte del Estado para prestar servicios al sistema público. “Me sorprende que El Mostrador haya replicado (sin consultarme absolutamente nada para verificar) una burda nota de una plataforma online de derecha que busca evidentemente equipararme con situaciones impresentables de su propio gobierno, mientras recortan y recortan gasto social demostrando total insensibilidad con las necesidades de la gente”, dijo la otrora secretaria de Estado en una publicación de Instagram del medio El Mostrador. “La sociedad médica a la que se refieren lleva más de 17 años participando de licitaciones públicas, incluso durante el gobierno del exPresidente Piñera. Todas sus licitaciones fueron adjudicadas mediante mecanismos reglados y transparentes, y financian el trabajo de profesionales y paramédicos en programas oftalmológicos, de patologías Ges y urgencias oftalmológicas. Esos pacientes y trabajadores merecen respeto, no ser perjudicados por maniobras”, ahondó Vallejo. Y agrega: “Además, la ley 20.880 exige declarar nombre y Rut de los parientes, no sus actividades comerciales”. Un reportaje de El Libero reveló que la sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía”, creada en 2003 y que hasta 2018 tenía como participante mayoritario a Abel Zicavo -pareja de Vallejo-, recibió $1.209 millones de pesos durante la administración del gobierno de Gabriel Boric. Lo anterior se traduce en un 56% del dinero que ganó la empresa en ventas al Estado en los últimos 15 años, dice la publicación. Actualmente “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” está en manos de los cuñados de la exministra, Claudio Camilo Zicavo San Martín y Valeria Andrea Zicavo San Martín; de su suegra, la médico Andrea Colomba San Martín Palma; y del cónyuge de ésta, Osvaldo Armando Aguiló Melo. A juicio de expertos en transparencia, este tema debió haber sido transparentado por la ministra Vallejo en su Declaración de Intereses y Patrimonio. Para el expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, “la Declaración de Intereses y Patrimonio (Dip) está diseñada para prevenir conflictos de interés permitiendo que la ciudadanía, la Contraloría y los propios servicios identifiquen riesgos de captura, nepotismo o influencia indebida antes de que el daño ocasionado se materialice. Por eso su exigencia de detalle es alta. El artículo 7 de la Ley 20.880, exige incorporar el nombre de parientes por consanguinidad en toda la línea recta y, además, parientes por consanguinidad colateral y por afinidad hasta segundo grado. Es decir, se incluyen expresamente suegros y cuñados”. De acuerdo a la informado por el Libero, la sociedad que creó Andrea San Martín en 2003, en la que posteriormente incluyó a sus hijos y a su actual marido, está estrechamente vinculada al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Parte de las facturas que ha girado su sociedad han sido por licitaciones que ha ganado desde 2006 hasta 2025 por consultas oftalmológicas y operaciones en ese hospital, lugar donde trabajó en modalidad a contrata en los años 2018, 2019 y 2020, según el portal de Transparencia del centro asistencial. Emol

Trece compañías salmoneras presentaron en paralelo dos reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para frenar una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregar información detallada sobre el desempeño sanitario y productivo de sus centros de cultivo. Los recursos, ingresados el 7 de mayo de 2026, dieron origen a dos causas, ambas declaradas admisibles el 12 de mayo. En ambos casos, la Corte decretó la suspensión de la entrega de información mientras se resuelve el fondo, conforme al artículo 29 de la Ley de Transparencia. El origen El reclamo de las salmoneras apunta contra la decisión que el CPLT adoptó, cuando Roberto Montt Garrido, quien, según los escritos, se desempeña en la empresa Ceres BCA, presentó una solicitud de acceso a la información ante Sernapesca. El requerimiento pidió tres conjuntos de datos por centro de cultivo desde enero de 2025. Las mortalidades semanales (con campos como tipo de centro, comuna, especie, etapa, número de peces, peso promedio, densidad y mortalidad por causa); el uso de productos farmacológicos declarados al módulo Sifa (incluyendo principio activo, vía de administración, dosis, cantidades y fechas de tratamiento); y las cargas parasitarias declaradas por los centros en mar. Sernapesca respondió mediante la Resolución Exenta N°DN-01427/2025 del 22 de mayo de 2025, denegando parcialmente la información respecto de los titulares que se opusieron y entregándola para el resto. Montt dedujo amparo ante el CPLT, que acogió su reclamo y ordenó entregar la información retenida. Las dos causas ante la Corte El primer recurso (Rol 94-2026) fue presentado por nueve compañías: Salmones Blumar S.A., Salmones Blumar Magallanes SpA, Australis Mar S.A., Australis Agua Dulce S.A., Acuícola Cordillera Ltda., Procesadora de Alimentos ASF SpA, Salmones Alpen Ltda., Salmones Islas del Sur Ltda. y Salmones Aysén S.A. Patrocinan el escrito los abogados Mónica Cortés, Fernanda Skewes y Joaquín Carbone, del estudio FerradaNehme. El segundo (Rol 93-2026) fue interpuesto por Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Aquacultivos S.A. y Salmones Humboldt SpA, representadas por la abogada Francisca Farías Fuenzalida. En su escrito, Cermaq reconoció que no alcanzó a evacuar el traslado original ante Sernapesca dentro del plazo de tres días hábiles por “un error y retraso de carácter estrictamente administrativo”, pero advirtió que ello “no puede ser interpretado, en caso alguno, como una renuncia voluntaria ni un consentimiento material a la divulgación”. El argumento central Pese a diferencias de las causas, ambos recursos apuntan en lo sustantivo. Las empresas sostienen que la información requerida está protegida por la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, que ampara los antecedentes cuya publicidad afecte derechos de carácter comercial o económico. El escrito del grupo de nueve empresas argumentó que el cruce de los tres conjuntos de datos permite “reconstruir con exactitud el desempeño productivo, sanitario y farmacológico de cada empresa a lo largo del ciclo productivo en curso”. Y agregó que la divulgación expondría a las compañías chilenas frente a competidores internacionales “como los establecidos en Noruega, Escocia o Canadá”, que podrían “ajustar sus propias estrategias de oferta, precios, volúmenes y ventanas de cosecha”. Las salmoneras también pusieron el foco en quien pidió la información. Señalaron que Ceres BCA, donde se desempeña Montt, se define como una empresa de servicios “en el área de la sanidad animal y vegetal” cuya oferta —entre ella el servicio denominado Gestión Sanitaria Estratégica (GSE)— apunta a “agregar valor al proceso productivo y comercial competitivo”. Para los reclamantes, ese perfil refuerza el riesgo de que la información se use con fines comerciales y no de control ciudadano. “La entrega de datos estratégicos –tales como los solicitados– representa una ventaja competitiva evidente, pues permite identificar patrones presentes y vigentes de manejo sanitario de cada productor, zonas y períodos de mayor presión biológica, estrategias diferenciales de control y, en definitiva, oportunidades concretas de posicionamiento comercial, fijación de precios y negociación en perjuicio de las propias empresas cuyos datos quedarían expuestos”, señala un escrito. Emol

Al menos cinco personas murieron, incluyendo los dos atacantes, durante el tiroteo registrado este lunes en una mezquita en San Diego, en el estado de California. “Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, según consigna The New York Times. Los dos atacantes adolescentes fallecieron, aparentemente, tras haber cometido suicidio, agregó Wahl. En tanto, una de las tres víctimas era un guardia de seguridad, explicó el jefe policial. El citado medio añadió que un jardinero que trabajaba en aquella zona también fue alcanzado por el tiroteo, pero resultó ileso. “Es sumamente indignante atacar un lugar de culto”, dijo Taha Hassane, jefe de la centro de culto islámico. “La policía acordonó el Centro Islámico, registrando habitación por habitación y forzando las puertas en lo que Wahl describió como una escena caótica”, detalló el informe policial. “Sólo más tarde se supo que los sospechosos habían abandonado el lugar y se encontraban muertos en un automóvil cercano”, agregaron. Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos. El centro, ubicado en el barrio de Clairemont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los periodistas en la Casa Blanca que estaba informado del tiroteo. “Es terrible”, dijo Trump sobre el ataque a la mezquita. El ataque del lunes es el último de una serie de atentados contra instituciones religiosas en Estados Unidos, lo que ha motivado que se refuercen las medidas de seguridad en torno a esos centros. En marzo, un hombre atacó una sinagoga, que también albergaba una escuela primaria, a las afueras de Detroit. Estampó su camión contra el edificio, lo que provocó un incendio. Murió después en un enfrentamiento con los guardias de seguridad. biobiochile.cl

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que canceló un ataque contra Irán previsto para este martes a instancias de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos. El Mandatario republicano aseguró que la decisión la tomó debido al avance de las negociaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo de paz. El Mandatario republicano aseguró que la decisión la tomó debido al avance de las negociaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo de paz. “El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá”, aseguró Trump en su red social. El estadounidense agregó: “Este acuerdo incluirá, y esto es fundamental, ¡la prohibición de armas nucleares para Irán! Basándome en el respeto que les tengo a los líderes mencionados anteriormente, he dado instrucciones al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana, pero les he dado instrucciones adicionales para que estén preparados para proceder con un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable“. Infobae

Alex Saab quedó detenido en Miami sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones por maniobras para ocultar fondos y realizar transacciones ilícitas. El exfuncionario venezolano y testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, Alex Saab, compareció este lunes ante una corte federal de Miami luego de ser deportado desde Venezuela durante el fin de semana. Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación por lavado de dinero y conspiración financiera contra el empresario, quien permanecerá detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial. La audiencia se realizó en el Distrito Sur de Florida, donde Saab, de 54 años, apareció vestido con un uniforme marrón de recluso. La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que permanezca bajo custodia al menos hasta una próxima audiencia fijada para el 24 de junio. La nueva acusación presentada por fiscales federales sostiene que Saab habría participado en operaciones destinadas a ocultar el origen de fondos obtenidos mediante contratos irregulares y movimientos financieros internacionales. Según el expediente, el empresario enfrenta cargos por “lavado de dinero” y “conspiración para realizar transacciones financieras” con el objetivo de encubrir recursos de procedencia ilícita. El caso reabre un proceso que había quedado suspendido luego de que Saab fuera liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. En ese momento, Washington acordó su liberación a cambio de ciudadanos estadounidenses detenidos por el régimen chavista. Estados Unidos considera desde hace años que Saab operó como testaferro de Maduro y como intermediario en negocios vinculados al régimen venezolano. Las investigaciones federales sostienen que el empresario obtuvo beneficios millonarios a través de contratos estatales y redes comerciales utilizadas para mover dinero fuera de Venezuela. Tras recuperar la libertad en 2023, Saab regresó a Caracas y fue incorporado a la dictadura chavista. En octubre de 2024 fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional. La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, intentó justificar la decisión de entregar a Saab a las autoridades estadounidenses y afirmó que la medida respondió a razones de interés nacional. “Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab”, declaró Rodríguez. La funcionaria evitó explicar por qué durante años el chavismo presentó a Saab como diplomático venezolano y utilizó estructuras estatales para respaldar su defensa internacional. Tampoco respondió a las preguntas sobre su nombramiento como ministro venezolano pese a sostener ahora que no tenía ciudadanía del país. Infobae

La cantante Shakira obtuvo una nueva victoria judicial en España luego que la Audiencia Nacional fallara a su favor en la disputa tributaria que mantenía desde hace años con la Agencia Tributaria española. La resolución obliga ahora al Estado a devolverle más de 55 millones de euros, además de intereses y costas judiciales, tras concluir que no se logró acreditar que fuera residente fiscal en España durante 2011. El tribunal determinó que Hacienda no pudo demostrar que la artista permaneciera más de 183 días en territorio español, requisito establecido por la legislación para exigir obligaciones fiscales en el país. La causa estaba vinculada al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ese año. Según la sentencia, incluso aceptando el cálculo realizado por la propia Agencia Tributaria, Shakira habría permanecido solo 163 días en España durante 2011. La defensa de la cantante sostenía que fueron apenas 143 días, debido a la intensa gira internacional que realizó ese año, con cerca de 120 conciertos en 37 países. La Audiencia Nacional rechazó además la interpretación de Hacienda sobre las llamadas “ausencias esporádicas”, señalando que no puede considerarse esporádica una permanencia fuera del país superior al límite legal exigido para establecer residencia fiscal. Otro de los puntos clave del fallo fue el análisis del centro de intereses económicos de la cantante. Los magistrados concluyeron que las principales actividades empresariales y económicas de Shakira estaban radicadas fuera de España y que no existían pruebas suficientes para establecer que su núcleo financiero operara en territorio español. El tribunal también descartó que existieran vínculos familiares determinantes para presumir residencia fiscal en ese periodo. En 2011, la artista no estaba casada ni tenía hijos viviendo en España, por lo que su relación sentimental con un ciudadano español no bastaba para justificar la obligación tributaria. La resolución representa un duro revés para la Agencia Tributaria española, especialmente porque la sentencia incluye una condena en costas contra la administración, una medida poco frecuente y que suele aplicarse cuando los jueces consideran que no existían fundamentos sólidos para sostener el procedimiento. Con este fallo, Shakira cierra uno de los capítulos judiciales más complejos que enfrentó en España durante la última década.

La economía chilena registró una contracción de 0,5% durante el primer trimestre de 2026, según el Informe de Cuentas Nacionales publicado este lunes por el Banco Central. La cifra, peor a la esperada por el mercado, provocó inmediatas reacciones del gobierno, que advirtió sobre la necesidad de recuperar el crecimiento económico tras el débil desempeño de la actividad. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que “Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad”, calificando el resultado como “el peor trimestre desde 2009”. A través de redes sociales, la autoridad sostuvo que retomar el crecimiento “es un deber moral para recuperar las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas”. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que se trata del “peor primer trimestre desde la crisis subprime” y atribuyó el escenario económico a la administración anterior. “Es el último trimestre de este gobierno que heredamos. Y por eso, más que nunca, necesitamos recuperar el crecimiento”, señaló. Desde el Ejecutivo también llamaron al Congreso a respaldar el denominado megaproyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que contempla medidas orientadas a incentivar la inversión y la actividad económica, entre ellas la rebaja del impuesto a las empresas. El Banco Central explicó que la caída del PIB estuvo marcada principalmente por el deterioro del comercio exterior. Las exportaciones retrocedieron 4,9%, mientras que las importaciones aumentaron 2%, generando una contribución negativa de las exportaciones netas. A nivel sectorial, la minería registró una baja de 3,1%, influida por una menor producción cuprífera. También se observaron retrocesos en el sector agropecuario-silvícola y en otras actividades productoras de bienes. En contraste, los servicios personales mostraron cifras positivas y ayudaron a amortiguar la caída general de la economía. Pese al retroceso del PIB, la demanda interna creció 2,1%, impulsada por la inversión y el consumo. El gasto de los hogares aumentó 2,5%, mientras que el consumo del gobierno subió 3%. Analistas coincidieron en que se trata del peor inicio de año para la economía chilena desde 2009. Sin embargo, advirtieron que el desempeño de los próximos meses dependerá de factores como la inflación, el tipo de cambio y la capacidad de recuperación de sectores estratégicos como la minería y las exportaciones.

La presidenta del Colegio Médico de Chile, Anamaría Arriagada, rechazó la propuesta del Gobierno que busca obligar a instituciones de salud y educación a entregar información de migrantes irregulares en procesos de expulsión, afirmando que “no vamos a entregar esos datos” y que “la ética está por sobre la ley”. Según informó Emol. la dirigenta sostuvo que la medida vulnera principios fundamentales de la ética médica, el secreto profesional y tratados internacionales, advirtiendo que podría provocar que personas migrantes eviten acudir a centros de salud por temor a ser expulsadas del país. Arriagada enfatizó que históricamente el sistema sanitario chileno ha atendido a las personas independientemente de su situación migratoria y aseguró que el gremio incluso podría recurrir a la objeción de conciencia para no cumplir una eventual obligación legal. La polémica surge luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación al proyecto que perfecciona los procedimientos de expulsión migratoria, iniciativa que también ha generado reparos desde el propio Ministerio de Salud.