• En la mira está el comité “Por un Futuro Mejor”, denunciado por estos hechos. La PDI incautó este jueves importante documentación en diferentes allanamientos.

A diez días de que el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, acudiera a la Fiscalía Regional para abordar presuntas estafas relacionadas con la postulación de proyectos habitacionales, ayer se conocieron diligencias realizadas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Punta Arenas de la PDI.

Las mismas estuvieron dirigidas en terreno por la fiscal regional (s) Johanna Irribarra, en el marco de una investigación de larga data, surgida a partir de la denuncia que el año 2022 interpusieron personas afectadas, a quienes les pidieron pagos de un millón de pesos por persona, para trámites conducentes supuestamente a obtener la casa propia. Algo que obviamente nunca sucedió, porque todo se trató de una engaño.

Irribarra confirmó que esta investigación comenzó el año 2023, por la denuncia que interpusieron las víctimas que se incorporaron a la agrupación llamada “Por un Futuro Mejor”. A estas personas les exigían el pago de 1 millón de pesos para ingresarlas a la agrupación. Después venía una cuota mensual, de distintos montos, según las víctimas. Pero cuando decidieron salirse de la agrupación ese dinero nunca se lo reintegraron.

Sobre estos hechos versan las denuncias de los afectados. Y lo que se investiga principalmente es un delito de estafa, afirmó la fiscal.

Serían más de cinco personas las indagadas por su responsabilidad en la maquinación de este delito. Respecto del total de estafados, es un antecedente que aún no manejan con precisión, hasta que avance un poco más la indagatoria, pero no serían menos de 300 las víctimas de esta verdadera maquinaria implementada para defraudar a los postulantes a vivienda.

Entre las diligencias realizadas, la fiscal regional (s) dio cuenta de allanamientos realizados este jueves en la mañana, a un par de domicilios. El objetivo era recabar antecedentes obtenidos a partir de las carpetas de las víctimas, y que estaban en manos de algunos imputados. También se incautaron teléfonos celulares y computadores, con la finalidad de extraer información relevante para la investigación.

Formalización

La fiscal adelantó que se encuentra en condiciones de pedir audiencia para formalizar investigación respecto de las personas que son investigadas por este delito, lo que podrían suceder muy pronto.

El monto de lo supuestamente estafado bordearía, en principio, los 300 millones de pesos, partiendo de la base que serían 300 las personas perjudicadas, cada una de las cuales pagó un millón para ingresar a la agrupación.

Por lo mismo aprovechó de hacer un llamado a la comunidad, para que se acerquen a la Policía de Investigaciones o a la Fiscalía, a entregar su testimonio. Para saber cómo entregaron los dineros, las transferencias y, en definitiva, “qué fue lo que a ellos se les ofreció cuando entregaron estos dineros”.

PDI

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido, confirmó que este jueves, detectives de esta unidad, en coordinación con la Fiscalía, desarrollaron diversas diligencias en el marco de una investigación por el delito de estafa y otras defraudaciones, relacionadas con la agrupación de vivienda “Por un Futuro Mejor”.

En este contexto, se materializaron órdenes judiciales de entrada y registro. Durante el procedimiento policial se incautó un importante volumen de documentación relacionada con la agrupación, además de timbres, dinero en efectivo y artículos tecnológicos, los que serán sometidos a análisis, según dio cuenta el jefe policial.

Ayer también los detectives tomaron declaraciones vinculadas a los hechos investigados. Y todos los antecedentes recabados serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Seremi llamó a personas que hayan efectuado
pagos por postulaciones a hacer la denuncia

El pasado 31 de agosto el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría visitó al fiscal regional Cristián Crisosto Rifo con el objetivo de informar acerca de nuevas denuncias recibidas en su cartera, respecto de personas que organizan agrupaciones de vivienda.

Fue claro en señalar que esto no se ajusta a los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y en algunos casos, los involucrados cobrando altas cuotas de dinero por supuestas gestiones, compra de terrenos o trámites.

“A raíz de la denuncia recibida estamos recopilando todos los antecedentes para continuar con el proceso judicial que corresponde en contra de las personas que resulten responsables, ya que la normativa del Minvu establece claramente que la postulación a los programas habitacionales es gratuita y sólo las Entidades Patrocinantes que cuentan con convenio vigente en la región, y que suscriben los respectivos contratos de asistencia técnica con las agrupaciones de vivienda, poseen las capacidades técnicas para desarrollar proyectos e ingresarlos al Serviu para postulación a los llamados vigentes”.

Expresó que ninguna directiva de agrupación de vivienda, persona externa o Entidad Patrocinante debe cobrar por la formulación de los proyectos ya que este servicio es pagado por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Compra de terrenos

Algunos de los antecedentes que Guajardo informó al fiscal regional, se relacionan con el cobro de altas cuotas de dinero a integrantes de agrupaciones de vivienda para la supuesta adquisición de terrenos. Respecto a esto sostuvo que los terrenos a adquirir deben ubicarse en zonas aptas para el desarrollo habitacional, según lo establecen los planes reguladores comunales. Y deben contar con la cabida necesaria para la construcción de viviendas, vialidades, equipamiento y áreas verdes. “Por lo que la recomendación es que sean las Entidades Patrocinantes las que definan los terrenos donde diseñarán los proyectos habitacionales y no las directivas, ni supuestos asesores externos”.