En 2015 Francisco Saldaña Ampuero firmó su primer contrato de trabajo con Enap, como operador de producción en Tierra del Fuego, en el área de Tres Lagos. Posteriormente llegó a trabajar como laboratorista, hasta el 25 de abril de 2024. Estuvo vinculado a Enap por 9 años y 4 meses de manera continua e initerrumpida. Finalizada su jornada de trabajo del 24 de abril del año pasado, de un turno de 12 horas, mientras se encontraba durmiendo fue levantado de la cama con vigilantes armados. La razón: había sido desvinculado.

En ese momento Francisco no sabía de qué se trataba. “Vi a un hombre armado en su pieza hablando con voz fuerte, otras personas hablando por el pasillo, todo en la Refinería Gregorio. En el pasillo se encontraba su jefa directa del Laboratorio de Gregorio, Cynthia Mejías y el jefe de la División de Laboratorios, Arnoldo Hernández. Llegaron hasta ahí para notificar que había sido desvinculado de la Empresa Nacional del Petróleo con fecha 25 de abril, por la causal “necesidades de la empresa”. No entendía en modo alguno la forma de comunicación, con un hombre armado, en ese momento y lugar.

Se le solicitó firmar una carta de despido, acto que no realizó. Se le indicó que sólo tenía una hora para sacar todas sus pertenencias y que afuera lo esperaba un vehículo de la empresa Jeam Patagonia para trasladarlo a Punta Arenas.

Al salir de las instalaciones estaba el vigilante, armado aún, en una camioneta de Enap, aguardando su salida con las dos jefaturas antes mencionadas.

El conductor del vehículo de traslado le preguntó si había hecho algo malo, al ver aquel despliegue. Él le aclaró: “Soy un trabajador que fui desvinculado y me acaban de notificar. No soy un delincuente”.

Estos fueron los hechos por los que el extrabajador demandó a la empresa estatal, siendo acogida sus peticiones y entendiendo el Juzgado del Trabajo que la forma en que se realizó el despido “constituyó finalmente una vulneración a su derecho a la integridad psíquica, lo que necesariamente impone el acogimiento de la acción de tutela”. Además, el juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo, Guillermo Cádiz, añade en su fallo que ”las restantes pruebas rendidas en el juicio en nada alteran las conclusiones arribadas”.

El fallo condena a la Empresa Nacional del Petróleo, representada por Rodrigo Bustamante Villegas, por vulneración de derechos con ocasión de despido. Ambos jefes de Laboratorios, Arnoldo Hernández y Cynthia Mejías deberán asistir a un curso de capacitación sobre derechos fundamentales de los trabajadores, de a lo menos 6 horas de duración. Además, deberán publicar un aviso en un diario de circulación regional, explicando que la empresa “garantizará a todos sus trabajadores el derecho a la integridad psíquica”.

Al demandante se le pagará una suma de indemnización por tutela laboral, equivalente a 6 meses de su última remuneración. Además, una indemnización por daño moral.

Contestación de la demanda

La empresa al contestar la demanda, planteó que “su despido no fue el único, junto a él otros 33 trabajadores de Enap Magallanes, y otra cantidad similar de trabajadores que integran las otras empresas de grupo Enap, también fueron despedidos”. Luego argumenta que “la justificación del despido la encontramos en un proceso de racionalización y reestructuración que busca realizar ajustes que aumenten la productividad, disminuir costos operacionales, lograr eficiencia en la empresa y maximizar sus utilidades para hacer que sea viable en el tiempo, mejorando la producción, reduciendo costos y aumentando márgenes”.

La petrolera concluye señalando que “el despido del demandado fue justificado, debido y procedente, de modo que es improcedente el pago del recargo legal pretendido”.

Enap Magallanes podría recurrir de nulidad de fallo ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Sindicato de Trabajadores

Desde el Sindicato de Trabajadores de Enap, este reciente fallo reaviva el debate en materia de relaciones laborales al interior de la empresa, una de las principales críticas desde la asociación sindical.

Graciela Vásquez, presidenta del sindicato, declaró que “las enapinas y enapinos nos sentimos orgullos de la empresa donde laboramos, sin embargo, no podemos decir lo mismo de quiénes la administran hoy en día”.

En ese sentido, la organización sindical ya había alertado en reiteradas ocasiones los tratos contrarios a la dignidad de las personas despedidas en esas fechas, que afectaron a 29 de sus socios. “Es contradictorio que una empresa del Estado que avanza en materias de gobierno y hacia un futuro sostenible no converse en la misma línea en materia de derechos fundamentales. Las altas autoridades de la empresa siempre han sido enfáticas en señalar que respetan los derechos de los trabajadores; lamentamos decirlo, pero no es así, y no lo decimos sólo como sindicato, sino también los tribunales de justicia y la autoridad administrativa”, esgrime Vásquez.

Desde la organización sindical hacen ver que Enap ha enfrentado cerca de 60 multas administrativas por infracciones legales derivadas de los despidos, alcanzando cifras millonarias.

Además, advierten que todos los despidos “por necesidades de la empresa” se realizaron en diversas áreas, siendo reemplazados los despedidos por nuevos empleados que realizan exactamente las mismas funciones. “Nos incomoda saber que los despidos pudieran haber sido “pasadas de cuentas” y además con vulneración a los derechos fundamentales. Seguiremos sumando casos en que trabajadores con gran trayectoria e historias impecables se ven forzados a abandonar la empresa en una estela de acciones vulneratorias”, plantea la presidenta del sindicato.