El actual jefe regional de la Policía de Investigaciones en Magallanes, prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, fue nombrado director del Centro Integrado de Coordinación Policial, con base en Santiago. Así se desprende de la conformación del nuevo alto mando 2027 de la PDI que aprobó el Presidente José Antonio Kast Rist. El mismo “dará continuidad a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con énfasis en el combate al crimen organizado, la investigación de delitos complejos y financieros, el fortalecimiento del trabajo territorial, el control de fronteras y migratorio, el fortalecimiento científico y de análisis criminal, la transformación digital y la cooperación con los actores del sistema de seguridad pública. Estos esfuerzos buscan responder de manera especializada, oportuna y eficaz a los desafíos que enfrenta el país en seguridad”, según publicación de la institución en su página web. “La institución reafirma que la ética, la probidad, el respeto al estado de derecho y la integridad funcionaria son principios irrenunciables”. Exjefe de Narcóticos  Un total de 11 oficiales ascendieron al grado de prefecto inspector. Entre ellos Patricio Flores Pinto, exjefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Punta Arenas. En noviembre de 2022 el entonces fiscal regional, Eugenio Campos y el fiscal Felipe Aguirre le entregaron una distinción “por su impecable desempeño y liderazgo en las investigaciones por tráfico de drogas en la región, las que han permitido desbaratar bandas criminales y complejos escenarios delictuales”. Flores asumirá próximamente como jefe nacional Contra el Crimen Organizado. A Santiago  En la nueva conformación del alto mando, el jefe regional de la PDI Carlos Vásquez será trasladado a Santiago, para ponerse al frente del Centro Integrado de Coordinación Policial. Y en su reemplazo fue designado el oficial ascendido al grado de prefecto inspector, Pablo Klenner Cárdenas.

El Gobierno Regional traspasará a la Municipalidad de Punta Arenas la totalidad del terreno donde se proyecta el nuevo relleno sanitario de la ciudad, y será el municipio el que se haga cargo del proyecto. Así lo informó el alcalde Claudio Radonich, tras reunirse con el gobernador regional, Jorge Flies. Según el alcalde, el gobernador reconoció que el Gobierno Regional “no tuvo la capacidad técnica para poder hacerlo”. “Aquí reconozco el sinceramiento del gobernador”, afirmó Radonich. El terreno, vecino al actual vertedero municipal, es hoy del Gobierno Regional, por lo que el municipio no puede intervenirlo. En un primer momento se conversó un traspaso parcial, pero según el alcalde, por decisión del gobernador se entregará completo. Los equipos técnicos de ambas instituciones trabajan en el proceso, que aún no tiene fecha. “Esperamos que sea lo antes posible”, dijo. “Cinco años perdidos” El municipio tendrá que retomar el diseño. “Partimos en la práctica de cero, con los insumos de esta consultoría que duró cinco años y que no cumplió finalmente con las necesidades”, sostuvo Radonich. “Lo más complicado (...) fueron cinco años perdidos para la ciudad”. Como informó este medio, en septiembre el Gobierno Regional puso término anticipado a la consultoría que diseñaba el relleno, por falta de entregables. El alcalde ha sido crítico de la gestión regional del proyecto, pero esta vez evitó buscar responsables: “Aquí la idea, más que preocuparnos quién tuvo la culpa, porque cada uno puede tener sus opiniones, es cómo nuestra ciudad y nuestra provincia no se ve perjudicada por esta demora de cinco años”. Para no repetir la experiencia, el municipio pidió apoyo a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con quien se reunió recientemente. “No hay recurso humano capacitado en nuestra región para un tema de tal envergadura”, afirmó el alcalde. El compromiso, explicó, es que “personas con nombre y apellido, expertas en relleno, nos colaboren para no repetir los problemas que tuvimos”. La idea es contratar una nueva consultora, con expertos que trabajen directamente con la municipalidad para acortar los plazos. “Aquí no es jugar, ya no hay margen de errores”, advirtió. Mientras tanto, el municipio busca alargar la vida útil del vertedero de Leñadura, que recibe los residuos de Punta Arenas, San Gregorio, Primavera y Laguna Blanca, y que está en su etapa final. “Esperamos unos tres años al menos de sobrevida, y esto significa invertir más para poder absorber toda la cantidad de basura que llega”, explicó Radonich. En paralelo, agregó, la municipalidad aumenta su capacidad de reciclaje para reducir el volumen que llega al recinto.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó la campaña “Cuando tú respondes, Chile responde”, con la que busca incentivar la participación de los hogares seleccionados para la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2026. El levantamiento comenzará el 1 de noviembre y permitirá conocer las condiciones de vida de las familias, medir la pobreza y orientar la elaboración de políticas públicas. En Magallanes, el trabajo considera la visita a 3.506 viviendas distribuidas en diez comunas. La secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, dijo que el objetivo es conocer las condiciones de vida y medir la pobreza por ingresos, además de identificar carencias en áreas como educación, salud, trabajo y seguridad social. “Próximamente, presentaremos a los encuestadores que se desplegarán por el territorio, porque queremos que las familias respondan con tranquilidad y confianza, sabiendo que esta información es fundamental para la elaboración de políticas públicas”, apuntó. Uno de los aspectos abordados en la campaña es la identificación de quienes estarán a cargo de las entrevistas. Los encuestadores vestirán uniforme y portarán una credencial visible con su nombre, Rut y un código QR que permitirá verificar su identidad. También será posible realizar la consulta en los sitios web www.casen2026.cl y www.microdatos.cl/consulta-encuestador. “Sabemos que abrir la puerta a una persona desconocida puede generar inquietud. Por eso estaremos entregando todas las indicaciones para reconocer a los encuestadores y verificar su identidad. Queremos que las familias participen tranquilas: sus respuestas son confidenciales y nadie perderá un beneficio por contestar la Casen”. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia recordó, además, que los encuestadores nunca solicitarán dinero, claves bancarias ni la ClaveUnica. Los hogares que participarán en la Casen son seleccionados aleatoriamente mediante una muestra estadística. Por ello, las respuestas permiten conocer no solo la realidad de quienes contestan, sino también las condiciones de vida de la población representada en el estudio. La Casen 2026 se aplicará entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, con una meta de entrevistar a 75.813 viviendas en las 16 regiones del país. Desde 1987, esta encuesta constituye una herramienta para medir la pobreza y caracterizar la situación socioeconómica de los hogares en ámbitos como educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.

Un importante avance para el mejoramiento del sistema de agua potable de Puerto Williams se concretó con la obtención de la recomendación técnica favorable (RS) para la Etapa 0, denominada Obras Tempranas, del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario. Este resultado permite continuar con las gestiones necesarias para obtener el financiamiento y avanzar hacia la ejecución de las obras. El proyecto ingresó en junio de 2026 al Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación técnica y económica. Tras una primera revisión, que en julio dio lugar a observaciones, estas fueron subsanadas, permitiendo obtener la recomendación satisfactoria (RS) en octubre. Al respecto, el delegado presidencial de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, destacó la relevancia de este avance para el desarrollo de la comuna.  “Estamos dando un paso concreto para mejorar un servicio fundamental para Puerto Williams”, celebró Moncada, destacando que esto permite avanzar con la primera etapa del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, que busca mejorar la infraestructura existente, fortalecer la presión del sistema y asegurar que la ciudad cuente con una capacidad adecuada para responder a las necesidades actuales. La iniciativa contempla una inversión aproximada de 2 mil 344 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de siete meses. Las obras consideran la instalación de nuevas tuberías y el mejoramiento de parte de la infraestructura existente, con el propósito de optimizar la distribución del agua potable y beneficiar directamente a unas 2.063 personas de la comuna de Cabo de Hornos. Con la obtención de la RS, el proyecto deberá continuar con las gestiones de aprobación ante el Consejo Regional, la identificación presupuestaria y, posteriormente, el proceso de licitación. Por lo tanto, este avance corresponde a una etapa previa a la ejecución de las obras. Avances para las siguientes etapas En paralelo, se trabaja en la preparación de la Etapa 1 del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, denominada Obras de Seguridad de Suministro y Cambio Climático. Esta fase contempla el traslado y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable, la incorporación de procesos de floculación y decantación, y la construcción de un nuevo estanque de regulación de 3 mil metros cúbicos, destinado a mejorar la autonomía del sistema. Para avanzar en esta etapa, resulta indispensable asegurar la disponibilidad del terreno requerido en el sector de Río Róbalo. En este contexto, el Gobierno Regional solicitó a la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales una concesión de uso gratuito del terreno, mientras se desarrollan las coordinaciones necesarias para continuar con la iniciativa. El Plan Maestro de Saneamiento Sanitario contempla cuatro etapas: Obras Tempranas; Obras de Seguridad de Suministro y Cambio Climático; Obras de Regularización y Catastro; y Obras Aeropuerto. En conjunto, estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la capacidad del sistema para acompañar el desarrollo de la capital provincial.

No solamente la Fiscalía consiguió que condenaran al colombiano Cristóbal Camacho Trejos, de 22 años, por ingresar 4 kilos de cocaína Punta Arenas a través del Aeropuerto Presidente Ibáñez, sino que además el tribunal acogió este jueves la agravante de responsabilidad penal, de formar parte de una “agrupación criminal”, como lo destacó el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal, Felipe Aguirre Pallavicini. Esto podría llevar a que el ciudadano extranjero, oriundo de Buenaventura, reciba una pena de 10 años y un día de presidio efectivo. El Tribunal Oral en lo Penal dará a conocer la sentencia el 2 de noviembre, a las 13,10 horas. Camacho trató de ingresar 8 paquetes rectangulares de cocaína, que arrojaron un peso total de 4 kilos 243,50 gramos, mercadería avaluada en la suma de 84 millones de pesos. El tráfico quedó al descubierto justo hace un año, el Día de la Región, cuando personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI realizaba controles en el terminal aéreo local. Esto, porque tenían antecedentes de agrupaciones delictuales que se dedican a la internación de drogas vía aérea, desde la Región Metropolitana. Puede ser al interior del equipaje, adosada al cuerpo o al interior del organismo. El personal se apostó en el sector de retiro del equipaje. Lo hacían acompañado de un ejemplar canino, el que marcó interés en uno de los pasajeros (Cristóbal Camacho). Al ser llevado a revisión lo sorprendieron que vestía una polera especialmente acondicionada para ocultar los paquetes de cocaína. Además portaba un celular Iphon, que utilizaba para contactarse con el destinatario de la droga en Punta Arenas. La droga incautada alcanzaba para 4.243 dosis aproximadamente, con un valor aproximado de $20.000 el gramo. Esto arroja un valor de venta o avalúo estimado de $84 millones. Según la PDI en esta acción de tráfico participaron otras personas, todas agrupadas para cometer el tráfico, quienes le compraron los pasajes para su traslado, en tanto que otros le aprovisionaron de la droga y de la vestimenta acondicionada para transportarla, siendo esta la segunda vez que el mismo sujeto trasladaba droga desde Santiago a Punta Arenas.

Los tenían “en la mira”. Era sólo cuestión de tiempo detenerlos. El equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Punta Arenas indagaba a tres sujetos jóvenes, que vendían marihuana y cocaína. La información la pusieron en conocimiento de la fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, que dio luz verde al procedimiento, que terminó con dos hombres y una mujer detenidos y formalizados por microtráfico de drogas Juliana Mercedes Cárcamo Vargas, de 20 años, trabajadora; Rafael Abraham Vargas Zapata (estudiante de Enfermería), de 23 años oriundo de Arica, Parinacota; y Jhon Axel Cárdenas Pérez, 24 años, trabajador por faenas. La indagatoria policial situaba al trío vendiendo droga en diferentes puntos de la ciudad. Así que para sorprenderlos en flagrancia utilizaron la figura del “agente encubierto”. El 21 de octubre tomaron contacto con uno de los números que utilizaban para ofrecer droga. Coordinaron un encuentro. Y a las 19 horas los tres sujetos llegaron en auto al punto acordado, sin saber quién era el receptor le vendieron marihuana. Jhon Cárdenas, sentado en el asiento del copiloto, se la entregó en sus manos al PDI. El chofer, Rafael Vargas, recibió el dinero. Mientras la mujer supervisaba atenta la transacción en el asiento trasero. Esto dio paso al respectivo procedimiento policial. Los tres fueron detenidos. El “pito”, de 1,93 gramos fue incautado. Y en la revisión del vehículo la policía encontró dos bolsas nylon, con 16 gramos de marihuana. Y en el asiento del copiloto un bolso con otros 8 envoltorios con igual droga, además de dinero en efectivo. En el procedimiento requisaron los teléfonos celulares que utilizaban para las transacciones. En el allanamiento realizado al domicilio de Rafael Vargas encontraron “un arma de fantasía, tipo revólver”. La fiscal Irribarra formalizó a los tres detenidos por el delito de microtráfico. Pero con la agravante de “actuar en grupo o pandilla” Y el estudiante Vargas, además enfrentará a la justicia por infracción a Ley de Control de Armas, por tenencia de arma y municiones.   A la cárcel El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los tres imputados, en atención a la gravedad del delito, “por tratarse de una agrupación dedicada no sólo a la venta de marihuana sino que al comercio de cocaína”. El hecho fue considerado de gravedad porque es una venta de droga que se reitera en el tiempo. Así lo confirman las conversaciones interceptadas, en mensajería de Whattsapp Las mismas confirman transacciones desde julio, donde aparecen involucrados los tres imputados. “Esto es grave por el tiempo desde que ellos comenzaron a realizar estas maniobras de microtráfico. No es una acción aislada, sino realizada en conjunto”, indicó la fiscal a cargo. Pese a la oposición del defensor penal público, Andrés Undurraga, la jueza Paula Stange no titubeó en imponer la prisión preventiva para el trío, “aún cuando el tráfico de droga sea en pequeñas cantidades”. Y el arma encontrada sea de fantasía. Dado los hechos expuestos estableció que la libertad de las tres personas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El procedimiento fue destacado por la jefa de la Bicrim Punta Arenas, subprefecta Valeria Hernández.

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de cuatro militares salvadoreños secuestrados tras una emboscada en Puerto Príncipe, con advertencias de represalias si no son entregados con vida. “Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño”, publicó el el Mandatario en sus redes sociales. Bukele advirtió a los “jefes de pandillas” que mantienen retenidos a los militares salvadoreños: “entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos”. El Mandatario salvadoreño, con amplio respaldo popular por su política de seguridad pero acusado por organismos internacionales de violaciones de los derechos humanos, avisó que sus palabras no deben ser tomadas como “amenazas vacías”. “Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, subrayó. De acuerdo con lo publicado por Bukele, los cuatro efectivos de la misión salvadoreña “fueron secuestrados de manera cobarde mientras regresaban después de haber comprado comida en un mercado en la zona”. biobiochile.cl

La exPresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner, afrontarán desde este viernes un juicio oral por lavado de activos y asociación ilícita en la causa ‘Hotesur-Los Sauces’, que investiga supuestas maniobras con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia y empresarios beneficiados con contratos de obra pública. El Tribunal Oral Federal Nº5 estará a cargo de este caso, después de que un tribunal de alzada ordenara el pasado martes unificar los dos expedientes, que hasta ahora se tramitaban por separado. Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por otro caso de corrupción, y Máximo Kirchner participarán de forma virtual en la primera audiencia, según fuentes judiciales. La Fiscalía asegura que, entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández, la familia montó un circuito de lavado de dinero mediante las empresas Hotesur y Los Sauces, que administraban sus hoteles e inmuebles en la provincia de Santa Cruz y habrían servido para recibir pagos ilícitos de empresarios. Fernández está acusada de asociación ilícita, en calidad de máxima responsable, y lavado de activos, los mismos delitos atribuidos a su fallecido esposo. Y el diputado Máximo Kirchner está acusado como organizador de la supuesta asociación ilícita. La acusación alcanza a otros 19 empresarios, funcionarios provinciales y allegados a la familia. Entre ellos figuran Carlos Alberto Sancho, exgobernador de Santa Cruz; el empresario del sector de la construcción Lázaro Báez, preso desde 2016 por otra causa de corrupción, y los hombres de negocios entonces vinculados a medios de comunicación Cristóbal López y Fabián de Sousa. Los delitos de lavado de activos y asociación ilícita prevén penas de entre tres y diez años de prisión. biobiochile.cl

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) advirtió que numerosas pequeñas empresas de transporte de carga están quedando fuera del mercado debido al aumento de los costos operacionales, tras la nueva alza de $91,5 por litro del diésel, que elevó su precio promedio a cerca de $1.600. Ante este escenario, el gremio convocó a sus bases a un consultivo nacional el próximo 4 de noviembre, en Santiago, para definir los pasos a seguir. A través de un comunicado, la organización sostuvo que los transportistas enfrentan dificultades para traspasar los mayores costos a sus clientes, lo que amenaza la continuidad de sus negocios. “Numerosas pequeñas empresas han empezado a quedar fuera de mercado por costos de operación inalcanzables debido, por una parte, a las alzas, y también por la gran dificultad de traspasar los sobrecostos a sus mandantes”, señaló. La CNDC agregó que algunos pequeños empresarios han comenzado a vender sus camiones para enfrentar la situación, mientras el sector permanece en estado de alerta ante el encarecimiento del combustible. En este contexto, el presidente de la confederación, Juan Araya, se reunió el miércoles 21 de octubre con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, acompañado por dirigentes del transporte de carga de San Antonio. Estos últimos habían protagonizado una caravana por sectores portuarios para exigir reajustes tarifarios a navieras y grandes operadores. Durante el encuentro, los representantes insistieron en la implementación del mecanismo conocido como fuel surcharge, que permite traspasar las variaciones del precio del combustible a las tarifas de los servicios de transporte. Según el gremio, esta herramienta forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno para enfrentar el problema. La convocatoria del 4 de noviembre buscará evaluar la situación de las empresas y acordar medidas frente al sostenido incremento del diésel y las dificultades para mantener la rentabilidad del transporte de carga.

El gobierno evalúa presentar un proyecto de ley para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores de edad accedan a rebajas de penas, luego de la controversia generada por los 56 decretos firmados por el Ministerio de Justicia desde el 11 de marzo que concedieron este beneficio. La iniciativa buscaría cerrar vacíos legales, aunque desde La Moneda advierten que cualquier cambio debe respetar el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las resoluciones argumentando que se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Según explicó, la reforma legal de 2022 excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de estos beneficios, pero no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes solicitaron las rebajas bajo la normativa anterior. “Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es recoger el principio constitucional que está establecido en el artículo 19, número 3, y también se ha fundado en la jurisprudencia existente”, sostuvo el secretario de Estado, quien calificó como “bastante generalizada” la interpretación judicial que ha acogido recursos de amparo en estos casos. Rabat afirmó que durante el gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas relacionadas con beneficios de esta naturaleza y valoró los proyectos anunciados por parlamentarios para corregir el problema legal. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, evitó confirmar la existencia de un criterio generalizado y señaló que sería necesario analizar las sentencias caso a caso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, informó que legisladores de distintos sectores ingresaron una iniciativa para impedir que estos condenados accedan a beneficios. El Ejecutivo revisará esa propuesta para determinar si la patrocina, la fusiona con su propio proyecto o presenta indicaciones, siempre que las disposiciones no vulneren la Constitución y puedan superar un eventual control del Tribunal Constitucional. En paralelo, diputadas de la UDI solicitaron al gobierno evaluar la viabilidad jurídica de revocar los 56 decretos ya concedidos. La jefa de bancada, Flor Weisse, junto con Marlene Pérez, Natalia Romero, Macarena Santelices, Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo, anunció además un proyecto que permitiría aplicar excepcionalmente de manera retroactiva la restricción aprobada en 2022. Las parlamentarias compararon la situación con la revocación de 27 pensiones de gracia durante la administración anterior, aunque reconocieron que se trata de casos jurídicamente distintos. Desde el Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió la prioridad gubernamental en la protección de la infancia y aseguró que existe disposición a impulsar cambios legislativos. La secretaria de Estado adelantó que este viernes se presentará un proyecto del Plan Chile Cuida a los Niños, trabajado durante meses, que busca fortalecer la prevención y protección frente a la explotación sexual en residencias. La iniciativa contempla mayores atribuciones y una respuesta más oportuna de los municipios para proteger a niños, niñas y adolescentes, especialmente a quienes permanecen bajo cuidado del sistema de protección especializada.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que no cuenta con elementos que sugieran una injerencia extranjera detrás de las protestas violentas que sacuden al país en los últimos días. Sin embargo, sí detectó “manipulación” de los hechos, “incluso por parte de dirigentes extranjeros”, en una alusión que alcanza a su par estadounidense, Donald Trump. “No hay injerencia exterior visible, pero sí una manipulación extranjera de la información que ha dado lugar a comentarios estúpidos, a la vez que inaceptables, de parte de dirigentes extranjeros”, aseguró Macron desde Doha, donde cerraba una gira por Medio Oriente orientada a garantizar el suministro de hidrocarburos. El Mandatario no mencionó nombres, pero al ser consultado sobre si se refería a Trump —quien utilizó las revueltas francesas en su campaña electoral para agitar el discurso contra la inmigración—, respondió: “Entre otros”. “Hemos visto imágenes de inteligencia artificial que han mostrado escenas que nunca han pasado en Francia, hay gente que ha dicho que hemos sido invadidos por hordas de inmigrantes islamistas, lo cual es totalmente falso”, señaló. Macron subrayó que “en momentos como este se ve quién quiere a Francia y quién no”: “Los que en estos instantes hablan mal de Francia es que no quieren a Francia. Esa gente me fastidia”. “Vamos a corregir lo que ha pasado. Hay mucha gente que hace campaña a costa de Francia. Cuando ves a gente que está en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico, que a veces retoma lo que pasa en la inteligencia artificial o que intenta hacer creer que eso pasa en Francia, quieren hacer campaña a nuestra costa. No necesitamos. Tenemos dificultades que afrontamos metódicamente, con respeto y firmeza. E iremos hasta el final para restablecer el orden”, dijo. Macron convocó una reunión con los servicios de inteligencia para este jueves, con el objetivo de analizar los hechos del fin de semana pasado, y aseguró que su gobierno actúa “con transparencia”. “En democracia ninguna violencia es legítima, ni verbal ni física, ni contra personas ni contra bienes”, sostuvo Macron, quien consideró que frente a ello “demasiada gente ha sido ambigua”. El Mandatario ordenó al gobierno “adoptar todas las medidas para impedir que vuelvan a producirse las escenas inaceptables” del fin de semana, cuando se registraron asaltos y saqueos en el centro de varias grandes ciudades. Infobae

Las autoridades señalaron que activistas encapuchados atacaron a la policía y a símbolos del Estado durante las movilizaciones, que derivaron en incendios, disturbios y ataques contra comercios y edificios públicos.     Los Black Bloc fueron señalados por el gobierno de Francia como uno de los grupos que ayudaron a transformar las protestas nacionales del 17 de octubre, convocadas por estudiantes y acompañadas por reclamos contra el costo de vida, en disturbios, incendios y saqueos. Vestidos de negro y con el rostro cubierto, sus integrantes atacaron a la policía y a símbolos del capitalismo y del Estado, según Financial Times. Unas 500.000 personas participaron de las manifestaciones en todo el país. La movilización había comenzado como una protesta contra las deficiencias del sistema educativo, pero derivó en enfrentamientos en París y ataques contra comercios y edificios públicos. El fenómeno reúne a activistas vinculados con corrientes anarquistas, anticapitalistas y antifascistas, que rechazan los partidos políticos y las organizaciones jerárquicas. Algunos que forman parte de los Black Bloc se especializan en arrancar adoquines para convertirlos en proyectiles; otros llevan fuegos artificiales y cócteles molotov, una distribución de tareas que revela coordinación. Las autoridades enfrentan dificultades para desarticular a estos grupos porque no tienen una dirigencia ni una estructura orgánica identificable. Sus métodos circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada, mientras que sus reuniones suelen organizarse de manera improvisada. Guillaume Farde, especialista en seguridad y defensa y profesor de Sciences Po, explicó que el carácter “nebuloso” y sin jerarquías del Black Bloc complica la respuesta policial. “Es como una orquesta que conoce tan bien la música que no necesita director. Están muy bien coordinados, pero de manera horizontal”, afirmó. Los servicios de seguridad estiman que el ambiente de la ultraizquierda incluye a unas 5.000 personas consideradas susceptibles de protagonizar acciones violentas. El Primer Ministro Sébastien Lecornu informó el martes que un integrante de ese sector fue detenido bajo sospecha de haber colaborado en el incendio que destruyó gran parte del histórico ayuntamiento de Limoges el sábado por la noche. Lecornu sostuvo que, en algunos lugares, hubo “la planificación de una campaña insurreccional liderada por grupos de extrema izquierda y ultraizquierda”. Sin embargo, el gobierno y la fiscalía todavía no presentaron públicamente pruebas sobre esa acusación. Incluso, analistas internacionales creen que Rusia está detrás de estas acciones y organizaciones, fáciles de penetrar por su estructura horizontal. En París, los incidentes comenzaron por la mañana en la Plaza de la República, varias horas antes del inicio previsto de la marcha oficial. Personas vestidas de negro arrojaron piedras contra los policías, levantaron barricadas precarias y encendieron fogatas. La policía los concentró en un área reducida y lanzó ráfagas de gas lacrimógeno, aunque muchos de los participantes llevaban máscaras antigás o gafas protectoras. Los choques se extendieron hasta la noche, con detonaciones de granadas aturdidoras. Por la tarde llegaron a la capital saqueadores que el gobierno calificó de “oportunistas”, algunos procedentes de las banlieues, barrios de bajos ingresos situados en las afueras de París. En grupos pequeños, atacaron cientos de comercios, entre ellos cafés, tiendas de teléfonos móviles, locales de zapatillas y boutiques de lujo. Infobae   De Alemania Occidental a los enfrentamientos en Francia   Las tácticas y la denominación Black Bloc surgieron entre activistas anarquistas y de izquierda radical de Alemania Occidental durante la década de 1980. Más tarde se difundieron internacionalmente a través de protestas antiglobalización, entre ellas los enfrentamientos con la policía durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Seattle en 1999. En Francia, el movimiento ganó fuerza en 2016, cuando activistas de ultraizquierda se sumaron a las protestas contra una ley que flexibilizaba las restricciones del mercado laboral. Sylvain Boulouque, historiador especializado en movimientos sociales y grupos políticos de izquierda, señaló que sus integrantes son hostiles al capitalismo y al Estado. “Algunos creen que los disturbios pueden dar paso a un mundo nuevo”, sostuvo Boulouque. También consideran que los choques con la policía y la posterior represión exhiben “el verdadero rostro violento del Estado”, lo que contribuiría a deslegitimarlo. Durante los disturbios del fin de semana, los objetivos incluyeron edificios y empresas interpretados como símbolos del dinero y del poder. En París, las nuevas oficinas del banco Qonto quedaron totalmente incendiadas, un McDonald’s fue saqueado y una oficina de correos sufrió destrozos. El ataque al ayuntamiento de Limoges fue el episodio más impactante y quedó bajo investigación de la policía antiterrorista. El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, dijo a Le Monde que los atacantes portaban banderas negras, anarquistas y palestinas. “Vestían completamente de negro, equipados para la guerra urbana para la que se entrenan”, declaró. Las autoridades enfrentan un desafío mayor porque a los activistas ideológicos se suman con más frecuencia manifestantes sin una motivación política definida, pero dispuestos a adoptar métodos como los enfrentamientos con la policía.

Esto tras el fallo en su contra de la Corte de Apelaciones de Valdivia por el reportaje sobre Millaray Huichalaf. El tribunal no cuestionó la veracidad de los hechos, pero condenó el título y el uso de comillas en la palabra “machi”. El abogado de la radio calificó la sentencia como un atentado a la libertad de informar y expresar opiniones, y advirtió que podría limitar la libertad editorial de los medios.   La Corte de Apelaciones de Valdivia despachó un fallo unánime -firmado por la ministra María Inés Lausen, el ministro (S) Germán Olmedo y el abogado integrante Lorenzo Rehl- que confirmó la sentencia de primera instancia que previamente había acogido una demanda contra la Radio Bío Bío. El caso se originó luego de que Millaray Huichalaf presentara ante el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno una acción de no discriminación arbitraria -invocando la Ley Zamudio- en contra de dicho medio de comunicación. La pugna se suscitó por dos notas publicadas en el sitio web de la radio. A juicio de la demandante, ambas notas -que utilizaban comillas y otras expresiones para hacer referencia a su condición de machi del pueblo huilliche- resultaban discriminatorias. “En la nota impugnada no sólo se pone en tela de juicio —sin respaldo antropológico alguno— mi calidad y rol de machi y autoridad espiritual, sino que, además, se me rotula como ‘la machi de los sacrificios’ sin fundamento, lo que constituye una forma de estigmatización y condena social”, se lee en la demanda presentada en diciembre de 2025. En julio de 2026 la demanda de Huichalaf fue acogida por el juez Claudio Thomas. En dicha sentencia el magistrado declaró “que ha existido discriminación arbitraria por parte de Bio Bio comunicaciones S.A. en contra de la demandante en las publicaciones objetadas”. Por eso ordenó al medio, de forma poco habitual, eliminar “en todas sus plataformas digitales las siguientes expresiones verbales: las referencias a la demandante en que se le identifique como ‘la machi de los sacrificios’ reemplazándola por “la machi Millaray Huichalaf’; el uso de la palabra machi entre comillas; y el epígrafe ‘Una Mujer Perdida’ reemplazándola por ‘En 2013 se presentó diciendo que estaba perdida y buscaba algunos vecinos’”. Pero el juez no sólo se inmiscuyó en decisiones editoriales y de redacción que son propias de un medio de comunicación, sino que además obligó a la radio “publicar, al pie de las publicaciones ya mencionadas, que la presente sentencia le ha obligado a modificar las expresiones ya señaladas, por considerar que ellas producían un efecto discriminador en contra de la machi Millaray Huichalaf, señalando que es perfectamente común y posible en el ámbito y contexto cultural mapuche, que las autoridades ancestrales no sean aceptadas por todos los miembros de la comunidad a la que pretenden servir. Deberá señalar también la multa que ha debido pagar y la fecha en que se hizo el pago”. El pago consideraba una multa de 10 UTM y las costas del juicio. No conforme con eso, el magistrado ordenó a la radio desarrollar “una sesión de capacitación a la que deben asistir al menos el 90% de sus periodistas contratados y freelance o de jornada parcial (podrá realizarse en hasta cinco sesiones diversas en distintas ciudades, fechas y horarios) en el que se analice lo dispuesto en esta sentencia en los considerandos noveno y siguientes; y destacadamente las reflexiones de los considerandos décimo cuarto y décimo quinto, con una duración no inferior a 80 minutos e incluya una actividad práctica de redacción”. Cuando se notificó dicho fallo, Radio BÍo Bío informó lo siguiente: “Ante lo que nos parecen graves inconsistencias en el texto de la resolución y un severo precedente para la libertad de expresión, Bío Bío apelará a este fallo de primera instancia”. “Se acaba la libertad” “El fallo de la Corte de Valdivia es un atentado contra el derecho a la libertad de informar y emitir opinión garantizado en el artículo 19 número 12 de la Constitución y todos los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile”, aseguró a La Tercera el abogado Alejandro Espinoza quien representa a la radio. “Recurriremos de casación ante la Corte Suprema y esperamos revertir esta sentencia contraria a los principios básicos de un Estado democrático. De consolidarse el criterio adoptado por la sentencia, se acaba la libertad para que un medio de comunicación tenga línea editorial, crítica política, humor u opinión sobre temas controversiales”, agrega Espinoza. La decisión que tomó el juez Thomas ha despertado distintas alertas, no sólo a nivel de medios de comunicación, sino que también en la academia. Así lo considera el abogado Sebastián Zárate, quien es experto en Derecho Constitucional y se ha especializado en libertad de expresión. “El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia es muy preocupante para la libertad de prensa. Ya lo era el del tribunal de primera instancia. El mayor problema es que al descartar el estándar de la ‘real malicia’ y sancionar al medio bajo la Ley Zamudio sin que exista intención de menoscabar (no es suficiente la intención de publicar, sino probar que el medio buscaba claramente denostar a alguien), el tribunal desatiende los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, exponiendo a Chile en materia de garantías para el ejercicio periodístico”, afirma Zárate. El abogado agrega que “sienta un precedente complejo al blindar indirectamente a autoridades ancestrales o religiosas frente al escrutinio crítico en hechos de evidente interés público, como es una investigación penal por la muerte de dos personas. En una democracia, ningún grupo, entidad o personajes públicos pueden quedar al margen de la crítica”. Tras analizar la sentencia, Zárate considera que el razonamiento del tribunal de alzada de Valdivia “incurre en un defecto en la ponderación de los derechos en juego, ya que si bien indica que efectúa una ponderación jurídica (es decir, tomar una decisión de maximizar los derechos en conflicto) termina por una técnica abandonada hace décadas consistente en jerarquizar derechos”. “Todo ello tiene como resultado asumir un rol propiamente editorial, dado que es el propio tribunal de primera instancia, y ahora la corte, los que entran a corregir titulares, epígrafes y el uso de comillas, y definir cómo un medio debe encuadrar periodísticamente una noticia”, concluye el académico de la Universidad Autónoma. La Tercera

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron este miércoles el proyecto impulsado por el gobierno que moderniza la carrera funcionaria, mejora las remuneraciones y entrega nuevos incentivos para reconocer el trabajo y los riesgos de funcionarios de Carabineros. La iniciativa representa una mejora sustantiva respecto de la propuesta original: triplica los recursos comprometidos y alcanza una inversión anual cercana a los $106 mil millones. Esos recursos apuntan a fortalecer la carrera policial, mejorar las condiciones laborales y contribuir a que Carabineros cuente con mayores capacidades. De acuerdo con la normativa, uno de los principales avances es el fortalecimiento de la Gratificación Especial de Riesgo (GER). La medida elimina el actual tope del 20% y permite que este beneficio alcance hasta el 100% del sueldo, según el destino y las condiciones de riesgo. El proyecto suma un incentivo de un 10% asociado al cumplimiento de metas institucionales y nuevas medidas para favorecer la permanencia y el desarrollo profesional dentro de la institución. Entre las principales medidas aprobadas destaca el aumento del estipendio mensual de los alumnos de Carabineros, que pasará de $70 mil a $248 mil, junto con mejoras en las condiciones económicas durante su formación y período de práctica. Otro avance relevante es la incorporación de personal civil para asumir funciones administrativas que actualmente desempeñan funcionarios policiales. Esta medida permitirá liberar efectivos de esas labores y destinarlos progresivamente a tareas operativas, patrullajes preventivos y acciones de seguridad en beneficio de la ciudadanía. La iniciativa contempla además medidas de protección y bienestar para los funcionarios. Incluye disposiciones que evitan que determinadas licencias médicas asociadas a enfermedades graves de hijos menores de un año perjudiquen el cálculo de incentivos por desempeño. Tras su aprobación en el Congreso, ahora el proyecto deberá pasar por el Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad que corresponda. Cumplido este trámite, podrá ser promulgado por el Presidente José Antonio Kast y posteriormente publicado en el Diario Oficial, momento en que se convertirá en ley. biobiochile.cl