• Fueron objetos de un sumario administrativo que le impuso la suspensión del empleo
  a cada uno por tres meses, con goce del 70 por ciento de su remuneración.

Dos profesionales de la secretaría regional ministerial de Energía acusan un entorno laboral hostil y terminaron demandando a la subsecretaría del ramo por vulneración de garantías fundamentales y daño moral. La acción está dirigida en contra del seremi de la cartera, Sergio Cuitiño Saldivia.

Ambos funcionarios se encuentran sujetos a licencia médica por enfermedad profesional.

La particularidad de este caso radica en que los demandantes son los profesionales encargados de los proyectos de hidrógeno verde, para el Ministerio de Energía en la Región de Magallanes.

En su demanda laboral plantean que el primer sumario y posterior sanción en su contra, fue gatillado por las licencias médicas otorgadas respecto de ellos, incluso de tipo laboral extendida por la Mutual.

Hacen mención a una sobrecarga laboral y conflictos interpersonales recurrentes, lo que sumado a la falta de liderazgo, han provocado una serie de trastornos psicológicos que han derivado en un gran número de licencias médicas.

Este conflicto se agudizó durante la administración de la seremi María Luisa Ojeda, quien renunció al cargo a comienzos de marzo de este año. Había sido nombrada el 1 de abril de 2022 por el Presidente Boric.

En conocimiento de Subsecretario

El 30 de junio de 2023, los funcionarios demandantes expusieron al subsecretario de Energía, Luis Felipe Andrés Ramos, una serie de antecedentes sobre el ambiente laboral en la oficina de Magallanes, aunque los mismos ya estaban en su conocimiento con antelación.

“Hoy, Sr. Subsecretario, nuestra agenda es intensa en las comunas lejanas con el Plan de Acción de H2v, Peer, consultas indígenas, Ley de Biocombustibles y otras tareas, lo que implica largas e intensas jornadas laborales y exposición pública. En este instante, estamos aterrados de seguir en el ejercicio de nuestros cargos, dada la horrible campaña comunicacional, en donde cualquier cosa, por el ejercicio de nuestra función, puede ser sacada de contexto, además de seguir injuriando y falseando acciones que podrían obedecer a tareas propias públicas de nuestra función”.

En razón de tan hostil escenario, solicitan al subsecretario se ejerza como servicio, las medidas de defensa judicial de los dos funcionarios que suscribieron la misiva.

Pese a lo anterior, desde el nivel central no se arbitraron ningún tipo de medidas.

“En los meses de abril a septiembre de 2023, reiteramos en muchas ocasiones, tanto por escrito y en forma verbal, a los superiores y jefaturas, tanto regionales como a nivel central la urgencia de los apoyos y reemplazos que no eran provistos por el equipo de personal de Subsecretaría de Energía”, según se plantea en la demanda.

Ante la agudización de la crisis, en noviembre de 2023 ambos funcionarios sostuvieron una reunión con la jefatura. “Si embargo, pese a todos los esfuerzos y los acuerdos que se adoptaron en orden a mejorar el clima laboral, la realidad es que se determinó nuestra sanción por acoso laboral, responsabilizando a estos actores (los dos profesionales) del desgastado clima laboral que se arrastra desde hace ya larga data”.

Si bien se realizaron los planes de intervención, reuniones y sesiones con el fin de mejorar el ambiente al interior del servicio, se decretó iniciar un nuevo sumario en contra de ambos trabajadores, aunque en este caso la acusación escala a la instancia penal, por una presunta falsificación de firmas por parte de los denunciantes del acoso laboral, de lo cual aún no se tiene respuesta del Ministerio Público, así como tampoco del fiscal interno que instruye el sumario.

Sanciones

El 24 de abril pasado se resolvió el primer sumario administrativo, el cual determinó imponer sanciones para los dos funcionarios que pertenecen a la planta profesional, a contrata, de este servicio, que significó la suspensión del empleo a cada uno por tres meses, con goce del 70 por ciento de su remuneración, dejándose constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor correspondiente.

Los sancionados denuncian que estas medidas (descuentos de sus remuneraciones) fueron aplicadas cuando dicha resolución no se encontraba todavía firme y ejecutoriada, lo que derivó en la presentación de una serie de reclamos ante la Contraloría General de la República. La misma quedó recién ejecutoriada en el mes de julio de 2024.

Para ellos, el sumario les impone sanciones sumamente gravosas que no hacen más que truncar su carrera funcionaria.

“El resultado de esta investigación nos sitúa como responsables de un mal ambiente laboral que el mismo empleador expresamente reconoce que se trata de un tema de arrastre”, exponen los denunciantes.

Relatan que entre las funciones adicionales desempeñadas para lo cual no fueron contratados, figuran las labores de chofer, que debían cumplir 5 horas al día, con toda la responsabilidad que ello significa.

“De qué manera el Estado pretende que ejerzamos nuestra función como encargados de los proyectos de hidrogeno verde, si no se preocupa del clima laboral de sus trabajadores y cede a presiones gremiales y de terceros”, manifiestan.

Peticiones concretas

En su libelo, los dos profesionales proponen las siguientes medidas para ser evaluadas por el juez del Trabajo de Punta Arenas: la elaboración de un manual de manejo y atención de conflictos dentro del servicio; un manual de inducción el cual debe ser entregado formalmente a cada funcionario que se incorpore a la institución, y la suma de 2.500.000 pesos para cada uno, corresponde a los gastos por tratamientos médicos, terapias, medicamentos y dinero que han debido desembolsar como consecuencia de las vulneraciones denunciadas. Y también piden disculpas públicas por parte de su empleador.

Paralelamente, demandan que se fije como indemnización por daño moral, la cifra reparatoria de 12.500.000 pesos a favor de cada uno.

También solicitan se adopte la medida de traslado de su puesto de trabajo, hacia las dependencias de la secretaría regional ministerial de Minería, a cargo del biseremi de Energía-Minería, ubicadas en José Menéndez Nº360, en Punta Arenas.

Sobre esto último, por resolución judicial de fecha 3 de septiembre de 2024, la jueza del Trabajo de Punta Arenas, Claudia Ortiz Quinteros, resolvió: “Atendido el mérito de los antecedentes expuestos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 492 del Código del Trabajo, como se pide, se decreta como medida cautelar traslado físico de los denunciantes a las dependencias de la secretaría regional ministerial de Minería, a cargo del biseremi de Energía-Minería, ubicadas en José Menéndez Nº360, Punta Arenas, hasta la dictación de la sentencia definitiva”.