Marcos Sepúlveda Loyola

-En entrevista con El Magallanes, tras años de silencio, abordó las acusaciones de faltas a la probidad, su relación con el alcalde Claudio Radonich y el caso de la pareja del diputado Alejandro Riquelme.

¿Quién es Jacqueline Lleucún Uribe? Para algunos, es quien les ayudó a cumplir el sueño de la casa propia; para otros, una persona confrontacional y que provocaba temor al interior del Servicio de Vivienda y Urbanización, dependencia de la cual fue desvinculada en 2024 tras un largo proceso sumarial iniciado a comienzos del gobierno de Gabriel Boric. También están los que la califican de “operadora política” del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Y, para el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ella es una exfuncionaria cuya gestión estuvo reñida con los principios de probidad.

En su reciente visita a Punta Arenas, Poduje se refirió a ella, diciendo que está vinculada a entidades de gestión o a entidades patrocinantes. “Yo quiero ser muy claro acá. Nosotros no vamos a tolerar malas prácticas ni vinculaciones de personas que han sido destituidas del servicio”, advirtió.

Sin embargo, pese a las habladurías de la gente, ella se define como una “funcionaria técnica”.

“No fue sencillo dar esta entrevista”, reconoce haciendo ver que varios medios nacionales la llamaron para obtener su versión tras ser mencionada hace un par de días por el ministro Poduje, en sus redes sociales a través de reels en los que señaló que la Contraloría había confirmado su destitución del Serviu por “faltas graves a la probidad”.

Esta no es la primera vez que se encuentra en el ojo del huracán mediático. Ya hace un par de meses había estado en la palestra por autorizar, en julio de 2022, la resolución que entregó el subsidio habitacional a Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme. Chicuy declaró ser soltera y madre de cuatro hijos, además de vivir en una vivienda en una zona rural de Punta Arenas. Este caso fue denunciado ante el Ministerio Público por Poduje.

Tras varios intentos infructuosos por obtener su versión ante los innumerables hechos que se le imputan a la otrora jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes durante la segunda administración de Sebastián Piñera, en horas de la mañana de ayer, a través de WhatsApp, aceptó dar una entrevista para contar su verdad.

El punto de encuentro fue un céntrico café. En el fondo del salón se ve a una mujer de baja estatura, con lentes y vestida con una camisa blanca, revisando su celular y acompañada de varios apuntes. Asegura que no quiere dejar escapar ningún detalle de todo lo que ha tenido que sortear desde que fue suspendida de su cargo en el Serviu, en julio de 2022.

¿Por qué decidió hablar después de cuatro años? Es la primera pregunta. De inmediato, Lleucún señala que se cansó de que utilicen y “manchen gratuitamente” su nombre, a su juicio, para “hacer un punto político o políticas de bajo nivel con este tema”.

– ¿Cómo recibió los dichos del ministro Poduje en su contra a través de redes sociales, en donde confirmó que usted fue destituida por faltas a la probidad?

– “Lamento mucho, como opinión personal, que un ministro de Estado haga un punto de prensa, un reel o un TikTok con estos temas que son sumamente importantes, administrativos, que están protegidos por la ley de protección de datos personales, porque hay un proceso judicial en curso, porque me involucra también con otros temas de cobros y de cosas que dejan a la opinión pública como que yo me he enriquecido con este tema, siendo que yo siempre he sido una funcionaria que he hecho mi labor y que siempre he trabajado desde el ámbito técnico. Entonces, encuentro que fue un abuso de poder por su parte, fue una vulneración a mis derechos como mujer indígena”.

– ¿Pretende iniciar acciones legales?

– “Sí, estoy evaluando qué paso seguir, porque la verdad es que, como te digo, siempre me he mantenido súper al margen y he tratado de hacer las cosas como corresponden (…) La verdad es que esto ya tiene otros ribetes y sí, yo estoy evaluando qué hacer, porque esto afecta a mi honra, a mi imagen como profesional y no, eso no lo voy a permitir, porque yo he sido una profesional que he trabajado y siempre dejé todo para que las familias de Magallanes tuvieran sus viviendas”.

Lleucún no se guardó nada. De inmediato comenzó a lanzar dardos en contra del hasta hace poco director subrogante del Serviu, Omar González. “Tenemos una guerra como declarada administrativamente. Él fue el que inició el sumario, él fue el que ingresó a la administración de Piñera, le dieron la confianza para ser el jefe jurídico, después fue el único jefe de departamento que no estuvo en el sumario que se inició en 2022, él se quedó ahí siendo de confianza de la autoridad de ese momento, de Marco Uribe, y estuvo de director del Serviu los cuatro años”, declaró.

“Hay una maniobra detrás para sacarme del camino que, como tú muy bien sabes, en su momento sonaba como posible autoridad del Ministerio”, insistió.  “¿Qué es lo que quieren? ¿Sacarme del camino? ¿Qué voy a descubrir si entraba?”, se pregunta.

– ¿Cómo responde a estas críticas del ministro Poduje sobre que usted estaría vinculada a entidades patrocinantes y que cobraría a las familias?

– “Eso determina la demanda que yo quiero hacer contra el ministro. Es totalmente falso. Yo jamás he cobrado, jamás he estado ligada a entidades patrocinantes. Si existen cada vez menos entidades patrocinantes”.

– ¿Por qué se le señala a usted como una de las principales responsables de las irregularidades en la asignación de viviendas del Serviu Magallanes? Como, por ejemplo, lo sucedido con la entrega de viviendas de tres dormitorios a familias de una persona.

– “El decreto DS-49 es súper claro y establece viviendas tipo, viviendas estándar, y establece ciertos requisitos. Los decretos ministeriales vienen visados por Contraloría. Entonces, lo que hizo Contraloría fue realizar ciertas observaciones, pero no es que quitó viviendas o que encontraron que estaban mal asignadas, sino que estaban mal focalizadas en lo que ellos determinaron, que querían que el Ministerio focalizara de mejor manera. ¿Y qué significa eso? Como dices tú: si la familia es de un dormitorio, la familia es una, un dormitorio.

“Pero eso es una estructura o una modificación nacional. Nosotros, como región, las regiones no tienen la facultad de modificar esos decretos. Los decretos son decretos supremos que pasan por Contraloría porque tienen recursos asociados. Entonces, claro, a mí se me culpa de algo que finalmente nosotros no establecimos, como te digo, lo que establecía el decreto. Y, además, yo desde julio de 2022 dejé de cumplir funciones en el Ministerio”.

Para ella, los argumentos entregados por el titular de Vivienda son “mentirosos”. Explica que el sumario que menciona en el reel viene de 2022, cuando llegó el Frente Amplio. “Se nos hizo un sumario a mí y a varios funcionarios que veníamos de la administración anterior para poder sacarnos”, critica.

– ¿Por qué usted atribuye un tinte político a dicho sumario?

– “Porque si el único jefe de departamento que no está involucrado era Omar González, ¿por qué Omar González se salvó? Porque fue el que se prestó para generar el sumario. O sea, era el jefe jurídico. O sea, tú me vas a decir que en un servicio tan grande como el Serviu, el jefe jurídico no tiene ninguna responsabilidad cuando hay licitaciones. Si revisa todos los documentos que salen, pagos, asignaciones, todo pasa por la visación del departamento jurídico (…). Entonces, es raro, por decirlo de alguna manera, que el jefe jurídico no tenga ningún involucramiento en el sumario”.

– ¿Usted fue sumariada por unas presuntas irregularidades en un proyecto habitacional en Natales?

—“Claro, que se ocuparon esos fondos para contratar a dos administrativas que apoyaban en el servicio y que yo, como jefa de Operaciones, tenía una administrativa ahí apoyando. Eso fue todo lo que se acusó y ese sumario, como te digo, después de toda la batalla política que se armó, Contraloría tomó el sumario. Contraloría propuso sanciones, ciertas sanciones, algunas más graves, algunas menos graves.

“En mi caso, fue una menor y que el ministro Montes no la respetó. Yo empecé a presionar con mi confianza legítima por los tribunales, porque a mí, en 2024, el Ministerio me desvinculó porque se me terminó mi jefatura del Departamento de Operaciones, pero yo, como tenía muchos años antes de eso en el Ministerio, pedí volver a mi cargo original, que es lo que establece la ley”.

Acusa que ella pidió volver a su cargo original, pero que nunca se cumplió. Aduce que primero le dijeron que había problemas presupuestarios y, a partir de ahí, comenzó a insistir a través de la justicia. “Contraloría determinó que tenía que volver. Como no lo cumplieron, fui a la Corte de Apelaciones. En la Corte de Apelaciones gané, en la Suprema también gané, por lo que interpretan los abogados, pero es que el recurso, la vía del recurso de protección no es válida para exigir eso. Lo que dijo la Corte Suprema es que la Contraloría tiene que hacer su labor”, indica.

– A usted también se le acusa de que durante la campaña municipal presuntamente se prestó para realizar asignaciones a cambio de votos. ¿Cómo responde a esas críticas?

– “Eso primero tiene que preguntarse a los políticos. Yo jamás me he presentado a ningún cargo. Así que difícilmente yo puedo ir a ocupar políticamente algo”.

– Pero a usted la definen como una mujer de Radonich.

– “Mira, yo a Claudio Radonich, como alcalde, le admiro profundamente. Debo decirlo. Yo no soy mujer de nadie, suena muy feo eso, pero yo al alcalde Radonich lo admiro profundamente. Lo conozco hace muchos años, nos tocó trabajar siempre desde el área de vivienda (…). Como alcalde, muy activo en el tema habitacional, pero lo que pasa es que la gente malinterpreta, en el sentido de que el alcalde, en este caso Radonich, es el alcalde de la comuna más grande, pero nosotros trabajamos con todos los alcaldes”.

– ¿Ha militado alguna vez en un partido político?

– “Sí, en la Unión Demócrata Independiente”.

– ¿Es una operadora política del alcalde de Punta Arenas?

– “No, yo siempre he hecho mi trabajo y mi militancia nunca la he puesto por delante, por ser un tema muy personal. Es un tema que yo, cuando las familias iban, jamás les preguntaba si eran de derecha o de izquierda. De hecho, hay muchos dirigentes de oposición al gobierno que trabajaron con nosotros. La vivienda no tiene color político y eso hay que entenderlo así. Es como decir que las 3.000 viviendas que entregamos son de gente de derecha. Es una locura”.

– ¿El alcalde Radonich utiliza o no políticamente el tema habitacional?

– “Lo que pasa es que el alcalde, yo, desde mi opinión personal –insisto-, lo que hace es meterse en un tema en el que no muchos alcaldes se quieren meter. Entonces, yo, de facto, ese tema político… O sea, yo creo que, para los alcaldes, es más trabajo y es más complejo meterse en este tema que beneficios. Y desde el Ministerio nosotros siempre agradecimos que los alcaldes quisieran meterse, porque no es un tema fácil”.

– En algún minuto, ¿usted observó asignación discrecional de viviendas por militancia política?

– “Como te digo, son 3.000 viviendas que se asignaron. Es imposible tener un ordenamiento político”.

Caso Riquelme

Al ser consultada sobre la asignación de subsidio entregada a la pareja de Alejandro Riquelme, actual diputado republicano, en 2022, aseguró que ella, como asistente social, se rige por el Registro Social de Hogares, instrumento que describe como “la biblia”. “Ella postuló con un Registro Social del 60% y con cuatro o tres hijos, no recuerdo, estaría mintiendo si dijera que lo recuerdo, como madre soltera, en un sitio rural”.

– ¿Eso nadie lo verificó?

– “En el Registro Social se hacen visitas aleatorias, pero es el sistema. Y, además, las familias tienen dos opciones de hacer las modificaciones del registro: presencialmente en la municipalidad o con Clave Única. Uno puede modificar su registro con Clave Única, o sea, tú misma modificas tu registro”.

Explica que durante la gestión de Piñera, ella, en su calidad de jefa de departamento y con la visación del director de la época, Duvalio Pérez, debía enviar una propuesta a la entidad patrocinante. “Me decía la entidad: ‘Hay una familia que se cayó al 60%’. Perfecto. Se buscaba del listado que tuviéramos nosotros disponible una familia del 60% y se enviaba. Se enviaba como propuesta, porque la entidad patrocinante privada, a la que se le paga por eso, hacía la entrevista, evaluaba e ingresaba toda la documentación que hay que hacer, que es una declaración jurada y varias cosas que hay que hacer ahí para ingresar”, relata Lleuncún.

– Entonces, ¿la responsabilidad de esta presunta mala asignación y no fiscalización estaría en la entidad patrocinante privada y en quienes revisan el Registro Social de Hogares?

– “Primera responsabilidad es de la familia o de la persona que entrega esa información (…). ¿Cuántas familias en Chile, o cuántas mujeres en Chile, modifican su Registro Social de Hogares para obtener beneficios? ¿Cuántas madres solteras realmente existen en Chile? Porque hoy día las familias no se casan. Entonces, ahí, como hablábamos en su momento, como yo también lo expresé, hay un tema ya más estructural, que se evidenció por este caso, por la connotación pública y todo”.

– ¿Usted descarta haber recibido una llamada de Alejandro Riquelme para obtener este beneficio social para su entonces pareja?

– “Lo descarto. Tienes que pensar que eso fue en mayo de 2022. ¿Quién era Alejandro Riquelme? Un core. Y yo, de verdad, no lo conocía en ese momento aún. No tenía mayor relación con él aún”.

Añade que “todo el proceso de fiscalización, todo el proceso de escrituración de esa vivienda fue liderado por Omar González”, añade, insistiendo en que es el “verdadero responsable”.

– ¿Cuál es la responsabilidad que tiene en este caso la EP privada, Salfa Austral?

– “La entidad patrocinante privada tiene todas las responsabilidades, porque a ellos se les paga por hacer las gestiones, por gestiones técnicas, gestiones sociales”.

Cómite de vivienda

– ¿Qué trabajo realiza con los distintos comités de vivienda?

– “No, la verdad es que ninguno, porque yo hoy no me encuentro trabajando”.

– ¿Y usted actualmente en qué se desempeña?

– “No, hoy día no me encuentro trabajando. Me encuentro a la espera de que el Ministerio me pueda pagar mi indemnización”.

– ¿Usted descarta haber recibido algún sueldo para montar comités?

– “Por supuesto. De hecho, quedan en libertad los comités de preguntas. O sea, tú, como periodista, o algún comité, pueden consultar y todo. Si existiera eso, habría una denuncia. A mí me da mucha lata porque hay cientos de familias magallánicas que han sido estafadas en los comités de vivienda. Eso es un hecho real. Hay denuncias en fiscalía. Y a esas personas no les pasa nada”.

Caso Duvalio Pérez

– ¿Qué responsabilidad tiene usted en la mala asignación de vivienda a la pareja del exdirector del Serviu, Duvalio Pérez?

– “El exdirector del servicio… Lo que pasa es que no sé cómo decirlo, bueno, tú lo arreglas después. Si bien tenía una relación laboral con él, claro, me llevaba bien y todo. Yo siempre me mantuve un poco al margen de su vida personal”.

– ¿Conoció a la señora?

– “No, porque él tiene una vida… O sea, él siempre se presentó como divorciado, siempre fue como un misterio su vida privada. Yo siempre lo conocí como una persona divorciada”.

– ¿Nunca fue a la casa de Duvalio Pérez?

– “No. Habría pasado a dejarle un documento, pero a tomar el té, ¿cómo dices tú? No, porque a Duvalio no hay que darle la espalda, ¿cachai? Él tiene una vida personal bien ajetreada, por decirlo así”.