Aunque ya no es zona rural, el seremi de Obras Públicas confirmó que están apoyando un proyecto de reparación para que el municipio lo postule a financiamiento del gobierno regional. Uno de los proyectos más relevantes del Ministerio de Obras Públicas de la última década fue sin duda la pavimentación del llamado “camino viejo”, sector Barranco Amarillo y Río Seco. Esto corresponde a la Ruta Y-565. En 2011 fue entregado al uso público la vía pavimentada, cuyo contrato fue adjudicado a la Constructora Vilicic. Era importante consolidar este proyecto por tratarse de un sector que muestra un crecimiento importante, tanto a nivel habitacional, industrial y turístico gastronómico. La pavimentación, entregada hace 14 años, abarcó  el sector de la rotonda de la Avenida Presidente Frei y Avenida Carlos Ibáñez del Campo, con una extensión de 9 kilómetros. El proyecto incluyó la construcción de soleras, veredas, paraderos, elementos de seguridad, miradores y ciclovías. En su momento el Ministerio de Obras Públicas calificó este proyecto como un aporte al desarrollo y al bienestar de los entonces 3.200 habitantes de aquellas localidades. Reparación En su momento fue el Ministerio de Obras Públicas que licitó este proyecto, porque en ese entonces era un sector rural y por ende estaba bajo su competencia. Hoy ya no, porque pasó a ser zona urbana. Sin embargo, el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, indicó que hace unos meses vienen trabajando con la Municipalidad de Punta Arenas, “para armar varios proyectos de conservación de los caminos, que por un tema de capacidad técnica y de personal es poco probable que ellos lo puedan abordar en un mediano plazo”. Lo que se busca es firmar un convenio entre ambas entidades. Y en esa planificación está incluido el llamado “camino viejo”. Hernández dijo que esperan tener todo listo el 2026 para que el municipio lo pueda postular a financiamiento del gobierno regional. “Es un proyecto de un costo no menor”, remarcó.

La Municipalidad de Punta Arenas expresó su preocupación por el significativo retraso que enfrenta el proyecto de conservación de las vías urbanas del Serviu, luego de que la Contraloría Regional emitiera observaciones al proceso de firma de contrato con la empresa adjudicataria de las obras, enviado para su toma de razón. Según informó la unidad técnica al municipio, las correcciones exigidas por Contraloría desplazarían el inicio de los trabajos hasta marzo de 2026, pese a que originalmente habían sido anunciados para noviembre de este año. El proyecto contempla la intervención de alrededor de 21 mil metros cuadrados de pavimento en 14 calles de la ciudad, con un presupuesto superior a los $4.300 millones financiados por el Gobierno Regional. De no resolverse prontamente las observaciones, Punta Arenas perdería la temporada de mejor clima para ejecutar obras de hormigón, lo que complica la planificación comunal. El alcalde Claudio Radonich lamentó la situación y advirtió el impacto que tendrá en la capital regional. “Lo que nos dijeron que comenzaba en noviembre ahora se proyecta para marzo del próximo año. Ya estamos en diciembre y eso significa no poder aprovechar los meses de mejor clima. Es lamentable esta demora, que para la ciudad es compleja”, afirmó. El jefe comunal recordó que la municipalidad ya inició su propio plan de bacheo para enfrentar la temporada estival, pero enfatizó que este esfuerzo no reemplaza la intervención estructural que debe ejecutar el Serviu. Radonich instó al servicio a avanzar simultáneamente en un nuevo proyecto que permita continuar con el recambio de losas en sectores donde las reparaciones tienen una vida útil limitada. Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que la iniciativa fue presentada en diciembre de 2024 y recalcó su urgencia debido al deterioro del pavimento en tramos de Avenida Bulnes, 21 de Mayo, Angamos y otros puntos críticos. “Entendemos que surgieron observaciones que deben ser corregidas para poder iniciar los trabajos”, indicó. La intervención de 21 mil metros cuadrados fue anunicada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en noviembre pasado y los recursos aprobados por el Consejo Regional en diciembre. En aquella ocasión se señaló que las obras iban a comenzar en septiembre pasado. El programa incluye tramos en calles como Angamos, Bulnes, Colón, Magallanes, Chiloé, Bellavista, Salvador Allende y España; sectores que concentran una alta demanda vehicular y conectan con barrios residenciales, zonas comerciales y establecimientos de servicios.

Las personas acreditadas como cuidadoras tendrán atención preferente en las oficinas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en Magallanes, al contar desde ahora con el Sello Chile Cuida. Estas personas deberán encontrarse inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH). Así lo destacó el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, tras realizar la entrega del distintivo a la dirección regional de la Junaeb. Esta iniciativa es parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, proyecto de ley que fue aprobado en la Sala del Senado y despachado recientemente para su último trámite legislativo, donde podrá convertirse en una ley que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo una institucionalidad que permita garantizarlo de manera universal y progresiva. En la región existen 1.797 personas identificarse como personas cuidadoras, que están accediendo a la red Chile Cuida, integrada por programas, apoyos y beneficios, dentro de los cuales uno de ellos es acceder a una atención preferente y de calidad. Por ello, dijo el seremi, “esperamos que el proyecto de ley que busca crear Chile Cuida, sea una política pública que trascienda al gobierno de turno, y permita asegurar que nunca más cuidar sea sinónimo de soledad y postergación”.

En septiembre de 2025 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas y ocho ejecutivos, de llegar a acuerdos para fijar los precios de compra de la centolla extraída en la Región de Magallanes. Ante el TDLC las empresas han hecho llegar en bloque su defensa corporativa tildando el requerimiento de “inaceptable”, “vago”, “inepto”, entre otros descalificativos. El requerimiento se dirigió en contra de Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A. (Eldap), International Seafood S.A., Pesquera Cabo Froward Limitada, Productos Marinos Puerto Williams Limitada (PMPW), Proyecta Corp S.A., Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Compañía Limitada, Bakkavör Chile S.A.; además de los ejecutivos Catalina Besnier Anguita, Edmundo Díaz Bahamonde, Fernando Ossa Barros, Manuel Inostroza Márquez, Mario Fernandino Pagueguy, Ricardo Anguiano Sepúlveda, Mónica Cárdenas Castro y Rodrigo Allimant Antolisei. La FNE imputa a las empresas haber celebrado acuerdos o prácticas por, al menos, las temporadas extractivas comprendidas entre los años 2012 y 2021. El comportamiento consistía en que los requeridos intercambiaban información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla, lo que les permitía alinear o influir sus respectivas decisiones comerciales. Esto les habría permitido coordinar los precios de compra iniciales de la materia prima y retrasar o contener las alzas de precios durante el periodo extractivo. El ilícito imputado es considerado un acuerdo colusorio único y continuo. La FNE sostiene que las empresas requeridas conjuntamente abarcaron entre 81 y 88% de las compras de centolla viva entre 2017 y 2021, por lo que la colusión imposibilitó a los pescadores artesanales de acceder a precios resultantes de la libre competencia. Por tanto, la FNE solicitó al TDLC que declare la infracción y se impongan multas específicas a cada empresa y persona natural. Cabe señalar que el Tribunal deberá resolver si acoge las excepciones inscritas por los distintos actores involucrados, lo que implicaría que la Fiscalía Nacional Económica tenga que rectificar o corregir algunos aspectos de su requerimiento inicial. No obstante, fuentes consultadas indican que correspondería a una estrategia para “ganar tiempo y tener mayor plazo para contestar la demanda”. Parte delatora: Bakkavör y sus ejecutivos Bakkavör Chile S.A., junto con los ejecutivos Rodrigo Allimant y Mónica Cárdenas, se encuentran en una posición de colaboración total con la FNE. En la causa, contestaron el requerimiento ratificando lo expuesto, reconociendo y aceptando los hechos. Se identifican como acreedores de los beneficios contemplados en el programa de delación compensada, dada su ayuda en el caso. Esta empresa inició una investigación interna después de tomar conocimiento de una denuncia en 2020, donde constató la existencia de los hechos, les puso término en forma inmediata y se acogió al programa de delación. Desde entonces, reconocen haber prestado máxima colaboración, proporcionando antecedentes precisos y verificables que permitieron fundamentar la acusación. En este contexto, solicitan al TDLC ser eximidos del pago de las costas del juicio, argumentando que no pueden ser calificados como “parte vencida” al haber aportado antecedentes que permitieron fundar el requerimiento y aceptar todos los hechos. Finalmente aclaran que “no han sido los organizadores de la conducta ilícita, ni mucho menos coaccionaron a los demás requeridos a participar en ella”. Frente de la defensa La principal acción legal emprendida por la mayoría de las empresas y ejecutivos requeridos es bajo el argumento de que el requerimiento de la FNE es vago, ininteligible, e impide un adecuado derecho a defensa. Se critica que la FNE no define si la acusación es por un acuerdo o práctica concertada para fijar precios, o si es por el intercambio de información comercialmente sensible. Esta distinción es fundamental para la defensa y fue el primer argumento de muchas de ellas, como la de Elaboradora de Alimentos Provenir (Eldap). Junto con lo anterior las defensas de Eldap, Bahía Chilota, Proyecta, Cabo Froward y PMPW sostienen que el requerimiento reconoce la existencia de dos precios: “precio en zona de pesca” (valor pagado al pescador por el acarreador bajo directrices de las plantas) y “precio en planta” (incluye el anterior más la comisión del acarreador). En tanto, critican que la Fiscalía Económica no especifica cuál de estos dos precios fue objeto del supuesto acuerdo. La defensa de Ricardo Anguiano, director comercial de Eldap, por otro lado planteó que el requerimiento es contradictorio al afirmar que el objetivo era “retrasar o contener las alzas”, mientras que la propia narrativa de la FNE y sus gráficos indican que el precio de la centolla “se va incrementando de forma paulatina y sostenida durante toda la temporada”. Se cuestiona la doble caracterización de los acarreadores (intermediarios o transportistas). La FNE los describe como agentes que negocian "bajo las directrices de las plantas procesadoras", pero a la vez, se contactan ante las "presiones de los pescadores artesanales o de los acarreadores para aumentar el precio de compra". Los requeridos (PMPW, Bahía Chilota, Cabo Froward) exigen que se aclare si son meros agentes de las plantas o actores independientes con poder de negociación. En cuanto a la delimitación temporal, PMPW, Bahía Chilota y Proyecta plantearon que la acusación abarca de 2012 a 2021, aunque la Fiscalía sólo proporciona datos del mercado relevante para el periodo 2017 a 2021, lo que impediría de defenderse respecto a la primera mitad del periodo imputado. Finalmente un punto común fue el cálculo de las multas, donde se objeta el uso de “un promedio de tal periodo, ajustado por inflación” para estimar las compras o ingresos de los años 2012 a 2016, ya que la Fiscalía habría reconocido que no solicitó ni obtuvo datos reales para ese tiempo. Esto se califica como especulativo y critican que el cálculo sea en base a “compras” en lugar de “ventas” o “beneficio económico”. Posiciones particulares Edmundo Díaz (PMPW) alega que el requerimiento no detalla su rol, ni hay mención clara de su participación hasta 2016. Indica que la evidencia en su contra se basa en extractos incompletos o fuera de contexto, vulnerando su derecho a defensa. Fernando Ossa, socio mayoritario y gerente general de Bahía Chilota, argumenta que imputarle responsabilidad tanto a él como a la persona jurídica (Bahía Chilota) por los mismos hechos, al existir identidad en la administración, constituye una vulneración del principio de “no ser castigado dos veces por el mismo delito” (non bis in ídem). Además solicita transcripciones completas de las llamadas telefónicas interceptadas que lo involucran, argumentando que los extractos citados son incompletos y recortados. International Seafood alega que la Fiscalía incurre en un anacronismo “grosero” al usar un correo de 2014 para insinuar participación a través de Catalina Besnier, quien habría ingresado a la empresa en septiembre de 2016. Además cuestionan si un mensaje de WhatsApp preguntando por el precio puede forzarse como prueba de un pacto. Catalina Besnier, gerente de International Seafood, por su parte argumenta que la Fiscalía acumuló indebidamente acciones distintas, ya que su participación, de existir, sería posterior al supuesto primer acuerdo. Proyecta exige a la Fiscalía identificar a la totalidad de los partícipes del mercado (los “otros” actores que representan el 15% de las compras entre 2017-2021) y explicar por qué estos no participaron, ya que esa información es esencial para su defensa, especialmente dado que Proyecta se ubica en Puerto Natales (a diferencia de la mayoría en Porvenir). Alegan que su imputación se basa en diez comunicaciones para un periodo de nueve años, siendo la mayoría “afirmaciones de terceros”. Por último Cabo Froward argumentó que su participación en el mercado es distinta: no compra centolla a los pescadores artesanales (sólo a acarreadores), no realiza la labor de acarreo y no exporta el producto (lo vende a otras empresas). Por tanto, no es claro cómo o a qué título sería competidor de las demás empresas.

Dos episodios no vinculados, pero sí unidos por la desgracia, tienen conmocionado al Colegio de Profesores. En la última semana, dos docentes fallecieron y desde el organismo gremial lamentaron que el Servicio Local de Educación Pública no estuviera a la altura, respecto de las circunstancias de los dos sucesos, y que tampoco hayan tomado acciones tendientes a brindar un apoyo a las comunidades educativas, muy afectadas por lo sucedido. El primer episodio tuvo el fallecimiento de la profesora Paola Urrutia que hasta el año pasado, se había desempeñado en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa. Pese a que se conocía que presentaba problemas de salud, su muerte fue repentina y conmovió a la comunidad educativa. Sin embargo, desde el Colegio de Profesores sostienen que no se le dio la posibilidad de brindarle una despedida. En el velorio, los directivos del Magisterio se enteraron del fallecimiento de otra colega, de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, a quien diversos incidentes con estudiantes y apoderados, sumado al agobio por la evaluación docente, los cuales le generaron un estrés tal, que terminó en la Mutual de Seguridad. Desde el Colegio de Profesores informaron que ahí no tuvo la asistencia adecuada y tampoco se trató su caso como accidente laboral, sino que se le derivó a su domicilio, donde falleció horas después, tras sufrir un aneurisma. La presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante, recordó que “el viernes acudimos a primera hora a la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa para hacer contención, porque realmente los colegas estaban muy afectados, y al no ver a nadie del Slep nos dio mucha ira, fuimos a la oficina y preguntamos por qué no fueron más empáticos, que los colegas lo mínimo que esperaban era que su empleador se acercara a ellos. También fuimos a la Mutual a consultar cuál había sido el procedimiento de atención a la colega”. Desde el Colegio de Profesores indicaron que el Servicio Local de Educación anunció la presencia de un representante en el responso y que temas de maltrato psicológico, ocurrido en la Escuela Portugal, lo iban a abordar a la brevedad. Estas dos situaciones dan cuenta de una realidad cada vez más frecuente, y que ha sido expuesta en cada movilización docente: los conflictos con estudiantes y apoderados, en los que siempre se les da la razón a ellos por sobre la versión del profesor, lo que se suma a las exigencias relativas a evaluaciones docentes, todo un cuadro que ha afectado la salud mental de los encargados de impartir enseñanzas a los estudiantes.

Las intensas precipitaciones que hubo ayer en la mañana no fueron más fuertes que la fe de cientos de fieles, que se reunieron en procesión para recorrer las calles del barrio 18 de Septiembre, tras la ceremonia correspondiente a la Solemnidad de la Inmaculada Coronación de Nuestra Señora de Fátima. La misa fue presidida por el obispo Oscar Blanco, quien fue el encargado de posar el símbolo en la imagen de la virgen, que arribó desde Portugal.

Cuando queda exactamente una semana para la celebración del balotaje presidencial, los candidatos José Antonio Kast (P. Republicano) y Jeannette Jara (PC) agotan sus últimos cartuchos en el norte grande del país, con la migración y la situación en las zonas fronterizas como tema central. El abanderado opositor y la representante del oficialismo se desplegaron en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, respectivamente, zonas donde Franco Parisi se impuso con claridad en la primera vuelta. El objetivo, entonces, es convencer a quienes apoyaron al líder del PDG en noviembre pasado. Así, durante un encuentro este domingo con vecinos de Antofagasta, Kast afirmó que "efectivamente, Franco ganó en la región la primera mayoría, y creo que ganó porque interpretó a aquellas personas que están distantes de la política, que creen en el mérito, que creen en la libertad, y, por lo tanto coincide en las bases con lo que nosotros planteamos". "Pero el voto es de cada uno. Yo no soy dueño de los votos que obtuve, Franco Parisi sí representa esos votos, pero las personas tienen que votar independientemente. ¿Y qué planteamos? Mérito, trabajo, seguridad, esfuerzo, calidad de la educación, mejora en el tema de la salud. Pienso que lo que estamos señalando es lo que interpreta la ciudadanía», aseguró. Durante su visita, Kast también se refirió al tema migratorio, en medio de los cuestionamientos del oficialismo que lo acusa de no dar soluciones concretas sobre su propuesta de expulsar a los inmigrantes irregulares. Al respecto, el candidato recalcó que "hemos determinado un plazo sólo para aquellas personas que están en Chile de manera irregular, que son cerca de trescientas mil personas". "A estas otras trescientas mil personas le decimos que nosotros no vamos a regularizar a nadie más. Por lo tanto, les quedan 94 días para tomar una decisión libre e informada", sostuvo el exdiputado, agregando que estas personas "tienen que abandonar el país". Despliegue de Jara en Iquique Un poco más al norte, Jeannette Jara se reunió este domingo con vecinos de Iquique, en compañía de figuras oficialistas de la zona. "Vengo hoy día a la Región de Tarapacá con los compromisos que nos llevamos desde acá que analizamos su viabilidad económica y que revisamos su factibilidad técnica", afirmó. "Quiero decirles que, a pesar de lo que algunos digan, Chile tiene grandes oportunidades, y en 2026 y 2027 estas se van a ver reflejadas concretamente. El precio de la libra de cobre está subiendo por demanda internacional. Chile debe mejorar su capacidad de transporte de carga, y eso se hace en el 90% de los casos a través de puerto. Por lo mismo, he venido aquí para primero hacerme cargo de las propuestas que los mismos iquiqueños nos hicieron presentes, toda la Región de Tarapacá, cuando estuvimos hace un par de meses atrás, donde se propusieron tanto los problemas prioritarios como las soluciones que había al respecto", agregó. Jara también tuvo palabras para referirse al tema migratorio. En lo que respecta a las fronteras, la también exministra del Trabajo se comprometió a "construir una segunda frontera de carácter tecnológico" en la Ruta 5 Norte, la cual hará "seguimiento biométrico de las personas y va a proceder que con aquellas personas que tengan antecedentes penales o penas pendientes de cumplir o sean prófugas de la justicia, sean expulsadas inmediatamente". "Así se resuelven los problemas de control fronterizo en el mundo, y todas aquellas apuestas que se hacen a construir un muro, una zanja, una reja o a poner obstáculos físicos para que los migrantes regulares no ingresen al país, no tienen sentido de realidad, dada la la geografía que todos conocemos y que sabemos lo extensa además que es", enfatizó. Emol

Nelson Luciano Marroquín, alcalde de Masagua, un poblado en el sur de Guatemala, fue asesinado a tiros la noche del sábado último mientras participaba en un desfile navideño, según confirmaron este ayer fuentes oficiales. El ataque armado fue perpetrado en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala. Los primeros reportes señalan que la autoridad, miembro del partido Vamos del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), fue tiroteado por desconocidos, quienes también hirieron a uno de los guardaespaldas del político. Marroquín, de 38 años, caminaba a eso de las 19,50 horas junto a su esposa saludando a vecinos y conversando con algunos de ellos cuando fue atacado. Bomberos Municipales Departamentales trasladaron al alcalde en estado crítico al Hospital Nacional de Escuintla con varias heridas a bala en su cuerpo. Marroquín perdió la vida cuando ingresaba al área de emergencias, señala el periódico La Hora. De acuerdo a diversos datos oficiales, Guatemala contabilizó durante los primeros ocho meses del año un total de 2.154 asesinatos, mientras que en 2024, en el mismo período, la cifra fue de 1.816 homicidios, lo que representa un aumento del 18%. Emol

La víctima fue trasladada por desconocidos a bordo de un auto al Hospital Base de la ciudad de Los Angeles, lugar donde se constató su deceso.   La Brigada de Homicidios de la PDI en Los Angeles, Región del Biobío, investiga desde ayer en la madrugada el crimen de un hombre de 29 años, quien fue baleado luego de salir de fiestas con amigos.  En horas de la madrugada de este domingo, detectives fueron alertados sobre el ingreso de un cuerpo al Hospital Base de Los Angeles con varias heridas por impacto balístico. Estas graves lesiones le provocaron la muerte cuando era atendido en el recinto médico.  Las primeras diligencias investigativas permitieron identificar que la víctima era de sexo masculino y de 29 años de edad.  “Conforme al trabajo realizado, se ha logrado establecer que la víctima salió de su domicilio el día de ayer (por el sábado), en horas de la tarde, con la finalidad de compartir con amigos, y posteriormente, en hora de la madrugada de hoy (por el domingo), su pareja fue alertada que éste se encontraba grave en el hospital, donde falleció”, dijo el comisario Pablo López de la Brigada de Homicidios de Los Angeles.  “Por otra parte, se tomó conocimiento que la víctima fue trasladada por sujetos desconocidos a bordo de un vehículo hasta el servicio de urgencias del centro de salud, que luego de recibir asistencia de personal médico para el ingreso, se retiraron del lugar”, agregó.  Emol

La banda era liderado por un delincuente colombiano que llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel.   La justicia dictó una sentencia histórica de 184 años de cárcel contra los miembros la banda criminal liderada por un sujeto apodado “Zeus” o “Satanás”, que mantuvo bajo intimidación a decenas de familias en Antofagasta. Las penas responden a una amplia lista de delitos violentos investigados por Fiscalía y la PDI. Una pena de 77 años de cárcel para el líder del grupo delictual y 107 años para el resto de la estructura logró la Fiscalía Regional de Antofagasta, en un juicio llevado a cabo en contra de una organización criminal colombiana que por años operó al interior del campamento Génesis II de la ciudad. Así se conoció durante la audiencia de lectura de sentencia, donde los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta detallaron las sanciones que deberá cumplir cada uno de los acusados en esta investigación, desarrollada por el Ministerio Público junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI. El fallo, de 313 páginas, establece para el líder de la organización, el colombiano Javier Valencia González (Zeus) las penas de 7 años de cárcel por el delito de asociación criminal, 8 años por tráfico de drogas, 35 años por dos homicidios consumados, 20 años por dos homicidios frustrados, 3 años por lesiones graves, 120 días por lesiones menos graves, 540 días por amenazas, y 3 años y 1 día por porte ilegal de arma de fuego y municiones. El resto de la organización, integrada por los imputados Rubén Darío Balanta Vidal, Jesús Adolfo Sevillano Estacio, Yiminson Campaz Torres, Carlos Alberto Vásquez Gómez, Fabián Alejandro Arteaga David, Dayron Rentería Hurtado, Julio Steven Cuero Hurtado, Óscar Rentería Camacho y Dick Leandro Preciado Belalcázar, también de nacionalidad colombiana, recibieron penas que oscilan entre 10 y 18 años de cárcel. Con esto, las penas totales aplicadas a la organización criminal ascienden a más de 184 años de cárcel, tiempo que, según indica la sentencia, una vez ejecutoriado el fallo, deberá cumplirse de manera efectiva, contando a favor de los condenados los meses que han pasado en prisión preventiva en esta causa. Investigación Según la investigación realizada por el Ministerio Público, a lo menos, desde el año 2023 y hasta la fecha de sus detenciones, los acusados, junto a otras personas aún prófugas, integraron una asociación criminal organizada bajo una estructura jerárquica, destinada a la comisión planificada y sistemática de diversos delitos, principalmente ligados al tráfico de drogas. En la cúspide del grupo estaba Valencia González, un delincuente de origen colombiano que llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel que hoy lo mantiene con un pedido de extradición activo. El objetivo de esta asociación era la ganancia monetaria a través de múltiples negocios ilícitos vinculados y derivados de mantener el control territorial en el campamento, objetivo que cumplían mediante la violencia y la intimidación constante de las familias que allí habitan y a los integrantes de bandas rivales.  “Zeus” o “Satanás” fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 luego de dar muerte a una persona y dejar gravemente herida a otra, y pocas semanas más tarde el resto de la banda corrió la misma suerte durante una masiva operación de la PDI al interior del campamento Génesis II. biobiochile.cl

La presencia de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe volvió a generar atención este domingo después de que dos F/A-18 Super Hornet fueran detectados volando al norte de Venezuela, según datos abiertos de seguimiento aéreo. Los movimientos se produjeron mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford retomaba operaciones en la zona, en el marco de la ofensiva ordenada por Washington para presionar a redes criminales que operan en el hemisferio. De acuerdo con los registros de la plataforma FlightRadar24, dos aviones identificados con los indicativos “RHINO11” y “RHINO12” fueron observados sobre el espacio aéreo del norte de Curazao y frente al estado venezolano de Falcón. El F/A-18 Super Hornet es el caza principal de la aviación naval de Estados Unidos y opera desde portaaviones en misiones de combate y patrulla. El Departamento de Defensa describe al modelo como un avión “multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”, equipado con un cañón interno de 20 mm y puntos de anclaje que permiten integrar misiles guiados y armamento de precisión. Infobae

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, explicó que la propuesta busca evitar un conflicto regional y contribuir a una salida negociada ante la tensión entre Washington y Caracas.     Panamá afirmó que está dispuesto a asumir un papel de mediación entre Estados Unidos y Venezuela en un contexto marcado por el incremento de la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, explicó que el país centroamericano analiza opciones para facilitar un canal diplomático directo entre Washington y Caracas, incluida la posibilidad de brindar acogida temporal a personas vinculadas al entorno de Maduro, como parte de un eventual proceso de negociación. “El presidente José Raúl Mulino ha sido claro en que, si se requiere recibir a ciertos actores para facilitar un acuerdo, Panamá estaría dispuesto a evaluarlo de forma temporal”, declaró Hoyos durante su participación en el Foro de Doha. Las declaraciones se producen meses después de que ambos países reactivaran parcialmente los servicios consulares, un vínculo que había quedado en pausa tras las objeciones de Panamá a las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. En aquel proceso, Maduro fue declarado vencedor en medio de denuncias de manipulación electoral. Estados Unidos y varios gobiernos de la región cuestionaron la transparencia de los resultados, mientras la oposición venezolana argumentó que el proceso se desarrolló sin garantías. El incremento de tensiones también coincide con el despliegue de unidades militares estadounidenses en el Caribe. Washington sostiene que la operación busca frenar redes de narcotráfico, pero la dictadura chavista afirma que se trata de una maniobra que podría servir como plataforma para acciones orientadas a forzar un cambio político. En una declaración reciente, Maduro aseguró que “Venezuela enfrenta una amenaza inaceptable” y acusó a Estados Unidos de promover “una política de presión permanente”. A esto se suma el aviso emitido por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que instó a las aerolíneas a extremar la precaución durante vuelos sobre Venezuela y áreas del sur del Caribe. El comunicado advirtió sobre un “entorno operativo impredecible” en la región, lo que generó efectos inmediatos en la conectividad aérea hacia y desde el país sudamericano, ya afectado por restricciones previas. Panamá observa estos desarrollos con preocupación, en particular por la posible repercusión en el Canal, uno de los principales corredores marítimos del comercio global. Hoyos recalcó que cualquier hecho que altere la estabilidad regional podría afectar el tránsito seguro. “El Canal es crítico para el comercio internacional y para nuestra economía. Una interrupción tendría efectos globales”, explicó. Autoridades panameñas han recordado que cada año la vía genera ingresos esenciales para el presupuesto estatal y sostiene una porción significativa del movimiento marítimo entre Asia, Norteamérica y Europa. Respecto al papel de Estados Unidos en la protección de la vía interoceánica, Hoyos sostuvo que ambos países mantienen coordinación técnica constante. “Estados Unidos siempre ha mostrado interés en garantizar que el Canal opere sin interrupciones”, afirmó. Agregó que Panamá preserva el principio de neutralidad establecido por los tratados que regulan el funcionamiento de la ruta marítima. Las relaciones entre Washington y Panamá habían sufrido fricciones a comienzos de año tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien comentó que su administración buscaría “revisar la situación del Canal”. Aquellas palabras generaron inquietud política dentro de Panamá, pero Hoyos señaló que el episodio quedó atrás. Infobae  

La decisión del Gobierno de expropiar parte de los terrenos donde se ubica la megatoma Campamento Centinela, en San Antonio, continúa generando controversia. La medida, que contempla un gasto cercano a los $11.000 millones para desarrollar un proyecto habitacional, desató fuerte molestia entre comités de vivienda que llevan años esperando una solución por la vía regular. Entre ellos está el Comité de Vivienda “Los Aromos 2”, que reúne a 300 familias de Llolleo. Su presidenta, Daniela Catalán, calificó la decisión como “una burla”, recordando que su proyecto habitacional en Altos de Placilla quedó reducido a la mitad por falta de recursos. “Da rabia e impotencia. Nosotros hemos cumplido todos los pasos, viajado durante años, y ahora el Estado avala una situación que nos perjudica”, afirmó. Una crítica similar provino del Comité “Nuevo Amanecer”, integrado por familias que perdieron sus casas en el incendio de 2017 en Valparaíso. Su dirigente, Julia Gaitán, sostuvo que la expropiación es “súper injusta” para quienes han esperado durante años subsidios habitacionales. “Todos tenemos derecho a una vivienda, pero deben hacerse las cosas como corresponde”, dijo.

La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, exigió explicaciones al abanderado republicano José Antonio Kast, luego de que este defendiera su postura frente a la controversia generada por las declaraciones del diputado José Meza, quien señaló que apoyaría conmutar condenas a reos terminales, incluso a sentenciados por abuso infantil. Kast respondió afirmando que “los únicos que han defendido a un abusador están sentados en el Gobierno”, acusando al Ejecutivo de usar el tema como “caja de resonancia” para favorecer a Jara. El republicano también recordó el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve y criticó al Comité Político por permitirle despedirse en La Moneda. Desde su comando, Jara sostuvo que Kast “le debe una explicación a Chile”, cuestionando que responsabilice a terceros ante cualquier crítica. Además, se distanció de los dichos de Meza y calificó de “insuficientes” las aclaraciones del candidato republicano. La polémica generó reacciones inmediatas, incluida la de la diputada Carmen Hertz, quien anunció una denuncia ante la Comisión de Ética contra Meza. Kast continuó su agenda en Concepción con reuniones políticas y un acto en Plaza Independencia.