Fue bautizada por la fiscalía como “Operación Sin Fronteras”. La banda más grande dedicada al tráfico de cigarrillos, integrada por chilenos y extranjeros. La investigación permitió detener y formalizar un total de 24 personas.

De éstas, las primeras seis fueron condenadas y sentenciadas ayer, a cumplir diferentes penas en régimen de libertad vigilada intensiva; y a cancelar millonarias multas, como lo dictaminó el juez Cristian Armijo.

La mayoría de las detenciones datan del 17 de noviembre del año 2023. Luego, el 20 del mismo mes, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), Felipe Aguirre Pallavicino, formalizó a 21 integrantes de esta banda transnacional integrada por chilenos, paraguayos, colombianos, argentinos y venezolanos. Todos aparecen vinculados al tráfico de cigarrillos y otros delitos, como el lavado de activos.

De estos, 12 fueron enviados a cumplir prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación. Otros cuatro quedaron con arresto domiciliario total y cinco, con firma y arraigo regional.

Entre las personas enviadas a la cárcel, figura una mujer de nacionalidad chilena, una de las líderes de la banda.

Este operativo fue catalogado como uno de los grandes golpes asestados al tráfico de cigarrillos. En esa oportunidad, la incautación fue de 80 mil cajetillas avaluadas en $250 millones. Ello, sin contar toda la mercadería que previamente lograron pasar a Magallanes por pasos no habilitados, lo que posteriormente distribuían en el comercio local.

Este fue un trabajo investigativo que sumó a la tarea de los funcionarios del Servicio de Aduanas de Chile y de Argentina; la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de la PDI.

Después de 11 meses de intensa labor investigativa, esta unidad policial logró la detención en las comunas de San Gregorio y Punta Arenas de todos los involucrados. Incluso algunos domicilios allanados en ambas localidad eran utilizados como centros de acopio de la mercadería.

El contrabando de cigarrillos es una problemática muy propia de la Región de Magallanes, más que de otras ciudades del país, dijo en ese entonces el fiscal Aguirre. 

La fiscalía nacional lo relevó como un tema local y lo incluyó en el listado de delitos calificados para ser investigados por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

Antes sólo figuraban los robos, drogas y tráfico de armas. Posteriormente, entró el contrabando de cigarrillos en esta selecta lista de casos a investigar por las Sacfi del país.

Lo importante para la fiscalía fue que cayeron los grandes proveedores que operaban en el tráfico de cigarrillos, preferentemente de nacionalidad argentina. Incluso algunas personas fueron formalizadas por el delito de lavado de activos.

Antecedentes

Con el paso del tiempo se fueron conociendo antecedentes de la investigación, que en principio tuvo la calidad de “reservada”, de una banda integrada por chilenos y extranjeros, que se dedicaban a la internación de cigarrillos argentinos y de otras mercaderías.

Sindicada como una de las líderes fue detenida Jessica Ojeda Nahuelneri, chilena. Además de Yohel Leal Rojas, venezolano; Edward Enrique Valbuena Vera, venezolano; Fernando José Méndez Domínguez, paraguayo; Ymail Alberto Bohorquez Durán, venezolano; Israel de Jesús Díaz Moreno, venezolano; Josué Daniel Díaz Moreno, venezolano; Hugo Alberto Olmedo Rolón, paraguayo; Aníbal Olmedo Rolón, paraguayo; Emigdio Colman Mencia; Jesús Ramón Aguilera Cuenca, paraguayo; Víctor Julián Villalba Gómez, paraguayo; Juan Manuel Villar, camionero argentino que se encargaba de ingresar los cigarrillos de contrabando al territorio chileno. Además se le sindica como una de las personas que eventualmente transportaba divisas estadounidenses a territorio argentino.

Carlos Federico Villar, argentino y acompañante frecuente del camionero, tendría directa participación en el ingreso de mercadería de contrabando el 30 de agosto de 2023.

César Emmanuel Delgado, argentino, es otro de los camioneros encargados de ingresar mercadería de contrabando a nuestro país.

Oscar Isaías Oyarzún Barría, chileno, imputado de facilitar instalaciones en su domicilio, ubicado en calle Manuel de Salas, para la descarga y acopio de cigarrillos de contrabando.

Bárbara Alejandra Miranda Villegas, chilena, pareja del venezolano Yohel Leal Rojas, habría participado de manera ocasional colaborando en la distribución de cigarrillos y en el envío internacional de dinero.

Rosario Irene Muñoz Velásquez, chilena, empresaria dedicada a la venta de vehículos importados por Zona Franca, a quien se le sindica que, sabiendo de la actividad ilícita ejecutada por miembros de esta asociación criminal, mantenía inscritos bajo su nombre diversos vehículos que eran utilizados para la comisión del ilícito, ayudando de paso a disimular el patrimonio de los otros imputados.

Dilan Andrés Murillo Paz, colombiano, es sindicado por la fiscalía de participar en delitos de contrabando y receptación aduanera de cigarrillos. El 17 de noviembre de 2023 fue sorprendido cargando un furgón junto al otro imputado Hugo Olmedo. 

Isaac Manuel Peley Urdaneta, venezolano, investigado por participar en delitos de contrabando y receptación aduanera de cigarrillos.

Ese mismo 17 de noviembre iba junto a otro imputado, que se mantiene prófugo de la justicia, Juan Manuel Flor Benítez, en un vehículo cargado con cajas de cigarrillos.

Gregorio Colman Mencia es sindicado de participar en labores de escolta en la recepción de cigarrillos, en un vehículo junto con Fernando Méndez.

Argemio Miguel Zabala Muñoz, colombiano, participó también en labores de escolta en la recepción de cigarrillos de ese 17 de noviembre de 2023, junto con Edward Valbuena.

Graciela Yabett Nahuelneri Díaz participó en lavado de activos como testaferro de Jessica Ojeda.

Contrabando

A Jessica Ojeda, Yohel Leal y Edward Valbuena se les imputa formar parte de esta asociación criminal que tenía por finalidad ingresar clandestinamente mercancías de origen extranjero. Para esto eludían la fiscalización del Servicio de Aduanas, especialmente cigarrillos de procedencia argentina de diferentes marcas, que adquirían a contactos que tenían al otro lado de la frontera.

Es a partir de ahí donde nace esta organización de extranjeros de diferentes nacionalidades, algunos brazos operativos de la banda, con participación activa en diversas maniobras de recepción, transporte, acopio y distribución de cigarrillos de contrabando.

Crearon grupos de WhatsApp, entre ellos uno llamado “los sin frontera”, para coordinar y verificar las compras de mercancía. Ahí compartían planes e instrucciones, roles y funciones.

Además de la distribución de ganancias y la disposición habitual de vehículos para las operaciones.

En la investigación existen a lo menos 15 ingresos de mercadería ilegal, desde junio a noviembre de 2023.

Pago en dólares

Los imputados chilenos gestionaban con sus contactos en Argentina la compra de una gran cantidad de cigarrillos, producto de las altas ganancias que generan las ventas de los mismos.

Se dice que adquirían dólares en nuestro país para luego pagar, ya sea al mismo transportista quien llevaba la divisa norteamericana, o bien a personas que viajaban a Chile expresamente con estos fines.

También lo hacían vía “Western Unión”, fraccionando los pagos y usando a terceras personas para estos mismos fines.

Los camioneros argentinos aprovechaban sus regulares viajes a Río Grande (Argentina), ingresando al país por el paso de Monte Aymond en tránsito, para luego desplazarse y llegar a la isla de Tierra del Fuego lugar donde, luego de salir por paso San Sebastián, adquirían grandes volúmenes de cajas de cigarrillos que escondían dentro de la carga, con la cual regresaban a su país de origen.

Los chilenos de la banda se contactaban con el transportista argentino para coordinar la entrega de los cigarrillos en un lugar determinado de la carretera.

Para estos efectos utilizaban varios vehículos. Entre ellos dos furgones en los que cargaban los cigarrillos, más dos vehículos que las oficiaban de escoltas en el trayecto, quienes se encargaban de avisar cualquier eventual control policial carretero.

De ahí los imputados argentinos continuaban en tránsito hacia la República Argentina para ingresar por Monte Aymond y los receptores de la mercadería viajaban rumbo a Punta Arenas.

Los cigarrillos los escondían en distintas casas de seguridad que utilizaban para estos efectos.

“Esto generó grandes riquezas para algunos integrantes de esta banda, varios con registros de remesas millonarias al extranjero. Otros con movimientos millonarios en cuentas bancarias e inversiones en vehículos. Y otros compraban dólares”, señaló Aguirre.

Los condenados son dos venezolanos, dos colombianos, un argentino y un paraguayo

En la Sala 4 del Juzgado de Garantía el magistrado Cristian Armijo leyó ayer al mediodía la sentencia en contra de las seis personas que aceptaron el procedimiento abreviado. Con ello admitieron responsabilidad y renunciaron al derecho de ir a un juicio oral.

“Estas son las personas que tomaron menos parte en toda la organización y por eso recibieron penas con libertad vigilada”, explicó el fiscal Felipe Aguirre.

Respecto a todos los demás integrantes de la banda, la investigación continúa y de seguro terminarán en un juicio oral.

Condenas

Por contrabando reiterado, el venezolano Isaac Manuel Peley Urdaneta fue condenado a 818 días de presidio y al pago de una multa de $6 millones; y, por el delito de asociación criminal, 300 días de presidio.

El otro venezolano, Angel Atenzo Pérez, terminó condenado a cumplir una pena de 3 años y un día por contrabando reiterado; más $20 millones de multa; y, por asociación criminal, le impusieron 541 días.

Argemiro Miguel Zabala Muñoz, de nacionalidad colombiana, recibió 818 días de presidio por contrabando reiterado, más el pago de una multa de 4 millones de pesos. Adicionalmente, se le fijó una pena de 300 días por asociación criminal.

Dilan Andrés Murillo Paz (colombiano) fue condenado a 881 días por contrabando reiterado y a cancelar una multa de $4 millones. Se le sumaron otras dos penas: una de 300 días por el delito de asociación criminal y una de 541 días por lavado de activos. Y multa de 40 UTM, equivalente a unos $2.699.760.

Gregorio Colman Mencia (paraguayo), por contrabando reiterado quedó con una pena de 818 días y multa de $4 millones. Por el delito de asociación criminal, se le aplicaron 300 días de presidio y, por cómplice en lavado activos, recibió otros 300 días; más el pago de una multa de 20 UTM ($1.349.880).

Carlos Federico Villar (argentino) recibió una pena de 3 años y un día por contrabando reiterado; más el pago de una multa de $16 millones; y, por el delito de asociación criminal, 541 días de presidio, más el pago de una multa de $10 millones. 

Todos cumplirán las respectivas pena en el medio libre, en modalidad libertad vigilada intensiva.