• Por el caso “mega abigeato”, la Corte de Apelaciones ordenó reintegrar animales a los condenados.

El directorio de la Asociación Gremial de Ganaderos de Tierra del Fuego (AGTF) emitió ayer un comunicado de prensa por el cual rechazan la determinación de la Justicia, de reintegrar parte de los animales ovinos robados a los autores del ilícito, en el caso denominado “mega abigeato” en esta provincia por un grupo delictivo cuyos cabecillas siguen en prisión. Los directivos de la AGTF hacen presente en la nota “su total rechazo a recientes dictámenes judiciales, relacionados con el denominado ‘mega abigeato’, descubierto e intervenido en el año 2019 y que lamentablemente aún da que hablar”.

Añaden que “ya no es una situación aislada sorprenderse con ciertos dictámenes judiciales, pero cuando éstos se contraponen a todo sentido común, es imposible a lo menos no preguntarse por qué existe tal disociación entre el sistema judicial (tribunales de Justicia en este caso) y la sociedad civil. Nos encontramos frente a un proceso que tuvo fallo condenatorio para los imputados, por la totalidad de los delitos atribuidos e investigados”, rememoran.

“No obstante lo anterior -enfatizan los ganaderos-, en actuación reciente un Tribunal en lo Penal en primera instancia, y la mismísima Corte en segunda instancia, consideran que el fruto producto de los delitos cometidos debe quedar en manos de los condenados. En palabras simples, ‘te meto preso por ladrón, pero te regalo el botín’. Estos animales no deben ser jamás devueltos a quienes los mismos tribunales condenaron por tenerlos en forma ilícita en su poder”.

En seguida, la Asociación de Ganaderos fueguinos pone como ejemplo que “así también se entiende que la droga, producto de incautaciones, o las armas requisadas a delincuentes, no vuelven a ellos avalado por la institucionalidad”. Luego se preguntan “¿cómo desincentivar hechos ilícitos, si quienes los cometen se pueden beneficiar de sus actos amparados por ley? Como gremio nos reservamos el derecho de evaluar y considerar todas las posibles instancias superiores, ya que creemos que existen antecedentes suficientes para revocar este fallo, que nos parece, a lo menos, desafortunado”.

“Esta asociación gremial no descarta en lo absoluto escalar a otras instancias”, anuncia la comunicación. “Así también consideramos prudente y necesario, empezar a visibilizar ante la comunidad toda, ya sea por éste y cualquier otro tipo de medio, la evolución de este caso y de cualquier otro en el futuro”.

“Esperamos que de una buena vez por todas, las instituciones hagan su trabajo porque creemos y confiamos en ellas”, finaliza el breve comunicado, por el cual la directiva AGTF -como afectados del bullado abigeato- manifiestan su desacuerdo y evidente desagrado por el reciente dictamen del Juzgado de Porvenir y su posterior ratificación por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

“Marcas y contramarcas hacen imposible reconocer la original”

Respecto al tema, el vicepresidente de la AGTF, Jorge Tafra, lamentó que primero el juez (s) de Porvenir, Cristián Matus, en base a una apelación del abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, fallara a favor de los condenados por el delito, ordenando sean devueltos a los hechores condenados del delito; y que luego los jueces de la Corte de Apelaciones ratificaran la medida.

Dijo que los ovinos deben ser entregados a la madre de los imputados, “quien no tiene nada que ver en esto, porque ella ni siquiera es la demandante ni la querellante, ni tampoco es la condenada ni mucho menos, por eso nos llama la atención”, reseñó. Ilustró que si los autores (hermanos Gallardo Poll) fueron imputados y están condenados, “¿cómo se le va a devolver el fruto de lo delinquido?, no hace mucho sentido la cuestión”.

Ante ello dijo que están generando reuniones “para tratar de apelar a alguna instancia que se pueda, pero por ahora preferimos quedarnos con nuestra declaración para no entorpecer a la Fiscalía”.

Adulteración de marcas

Consultado Tafra si la totalidad de los ganaderos afectados por el robo de ganado lanar acudió a reconocer las marcas de los ovinos mantenidos hoy en custodia, explicó, primeramente, que “aquí hubo una adulteración de marcas”.

“Para esconder marcas de otros ganaderos, los abigeos hicieron contramarcas encima, entonces el resultado de eso es una marca que no existe, que no es de nadie y que nadie puede reconocer. Nos quedamos con lo que dijo el único magistrado que votó en contra del fallo, que sugirió rematar a beneficio fiscal o de alguna institución benéfica”.

Lo anterior -ejemplificó- porque si se trata de animales que no son de nadie y se encuentran en un predio que fue denunciado como usurpado por las personas condenadas, a lo menos es raro que se les devuelva a éstas. Agregó que incluso los informes del Sag (Servicio Agrícola y Ganadero), emitidos en su momento como pericias, no pudieron reconocer las marcas originales debido a las contramarcas de adulteración, que hacen imposible identificar las señas de sus verdaderos dueños, “ya que además hubo más de 50 marcas distintas en el mismo piño”, recordó.

En fallo dividido, Corte de Apelaciones respaldó
veredicto del Juzgado de Porvenir

Punta Arenas, diez de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Se reproduce la resolución en alzada, con excepción del punto 4), que se elimina.

Y se tiene además, en
consideración:

Primero: Que la medida conservativa dispuesta en su oportunidad, respecto de las especies ovinas en cuestión, ha cumplido el objeto para el cual fue decretada y encontrándose concluido el proceso penal, corresponde efectivamente que sea dejada sin efecto.

Segundo: Que conforme a las alegaciones y documentos aportados en su oportunidad, aparece que ha sido doña Luisa Poll Ibáñez quien resultaba poseedora de tales animales a la época de su incautación, correspondiendo entonces su devolución a aquella.

Y conforme lo dispuesto en el artículo 370 del Código Procesal Penal SE CONFIRMA la resolución apelada, dictada en audiencia de veintiocho de abril del año en curso por el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, con declaración que la devolución de tales ovinos se ha de efectuar a la señora Luisa Poll Ibáñez.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza, quien estuvo por revocar la resolución apelada por estimar que al no haberse acreditado el dueño o poseedor de los bienes no corresponde hacer entrega de ellos, y menos a los condenados, de modo que de cumplirse los requisitos del artículo 470 del Código Procesal Penal, el juez debería proceder a pública subasta en su oportunidad.

Comuníquese lo resuelto al Juzgado a quo.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas integrada por Ministra Presidente María Isabel Beatriz San Martín M., Ministro Suplente Claudio Marcelo Jara I. y Fiscal Judicial Pablo Andrés Miño B. Punta Arenas, diez de mayo de dos mil veintidós.