“Juzgado del Trabajo condenó al Ministerio Público por haber vulnerado la integridad psíquica y la honra del exfiscal Manuel Soto”, escribió en su cuenta de Facebook el abogado defensor Fernando Leal Aravena, tras conocer el fallo de la jueza (s) Patricia Díaz Torres de Punta Arenas, que favoreció a su representado.

Manuel Soto Basauren demandó por maltrato laboral y trato vejatorio a su exempleador, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Luciano Crisosto Rifo, en la suma de 200 millones de pesos.

El 5 de septiembre pasado el fiscal regional fue notificado de la tutela laboral en su contra, por “despido injustificado” de Manuel Soto, desvinculado con fecha 23 de junio de 2025.

El abogado Fernando Leal pidió que el demandado sea condenado al pago de las indemnizaciones y prestaciones legales, “por las vulneraciones sufridas por mi patrocinado”.

Considerando “las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas que mi representado ha sufrido con motivo del actuar antijurídico de la denunciada, y considerando asimismo el lucro cesante que le afecta, vengo en solicitar que se condene a la denunciada al pago de una indemnización ascendente a $200.000.000. Por las afectaciones físicas, psíquicas y emocionales sufridas a raíz del actuar de la denunciada, consistentes en el daño moral ocasionado y; el lucro cesante por el monto que corresponda a la fecha de dictación de la sentencia de autos, considerando la remuneración que ha dejado de percibir por actos arbitrarios del que fuera su empleador”.

El exfiscal ingresó al Ministerio Público el 26 de mayo de 2008, tiempo durante el cual desempeñó diversas funciones. Incluso en marzo de 2023, el fiscal nacional Angel Valencia Vásquez lo designó como fiscal regional suplente en la Región de Magallanes, hasta mayo de ese mismo año, cuando asumió Crisosto.

¿Qué señaló el fallo?

“Se acoge la denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la desvinculación, interpuesta por el abogado don Fernando Leal, en representación de Manuel Antonio Soto Basauren, en contra del Ministerio Público, representado en estos autos por el fisco de Chile, por cuanto se ha acreditado la vulneración de sus derechos a la integridad psíquica y a la honra, contenidos en el artículo 19 números 1 y 4 de la Constitución Política de la República de Chile”, señala el fallo de la jueza (s) Patricia Díaz Torres.

En este escenario, condenó a la denunciada al pago de $81.412.001, por concepto de indemnización especial establecida en el artículo 489 del Código del Trabajo.

Además acogió la acción de daño moral y condenó a la demandada al pago de $10.000.000, por concepto de indemnización de perjuicios.

Recursos

Existen dos tipos de recursos posibles que podría interponer la parte derrotada. Un recurso de nulidad, que rige un plazo de 10 días para presentarlo y se ve ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. O un “recurso de unificación de jurisprudencia”, donde el plazo es de 15 días para ser visto ante la Corte Suprema.

“Por un mínimo de dignidad, el fiscal regional
y toda la jefatura debieran renunciar”

“La resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas marca un hito importante, es un precedente en la región de Magallanes”, dijo a La Prensa Austral el exfiscal Manuel Soto Basauren.

“La condena al Ministerio Público, representado justamente por el fiscal regional Cristián Crisosto, por vulneración de derechos fundamentales a un trabajador, a un exfiscal de la República. Esto constituye una declaración y respaldo a lo que yo siempre plantee desde un comienzo”.

“Desde la llegada, precisamente, del fiscal regional, yo fui objeto de un acoso laboral persistente. Existió, a la vez, un cumplimiento exhaustivo a un verdadero manual de acoso laboral. Se creó una sobrecarga de trabajo, había un trato humillante, despectivo, para luego terminar creando investigaciones administrativas sujetas a procedimientos parciales y que no respetaban las normas y principios de un debido proceso”, agregó.

“Eso se señaló en varios de los sumarios de los cuales fui objeto, pero la verdad es que todo era manejado por ellos mismos. Eran juez y parte de esas mismas investigaciones administrativas. En el juicio laboral, inclusive, yo pude evidenciar que habían contradicciones también entre lo que señalaba el fiscal regional y compañía, con los hechos que eran reales y las pruebas con las cuales también se aportaron al desarrollo de este juicio”.

Satisfacción

Junto con la satisfacción por el logro conseguido, Manuel Soto lamenta mucho que “personas que actúan de esa manera, respaldadas incluso por fiscales en ejercicio, continúan en funciones. Por un mínimo de dignidad, el fiscal regional, la directora ejecutiva regional y toda la jefatura regional, entre ellos los fiscales adjuntos jefes, debieran presentar su renuncia por formar parte de manera directa o indirecta de esta conspiración, para ejecutar actos que se inspiran en los desvalores de la deshonra, mentira, todo simplemente para continuar con órdenes de mentes que no discriminan entre el bien y el mal. Mi anhelo de justicia se termina con esto”.

Nueva etapa

Expresó que a partir de ahora comienza una nueva etapa en su vida, pero “no sin antes agradecer a excompañeros, colegas y otras personas que me apoyaron en estos difíciles momentos”

“Existen en el interior del Ministerio Público muchas personas valiosas que lamentablemente se tiñen con algunos actos como los que han ocurrido el día de hoy en la Fiscalía Regional de Magallanes, con algunas personas que han hecho de esta institución un desvío a los principios y normas por las cuales se debe regir. Espero que, por el bien de la comunidad de Magallanes, esto se pueda reparar lo más pronto posible”.